Desde sectores privados hasta la oposición al gobierno surgen voces que advierten que de aprobado el proyecto de educación, no habrá otra alternativa más que acabar con los emprendimientos educacionales. Es el arma a la que han recurrido los sostenedores de colegios subvencionados y la oposición. Al aprobarse la primera etapa de la reforma educacional, repitern como un mantra que significará, inevitablemente, el cierre de decenas, sino cientos de colegios en el país. Esto a propósito del fin al lucro y el copago en los establecimientos, puntos que ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que lo único que se acaba es el negocio, porque el dinero para financiar la educación sí existe.
Desde que se conoció en qué consistiría la reforma, los sostenedores de colegios particulares subvencionados comenzaron una agresiva campaña para impedir que esta parte de la reforma, que los afecta directamente, llegara a puerto. A ello se sumó la oposición política, desde donde manifestaron que este proyecto de gobierno significa acabar con las libertades de los padres para elegir qué educación dar a sus hijos, en el sentido de poder decidir si pagar por tener una mejor enseñanza.
Desde la oposición, el cierre de establecimientos llega sí o sí con la aprobación. Lucha que también tomó la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa), quienes ya unieron fuerzas con la UDI, para evitar que se siga avanzando en la legislatura.
Sin embargo, según parlamentarios y expertos, el supuesto cierre de establecimientos es falso, un intento por confundir a la ciudadanía sobre la misión y objetivos que tiene el proyecto de dar educación gratuita y de calidad.
En carta a El Mercurio, la directora ejecutiva de la fundación Educación 2020, Mirentxu Anaya escribió que «quienes afirman que el proyecto de reforma busca destruir a los colegios particulares subvencionados para reemplazarlos por corporaciones similares a las municipales no solo carece de asidero, sino que falsea la realidad».
En la misma misiva, Anaya explica que al acabar el lucro, las sociedades comerciales que cobran a los padres deben convertirse en corporaciones educativas, que seguirán siendo particulares, pero sin costo a los padres.
Campaña del terror al pizarrón
Sobre esta campaña de desprestigio que existe contra la reforma, el diputado y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas (DC), dijo a Cambio21 que esto corresponde a intereses mayores, poniendo en duda de dónde saca el financiamiento la Confepa para realizar sus campañas propagandísticas, aludiendo que los fondos vienen de los mismos sostenedores que no quieren perder una fuente importante de lucro.
Ante la supuesta amenaza de cierre de colegios, el diputado dice que «no hay ninguna razón para eso, esto se enmarca dentro de una campaña destinada a impedir el cambio que plantea la reforma, pero que no tiene ningún elemento objetivo de análisis. Es más, los colegios particulares subvencionados van a recibir más recursos».
Sobre los amenazantes números que lanza la organización de apoderados sobre la clausura de establecimientos, el diputado dice que no puede descartar de que ello ocurra, «pero los términos que habla Confepa del cierre de 4.000 colegios es una absoluta falsedad».
Habrá más plata, pero no para ellos
En esa misma línea el Director de Política Educativa de la Fundación 2020, Manuel Sepúlveda, explicó que lo único que llevará al cierre de colegios es si al sostenedor «le interesa el proyecto o simplemente dedicarse a otro negocio, entendiendo que veía así el colegio»
«En ningún momento se exige el cierre de colegios, lo que se establece es la necesidad de que las nuevas corporaciones educacionales sean propietarias de sus bienes esenciales para su funcionamiento, establecimiento y terreno. El motivo es evitar situaciones en que se ha dado que el dueño de un terreno decide que se termina el colegio porque quiere abrir un supermercado. Eso ha pasado y es necesito evitar que se generen esas situaciones para garantizar el proceso educativo», explicó.
Es más, el proyecto que fue aprobado por la Cámara indica que los establecimientos particulares subvencionadas vivirán el siguiente cambio: lo que antes pagaban los apoderados mensualmente, será aportado por el Estado, es decir, el cierre sólo se concretará bajo la idea que el sostenedor no podrá lucrar con las ganancias, éstas deberán ser reinvertidas en el proyecto.
«A lo que se requiere sobre financiamiento compartido, se genera un reemplazo de recursos, en que todos los establecimientos tendrían mayores recursos a los de hoy. Lo que se plantea es que los fondos que aportan los padres por financiamiento compartido, van a ser reemplazados por aportes estatales. Claramente, no habría problemas de tener menos recursos», concluyó Sepúlveda.
Fuente: Cambio 21
