Por Mario López Moya
La investigación del denunciado financiamiento ilegal a candidatos ligados mayoritariamente a la UDI abre la puerta a determinar si éste será un caso más que terminará archivado y sin responsables o si la autoridad, en éste momento el SII, asumirá el rol que le corresponde y planteará una querella criminal en contra de quienes resulten responsables del fraude tributario. El país ha sido testigo de denuncias legales que dan cuenta que empresas y empresarios, mediante falsedad ideológica, habrían traspasado fondos de manera ilegal a actuales parlamentarios derechistas y a algún otro candidato que resultó derrotado en las pasadas elecciones.
El sistema es al margen de la ley, pues no se trata de donaciones anónimas, sino que se inventó el procedimiento de dar boletas de honorarios por trabajos que jamás se hicieron. Así, se defrauda al fisco pues las empresas descuentan como gastos y además directamente de los impuestos esas sumas.
A mayor abundamiento, un chofer y secretarias aparecerían cobrando sumas millonarias que no corresponden a la realidad. Esos dineros habrían ido directamente a financiar campañas políticas. Y como premio, los impuestos retenidos (10%) quedaría para el que «prestó la boleta».
¿Qué castigo podrían sufrir?
¿Sanciones, dice usted? Hay que distinguir, diría un abogado. En lo político, algunos en la UDI han dejado entrever que de ser reales los cargos, será necesario «estudiar si corresponden sanciones». O sea, nadie se va a atrever a pisar una huasca que lo puede terminar enredando también. En lo ético habrá reproche, sin dudas… pero seamos claros, en este país la memoria es frágil y las defraudaciones o acusaciones de actos al límite de la legalidad e ilícitos, derechamente, al poco tiempo se olvidan… sino, recuerde los casos «Piñeragate», «Islas Vírgenes», entre tantos otros.
En lo jurídico podría haber «orilla», como diría un economista. De llegar a demostrarse que un parlamentario tenía conocimiento (y participación, por ende) en una defraudación tributaria, estaríamos frente a la posibilidad casi cierta de un desafuero para poder, atendida la penalidad, responder eventualmente ante la justicia. ¿Se atreverán las autoridades respectivas a llegar tan lejos? Eso está por verse. Lo primero es saber si estamos frente a un ilícito, quién o quiénes lo cometieron y si los políticos involucrados, aparecen tras los hechos.
El artículo 97 N° 4 del Código Tributario, sanciona la presentación de declaraciones «maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda». Y aún más, también sanciona al que, «simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le correspondan». La pena llega hasta presidio mayor en su grado medio (de 10 años y un día a 15 años) y multa del cien por ciento al cuatrocientos por ciento de lo defraudado.
¡Qué coincidencia!
Según el senador Rabindranath Quinteros (PS), no es coincidencia que desde la UDI se haya planteado un férreo rechazo a la idea de conceder -en el marco de la reforma tributaria- mayores atribuciones de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos.
«Las nuevas pistas del Caso Penta demuestran que no estamos sólo frente a la ejecución de malas prácticas en materia de impuestos, sino también ante una oscura relación entre política y negocios que necesita ser aclarada», sentenció el parlamentario socialista.
Y Quinteros va aún más lejos: «se pide calma, seriedad y prudencia para referirse al caso de fraude al Fisco y financiamiento ilegal de campañas políticas, pero los propios dirigentes de ese partido no han actuado en esta materia ni con calma, ni seriedad ni prudencia, para ellos la relación entre la política y los negocios es natural y la guardan en el mismo canasto».
A su vez, el diputado Osvaldo Andrade (PS) fue tajante: «Me llama la atención tanta sorpresa que esto ha provocado. Penta y la UDI son lo mismo hace mucho rato», sostuvo. Y agregó: «No hay ninguna razón que justifique el aporte de empresas. Las empresas no son ciudadanos, son círculos de influencia».
¿Quién recibe?
