En el III Foro Mundial de los Derechos Humanos realizado estos días en Argentina, entre cuyos participantes están Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y renombrados juristas como Baltasar Garzón y Raúl Zaffaroni (ex integrante de la Corte Suprema argentina), ha sido tópico principal de los debates el antidemocrático comportamiento de la justicia y los magistrados en las democracias latinoamericanas, en particular cuando fuerzas de izquierda y progresistas acceden al gobierno.
Esto es particularmente sensible en el país transandino debido a la manifiesta y permanente persecución del Poder judicial contra la Vicepresidenta de la República Cristina Fernandez de Kirchner, con el propósito de impedirle participar como candidata en las próximas elecciones.
«No se trata de una proscripción formal, pero es cierta la amenaza de que la sentencia quede firme en medio de la campaña electoral», ha dicho Raúl Zaffaroni, para quien esta persecución reposa sobre un problema estructural: «es una situación caótica. Nuestro poder judicial tiene la estructura más irracional: es un problema político, no jurídico».
La intervención política del Poder Judicial, así como de otras instituciones del Estado, en sustento del modelo neoliberal cuando líderes de izquierda y progresistas acceden al gobierno, ha tenido y tiene expresión en otros países latinoamericanos. Solo a manera de ejemplos, en Brasil, mediante la persecución a Lula aduciendo supuestos actos de corrupción, que finalmente se desmoronaron por la fuerza de los hechos, y el golpe de estado disfrazado de legalismo contra Dilma Roussef, con la conocida actuación del juez Sergio Moro, ministro de Jair Bolsonaro.
También en Ecuador contra Rafael Correa y varios otros dirigentes de su gobierno y de Revolución Ciudadana, acusándolos de supuestos actos de corrupción. El caso más reciente es Perú, donde la derecha y la embajada norteamericana orquestaron un golpe de estado “legal” contra el presidente Pedro Castillo recurriendo al Parlamento y al Poder Judicial, para instalar a Dina Boluarte, cuyo gobierno es resistido desde hace más de 3 meses por fuertes protestas populares en todo el país.
Por cierto, Chile es otro ejemplo típico del accionar cómplice de los tribunales de justicia contra los procesos de transformaciones en favor del pueblo. Así ocurrió durante la Unidad Popular, en que la judicatura jugó un papel en el proceso de desestabilización contra el gobierno de Salvador Allende, y más tarde, durante la dictadura de Pinochet, avalando, con honrosas excepciones, las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Pinochet, como el siniestro rechazo de la Corte Suprema a los incontables recursos de amparo interpuestos en favor de presos políticos detenidos desaparecidos.
Y ello ha continuado después de la salida pactada de la dictadura, contraponiéndose a todo lo que signifique cambio en el statu quo.
Nicos Poulantzas, intelectual greco francés estudioso del Estado, hace en sus libros un agudo análisis sobre el papel de los tribunales de justicia como aparatos del poder estatal en favor de los intereses de la oligarquía, con referencias específicas a Chile.
Poulantzas releva el hecho que ocupar el gobierno no significa que la izquierda controle los aparatos estatales, y ni siquiera algunos de ellos, pues la organización institucional del Estado permite a la burguesía, en el caso que las masas populares lleguen al poder, permutar los lugares del poder real y del poder formal, y el papel dominante de un aparato a otro si la izquierda llega a controlar el aparato que hasta ese momento desempeñaba el papel dominante.
Aparatos-instituciones cuya función hasta ese momento había sido secundaria comienzan a jugar un papel principal, como los tribunales que de pronto descubren vocaciones irresistibles de garantía de la “legalidad”, como en la Unidad Popular, o como en otras experiencias. Es decir, surge la reacción de la burguesía frente al desarrollo y extensión de las libertades y de la democracia representativa, bien para boicotear una experiencia de socialismo democrático, o para intervenir brutalmente a fin de ponerle término.
La perversa actuación retardataria y de contención de las transformaciones tiene continuidad hoy frente al gobierno de Gabriel Boric y frente a la lucha por conquistar una nueva Constitución, haciendo uso de todas las rémoras institucionales conservadoras existentes en la Constitución pinochetista, como el Tribunal Constitucional, la Contraloría, el Banco Central, así como los lastres nunca eliminados de la Doctrina de la Seguridad Nacional en las Fuerzas Armadas, y los obstáculos resultantes de la mayor presencia circunstancial de la derecha en el Parlamento, donde se acaba de rechazar el proyecto de Reforma Tributaria.
Reiteremos: el único instrumento para echar abajo todos estos cerrojos institucionales es el desarrollo de la organización y de la movilización del pueblo.
23 de marzo.
(*) Sociólogo; ex director Instituto de Ciencias Alejandro Lipschütz.
