La autoproclamada segunda candidatura de Ricardo Lagos a la primera magistratura del país es el ejemplo arquetípico de una construcción mediática. De pronto de la nada, como si no tuviera historia, aparece en las amañadas encuestas que pautean la agenda política del país entre los personajes mejor evaluados y los políticos con más futuro. Pero si se analiza su Gobierno, entre 2000 y 2006, es fácil colegir que fue el más neoliberal y conservador de todo el ciclo concertacionista.
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Entonces, que ahora venga a decir que está disponible para encabezar un nuevo período para profundizar las reformas impulsadas por el Gobierno de Michelle Bachelet, en circunstancias de que su propósito manifiesto es clausurar ese ciclo de reformas y volver al «orden» natural de las elites, representado por el sistema político binominal y el cogobierno entre la derecha y la Concertación, es una impostura actual que se suma a la impostura histórica.
En la puesta en escena de su autoproclamación como la segunda mejor opción del partido del ordem, no pudo evitar la tentación de ostentar una de las características de su ADN, vale decir, su arrogancia irrefrenable y su rampante autoritarismo. Así, en la entrevista a Radio Cooperativa, medio elegido para proclamar urbi et orbi su «disponibilidad», este es el «error» que que se permitió reconocer frente a la consulta de si se arrepentía de haber creado el CAE:
«Si de algo me arrepiento es de no haber seguido tan de cerca como para decirle al Banco del Estado ‘usted se baja'».
Cuando justificó, en su primer gobierno, la privatización de las empresas sanitarias, aseguró con mirada desafiante y tono enfático:
“Los chilenos se acordarían de mi cuando el agua sea más limpia y más barata”.
Hoy Chile tiene el agua más cara entre los países latinoamericanos y como han comprobado reiterados análisis de laboratorios, el agua es mucho más sucia con minerales pesados y contaminantes, debido a la ausencia de inversión de las empresas en mantención, como también lo demuestran explosiones y colapsos en las tuberías y frecuentes interrupciones en el suministro, a lo largo y ancho del país.
Durante el gobierno de Lagos culminó el proceso de privatización de Endesa, y se emprendieron numerosos proyectos bajo la modalidad de concesiones denominada BOT ( Build-Operate-Transfer), una forma de privatización de la infraestructura pública, que permitió el ingreso de numerosas empresas extranjeras y logró el objetivo neoliberal de transferir el costo de la infraestructura a los usuarios, por la vía del pago por el servicio, y de eximir de esa responsabilidad a la tributación progresiva, con cargo a los que tienen más, como otrora fue en Chile, y como es lo normal en la abrumadora mayoría de los países.
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Pero no sólo eso. Al entrar en contacto la afluencia masiva de capital de origen transnacional con una tecnocracia pública neoliberalizada, en un marco de laxitud y debilidad reguladora, se produjo una poderosa oleada de corrupción recíproca, que lo envolvió todo; donde unos recibían sobresueldos y otros pagaban por obtener influencia y ojos bien cerrados.
Hace unos días, el 29 de junio pasado, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación sobre las irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Gestión Ambiental y Territorial, GATE.
“Este tribunal no puede sino llegar a la convicción, basada en la prueba que analiza profusamente el fallo de primer grado, que en la especie se ha configurado el delito de fraude al Fisco ocasionado con las maquinaciones que se expresan claramente en el fundamento 22 del dictamen de primera instancia y que ocasionó al Estado un perjuicio efectivo de $799.142.217”, señala la sentencia, que agregó:
“Un grupo de personas idearon un procedimiento para sobrevalorar el precio de consultorías necesarias para cumplir objetivos de obras públicas estatales, para obtener indebidamente recursos que se destinaron a pagar honorarios no consultados en el presupuesto público y que el Fisco no estaba en el deber de solucionar».
La sentencia confirmó la condena a tres años de presidio del entonces Ministro de Obras Públicas del gobierno de Lagos, Carlos Cruz Lorenzen, y a otros diez funcionarios públicos a diferentes penals de presidio: Sergio Cortés Castro, 5 años; Óscar Araos Guzmán, 541 días; Nassir Sapag Chain, 200 días; Gonzalo Castillo Navasal, Eduardo Bartholin Zanetta y Héctor Peña Véliz, 61 días; y Roberto Salinas Briones, Sergio Hinojosa Ramírez, Ramón Silva Améstica; Héctor Quiroz Astorga; Dolores Rufián Lizana, 60 días, y Luis Jara Núñez, 40 días.
Las bajas penalidades establecidos en el Código Penal para los delitos de cuello y corbata, determinaron que todos estos sujetos purgaran sus sentencias en libertad, lo cual no impide que para la Justicia son objetiva, probada y oficialmente culpables.
