Por Sebastián Osorio (*)
Para pocos han pasado inadvertidos los resultados publicados de la última Encuesta CEP, y como ya es costumbre a estas alturas, las preguntas sobre el sistema educacional son las que han generado más controversia. Entre otras razones, se destaca en esta ocasión que el centro de estudios favorito del gran empresariado chileno –no hace falta ver más que los apellidos de los directores y los dueños de las empresas que hacen donaciones– está ahora dirigido por quien ejerció el cargo de Ministro de Educación durante el gobierno de Piñera, destituido mediante una acusación constitucional, y conocido detractor de la accidentada Reforma Educacional impulsada por Bachelet.
A pesar de las diversas críticas que se han disparado desde amplios sectores a la burda manipulación del cuestionario para mostrar una opinión de la población proclive al ideario de la derecha respecto a la educación, llama la atención lo poco que se ha reparado en los coletazos de este verdadero “montaje sociológico” en las otras secciones del mismo, y en particular en el ámbito de las reformas laborales esbozadas desde La Moneda los últimos meses.
Este ejercicio es relevante si notamos que las preguntas tendenciosas, lejos de proporcionarnos una imagen de la “opinión pública” (ese objeto tan disputado como artificial), sí nos aportan muchas veces información sobre cómo determinado sector político quiere hacer ver a la sociedad las dicotomías que atraviesan algún intento de reforma, o cómo presentan su opinión respecto a la del adversario político de turno. ¿Cuál es entonces la visión que quiere transmitir el CEP respecto al mundo del trabajo? Para responder esto, no haremos más que remitirnos a un sencillo análisis de las 5 preguntas (y respuestas) de dicho módulo.
Exponer la forma grotesca como la derecha busca posicionar un rechazo a cualquier iniciativa que sugiera fortalecer aunque sea parcialmente a los sindicatos, no implica apoyar la propuesta de Reformas Laborales señaladas por el Gobierno hasta el momento, cuyos ejes son del todo insuficientes. En realidad, la Concertación (hoy Nueva Mayoría) tiene en su ADN mismo la costumbre de las promesas incumplidas en el ámbito sindical, por lo que malamente se podría esperar algo al respecto.
La primera pregunta apunta al tema de la afiliación de los trabajadores a los sindicatos: “¿Cuál de las dos afirmaciones se acerca más a lo que usted piensa?”: a) “El trabajador debe afiliarse obligatoriamente al ingresar a la empresa” (32% de preferencias); b) “Al trabajador le corresponde decidir si quiere afiliarse o no” (61% de preferencias); c) “No sabe / No contesta” (8% de preferencias). Como es fácil comprobar, el sentido común más instintivo llevará a un “ciudadano promedio” a inclinarse por no ser afiliado obligatoriamente a nada. Y es que la matriz cultural misma impulsada por el neoliberalismo chileno se orienta a un individualismo que se refleja en un extendido rechazo a formar parte responsable de organizaciones sociales. La afiliación voluntaria, en este contexto de alta descomposición social, se traduce evidentemente en una bajísima tasa de sindicalización que ha permanecido casi inalterada desde 1990.
En cualquier caso, una interrogante que surge es si entre aquellos que rechazan como un “deber” la sindicalización existe conocimiento de cómo funciona un sindicato democrático, y de que donde hay sindicatos robustos, los salarios tienen mayores probabilidades de subir durante una negociación colectiva, cuestión más que dudosa si consideramos el bajísimo porcentaje de trabajadores que ha participado de un sindicato. Si se pudiera cruzar esta pregunta con otra sobre el grado de conocimiento que se tiene de los beneficios de sindicalizarse, no habría mayor sorpresa al enterarnos que una cultura ajena al mundo sindical no es muy amiga de la obligatoriedad ni el deber de ser parte de estas organizaciones.
En la segunda pregunta se proponen dos frases acerca de la negociación colectiva, consultando cuál se acerca más al punto de vista del encuestado: a) “Sólo los sindicatos deben poder negociar colectivamente” (24% de preferencias); b) “Además de los sindicatos, también deberían poder negociar grupos de trabajadores que se constituyan para este propósito” (64% de preferencias). Este caso es similar al anterior: ¿por qué alguien habría de negarse a la idea, totalmente razonable en un principio, de que cualquier grupo de trabajadores que quisiera negociar con el empleador tenga libertad de hacerlo?
En un país donde menos de un 10% de los trabajadores negocian colectivamente, es probable que apenas un poco más que este pequeño porcentaje sepa cómo es utilizado el inocente artilugio de los “grupos negociadores” por parte de los patrones: como una forma de debilitar a los sindicatos más conflictivos y/o favorecer discrecionalmente a grupos de trabajadores afines a la gerencia de forma discriminadora por sobre el resto, mostrando así a los trabajadores los “beneficios” de la “colaboración” con el empresario.
