Como sucede invariablemente desde el mismo Golpe de Estado, el mes de septiembre dió pábulo a crispados debates sobre los atroces crímenes de la dictadura; y como siempre, fueron promovidos por quienes pretenden una imposible reconciliación, sin verdad ni justicia. En esta ocasión, el elemento detonante fue el anuncio de la Presidenta, de enviar un proyecto de ley para levantar los 50 años de secreto de los testimonios ante la Comisión Valech.
Óscar Izurieta y los Generales Incompetentes
por Eda Cleary (*).
El ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta ha declarado que “es un mito que el Ejército tenga información y no quiera entregarla” en relación a los crímenes cometidos por sus miembros durante la dictadura que sostuvieron por 17 años. Como “no hay archivos”, don Oscar piensa que el Ejército quiere colaborar, pero no puede porque carece de
documentación.
Sobre la intención de su declaración se puede discutir, pero lo que se deriva por lógica de esta secuencia argumentativa es que sea un ex general y comandante en jefe del ejército el que sugiera voluntariamente que los crímenes habrían sido cometidos sin el conocimiento de los altos mandos por una suerte de individuos desconocidos quienes habrían usado recursos públicos del ejército sin dejar huellas ni archivos en la documentación de la inteligencia militar.
De ser esto verdad, quedaría al descubierto la total ineficacia e incompetencia de los altos mandos y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) para desempeñar sus funciones en el marco de la ley.
Esta teoría “conspirativa” que levanta Izurieta, demostraría en último término que en el Ejército de Chile cualquier “persona individual” podía hacer lo que quería y tenía acceso a usar los recursos públicos de defensa como estimara conveniente fuera de cualquier línea de mando o fiscalización jerárquica al momento de enviar comandos militares a detener, matar, torturar, violar a presas políticas y hacer desaparecer a miles de chilenos.
Izurieta insiste que el alto mando no sabía nada ni tenía documentación alguna sobre estos sucesos “naturalizando” así el hecho evidente que no cumplían con su deber de supervisión.
Aquí abre el espacio para que cualquier chileno mínimamente educado se pregunte con justa razón:
¿Qué legitimación tienen estos uniformados para seguir al mando del ejército luego que fueran incapaces de controlar siquiera a supuestas “personas individuales” que actuaban en forma autónoma dentro de la institución usando al ejército, su presupuesto e infraestructura para cometer atrocidades contra su propia población en forma sistemática?
Izurieta aconseja a más de cuarenta años del golpe que “no es bueno para el país” dudar de la buena la buena fe de los militares para colaborar en el esclarecimiento de los crímenes, caso contrario ellos quedarían como mentirosos y eso sería “grave” y profundamente “molesto”.
Más adelante, Izurieta se lava las manos e invita con todo desparpajo a los parientes de las víctimas, a los medios, a los políticos y a la justicia a buscar los archivos por su cuenta
exigiendo a las “personas individuales” que entreguen la información pertinente. Este absurdo llamado pondría una vez más de manifiesto entonces que en el ejército los que
“cortaban el queque” no eran los altos mandos, sino que una serie de sujetos aprovechadores que “usaban” a la institución pasándolos a llevar por casi dos décadas.
Esta auto-victimización resulta a lo menos tragicómica.
Por un lado da cuenta de esta nueva especie de ‘generales a la chilena’ no tienen ningún complejo en “dar fe” públicamente que no mandaban ni controlaban a nada ni a nadie en sus instituciones, y por otro lado indica que esta estrategia de blanqueo moral del ejército lo único que logra es hacer gala de la feroz incompetencia profesional de los altos mandos sin siquiera tener conciencia que lo están haciendo.
(*) Socióloga, doctorada en ciencias políticas y económicas en la Universidad de Aachen de Alemania Federal.
Fuente: El Mostrador
Carmen Hertz: “Es mentira que los expresos políticos declararon bajo secreto en la Valech”
por Macarena García Lorca
La reconocida abogada de derechos humanos y candidata a diputada, Carmen Hertz, entra de lleno al debate sobre el proyecto de ley para levantar el secreto de 50 años que pesa sobre los testimonios de la Comisión Valech. Acá, explica porque es falso que las víctimas de prisión política y tortura hayan declarado bajo reserva, desmiente al expresidente Ricardo Lagos y acusa que muchos sectores están manipulando los hechos de forma “impúdica”. Además está molesta con su coalición, la Fuerza de la Mayoría, por su “silencio ominoso” en las discusiones de derechos humanos y las arremetidas de impunidad que provienen desde las Fuerzas Armadas y que, afirma, se hicieron sentir fuerte en septiembre.
