En las semanas en curso, hasta el plebiscito del domingo 4 de septiembre, todas las fuerzas políticas se juegan mucho, sino todo. De allí que la tensión en las oficinas partidarias y los despliegues de fuerzas están a la orden del día, donde los aciertos, errores no forzados y tácticas a emplear pueden ser determinantes en las definiciones que vienen, sobre todo de cara a la aprobación o el rechazo al nuevo texto constitucional.
No sólo eso. No es novedad para nadie que la agenda continúa cruzada por los temas de seguridad pública, inflación y problemas con la economía, la violencia y confrontación en La Araucanía, que generan un marco complejo, y que inciden en el tablero de la política.
El ritmo es vertiginoso, el ambiente está convulso, y muchos elementos se juegan en contingencias en algunos casos impredecibles.
Camila Miranda, presidenta de Nodo XXI indicó que en lo que venga en estas semanas “será muy determinante el escenario país y el énfasis de las campañas. Todavía no termina de configurarse la cancha de lo que está en juego”.
Todo indica que en eso están y estarán este mes todas las fuerzas políticas y sociales. Considerando, por lo demás, que el resultado del plebiscito tendrá un impacto estratégico en casa sector -en lo grueso transformador o conservador- y lo que vendrá a partir del 5 de septiembre.
“Un ataque muy brutal” de la derecha
Teniendo como eje la discusión en torno de una nueva Constitución, el ex convencional y abogado, Fernando Atria, sostuvo que “hay una campaña de defensa del statu quo que me ha sorprendido, que olvida que la institucionalidad anterior se vino al suelo…”
Es explícito el Rechazo a la nueva Constitución de los gremios empresariales (Sociedad Nacional de Agricultura, Confederación de la Producción y el Comercio, Sociedad de Fomento Fabril, entre varios otros) y grandes corporaciones financieras (Afp, Isapres, Banca privada), de la derecha orgánica (principalmente la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional), de los medios de comunicación conservadores (a través de continuos editoriales), junto a la ultraderecha y la jerarquía eclesiástica católica.
Pero además, todos esos sectores desarrollaron una ofensiva política y mediática en torno de sucesos en La Araucanía, potenciaron la secuencia de hechos delictivos y se dedicaron a acorralar a integrantes del gabinete ministerial con una escalada de denuncias y acusaciones, inclusive llevadas al Parlamento. Las cosas llegaron a un punto alto con la exigencia a la Contraloría de la República de instalarse en La Moneda para investigar si había intervencionismo electoral del Gobierno a favor del Apruebo.
En una situación que no se veía hace décadas de manera tan extendida, grupos del Rechazo y la ultraderecha iniciaron acciones violentas en calles y barrios contra ciudadanos por el Apruebo, efectuaron amenazas de muerte y agresión física, y están saliendo a las calles con bastones, cascos y escudos, como lo hicieron en marchas donde agredieron a transeúntes.
“Lamentablemente hemos visto de parte de la derecha un ataque muy brutal que va mucho más allá de lo que uno aspira como disputa política legítima, de ideas. La hemos visto en una actitud muy hostil”, indicó a El Siglo el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch. Añadió: “yo esperaría una oposición con más altura de miras, con un debate que se centre en ideas y no ataques que rayen incluso en ataques personales y agresiones”.
“Amarillos” de “centroizquierda”
En la coyuntura se fue instalando un segmento político proveniente de la ex Concertación, de la socialdemocracia y de la derecha, adaptando el color amarillo como imagen y estableciendo representar a la centroizquierda, paradójicamente promoviendo el Rechazo, criticando las posturas de izquierda y transformadoras y, lo más contradictorio, entrando en disputa con las representaciones orgánicas socialdemócratas y de centroizquierda, ubicadas en el conglomerado Socialismo Democrático y en el Partido Demócrata Cristiano principalmente.
La foto pudo ser confusa. Javiera Parada, integrante del comando del precandidato presidencial de la derecha, Ignacio Briones, la diputada Paula Labra, ligada a Renovación Nacional e integrante de la bancada de derecha, “Chile Vamos”, la conservadora ex Canciller Soledad Alvear, y varios personeros de la ex Concertación, juntos promoviendo el Rechazo.
En una operación mediática, se auto bautizaron como “CentroizquierdaXelRechazo” y quisieron aparecer como los representantes de ese sector, por encima de una decena de partidos, parlamentarios y cientos de dirigentes sociales que militan en colectividades de centroizquierda y que están por el Apruebo.
Un ejemplo clarificador de ese camino fue una columna de la alcaldesa Evelyn Matthei, militante de la UDI, mostrando coincidencias con sectores provenientes de la ex Concertación, de cara al Rechazo:
“Un texto constitucional alternativo (a la nueva Constitución) requiere normas de modificación constitucional suficientemente flexibles. La iniciativa de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker (ambos de la Democracia Cristiana y que se rehúsan a respetar el voto democrático interno de esa colectividad de apoyar el Apruebo) abre el camino para ello”. Y añadió Matthei: “Me parece que los temas planteados por el ex presidente Ricardo Lagos, son un buen punto de partida para esta conversación. Sé además del trabajo que han venido haciendo los presidentes de partidos de centroderecha”.
Un ensamble claro.
Esa alianza también alimenta críticas al Gobierno de Gabriel Boric y emplazamientos en temas de agenda, en una especie de amalgama entre la derecha orgánica y esos segmentos ex concertacionistas.