El caso MOP-Gate fue el más conocido entre los hechos de corrupción, pero no el único.
Entre los más importantes, sea por montos o repercusiones políticas. hay que sumar la filtración de informaciones del Banco Central, que permitió hacer fabulosas ganancias al grupo empresarial Inverlink, entre cuyos directores se encontraban el ex ministro Alvaro García (PPD) y el ex superintendente de AFP, Julio Bustamante (DC); y el “caso coimas” que tuvo procesados por cohecho y soborno a los diputados Cristián Pareto y Jaime Jiménez (ex DC) y Víctor Manuel Rebolledo (PPD), al ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini (presidente del PRSD) y al operador político Alejandro Chaparro (PPD).
La abrupta irrupción de casos de corrupción amenazó con poner en riesgo la estabilidad del sistema, junto con evidenciar las fallas profundas y los hasta entonces inadvertidos peligros de la economía de mercado, y generar las consabidas y oportunistas denuncias de la derecha.
En ese marco, los líderes de la derecha más astutos, lease Pablo Longueira (UDI) y Sebastián Piñera (RN), comprendieron la oportunidad que les ofrecía la crisis de credibilidad generada por la corrupción del Gobierno de Lagos, y le ofrecieron una negociación, en rigor un pacto entre la derecha y el Gobierno, que en esencia consistía en que la primera moderaba sus críticas y el segundo se comprometía a impulsar alrededor de 50 proyectos sobre reforma del Estado, probidad y -sobre todo- la Agenda pro Crecimiento elaborada por la Sociedad de Fomento Fabril.
Entre las leyes pro empresariales, y de cuño neoliberal, se cuentan la Ley de Firma Electrónica y su reglamento; la Ley Chile Plataforma para Inversión Extranjera en Terceros Países; la Ley Corta de Pesca; la Norma de reducción de tiempo en Tablas de Depreciación; la Ley de Empresa Individual; el Protocolo Tributario Chile-Argentina: la Ley de Factura Electrónica; la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Compras, la Ley de Contrataciones Públicas; la introducción de los Bonos de Descontaminación y la Ley del Mercado de Capitales II, entre otras.
Otros proyectos, caros al empresariado, no superaron la oposición de un sector de la Concertación en el Congreso. Entre ellos, la Adaptabilidad Pactada de Jornada Laboral, la Certificación de Competencias Laborales y la Empresas de Trabajo Transitorio, proyectos todos orientados a la flexibilidad laboral, y la Ley Larga de Pesca, objetivo logrado por el Gobierno de Piñera.
Un caso especial fue el de la Ley 19.911, que creó el Tribunal de la Libre Competencia. De una parte, generó el marco legal para la regulación de la competencia. Pero de otra, eliminó las sanciones penales para las prácticas monopólicas, lo cual explica por qué siguen libres los empresarios involucrados en los numerosos casos de colusión, detectados en los últimos años.
Otro de los ambiguos productos de la «democracia» binominal que debemos agradecerle a Ricardo Lagos.
No en vano el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, y de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, llegó a decir del ex Mandatario: “los empresarios lo aman”.
Un somero examen a cualquiera de las areas del Gobierno de Lagos, arroja el mismo equívoco resultado.
Lagos fue el responsable del desarrollo del Plan Transantiago, acaso una de las políticas públicas más desprolijas, y cuestionadas, tanto por su defectuoso funcionamiento, que se mantiene luego de seis años de existencia, como por el excesivo gasto público que ha traido aparejado y la munificente rentabilidad que ha significado para las empresas concesionarias.
A Lagos los ambientalistas lo critican porque durante su período en La Moneda se aprobaron 51 proyectos energéticos, entre ellos, 12 hidroeléctricas y 14 termoeléctricas, modelos de generación de energía eléctrica ampliamente rechazados por la población.
En salud, presentó la idea de licitar a privados la concesión de cuatro hospitales. Entonces, el Colegio Médico se opuso de manera férrea, por lo que el proyecto fracasó en menos de un mes. También impulsó la ley para reformar el sistema de salud mediante garantías explícitas a la atención, más conocido como AUGE, que si bien ha traido consigo una pequeña corrección a la inequidad de la salud privatizada, pero al costo de transferir ingentes recursos a la salud privada.
Otro de los “legados” de Ricardo Lagos es el de las «reformas» de 2005 a la Constitución de Pinochet. Estos cambios posibilitaron que hasta a derecha esgrima que la Concertación “legitimó” la Carta Fundamental.
