Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Patricio Contesse y Roberto Guzmán son, hasta ahora, las cuatro personas contra las cuales la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha formulado cargos en el marco del llamado caso Cascadas. Sin embargo, directores de las sociedades cascadas, corredoras de bolsas, sociedades instrumentales y hasta el presidente Piñera han sido vinculados al caso que para algunos se trataría “del fraude más grande de la historia del mercado de valores en Chile” . Revise acá el rol que cada uno ha jugado.
En septiembre pasado, el organismo fiscalizador informó que los cargos contra el controlador de SQM y los otros tres ejecutivos se fundaban en presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores. Pero el superintendente Fernando Coloma no descartó que la investigación se pudiera ampliar a otros agentes del mercado.
A esto se suma la querella contra quienes resulten responsables que, en septiembre de 2012, presentó el abogado Mauricio Daza, en representación de uno de los accionistas minoritarios de las sociedades cascadas. La investigación está radicada en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.
Así, en los últimos dos meses han salido a la palestra desde directores de las sociedades cascadas hasta corredoras de bolsas y sociedades instrumentales vinculadas a las cuestionadas operaciones cruzadas. Y entre los posibles perjudicados se ha mencionado desde el presidente Sebastián Piñera a todos los chilenos cotizantes en el sistema de AFP.
Conozca aquí quién es quién en el caso que ha sido calificado como ”el fraude más grande de la historia del mercado de valores en Chile “.
Leonidas Vial
Presidente y socio de LarrainVial. Vicepresidente de la Bolsa de Santiago desde 1988 y principal controlador de Blanco & Negro. También es director de distintas empresas como Endesa y Embonor.
Según el abogado Daza, a Vial se le atribuye operar como “palo blanco” a través de sociedades relacionadas con él, que tendrían un rol instrumental.
A eso se agrega, el papel que habría tenido la corredera, según el documento de formulación de cargos contra Ponce Lerou, “LarrainVial habría cumplido un rol central, principalmente en 2009, en la articulación y ejecución en las operaciones realizadas entre las sociedades relacionadas y las sociedades propiedad del señor Vial y entre todas ellas con las cascadas”.
Alberto Le Blanc
Ingeniero comercial de la Universidad Católica. En el texto de la SVS es identificado como representante legal y socio de Inversiones Transcorp, Inversiones Warren, Inversiones Chimbarongo e Inversiones La Palma, que son definidas como sociedades instrumentales. También se agrega que se ha “relacionado socialmente” con Roberto Guzmán.
Asimismo, se detalla que desde la época en que participaba en la propiedad de la corredora de bolsa Transcorp -que cerró sus operaciones en 1999- habría tenido trato comercial con las sociedades Inversiones SQYA, controlada por Ponce Lerou, y con Norte Grande y Pampa Calichera.
El abogado querellante explica que Le Blanc también habría “facilitado sociedades para operar como palo blanco”.
Cristián Araya
Director de Tanner Corredores de Bolsa. Trabajó 20 años en Banchile en cargos como gerente de Acciones y gerente de Inversiones.
Banchile sería otras de las corredoras cuestionadas, principalmente por su rol de intermediaria en las operaciones del 29 de marzo de 2011 cuando Global Minning, filial 100% bajo control de Pampa Calichera, vendió un total de 5 millones de acciones SQM-A a Linzor. Luego, Linzor vendió un total de 5 millones de acciones SQM-A a Oro Blanco.
Según explicó Banchile a la Fiscalía, consignó La Segunda, Araya intervino en esas operaciones. Él, a la SVS, dijo no recordar bien si ésta partió con una instrucción de venta de Pampa Calichera o una de compra de Linzor. Linzor indicó que las acciones fueron ofrecidas por la corredora.
Cristián Leay
Miembro del directorio de Oro Blanco. También se desempeña como director de TVN. Ex jefe de bancada y diputado de la UDI entre 1990 y 2006. Quedó fuera del Congreso tras la elección de 2005, donde se postuló como senador y no resultó electo. Amigo íntimo de Pablo Longueira.
