Ha pasado ya casi un lustro desde que se aprobara la cuestionada Ley de Pesca y hoy, por primera vez, estamos ante la posibilidad de que sea anulada, anulada y no derogada, porque su derogación supondría la obligación de indemnizar en miles de millones de dólares, al grupo de siete familias al que la ley le entregó los recursos marinos de Chile en forma gratuita y a perpetuidad.
El próximo 20 de enero, se votará la admisibilidad de un proyecto de ley que busca anular dicha ley en la Cámara de Diputados, gracias a la moción presentada por 10 parlamentarios, entre ellos el diputado por Tarapacá, Hugo Gutiérrez.
Todo, ante los antecedentes que han ido saliendo a la luz en cuanto a que muchos parlamentarios habrían recibido “coimas” por parte de Corpesca -pesquera industrial controlada por el Grupo Angelini- para aprobar la iniciativa, como asimismo, que habrían sido orientados por la misma entidad para obtener una norma según sus intereses, lo que haría de esta ley no sólo discutida en cuanto a los intereses de Chile, sino en su propia legitimidad.
La situación de Tarapacá resulta particularmente grave, ya que tres de sus cuatro parlamentarios aparecen vinculados al caso.
El senador Orpis (UDI) reconoció hacer recibido dineros, como asimismo se investiga antecedentes firmes que vinculan a la ex diputada Marta Isasi (UDI) y el senador Fulvio Rossi (PS “congelado”) en las mismas prácticas. Lo cierto es que los tres votaron a favor de la iniciativa impulsada por el UDI Pablo Longueira, entonces ministro de Economía de Piñera, y quien hoy también investigado por platas políticas irregulares.
En su oportunidad, protestas sociales, acalorados debates en el Congreso y diversos cuestionamientos técnicos y políticos, marcaron la aprobación de la llamada “Ley Longueira”, un nuevo marco regulatorio para la explotación de los recursos pesqueros chilenos.
Fue una discusión intensa y apresurada, la norma debía aprobarse durante 2012, porque ese año caducaba la Ley de Pesca promulgada durante la administración de Ricardo Lagos, en 2002.
Si la ley aprobada durante la administración Lagos estaba definida por los intereses de un sector monopólico como es la pesca industrial, la caducidad de la normativa, para muchos, habría la posibilidad imponer reglas del juego más equilibradas. Estas esperanzas finalmente se mostraron vanas: el acuerdo entre la Derecha y la mayor parte de los parlamentarios DC juntos a otros de la Concertación, terminó perpetuando los privilegios de una casta pesquera industrial, que se considera abiertamente dueña del mar, “derechos históricos”, es como le llaman. ¿Qué se aprobó?, aquí hacemos un breve repaso de los ítems más importantes:
El Regalo:
En el corazón de la ley se encuentra un mandato difícil de explicar: se le regalan las riquezas marinas de Chile a las 7 familias privilegiadas que vienen explotando el mar desde siempre, las que representan el 76% de la capacidad de pesca industrial y obtienen utilidades estimadas en más de 3 mil millones de dólares al año. Se trata de los clanes Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz. Como si esto fuera poco, además les dan la posibilidad de transar, dividir y transferir a su gusto, las concesiones pesqueras regaladas. Finalmente, estas concesiones son otorgadas por… ¡20 años!, y renovables en forma indefinida y prácticamente automática.
La Renuncia:
Como antes se señalase, para algunos la necesidad de aprobar una nueva ley abría la posibilidad de introducir importantes reformas. Una de las mociones más importantes, fue la que proponía que la ley estableciese la propiedad del Estado sobre los recursos pesqueros, propuesta que finalmente fue rechazada. De hecho, durante su discusión, fue tal el rechazo que produjo en el gobierno y la industria, que el entonces ministro Longueira amenazó con un veto presidencial en caso de que la iniciativa fuera aprobada en el parlamento. Y para reafirmar la naturaleza irreversible del regalo a estas 7 familias, en caso de expropiación, el Estado se ve obligado a pagar cuantiosas indemnizaciones. Finalmente se legalizó la apropiación privada de riquezas que pertenecen a todos los chilenos.
El Embudo:
Otra de las claves de la ley, es la abismal diferencia en que son tratados los actores pesqueros. Frente a la posición de privilegio absoluto que ostentan estas 7 familias, hay 120.000 familias que viven de la pesca artesanal y que no lograron instalar ninguna de sus principales propuestas en la ley. Dentro de sus reivindicaciones históricas, está la reserva de las 5 millas marítimas para el sector artesanal, lo que no fue aceptado, permitiéndose a la industria ingresar hasta a la milla 1. Otro sector golpeado fue el mundo indígena, particularmente la comunidad Lafquenche, que históricamente ha vivido de los recursos del mar. Esto, porque el convenio 169 de la OIT –ratificado por Chile- obliga a la realización de consultas a las comunidades indígenas sobre cualquier ley que afecta sus territorios tradicionales. Consulta que, como se sabe, nunca ocurrió.
La Depredación:
Si bien el ministro Longueira señaló reiteradamente que uno de los objetivos de la nueva ley era la preservación del recurso pesquero, los crudos hechos muestran otra realidad. La situación más grave fue la negativa a consagrar las 5 millas como territorio exclusivo de la pesca artesanal, esto, porque sus artes son selectivas, lo que permite que la masa pesquera se reproduzca; a diferencia de las técnicas industriales, que arrasan con todo, siendo particularmente dañina la técnica de cerco. Sin un área protegida para la reproducción, los recursos marinos tienen sus días contados. Por otro lado, si bien la ley establece la creación de ocho “Comités Científicos Técnicos Pesqueros” con la misión de monitorear la situación del recurso, sus conclusiones no son vinculantes, u obligatorias para las autoridades. Y, finalmente, están las reconocidas carencias que el Estado tiene para fiscalizar que se pesque lo que está autorizado pescarse.
Fuente: El Independiente
