por Francisco Herreros.
El actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín Bascuñán , participó en un proyecto educativo que administró diez colegios particular-subvencionados, entre 2005 y 2010, en lo que a él concierne, denominado EducaUC, hoy Fundación Educacional Boston Educa.
La historia la destapa el periódico electrónico Interferencia en el reportaje titulado Cuando el ministro Felipe Larraín se hizo pasar por Pyme para pedir un millonario crédito a CORFO
En 2005, junto a un grupo de connotados empresarios, Larraín adquirió una decena de colegios privados y particular subvencionados.
Embarcó a la Universidad Católica, donde era prominente académico, en el proyecto, de modo que pudo ostentar la marca EducaUC.
A semejanza de SQM, o el holding de Piñera, creó un entramado de sociedades en forma de cascadas, una de las cuales postuló a un financiamiento de US$ 20 millones de CORFO.
Se trataba de un programa para financiar capital de riesgo, destinado al fomento del emprendimiento y la innovación.
La ventaja de este tipo de financiamiento con fondos públicos; en rigor, un subsidio, radica en el bajo costo del crédito: una tasa de interés anual de 2% y un plazo de pago de 15 años.
La red de colegios de Felipe Larraín
El reportaje de Interferencia sostiene que el proyecto de Larraín no cumplía con la normativa para el fomento de Pymes, porque el postulante era una gestora de fondos de inversión, donde participaban acaudalados empresarios.
“El actual ministro y sus socios formaron, en los hechos, una suerte de holding que supervisaba a una serie de Pymes, siendo estas los colegios comprados gracias al dinero estatal”, postula el reportaje.
Además, una red de diez colegios particulares subvencionados, no tiene la menor relación con los objetivos del programa de CORFO, orientados, como su nombre lo indica, al emprendimiento y la innovación.
Más allá del fracaso del negocio educativo, el reportaje muestra la historia detrás de la trama.
Entre enero de 2003 y junio de 2005, Larraín constituyó la empresa Inversiones Ventanas.
Los socios eran connotados exponentes de la plutocracia hegemónica, como Alejandro Weinstein, Gonzalo Said, Alexis Camhi, Raúl Labán y José Antonio Garcés, pájaros de cuenta, cada uno de los cuales merecería una repasada de antecedentes, impracticable acá, por razones de espacio.
Una de las sociedades relacionadas, el Fondo de Inversión Expertus, representado por la administradora Independencia, obtuvo con inusitada celeridad el subsidio de US$ 20 millones CORFO.
Agrega Interferencia:
“El objetivo de Expertus no era dar un salto tecnológico ni ampliar las operaciones de pequeñas empresas chilenas en algún rubro innovador o estratégico de la economía local, como requerían las bases de financiamiento de Corfo. Su finalidad era, más bien, comprar colegios semi-quebrados y tratar de rentabilizarlos”.
Expertus alinea en sus filas a otros pesos pesados de la hegemonía dominante, tales como el rector de la UC, Ignacio Sánchez; el ex senador de la UDI y ex socio del grupo Pathfinder, Marco Cariola, y el controlador del grupo Transoceánica y dueño de las Termas de Puyehue, Christoph Schiess.
La iniciativa educativa de Larraín nunca logró sustentabilidad, y CORFO tampoco puso atención en el hecho de que no eran pymes las que estaban pidiendo recursos millonarios del Estado.
Sánchez terminó la sociedad Educa UC en octubre de 2017, que por entonces presidía el ex ministro de Educación, Gerardo Varela.
Según el acta de la sesión, consignada por Interferencia, el rector Sánchez lamentó una situación heredada de 2005, “administrada por una sociedad operadora”:
“A 2010, los resultados eran más bien negativos, se buscó mejorar el pacto de accionistas, estabilizar los resultados y disponer de un plan de mejoramiento. (…) El escenario cambió completamente con la nueva Ley de Inclusión Escolar”.
Dicha ley establece que los colegios subvencionados deben convertirse en fundaciones sin fines de lucro antes del 31 de diciembre de 2017.
