El escándalo de “las Becas Piñera”, que permitió a candidatos derrotados ser recontratados por el Estado, en la mayoría de los casos con ventajosos y abusivos ingresos, dejó al descubierto una arista nueva: la premiación con designaciones de cargos de notarios en pago de favores políticos.
Un actual diputado en ejercicio, Enrique Estay (UDI), y una ex secretaria regional ministerial del gobierno de Piñera, figuran en nóminas para liderar notarías de Rancagua. Se suma a ellos el actual seremi de Bienes Nacionales de O’Higgins, Gerardo Carvallo. Tienen en común pertenecer a los partidos de gobierno, haber perdido en la elección parlamentaria y, además, no reunir los requisitos para ser parte integrante de las ternas para ocupar el cargo.
Los cuestionamientos no son nuevos, aunque quizás con «las Becas Piñera» se haya llegado al colmo en un sistema que resulta evidentemente anacrónico, nada de transparente, de un tremendo poder de lobby que ha imposibilitado hasta hoy modificar la legislación que regula a los notarios y, por sobre todo, abusivo en los cobros, a pesar de estar regulados por ley.
Cómo se designa a un notario
Ello está regulado en el Código Orgánico de Tribunales (COT), que los define y establece los requisitos para poder postular. El artículo 399 de la citada ley señala que «son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren, y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende».
Los requisitos para postular a ser notario, son: ser chileno, tener el título de abogado y haber cumplido satisfactoriamente el programa de formación para postulantes al Escalafón Primario del Poder Judicial, ello, además de haber ejercido la profesión de abogado por un año al menos. Son nombrados por el ministerio de Justicia, previa terna entregada por la Corte de Apelaciones respectiva.
Parece claro el procedimiento, pero en realidad los «criterios» que fijan la selección de los postulantes, nada de claros son y quedan al arbitrio de los ministros de las cortes de apelaciones que participan en la decisión de conformar las ternas y en el «criterio» político del ministerio de Justicia, que determina cuál, entre los postulantes, es designado.
Claudio Agostini, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene una opinión muy categórica: «Al final nunca nadie ha sabido cómo se concursa, cómo se genera esa terna y siempre han habido muchos rumores de tráfico de influencias. El lobby es brutal».
«Los besamanos»
La meritocracia, tan manoseada por los gobiernos, se va al tacho de la basura sin el menor miramiento. Entonces ¿cómo se llega a formar parte de las ternas? «Es lo más oscuro que hay. Cero meritocracia, con espacio para redes de influencia muy importantes, que ha dado pie a sospechas fundadas que por eso hay muchos parientes o amigos de ministros, políticos, parlamentarios. El sistema es muy poco transparente», sostiene.
Recordado fue el caso en Coronel del hijo del diputado Jorge Ulloa (UDI), del mismo nombre, que resultó ser notario teniendo poco más de un año de ejercicio profesional y compitiendo con personas que lo superaban largamente en méritos profesionales e incluso conocimientos de administración de notarías.
Otros bullados casos fueron la designación por parte de este gobierno del marido de la senadora Lily Pérez en el norte y el del abogado de Colonia Dignidad Enrique Monasterio Rebolledo, quien defendió a sus jerarcas desde 2007.
El lobby en las Cortes es brutal, según reconocen los mismos ministros, que reciben llamados de distintos personeros abogando por el nombramiento de un cercano. Los aspirantes a notario solicitan audiencias con cada uno de los magistrados y tratan de influir en su nombramiento. A esta práctica se le conoce como el «besamanos». Los ministros y subsecretarios tampoco escapan a las presiones o «sugerencias».
«Es un sistema que no garantiza la meritocracia», señala Teodoro Ribera, ex ministro de Justicia de Piñera, quien reconoció que en el proceso «se ejerce influencia en términos de que hay innumerables llamados y peticiones de nombrar a uno u otro, de parlamentarios, del mundo social. En las ternas no existe ninguna certeza o fundamento de por qué las cortes de apelaciones eligieron a uno u otro candidato. Es un sistema que no garantiza la igualdad ante la ley. Yo recibo llamados directos, indirectos, algunos pidiendo, otros solicitando y eso es malo», asevera.