Este 11 de septiembre, cuando se conmemoraban 44 años del Golpe de Estado, a Carmen Hertz la sorprendió el anuncio de la Presidenta Bachelet de darle discusión inmediata al proyecto de ley para levantar el secreto por 50 años de los antecedentes de la Comisión Valech I. Era una reivindicación histórica del mundo de los derechos humanos que dormía en el Congreso. Pero casi de inmediato surgieron voces críticas de parlamentarios de la Nueva Mayoría, el Ejecutivo tuvo que retroceder y se agregaron indicaciones en la comisión del Senado. La destacada abogada asegura que estas modificaciones desvirtúan el proyecto original, que busca que sean los tribunales los que accedan a la información para avanzar en verdad y justicia.
Pero lo que realmente desató la molestia de Hertz es el debate que surgió en torno a cómo se estableció el secreto de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura que declararon ante la Comisión, las caricaturas que se han hecho del proyecto de ley y la arremetida del establishment, que, acusa, está manipulando la realidad.
– Tras el anuncio de la mandataria, Ricardo Lagos dijo que el secreto fue parte del decreto que creó la Comisión Valech, pero agrupaciones de expresos políticos afirman que eso es falso…
«Mira, se ha hecho una distorsión y una manipulación de muchos conceptos, que es bastante impúdica. En primer lugar, el decreto presidencial que crea la Comisión Valech, el decreto supremo N°1040, estableció la reserva para las actuaciones de la Comisión y para los antecedentes que recibía. Obviamente, la reserva era inherente al funcionamiento de la Comisión, duró mientras funcionó y no más. Esa era su duración. Se ha pretendido equiparar los efectos de este decreto supremo con la ley de reparación 19.992, que se dictó mucho meses después que cerró el funcionamiento de la comisión [en diciembre de 2004]. En su artículo 5, la ley estableció los 50 años de secreto, que es una situación jurídica y de hecho absolutamente distinta. No hay una continuidad del secreto como se ha pretendido instaurar. Eso es falso. Me parece que es una ignorancia increíble no distinguir los efectos de un decreto supremo y de una ley».
– Cuesta creer que se trata de mera ignorancia. ¿Por qué crees que ciertos sectores, incluido el propio Lagos, insisten en que se comprometió el secreto a las víctimas de prisión política y tortura que declararon?
«Por supuesto que no es ignorancia. Buscan instalar esta idea falsa y para eso tienen todo el apoyo mediático y el apoyo ruidoso de la derecha. El secreto de los antecedentes fue una decisión política que tomó el gobierno de Lagos cuando se mandó la ley de reparación. Y encima, ahora, pretenden que esa decisión política no pueda ser cuestionada y hacerlo es poco menos que una injuria personal».
– Lagos también dijo que se estaba faltando a su honor.
«Lo segundo que se ha dicho para justificar el secreto tiene connotaciones muy complicadas, casi perversas, argumentan que se hizo porque las víctimas lo pidieron. Eso no es así. Falso. El hecho que una víctima haya hablado con Ricardo Lagos y se lo pidiera, es una cosa. Pero de la excepción, se trata de hacer regla general, eso da cuenta de otra manipulación. Veo casi la misma arremetida mediática y del establishment, que hubo para la mesa del diálogo, estaban como locos, frenéticos, tratando de instalarla como si fuera la fuente de la verdad, para el fraude que resultó después…»
– Además se ha dicho que es para proteger la privacidad de las víctimas…
«Caricaturizan el proyecto, como si más o menos se pretendiera ir a la plaza pública a colgar los antecedentes. No, eso también falso, es para que los tribunales de justicia puedan acceder a la información y que avancen las investigaciones. En 2004, cuando se hizo la Comisión Valech, había denegación total de justicia respecto al delito de tortura, los tribunales no investigaban, era tal la resistencia, no solo de los tribunales, sino del establishment político que, cuando se estaba produciendo el desafuero de Pinochet, en ese momento el delfín que tenía la Concertación, para designarlo como comandante jefe de la Fuerza Aérea, era el general Gabrielli».