“El fondo Expertus se quiere retirar y recuperar su inversión, así como la Universidad busca salir y retirar su marca”, afirmó el rector.
Hasta entonces, EducaUC administraba los siguientes colegios particular subvencionados:
Colegio el Bosque de Puente Alto; Colegio Manantial de La Florida; Colegio Sebastián Elcano de San Bernardo; Colegio Instituto O’Higgins de Maipú; Colegio Los Alpes de Ciudad Satélite de Maipú; Colegio San Sebastián de Los Andes; Colegio San Antonio del Baluarte de Rengo; Colegio Boston College Maipú y Colegio Boston College La Farfana.
Hoy, los colegios administrados por Educa UC fueron traspasados a la sociedad Fundación Boston Educa, que preside Alexis Camhi.
Larraín se retiró de Expertus en marzo de 2010, poco antes de asumir el ministerio de Hacienda en el primer gobierno de Sebastián Piñera; retornó a la sociedad en mayo de 2016, y volvió a retirarse en enero de 2018, cuando fue designado ministro de Hacienda del segundo gobierno de Piñera.
El propio Larraín, consultado por los periodistas, reconoció el hecho:
«Eso es algo que ocurrió el año 2005, en los gobiernos de los presidentes Lagos y Bachelet».
Según Larraín, se trató de un crédito para «un emprendimiento» que fue «financiado en forma totalmente legal y del que yo me desligué el año 2010, antes de entrar al Gobierno».
La delgada línea entre lo ilegal y lo ilegítimo
El ministro parece ignorar el proverbio de que quién se excusa, se acusa.
Ni el reportaje de Interferencia, ni ninguna de sus réplicas en otros medios, ni los periodistas que lo interrogaron, le imputaron una conducta ilegal, aunque existen suficientes méritos para hacerlo.
Si las bases del concurso CORFO para pequeñas y medianas empresas, establecían que el objetivo del mismo apuntaba a “dar un salto tecnológico y ampliar las operaciones de pequeñas empresas chilenas en algún rubro innovador o estratégico de la economía local”, como reproduce el reportaje, la adquisición de diez colegios semi-quebrados, implica malversación y conflicto de interés.
Malversación, como se sabe, es la acción en la que uno o más individuos se apropian de mala manera de valores o fondos que les han sido confiados en razón de un puesto de trabajo o cargo de alto rango; y en otra acepción, utilizar recursos públicos para finalidad distinta a la que estaban destinados.
Malversaron simultáneamente el Fondo de Inversión Expertus y CORFO, puesto que desviaron fondos públicos, con una finalidad específica, hacia un negocio privado, que ninguna relación tenía con las bases del concurso.
Hubo también conflicto de interés, por el poderoso lobby necesario para haber logrado que CORFO adjudicara el crédito a Expertus, en tiempo record según el reportaje, un postulante que a todas luces no reunía el perfil respecto al objetivo del concurso.
A esta altura, ¿alguien podría extrañarse de que CORFO atropelle su propia normativa para favorecer a algún agente del Gran Empresariado?
Es lo que viene haciendo ininterrumpidamente desde la dictadura.
Sin embargo, debido a que no ha habido -que se sepa- acción o requerimiento judicial sobre estos hechos, el delito ya está prescrito, y desde ese punto de vista, Larraín no falta a la verdad, cuando invoca la categoría de la legalidad.
La legalidad pertenece al orden del derecho positivo, sus normas contienen fuerza de ley y generan obligación jurídica. Desde esa perspectiva, la prescripción equivale a cosa juzgada.
En cambio, el actual ministro de Hacienda no puede alegar inocencia desde el punto de vista de la legitimidad, la cual forma parte del orden de la política y de la ética pública, y por tanto, remite al deber ser.
El viaje a Harvard con fondos públicos, a pesar de que el anfitrión cargó con los gastos, tampoco era ilegal, pero también fue ilegítimo, e igual lo tuvo que restituir.