El sistema de conformación de las ternas «es de una falta de transparencia impresionante que hay que resolver a la brevedad», señaló a Cambio21 el diputado Guillermo Ceroni (PPD), miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. «Se deben perfeccionar no sólo la manera de conformar las ternas, sino que además se deben efectuar exigencias concretas a los postulantes en cuanto al cumplimiento de requisitos básicos», enfatizó.
«Corresponde a las cortes respectivas ser cada vez más exigentes y acuciosas en la selección de los postulantes y en los requisitos para ello», afirma el diputado Ceroni y agregó: «Los requisitos que deben cumplir cada uno de los postulantes deben ser claros y conocidos con antelación por todos. Se debe tratar de situaciones objetivas que no den lugar a nombramientos arbitrarios». Concluye que «se debe dar confianza de que serán elegidos los más capaces para resguardar el rol de garantes de la fe pública de que están dotados los notarios».
Pero no todos están de acuerdo en ello. El notario por Las Condes y ex presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Gonzalo Hurtado, señaló a Cambio21 que «el sistema de nombramientos de los notarios es el que ha existido toda la vida y que posee la ventaja de que intervienen dos poderes del Estado y en donde el asunto del besamanos es un poco exagerado, pues siempre que una persona se interesa por un cargo tendrá que hacer valer sus antecedentes y méritos cuando corresponda».
Indica que «actualmente el proceso de selección es incluso más exigente que antes, pues los postulantes deben acreditar los antecedentes que basan la postulación. Antes era distinto, al ministerio llegaba la terna y punto, ahora deben estar respaldados con los documentos que dan cuenta de la veracidad del currículum. El asunto no es tan arcaico», asegura basándose en sus cerca de 50 años de notario.
Los honorarios que cobran las notarías
No es menor la diferencia que se aprecia entre las distintas notarías en el cobro de los aranceles. Ello, a pesar de estar fijados por ley. Sin embargo, algunas notarías se las arreglan para hacer diferencias, a veces sustanciales, en los cobros.
Sobre el tema de los honorarios, el diputado Ceroni cree que «pasa por una estricta vigilancia de las notarías por parte de los ministros de las Cortes de Apelaciones, que son los encargados de fiscalizarlas». Sin embargo, sostiene, «no se puede generalizar, hay algunos que cumplen efectivamente con los aranceles y otros que derechamente burlan el sistema, dejando a la gente en la indefensión más absoluta, en que ni siquiera tienen claro cuánto les corresponde pagar por cada trámite».
Los aranceles están dispuestos en el Decreto Exento 587 de 1998. Los precios por los servicios están determinados claramente. Por ejemplo, un certificado de estado civil cuesta $250, cuando en notarías de la capital el precio llega a $ 3.000. Lo mismo ocurre en el caso de una legalización de firma o de una copia autorizada, donde una notaría cobra $ 4.500, mientras que en otra los mismos trámites cuestan $12.000. Mayor es el cobro en las notarías periféricas. Un trámite puede resultar hasta 300% mayor en su precio.
«Se trata de excepciones -responde el notario Gonzalo Hurtado-, pues en general los notarios respetan los precios. Sucede eso sí que la ley (Decreto Exento) de hace ya una década es bastante complicado, pues una diligencia puede caer en distintas partidas del arancel y por lo mismo el precio puede ser distinto».
Por ejemplo -señala-, «dependerá del número de hojas, de copias, de diligencias anexas, si existe custodia de documentos o valores e incluso de si existen o no instrucciones en una escritura o del precio de la operación, que el arancel reconoce que sobre determinado precio existe la posibilidad de que el precio sea convencional (…) pero los aranceles hay que respetarlos -afirma-, aunque sean del siglo pasado. Distinto es el caso de que se trate de otras funciones que un notario puede realizar y cuya determinación de honorarios es convencional», concluye.
Es un hecho de la causa el cobro excesivo de prestaciones por varias notarías. Es público y notorio, diría un abogado, que si bien existe arancel, no habiendo quién fiscalice realmente su aplicación, es letra muerta. Y eso lo saben los usuarios. Internet y sus redes sociales están plagadas de reclamos, todos ellos que no quedan más que en un testimonio sin efecto alguno.