– ¿Quién era general Gabrielli?
«Gabrielli siendo teniente, en la base área de Cerro Moreno, en el año 73, después del Golpe, fue individualizo por varias de las victimas que él personalmente torturó. En ese entonces, fue un escándalo, la defensa que hicieron del general Gabrielli para qué te digo. Hubo jerarcas de la Concertación, como José Antonio Viera Gallo o José Miguel Insulza, que dijeron que los tribunales iban a colapsar si las víctimas de la tortura se querellaban. De esa liviandad fueron los comentarios que se hicieron. Dada la denegación de justicia, en 2004 se creó la Comisión. Quiero ser enfática en esto: para las víctimas ir a declarar a la Comisión no fue ir a un confesonario, fueron a denunciar».
– Claro, si entregaron los antecedentes, seguramente no fue para que se metieran en un cajón por 50 años.
«No, fue la instancia formal del Estado, donde por primera vez, las víctimas pudieron denunciar lo que les ocurrió. En los medios no se ha dicho nada de las múltiples agrupaciones de expresos políticos que han sacado declaraciones fuertísimas que dicen que ellos jamás declararon bajo secreto. ¡Eso no fue así nunca, es mentira que declararon bajo secreto! Es la posverdad desatada, no se prometió nunca a nadie secreto, nadie fue en esa condición».
– Además, ¿levantar el secreto es una recomendación de los organismos internacionales, no?
«Todos los organismos internacionales, -cuestión que en este debate se ha omitido-, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión contra la tortura de la ONU, relatores especiales de la ONU y la propia Corte Interamericana, le han recomendado expresamente al estado de Chile la derogación de esta norma».
– En una entrevista, el fin de semana, Lagos se preguntó por qué los abogados de derechos humanos no levantaron la voz en el 2004 por el secreto.
«No, reclamamos muchísimo, las arremetidas de impunidad de la Concertación fueron una tras otra. Siempre denunciamos el secreto de los 50 años, porque fue una bofetada para las víctimas, más allá de las intenciones, porque aquí no se trata de las intenciones del señor Lagos, tú comprenderás que me dan exactamente lo mismo, lo que importa son los resultados públicos. La comisión Valech fue una excelente iniciativa, que surge por la tremenda presión de los expresos políticos, de las víctimas. Esto no fue un regalo».
– No fue un regalo de Lagos, digamos.
«Nunca, nada ha sido un regalo, todo se ha conseguido así. El funcionamiento de la Comisión fue de gran nivel y el trabajo de todos quienes estuvieron en la Comisión, entonces cuando Lagos dice que quienes estamos porque se levante el secreto, estamos cuestionando la Comisión, es el colmo. Jamás se ha cuestionado el trabajo de la Valech, por el contrario, ha sido extremadamente valorado. El punto de debate es el secreto. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que es el custodio de la información, cuando los tribunales le han pedido antecedentes de la Valech I, ha tenido que negárselos. Más aún, el INDH le preguntó a la Contraloría cuál era el procedimiento».
– ¿Qué contestó Contraloría?
«Dijo que sólo era posible entregar los antecedentes a la justicia en virtud a una reforma legal, o sea, todo lo contrario a lo que dice el señor Lagos. Esto no es un tema de orgullo personal, ¿te fijas? Es un tema de país y de sociedad. Además nunca he escuchado cuál es el argumento para que el estado de Chile no cumpla sus obligaciones internacionales, “¿no es que una señora nos pidió…?” ¡Si eso no se puede!»
– La oposición, como la presidenta de la UDI o el candidato José Antonio Kast, también argumentan que a las víctimas se prometió secreto y no se pueden cambiar las reglas del juego.
«Son puras pamplinas, otra impudicia. Estos personajes que pertenecen al sector que aplaudió el exterminio, la tortura, la prisión política, la propició y la justificó, obviamente que no quieren que los tribunales de justicia conozcan lo nombres de los torturadores y la información que necesitan para avanzar en sus investigaciones. Es coherente con la posición que ha tenido este sector político en relación con los crímenes de lesa humanidad».