Según el abogado Daza, a Leay junto con corresponderles responsabilidades administrativas como director, las que deberían extenderse a los otros miembros, le competen responsabilidades políticas. A su juicio, éstas recaen en quienes habiendo tenido posiciones de poder vinculados a órganos de fiscalización, como la Cámara, pasaron a formar parte de directorios o gerencia de órganos fiscalizados.
Alejandro Ferreiro
Ex miembro del directorio de Norte Grande. Militante de la DC. Consejero del Consejo para la Transparencia y director de empresas como Madeco. Fue ministro de Economía de la ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2008). También ocupó el cargo de Superintendente de Valores y Seguros (2003-2006) y Superintendente de Pensiones (2003-2006).
Considerando sus cargos, según Daza, a Ferreiro también le competen responsabilidades administrativas y políticas. En entrevista con diario Pulso aseguró que “no tenía sospechas de que las operaciones correspondieran a este patrón irregular que cree ver la SVS. Si hubiese tenido sospechas de esta envergadura, probablemente mis acciones habrían sido otras“.
Hernán Büchi
Miembro del directorio de SQM. También se desempeña como director de diversas empresas como Madeco y Quiñenco. Histórico UDI, fue ministro de Hacienda y Superintendente de Bancos e Insituciones Financieras durante la dictadura. Fue candidato presidencial de la derecha en 1989, tras el triunfo del NO en el plebiscito. Fundador de Libertad y Desarrollo.
Daza plantea que una de las hipótesis que tiene que ser investigada es la “red de protección” que construyó Ponce Lerou, la que se observaría en los nombres que ha puesto como directores: menciona a Büchi, Ferreiro y Leay. “Encontramos ex ministros del gobierno de Pinochet como de Bachelet, personeros de la Concertación como de la derecha, por lo tanto ahí uno podría encontrar una explicación de por qué se miró hacia al lado”, dice el abogado.
Sebastián Piñera
La defensa de Julio Ponce Lerou pidió a la SVS que informara de las operaciones desarrolladas por el presidente Sebastián Piñera entre 2008 y 2009. Desde La Moneda, la vocera Pérez calificó la estrategia del controlador de SQM como un “vil” intento para comprometer al mandatario, lo cual calificó de “inaceptable”.
Piñera reconoció haber invertido, “en algún momento”, en las sociedades cascadas, y sostuvo que podría ser “uno de los perjudicados”:
“Hoy no sé, ni puedo saber qué acciones están en ese fideicomiso ciego. En 2008 las empresas relacionadas con mi familia si tenían posiciones minoritarias de las sociedades cascadas y fueron en su inmensa mayoría vendidas en 2008 y el remanente fue traspasado al fideicomiso”.
Fernando Coloma
Superintendente de Valores y Seguros. Fue la SVS la que en septiembre pasado informó la formulación de cargos contra Ponce Lerou y los otros tres ejecutivos. Posteriormente, se negó a entregar los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte, pero la Corte de Apelaciones de Santiago le ordenó entregar la información.
La defensa de Ponce Lerou ha insistido en que el superintendente debería inhabilitarse por ser un funcionario que depende del presidente Piñera. Esto se funda en que considerando que antes de ser mandatario, Piñera tuvo una participación minoritaria en las sociedades cascadas, lo que “podría restar imparcialidad a ese superintendente para seguir interviniendo en esta investigación y, en su caso, para resolverla”.
Solange Bernstein
Superintendenta de Pensiones. Las AFP son accionistas minoritarios de las sociedades cascadas. A mediados de octubre pasado, el organismo informó que la inversión de las AFP corresponde al 0,46% de los fondos de pensiones. AFP Capital estimó en 600 millones de dólares los perjuicios ocasionados por las operaciones de las sociedades cascadas.
El abogado Daza califica como “impresentable” el actuar que la Superintendencia de Pensiones ha tenido en el marco del caso Cascadas. “Han tratado de bajarle el perfil bajo la increíble afirmación de que aquí solamente habrían 757 millones de dólares de los cotizantes involucrados”, y agregó que “la superintendenta es una pésima funcionaria”.
Fuente: El Dínamo