Para el diputado Ceroni el tema también pasa por «legislar acerca del nombramiento de un funcionario externo al sistema que supervigile el que se respeten los aranceles y que reciba y procese los reclamos de los usuarios acerca de los cobros indebidos. El sistema que señala la ley de reclamos ante la Corte (ministro visitador) es un enredo, además que nadie va a ir expresamente por un honorario. Hay que hacerlo mucho más sencillo».
Un gremio con poder de lobby
Muchos y de variados gobiernos han sido los intentos por modificar el sistema. Todos han fracasado, porque el gremio de los notarios no ha estado de acuerdo o derechamente se ha opuesto. Muchos parlamentarios reconocen expresamente dicho poder de influencia y de casi determinación en materia legislativa.
Según el diputado Alberto Cardemil (RN), actualmente hay un proyecto enviado por el presidente Piñera que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara que, «habiendo sido aprobado en general, aún no se ha discutido ni votado en específico su articulado». Indica que «no sólo el actual gobierno ha intentado legislar, sino que han sido presentados proyectos por todos los gobiernos anteriores, sin llegarse nunca a modificar la actual ley de manera sustancial».
Para él «la reforma del sistema notarial es vital para la modernización del Estado, pero se ha llegado a nada por falta de tiempo o prioridad en otras materias», aunque reconoce que el lobby ha influido en ello.
Durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet fracasó el «mejor proyecto presentado sobre el tema» reconocieron muchos entrevistados. El exministro de la secretaría general de la Presidencia de aquel entonces, José Antonio Viera-Gallo, ha reconocido que ello sucedió porque la reforma «no contó con el respaldo del gremio (de Notarios y Conservadores)… No hubo un diálogo suficiente».
Anacronismo v/s modernización
De acuerdo con los datos entregados por la Asociación de Notarios, Conservadores y Archivadores Judiciales de Chile, son 331 los notarios alrededor de país. Según el artículo 400 del COT, habrá a lo menos un notario en cada comuna o agrupación de esas que constituya territorio jurisdiccional de jueces de letras. Su cargo dura hasta cumplir los 75 años de edad.
De anacrónico han acusado al sistema notarial chileno a propósito del uso del papel como base registral de los actos que realizan. Pero no son pocas las notarías que han ido digitalizando sus bases de datos y actividades. Incluso no es menor el número de ellas (50 en la región Metropolitana) que están usando sistemas biométricos de confirmación de la identidad de los partícipes en los actos que allí se otorgan.
«Estamos conscientes que la modernización del sistema notarial y registral es un requerimiento de amplios sectores del país. Por tanto, el tema ha sido una preocupación principal para nosotros como Asociación. Para ello hemos trabajado para la incorporación de importantes avances tecnológicos, en beneficio de entregar un mejor servicio para los usuarios», afirmó su presidente, Armando Arancibia, notario de La Cisterna y presidente de la asociación que los agrupa.
«Pero estamos muy lejos aún de la modernización que requieren las notarías», señaló a Cambio21 el diputado y también miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alberto Cardemil (UDI): «Éste es el último remanente del sistema colonial de los oficios y desgraciadamente no se ha modernizado aún», aegura.
El nuevo proyecto busca modificar por un lado el régimen de nombramiento y funciones de los notarios, que instaura un nuevo sistema de nominación, aumenta las inhabilidades y responsabilidades y busca también modernizar el funcionamiento y la fiscalización del sistema registral y notarial. Los cambios apuntan a la necesidad de incorporar tecnología para modernizar este servicio auxiliar de justicia, ineludible si se busca contar con un sistema rápido, eficiente y seguro que garantice la fe pública.
Lo que ganan los notarios
Claudio Agostini indica que el sueldo que reciben los notarios varía según la comuna en la que están asentados, «obviamente no es lo mismo estar en Parral que en Santiago», pero en la capital pueden ganar entre 50 a 60 millones de pesos mensuales.
Armando Arancibia ha afirmado que hay muchos mitos sobre lo que ganan. «Hay más notarios que restaurantes chinos. A quienes les va bien llevan años, pero los de Juan Fernández o Porvenir nunca serán ricos», sostiene. La facturación mensual en una notaría de Santiago supera con creces los 80 millones mensuales. De ellos unos 40 a 50 millones líquidos son para el notario, señala una fuente bien informada.
Fuente: Cambio 21