– Aunque lo revisten de una preocupación por la víctima.
«Eso no se los puede creer nadie. A mí me impresiona que en 2017, el establishment siga avalando la impunidad. Ahora, en este país, yo nunca he visto campañas públicas, en que figuras conocidas de la política, del espectáculo, de la cultura, pidan y exijan antecedentes para hacer justicia. En Argentina, Lionel Messi, en una campaña pública, llamó por televisión a los adultos nacidos en dictadura, que tengan dudas sobre su origen, que se hagan la prueba de ADN. Aquí no hay políticas públicas que tengan como objetivo la verdad y la justicia, siempre es con letra chica.
– ¿Por qué crees que la Concertación nunca se la jugó por avanzar de verdad en conseguir justicia?
«Por las características de la transición chilena que se establece sobre pactos tácitos de impunidad. Por esa razón, la transición dejó fuera al movimiento popular. Si haces historia para atrás, es el movimiento popular con su lucha día a día, año a año, que empezó a reorganizarse de a poco, eso culmina en las protestas en los 80 y permite que termine la dictadura, no los acuerdos de los dirigentes, no fue el dedo Lagos, ni fue la campaña publicitaria del NO, que nos dio el triunfo. El termino de la dictadura se lo debemos a esa enorme masa de gente, miles de personas, anónimas, que lo pasaron fatal, recibieron todo tipo de represalias, fueron quebradas las biografías de los resistentes activos y del mundo popular. Todos ellos fueron excluidos de la transición».
– ¿Qué te parece que la Nueva Mayoría no respaldara el proyecto para levantar el secreto?
«Bueno, ha sido el devenir histórico de la Nueva Mayoría, siempre saboteando los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo, en este caso es más grave, porque se trata de un proyecto muy trascendente para la sociedad chilena. El tema de la verdad, la justicia y la memoria colectiva, no es un lugar común. La memoria colectiva no se construye sólo en clave de pasado, se construye en clave de presente y futuro. Si tú como individuo no tienes memoria, difícil que puedas modelar tu futuro, las sociedades con mayor razón, y las sociedades que han vivido el extermino como la sociedad chilena, más aún. Es particularmente grave que sectores de la Nueva Mayoría, no hayan apoyado en forma contundente y derechamente este proyecto».
– ¿Estás molestas con los dirigentes de tu coalición, la Fuerza de la Mayoría?
«Me preocupa profundamente el silencio de los dirigentes y representantes de los partidos que conforman la coalición que yo represento como candidata, con la salvedad mi partido, con el PC no tengo problema, porque ha sido muy claro en revindicar siempre la verdad y la justicia, pero arrastro a la coalición a opiniones que no necesariamente todos comparten. Pero seguiré expresando con fuerza mi opinión en materia de derechos humanos, temas que han sido la columna vertebral de centenares de personas para avanzar en la reconstrucción de este país. Seguiré con mis críticas, no obstante las discrepancias que puedan existir con otros dirigentes de la Fuerza de la Mayoría. Repudio el silencio y omisión que se observa, no solo con el tema Valech, sino en la escalada sediciosa de las Fuerzas Armadas del último tiempo, que comienza con los dichos de Humberto Oviedo en el juramento a la bandera, delante de todas las autoridades públicas, en que dijo que es necesario que los tribunales tomen en cuenta el contexto en que se cometieron crímenes. Ni más ni menos, frente a lo cual no hubo reacción alguna».
– ¿En qué más ves esa escalada sediciosa?
«Luego, 16 generales en retiro y varios excomandantes en jefe, entre ellos dos nombrados en democracia, como Oscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba, se permiten cuestionar el papel de los tribunales de justicia. Ahí el Ministro de Defensa respondió, pero los dirigentes políticos nada. Luego siguió una carta de coroneles publicadas en El Mercurio, en el mismo sentido y a esa le siguió una de los suboficiales mayores».
– ¿Cuál es la conclusión que sacas de eso?