Incluso, el mismo Lagos habló desde ese momento, de la Constitución de 2005, en circunstancias que la ciudadanía no tuvo injerencia alguna en la concreción de reformas, que si bien eliminaron algunos de los llamados “enclaves autoritarios”; en general mantuvo la misma estructura política y económica que modeló la Constitución de 1980.
Además, en su administración se impulsó el Crédito con Aval del Estado, CAE, que con los años se tradujo en el endeudamiento de cientos de miles de estudiantes que hasta el día de hoy reclaman la derogación del estatuto.
La reacción de los organismos sociales y políticos no se ha hecho esperar. Así, la organización Deuda Educativa señaló:
“Ricardo Lagos es un criminal de la educación. Ha endeudado a una generación entera vendiendo la educación a la banca privada. Seis bancos tienen el monopolio de la educación. Hay miles de embargados. Nos manifestaremos todas las veces que sea necesario contra Ricardo Lagos Escobar, a quien consideramos un criminal de la educación, quien junto a su ministro, Sergio Bitar, no tuvo ningún asco de endeudar a millones de personas con el Crédito con Aval del Estado”.
“Ricardo Lagos ocupó la consigna del Crecer con igualdad de la mano del endeudamiento de miles de familias”, afirma Gabriel Iturra, vocero de la Confech y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, para quien la posibilidad de una nueva candidatura presidencial de Lagos es “lamentable”:
“Su gobierno fue uno de los más privatizadores de la historia de Chile, se aumentó la tasa donde las empresas generaban licitaciones con el Estado sin pagar ningún impuesto. Durante su gobierno, también, se concesionaron las carreteras y un montón de situaciones y de políticas públicas que nos hacen recordar lo que significaría que Ricardo Lagos volviera a gobernar Chile”.
Hoy, con una candidatura presidencial anunciada, las políticas impulsadas por Ricardo Lagos le estallan en la cara, y marcan una antítesis respecto de las demandas ciudadanas que durante el último tiempo han emergido, es decir, reformas en educación, salud, pensiones y justicia militar.
En materia de Derechos Humanos su gestión es fuertemente criticada. Según Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, es impresentable que Ricardo Lagos autoproclame una candidatura presidencial:
“Ricardo Lagos es negocio, privatización e impunidad. Él privatizó el país. Si hablamos de las carreteras, si hablamos de educación, él defendió al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, es el que llamó a la Comisión de Prisión Política y Tortura, un burdo lavado de imagen”.
Y concluyó:
“Ricardo Lagos no sabe que nosotros cambiamos, ya no somos la ‘empresa’ que él gobernó”.
El anuncio fue cuestionado también por agrupaciones políticas quienes sostuvieron que una candidatura de Ricardo Lagos no es coherente con las necesidades e inquietudes de la ciudadanía.
Ricardo Lagos es uno de los productores del malestar y, por lo tanto, no es una alternativa”, dijo el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric.
Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, fustigó el anuncio hecho por el ex jefe de Estado y señaló a La Segunda:
“Lagos juega de visita es estos tiempos, porque Chile ya no confía en la élite que él simboliza”.
En tanto, la diputada PC Karol Cariola criticó el anuncio del ex mandatario:
«Lagos no representa el cambio que en la actualidad se requiere. El anuncio de Lagos es una autoproclamación, no una definición de la Nueva Mayoría”.
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A juicio del economista de la Fundación Sol Marco Kremerman, el Crédito con Aval del Estado es un ejemplo de una serie de políticas públicas que disminuyen el rol del Estado, aumentan la desigualdad social y tienden a consolidar la concentración económica en pocas empresas, una práctica en la que han colaborado todos los gobiernos de la Concertación:
“Existe una serie de profundizaciones, por ejemplo con los todos los tratados de libre comercio que sin duda han generado que en Chile se siga manteniendo y profundizando altos niveles de concentración, que explica que muchos sectores productivos dos, tres o cuatro empresas como máximo concentren el noventa por ciento de la participación de mercado”.
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El economista agrega que la vía que se está siguiendo es la de una consolidación de un modelo neoliberal instaurado por la dictadura y que no tiene intención de ser cambiado:
“El modelo que hoy día tenemos, es un modelo que no se ha cambiado en ningún ápice de su fundamento, que está totalmente sincronizado con la constitución de 1980, que tiene ese ADN. Las políticas diseñadas e implementadas en los distintos gobiernos de la Concertación, en el gobierno de Lagos en particular, son políticas que no generan ningún rasguño a la filosofía del modelo neoliberal que tiene Chile”.
Entonces, cuando proclama rebosante de soberbia, “nosotros podemos llevar adelante una propuesta de avance y progreso y que entregue a las nuevas generaciones un Chile fortalecido, yo no me restaré a ese desafío”, no hace sino perpetrar otra de sus características imposturas.