Desde estos falaces contrapuntos a una posible propuesta de fortalecimiento de los sindicatos, se pasa al tema de las huelgas, estableciendo nuevas dicotomías totalmente forzadas. La primera pide optar por una de las siguientes frases sobre la huelga: a) “Debe estar siempre permitida en todas las empresas o servicios” (55% de preferencias); b) “Debe estar prohibida en servicios esenciales o de utilidad pública, como salud, agua o electricidad” (35% de preferencias). Aquí la manipulación consiste en presentar el derecho a huelga como potencialmente contrario a la provisión de servicios esenciales como la salud, el agua o la electricidad o, en otras palabras, la huelga como portadora de la muerte en sentido literal. ¿Acaso es inconcebible que en el marco de una paralización se proteja la provisión indispensable de este tipo de servicios? Al menos la experiencia con los trabajadores de la salud y sus turnos éticos (en los que nunca ha fallecido un paciente por culpa de una paralización) demuestran lo contrario.
En seguida se pregunta la preferencia entre: a) “Las empresas no deberían poder reemplazar temporalmente a los trabajadores en ninguna circunstancia para hacer aún mayor la presión sobre la empresa” (54% de preferencias); b) “Las empresas deberían poder reemplazar a los trabajadores por mientras dura la huelga para poder seguir atendiendo a sus clientes” (36% de preferencias). Por un lado, se nos presenta a la empresa como una delicada víctima de la presión de los trabajadores, que se verá sometida a una “aún mayor” presión en caso de no poder reemplazar, y por otro lado, la empresa como una benefactora que solamente utilizaría el reemplazo durante la huelga para atender a sus clientes, los verdaderos perjudicados por la dictadura de los sindicatos. Todo esto sin considerar que la primera opción se presenta en negativo, y la segunda en positivo, lo que como es sabido en las ciencias sociales, implica una carga de deseabilidad social demostrada empíricamente.
Finalmente, se pregunta si se está “De acuerdo” (77% de preferencias) o “En desacuerdo” (12% de preferencias) “con que empresas y trabajadores pudiesen voluntariamente pactar jornadas laborales más flexibles y también parciales teniendo en consideración las necesidades de ambos”. Es una pregunta notoriamente engañosa, pues plantea el asunto como si un trabajador tuviese la más remota posibilidad de negociar de igual a igual con un empleador algo como la jornada laboral, o si hacerlo fuera en cualquier caso favorable al trabajador mismo, y no perjudicial ni precarizador como ocurre en la práctica en la mayoría de los casos. No en vano la flexibilidad laboral pactada es una demanda de larga data entre las filas del empresariado, que argumenta desde la hipócrita ilusión de complementariedad de intereses e igualdad de poder de negociación entre trabajadores y empresarios.
En suma, se tiene, en la primera y segunda preguntas, un rechazo a las ideas de fortalecimiento sindical como “autoritarias” y, sobre todo, poco populares, utilizando en última instancia el desconocimiento de los trabajadores sobre el tema como un argumento de autoridad. Más allá de que se esté de acuerdo o no con la titularidad sindical de la negociación colectiva o con la afiliación obligatoria, estas preguntas ponen en evidencia la ardua tarea de discusión y convencimiento que tienen por delante los sectores comprometidos con un movimiento sindical cada vez más protagónico de los cambios sociales.
La tercera y cuarta preguntas buscan presentar el fortalecimiento de la huelga legal como algo contrario a los intereses no sólo de los patrones, sino también del resto de la sociedad. Un buen ciudadano, en estos términos, no podría sino rechazar el abuso del paro. Es llamativo, en todo caso, que estas preguntas tan tendenciosas se traduzcan en un mayoritario apoyo a la noción de huelga. En cuanto a la última pregunta, se consigue el efecto de apoyo a una medida evidentemente patronal, encubriéndola como un acto benéfico para el trabajador.
Exponer la forma grotesca como la derecha busca posicionar un rechazo a cualquier iniciativa que sugiera fortalecer aunque sea parcialmente a los sindicatos, no implica apoyar la propuesta de Reformas Laborales señaladas por el Gobierno hasta el momento, cuyos ejes son del todo insuficientes. En realidad, la Concertación (hoy Nueva Mayoría) tiene en su ADN mismo la costumbre de las promesas incumplidas en el ámbito sindical, por lo que malamente se podría esperar algo al respecto. Por el contrario, este análisis resulta útil en la medida que permite observar la forma en que los sectores conservadores y empresariales intentarán plantear el debate sobre la mesa, en el que más temprano que tarde el movimiento sindical necesitará posturas y respuestas claras a emplazamientos como los que se desprenderán de esta encuesta, en línea con una estrategia de crecimiento cuantitativo y cualitativo de mediano plazo.
(*) Miembro de Centro de Investigación Político Social del Trabajo
Fuente: El Mostrador