Hubo y hay contrapuntos frente a eso, como la declaración de la senadora de la DC, Yasna Provoste:
“Nos vamos a sumar al despliegue que ya se ha hecho en cada una de las comunas y territorios, desde el mundo democratacristiano, desde el mundo del humanismo que representamos, por un solo camino: el camino del Apruebo, del reencuentro y la reconstrucción nacional”.
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, militante de la falange expresó:
“Quién no se sienta representado por lo que dijo la Junta Nacional, de verdad que le haría una invitación: que se fueran solitos a trabajar con la ultraderecha porque no son democratacristianos”.
“Sinergia muy potente” en torno del Apruebo
Es explícito el respaldo de sectores políticos y sociales de izquierda, progresistas y democráticos a la opción Apruebo en el plebiscito, lo que no evitó que surgieran opiniones respecto a cómo encarar esta parte del proceso constituyente y se debatiera si hacer “reformas” o “modificaciones” ahora al texto, o cómo desarrollar contenidos de la campaña. En ese marco no es menor que hay dos conglomerados diferenciados promoviendo el Aprobar -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático-, y giran más de 300 organizaciones sociales y de la sociedad civil alrededor de dar luz verde al nuevo texto constitucional.
En todo caso, Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, indicó:
“Estamos logrando una sinergia muy potente partiendo de varias cosas que son clave. Todos coincidimos en la necesidad de que se apruebe este texto por las consecuencias positivas que tiene en las condiciones de vida de las personas, como derechos sociales, laborales, acceso al agua, seguridad, entre otras consideraciones. Algunos quieren que se apruebe para después corregir, profundizar, mejorar, completar, pero en definitiva, que se apruebe”.
Planteó que “mientras más ancha sea la expresión de diversidad en torno del Apruebo, contenida en un comando u otro espacios de coordinación, es positivo. Está Apruebo Dignidad, lo que se llama Socialismo Democrático, está lo decidido por el Partido Demócrata Cristiano, lo resuelto por Independientes No Neutrales, el respaldo de otros partidos y movimientos políticos y lo mismo en el plano social, donde hay una gran convergencia en torno del Apruebo. Hay una clara y gran diversidad política y una diversidad social y del mundo ciudadano”.
De hecho, se estaba analizando el llegar a un acuerdo entre los sectores políticos vinculados al Apruebo respecto a si avanzar en estas semanas en modificaciones. Pero todos los dirigentes insistieron en que lo fundamental es darle potencia a la campaña por una nueva Constitución.
En eso, se trazó como un objetivo fundamental la campaña territorial destinada a llegar a la mayor cantidad posible de personas con explicaciones del texto constitucional y argumentos para convencer de la necesidad de tener otra Constitución.
Los “Apruebazos” y el reto de “2 millones de casas” visitadas, son parte de un despliegue por comunas y territorios de las 16 regiones del país.
En este marco se cruzó el cuestionamiento a la campaña informativa del Gobierno sobre la nueva Carta Magna, asociando el difundir el texto con incentivar a votar Apruebo.
La diputada Claudia Mix, del partido Comunes, explicó:
“El Gobierno no está cometiendo ninguna infracción, ninguna irregularidad, todo lo contrario, está difundiendo información al dar acceso al contenido de la nueva Constitución. Hoy no es fácil que una pobladora, un trabajador, pague tres mil o cuatro mil pesos para comprar un texto, por tanto, que el Estado le garantice tener el texto en sus manos, está muy bien, y es un deber del Estado, un deber cívico y un deber histórico”.
Los pasos del Gobierno
Heredados o no los temas y los problemas, en el Gobierno se está asumiendo la prioridad de agenda en elementos como las dificultades económicas y el efecto en la población, los episodios en La Araucanía, la gravitación de la delincuencia y delitos de suma gravedad, sumado a sucesos relacionados con la migración, la violencia en torno de escuelas emblemáticas y el déficit en viviendas. A eso habría que agregar los objetivos programáticos del Gobierno de Gabriel Boric, sobre todo lo relacionado con avance en transformaciones.
Aunque no siempre muy visibilizado, se constatan pasos que hablan del desarrollo de una agenda gubernamental. En el plano de las transformaciones, ya está presentada la reforma tributaria y viene en camino la reforma previsional. Se está terminando todo lo relacionado con un proyecto respecto al sistema de Salud. Se presentó a la ciudadanía y al Parlamento el plan para la creación del Ministerio de Seguridad Pública y una serie de medidas relacionadas con ese ámbito, sobre todo apuntando a la prevención del delito y el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
En el ámbito social y relacionado con los problemas económicos, el Gobierno sacó adelante el sueldo mínimo de 400 mil pesos que podría llegar a 500 mil, el bono invierno de 120 mil pesos que beneficia a 7 millones de personas, la extensión del IFE laboral y el proyecto de Copago Cero en la Red Pública de Salud que permitirá que los afiliados a Fonasa en los tramos C y D, menores de 60 años, no paguen por las atenciones de salud, beneficiando a más de 5 millones de personas. Se presentó el Plan de Emergencia Habitacional, que busca absorber al menos el 40 por ciento de la demanda de vivienda, todo en el objetivo de llegar a 260 mil construcciones durante estos cuatro años.
Se instaló de alguna manera el vincular el éxito o no de esta administración a lo que ocurra en cuanto al plebiscito -algo que tiene un grado de naturalidad a sabiendas que las actuales autoridades siempre han estado por una nueva Constitución-, pero como sea se visualiza el desarrollo del trabajo gubernamental independiente del proceso constituyente, en un escenario-país harto complejo.
Equipo El Siglo