La ley deja abierto que los aportes se puedan hacer a partidos o candidatos. De acuerdo a parlamentarios de la UDI, el mecanismo utilizado por ese partido para financiar las campañas, sería el asignar un monto, pero presuntamente no en dinero, sino que para impresos, gigantografías, llamadas telefónicas y otros gastos de campaña. El parlamentario encarga la gestión y la UDI paga al tercero. Claro, esa es una parte, el tema es que cada candidato (y eso es transversal para los políticos) busca a su vez o le ofrecen, vías directas de financiar sus candidaturas.
En el caso Penta – UDI estaríamos frente a la segunda figura. Se trataría de dineros que llegaron directamente a los candidatos. Las alegaciones de algunos de estos que declaran desconocer quién les dona, los montos e intenciones que pueda haber detrás de las erogaciones, ha sido profundamente desmentida desde el propio sector de derecha.
«Los empresarios mueven los hilos»
La senadora Lily Pérez (Amplitud) declaró que no se sorprendía ni por quién aportaba (Penta) ni por quiénes eran los beneficiarios de dichos aportes y tampoco por las formas usadas. Pero fue más allá, afirmó que «muchos políticos bailan al compás de los empresarios» y aún más, sostuvo: «Yo estuve en un partido (RN) donde el poder del dinero era muy importante, es una de las razones de por qué me fui», señaló.
Su intervención fue directa, llegando a señalar que «los que financian los partidos son generalmente quienes mueven los hilos» y que «hay parlamentarios que por fuera, perjudicando al resto, usan mañosamente o dejan de usar la ley para donaciones de empresas», disparando de paso a los empresarios: «¿Qué hay detrás de esto (las donaciones), qué intereses representan, cómo votan después esos legisladores o legisladoras?», se preguntó, para rematar indicando que «me parece bastante curioso que alguien no sepa quién le aporta (…) es una falacia recibir donaciones anónimas, uno sabe perfectamente con quién se junta y quién te puede ayudar».
Pero los empresarios dicen otra cosa. Andrés Santa Cruz, Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), sostuvo en un programa de televisión, que no eran los empresarios los que perseguían a los candidatos: «Aquí dicen que las empresas están preocupadas de darles plata a los políticos. Esto es todo al revés: es el desfile de los políticos a las empresas para que les pongan las lucas. Esa es la verdad», denunció.
Quién es el «Choclo» Délano
Desde luego es todo un personaje este militante de la UDI, quien es uno de los principales financistas y asesores de esa colectividad. Miembro del selecto grupo de los «Samuráis» de Joaquín Lavín, en cuya primera campaña participó activamente y gran amigo de Sebastián Piñera, del cual llegó a ser uno de los consejeros de elite, durante su presidencia.
Carlos Alberto Délano es además director de la Universidad del Desarrollo, directorio que preside Hernán Buchi, el ex ministro de Pinochet y ex candidato presidencial de la derecha. Penta ha salido a desmentir las imputaciones contenidas en la querella criminal presentada por el SII, declarando que «el actuar permanente de Empresas Penta se rige por la transparencia y el apego a las leyes, por lo que cualquier investigación contará con toda la colaboración de la empresa, sus directivos y funcionarios».
Como se recordará, el Senador Ricardo Lagos Weber denunció en el marco de la campaña por el Plebiscito del Sí y el NO, y en una entrevista a La Segunda, Lagos Weber señaló que «sobre asesinatos de imagen los conozco (a los de derecha) y los viví en carne propia. Si no, pregúntele a los responsables de la franja del «Sí» que usaron a mi madre y ninguno ha dado la cara».
«Usaron a mi madre, una persona con muchas dificultades. La usaron en una franja política y se quedaron todos callados, y hasta el día de hoy ninguno ha dado la cara», expresó el legislador.