El ministro Larraín, que algo sabrá de economía, no puede desconocer el concepto de costo de oportunidad, o costo alternativo, es decir, la valorización de la opción no realizada.
Los US$20 millones que se embolsó en forma ilegal, por más que el delito esté prescrito, y en todo caso ilegítima, la sociedad del ministro Larraín -por lo visto, con rendimiento menos que módico- no estuvieron disponibles para alguna pequeña o mediana empresa que realmente lo necesitaba y que presentó proyectos que apuntaban efectivamente al salto tecnológico y ampliaban operaciones de pequeñas empresas, en alguna actividad innovadora o estratégico de la economía.
El patrimonio del Ministro de Hacienda
Peor aún, el “emprendimiento”, como lo llama Larraín en su jerga neoliberal era, desde el punto de vista de su situación patrimonial, absolutamente innecesario.
En 2005 Felipe Larraín Bascuñán era director de Antar Chile, matriz del Grupo Angelini.
Por sentarse en una o dos sesiones de directorio al mes, se embolsó una remuneración de $167, 791 millones más $1, 797 millones por su asistencia al Comité de Directores de la Compañía.
Esta remuneración anual equivale a un sueldo –no precisamente reguleque- de $14,1 millones al mes; a moneda de hoy, unos $20 millones mensuales.
Esto, sin contar dividendos por acciones, bonos u otro tipo de ingresos, estipendios, regalías, dietas o remuneraciones.
Es Profesor Titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile desde 1996; desde 1985 se ha desempeñado como asesor económico de los gobiernos de Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Es también Fellow del World Economic Forum.
Ha sido consultor de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. También se ha desempeñado como consultor y miembro del directorio de diversas compañías en Chile, América Latina, Estados Unidos y Europa, según su propio currículo publicado en la página del Ministerio de Hacienda.
A la fecha de los hechos, era director de Deutsche Bank, de Cruzados SADP, la sociedad controladora del equipo de fútbol de la Universidad Católica; del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, CLAPES-UC y Mercantil Factoring, entre otras participaciones en sociedades, directorios o empresas.
Naturalmente, ninguna de estas actividades las realiza a título gracioso o gratuito. Por el contrario, suelen ser espléndidamente remuneradas.
Con su esposa, Francisca Cisternas Lira y sus hijos, al igual que Piñera y su familia, ha constituido un densa red de inmobiliarias y sociedades de inversión, con el obvio objetivo de generar utilidades y beneficios, y eventualmente, evadir y/o eludir impuestos.
A través de Inversiones El Boldal, Larraín y su esposa participan además en otras cinco sociedades de inversión: Asesorías e Inversiones El Maiten Ltda; Asesorías e Inversiones El Canelo Ltda; Asesorías e Inversiones El Olivo Ltda; Asesorías e Inversiones El Aromo Ltda y Asesorías e Inversiones El Coihue Ltda.
Además es socio de Felipe Larraín Bascuñan y Asociados Ltda; Inversiones Unión S.A.; Agrícola Canelo Sur Ltda.; Sucesión Vicente Larraín Izquierdo; Inversiones Cambrigde Ltda.; Asesorías e Inversiones El Mañio Ltda.; Agrícola e Inmobiliaria Valle Tapihue Ltda.; Casa de la Laguna S.A.; Viñedos Valle de Casa Blanca S.A.; Viña Quintay S.A: Agrícola Canelo Norte Ltda.y Agrícola San Javier Ltda.
Es también accionista del Club de La Unión, Cruzados SADP y Sociedad Anónima de Deportes Club Santiago.
Según su vigente declaración de patrimonio, el ministro de Hacienda posee trece propiedades avaluadas en $966,7 millones, de las cuales una tiene destino habitacional y las demás corresponden a predios agrícolas en Casablanca (Región de Valparaíso) y Río Claro (Región del Maule), donde constituyó dos sociedades controladas por sus hijos.
Su currículo académico es no menos impresionante.