Las platas negras en la política: La UDI y el vergonzoso Penta Gate
Una disputa de intereses al interior del grupo económico Penta, derivó en insospechadas aristas tributarias, judiciales y políticas de indeterminadas consecuencias. Que personeros empresariales históricamente vinculados a la derecha, aparezcan financiando a parlamentarios UDI –y también al independiente Andrés Velasco-, no puede llamar a sorpresas, salvo en el caso del economista; el tema está en el uso de platas negras imposibles de blanquear.
Las contribuciones económicas a los candidatos de todos los colores, no es novedad, pues hasta la propia ley lo permite y regula, fijando algunos límites menores, dejando abierto eso sí, que aportes incógnitos se alleguen a los postulantes a cargos de elección popular. Cuando hablamos de financiamiento legal, estamos frente a millones de dólares.
A modo de ejemplo, sólo los aportes a campañas políticas por parte de Endesa y Enersis, sumaron en la última campaña presidencial y parlamentaria, 3,5 millones de dólares, y ello equivale solamente a una décima parte del total donado (legalmente) al total de postulantes del país. De muestra un botón: la senadora UDI, Ena von Baer, recibió en las pasadas elecciones un 97% de los gastos de su campaña mediante «aportes reservados», lo que ascendió a $320 millones.
Se «desgrana el choclo»…
Y no es broma. Una investigación que a propósito de devoluciones irregulares del FUT, las que eran maliciosamente rectificadas por funcionarios del SII -a cambio de coimas-, fue la punta de la hebra que permitió abrir una verdadera «caja de pandora». Las indagaciones dejaron al descubierto que los propietarios de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto «Choclo» Délano, obtenían devoluciones de impuestos, mediante la emisión de boletas de servicios de terceros, que en realidad nunca habían hecho trabajo alguno que justificara la operación.
Y para peor y entre otros, hasta usaron a sus propias cónyuges para llevar adelante la operación. La investigación dio lugar a acciones criminales en contra de los empresarios y sus mujeres. Pero eso no era todo. Disputas internas con un importante colaborador, Hugo Bravo, ex brazo derecho de Empresas Penta, generó otra arista del tema.
Éste habría presionado al exsenador (UDI) Carlos Bombal, dando cuenta que disponía de información letal que podría afectar al Grupo Penta y sus socios. Para no entregarla, supuestamente ponía como condición ser retribuido económicamente. La respuesta: querella en contra de Bravo y ante ello, éste entregó la información al SII. Y oh sorpresa, entre lo confesado, apareció que el Grupo entregaba, fuera de la ley, dinero para financiar campañas a la UDI y otros políticos (Andrés Velasco estaría entre ellos).
Subterfugios y otras yerbas
Es un hecho indiscutido que los candidatos suelen gastar más de lo que permite la ley, lo que genera que los grupos empresariales, ávidos de «aportar», generen formas oblicuas o subterfugios que les permitan «donar» más allá del límite legal. Dividen en consecuencia entre las variadas empresas del conglomerado un monto mayor al permitido y con eso cumplen formalmente con la legislación.
Esta vez se ha ido mucho más lejos. De acuerdo a los antecedentes que se conocen de la pesquisa que lleva adelante el SII y la Fiscalía Oriente de Delitos de Alta Complejidad, se buscó «palos blancos» a los cuales se les giró importantes sumas, aparentando prestaciones de servicios inexistentes. Las boletas son legales y se pagaron impuestos, pero… las prestaciones no se realizaron, es decir, son ideológicamente falsas. Ello es un delito de defraudación.
Hasta el chofer del senador Iván Moreira (UDI), ha sido citado como implicado en la intrincada operación de desfalco tributario, trascendiendo que habría emitido boleta por más de cien millones de pesos. El partido gremialista ha deambulado entre el silencio y fervientes llamados a no sacar conclusiones anticipadas… Pero eso no era todo lo que se descubrió…
Descuento de impuestos
Nada en esta vida es gratis, se suele decir… y para los empresarios en relación a la política, claramente no lo es. Por una parte las empresas descuentan impuestos por las donaciones legales que efectúan a los candidatos, llegando hasta el 1% del total de sus rentas. Y eso no es menor. En solo 6 años las donaciones privadas a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), recuperaron beneficios tributarios por $36 mil millones gastados en donaciones políticas.