Es Ingeniero Comercial en la Universidad Católica de Chile, Master y Doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Doctor Honoris Causa de la Universidad Americana de Paraguay; premio al Ingeniero Comercial UC del año 2002, Premio Daniel Cosío Villegas, a uno de los tres mejores artículos publicados en El Trimestre Económico durante 1989 y 1990; distinción del Magisterio Nacional Boliviano (1986) por sus servicios como asesor económico del Presidente de Bolivia; y Premio Raúl Yver Oxley, al mejor alumno de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Chile.
Es autor y editor de diez libros, uno de los cuales, Macroeconomics in the Global Economy, escrito en conjunto con Jeffrey Sachs de Harvard, es casi un clásico en la materia, que ha sido traducido a diez idiomas.
En política, se ha desempeñado dos veces como Ministro de Hacienda del Gobierno de Sebastián Piñera, lo que no es poco decir, por lo que se verá a continuación.
Un empresario de semejante perfil, perteneciente a la élite del 0,01% de los más ricos de Chile; un académico de alto perfil y un cuadro dirigente de primera línea ¿en qué estaba pensando cuando se metió en un “emprendimiento” de segundo orden, al que ni siquiera fue capaz de extraer rentabilidad?
¿Cómo se explica que haya infringido la legalidad -y en todo caso la legitimidad- por un crédito público, con alto costo de oportunidad, para financiar una inversión que la podía costear fácilmente con su patrimonio, o en su defecto con un crédito bancario privado, o por medio de otras operaciones de mercado, tales como un crédito hipotecario o un leasing?
Una élite depredadora y voraz
Fácil: al igual que Piñera, es un neoliberal agresivo, que se desempeña simultáneamente en el terreno empresarial y en el campo de la política, y no percibe los límites entre uno y otro ámbito, por lo cual incurren en frecuentes conflictos de interés.
A modo de ejemplo, Larraín tiene fuertes inversiones e intereses en la industria vitivinícola, a través de viñas Quintay y Casablanca. En su anterior desempeño en Hacienda, en el primer Gobierno de Piñera, impuso un aumento de impuestos a los licores de más de 41° alcohólicos, que excluyó al vino. Así, el vino quedó con una tasa de 15%, mientras que el tributo para los licores de alta graduación se elevó a 27%.
Al igual que Piñera, Larraín es un político y empresario que confunde la libertad de mercado con la libertad de acumulación del capital, y en consecuencia, no trepida en atropellar las laxas regulaciones de la economía chilena, para lograr ese objetivo, sea a gran escala, como la operación de compra de seis millones de acciones de LAN, minutos después de haber participado en una reunión de directorio, como hizo Piñera; o a una mucho más irrisoria, como el “emprendimiento” Educa UC, de Felipe Larraín.
Por estos días, Piñera y Larraín están empeñados en la empresa de neoliberalismo estratégico, consistente en sacar adelante lo que denominan Reforma Tributaria, en rigor, un contra-reforma a la reforma de tributaria de Michelle Bachelet, que se propone reponer el derecho de los ricos a no pagar impuestos, los que son endosados de diversas maneras a los chilenos de a pie.
Es el mismo ministro que negó la rebaja del IVA a los libros, con este singular y refinado argumento:
«Una vez que uno le reduce el IVA al libro, ¿qué pasa al día siguiente?, viene la petición de reducción del IVA a los alimentos de primera necesidad, y después, me dicen baje el IVA a los medicamentos”.
Es el mismo ministro que mantiene bajo férreo control el gasto social, a pretexto de la falta de recursos, que parecen sobrar cuando se trata de financiar «emprendimientos» empresariales de la cofradía de los dueños de Chile, como Piñera, Larraín y Cía Ltda.
Piñera y Larraín comparten militancia en el bando de los insaciables, de los agiotistas y acaparadores, de aquellos que no dejan pasar una sola oportunidad, por miserable que sea, para engordar sus faltriqueras.
En manos de esa élite egoísta, miope, torpe e irresponsable estamos.
La culpa es, en último término, de los que les dan el afrecho de sus votos.