Más allá de descontar impuestos simulando gastos, suelen buscar o pretender que el candidato, en caso de resultar triunfador, «devuelva» las erogaciones mediante favores o beneficios políticos. Así que gran desilusión deben haber obtenido en el mal «negocio» de invertir en Laurence Golborne o Pablo Zalaquett, que resultaron derrotados en las elecciones pasadas y que además, aparecen en la lista de los beneficiados con las donaciones truchas.
Aunque la ley que regula el financiamiento de las campañas permite el anonimato, habría que ser bastante inocente para presumir que quien dona, busca que su dinero pase inadvertido para el candidato. Igualmente que al candidato no le importe quién le done. Nuestro propio Código Civil señala en el artículo 2300 señala: «El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad. Si ha recibido de mala fe, debe también los intereses corrientes». A buen entendedor, pocas palabras.
No solo empresas nacionales «donan»
Mención especial merece Enersis. Este conglomerado controlado por Endesa España, la que es controlada por la italiana Enel, en las pasadas elecciones, según acuerdo de sus directorios, donó 2,5 millones de dólares. Quizás algunos de los nombres que aparecen detrás de la autorización para efectuar las erogaciones a los políticos, le parezcan conocidos: Pablo Yrarrázaval, presidente del holding y quien fuera presidente de la Bolsa de Comercio. También firmó Hernán Somerville, ex presidente de la Asociación de Bancos, y no podía faltar Leonidas Vial, presidente de LarrainVial, quien apareciera cuestionado por su rol en el caso Cascadas.
Súmele usted que solo entre Enersis y Endesa donaron las pasadas elecciones más de 3,5 millones de dólares. Es decir, a menos que se hayan involucrado más empresas (filiales, coligadas, etc), lejos se supera el límite legal que establece que una persona (natural o jurídica) no puede realizar donaciones que superen las 10.000 UF (poco más de 240 millones de pesos) a un grupo de candidatos o partido.
«No nos juzguen»
Los más importantes personeros de la UDI han aparecido en los medios golpeándose el pecho y rogando no ser cuestionados anticipadamente. «Estamos reuniendo los antecedentes y conversando con los involucrados» ha dicho hasta el cansancio el presidente gremialista, Ernesto Silva. En la misma línea, el senador Hernán Larraín ha pedido «prudencia» en las relaciones Penta – UDI, que entre otros ha involucrado a Golborne, Zalaquett y a los senadores Ena Von Baer e Iván Moreira.
Por el lado de Andrés Velasco, sus asesores más directos anuncian que está «estudiando los antecedentes». Los involucrados han evitado toda relación con la prensa y los parlamentarios UDI solo han deslizado su «molestia» por haberse difundido estas informaciones.
Uno de los individualizados en las declaraciones de Bravo López ante el SII, el ex alcalde Pablo Zalaquett (UDI), señaló que «él (Délano), muy cariñoso, me dijo que me iba a dar el mayor aporte que pudiera dentro del contexto de las muchas solicitudes que tenía. No sé cuánto fue, porque nunca me lo dijo». Y agregó: «No hay ninguna boleta mía, ni de mi secretaria, ni de un chofer ni de nadie, yo sé que me nombró Bravo, pero está súper equivocado. No tengo nada que esconder», sostuvo.
Desde que se implementó la ley que regula las donaciones, RN y la UDI han recibido 25.500 millones de pesos provenientes de donaciones legales, que corresponde al 73% del total que han recibido todos los conglomerados políticos. Ello no incluye, por cierto, las otras erogaciones que se han hecho bajo cuerda, como las del caso Penta.
Fuente: Cambio 21