«Que cuentan con el aval del Alto Mando actual del Ejército, si no sería imposible que lo hicieran. Los comandantes activos deberían salir inmediatamente a condenarlo, pero Oviedo en vez de eso, lo justificó. Este clima afecta a una cuestión muy central, estamos hablando de cuáles son los límites y las características de la democracia chilena, porque en una democracia, plena, decente, los militares no pueden expresar opinión alguna sobre un tema contingente y menos cuestionar el papel de un poder el Estado. Eso es una barbaridad, totalmente improcedente».
– El comandante en jefe dijo que no existe más información sobre las violaciones a los derechos humanos, el ministro Fernández contestó, bueno, “habrá que creerle”.
«Es el mismo guión que se repite una y otra vez. El comandante en jefe de turno niega tener información y el Ministro de Interior o Defensa de turno avalan esa mentira. Aquí, en este país, igual que los nazis, los servicios de seguridad documentaron todo. Si hablas con cualquier víctima sobreviviente, te va a decir que lo primero que hacían era sacarles una foto cuando llegaban, hacerles una ficha con todos sus datos y escribir los interrogatorios después de haber sido ferozmente torturados. Todo eso no desapareció en el aire».
– ¿No crees que los militares hayan destruido esos documentos para borrar las evidencias?
«No, porque son datos, entre comillas, de inteligencia. Esa información está en la dirección de inteligencia del Ejército y la siguen negando, pero está».
– ¿Cuál es tu opinión sobre los beneficios carcelarios para los presos en Punta Peuco?
«Es otro tema distorsionado y manipulado mañosamente. Se ha tratado de instalar que los familiares de las víctimas son rencorosos y no quieren que los violadores de DDHH accedan a beneficios. Hay que distinguir cosas que son bien centrales: en el caso de los enfermos terminales, nadie en el mundo de los derechos humanos se ha opuesto al arresto domiciliario, lo que se ha dicho es que sean terminales de verdad, con certificados de médicos independientes y no con certificados del Hospital Militar, que son siempre falsos, que se diagnostique de forma rigurosa; para el resto que quiera acceder a beneficios, hay normas.
-¿Cuales son esas normas?
«Los organismos internacionales han establecido ciertos principios como pena proporcional a la gravedad del delito que cometieron, que en Chile en la mayoría de los casos no se da, es un grupo reducido el que tiene penas altas, la colaboración con la justicia desde un inicio y el arrepentimiento eficaz, que implica entregar en el juicio elementos sustantivos para avanzar en las investigaciones. Y eso acá no se da. Estos no son gestos humanitarios, son arremetidas de impunidad».
Fuente: The Clinic
La gran estafa de las Fuerzas Armadas: La “Mesa de Diálogo”
Iván Ljubetic Vargas (*)
“Yo insisto en que ellos (los personeros vinculados a la dictadura y de los partidos de la Concertación) son los responsables de que el pasado siga arrastrándose y las heridas estén cada día más abiertas, que haya más impotencia e impunidad, porque ellos siguen justificando el golpe militar”.
(Sola Sierra, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Junio de 1999).
A cuarenta y cuatro años del golpe fascista aún campea la impunidad para muchos criminales y cómplices, civiles y militares, que degollaron la democracia y violaron los derechos humanos en nuestro país. No pocos están en el Parlamento, en otras entidades públicas y en las FF AA.
Es hora que prevalezca la verdad y la justicia. También de que aquellos civiles y militares que han sido responsables de que se mantenga la impunidad se hagan una pública autocrítica.
VENDIERON LA POMADA DE LA “MESA DE DIÁLOGO”
La derecha, los partidos de la Concertación, el Presidente Lagos y los uniformados aseguraron y aseguran que la “Mesa de Diálogo” significó un enorme paso para conocer la suerte corrida por la detenidos desaparecidos, que fue un gran aporte al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido durante la dictadura y un importante avance en la “reconciliación” de todos los chilenos.
Los hechos mostraron y muestran lo erróneo de estas afirmaciones.
DESDE EL INICIO LOS FAMILIARES SE OPUSIERON
El sábado 21 de agosto de 1999, el Ministro de Defensa del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Edmundo Pérez Yoma, puso en marcha la llamada “Mesa de Diálogo”. La integraron representantes del Gobierno de la Concertación, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia y tres abogados vinculados a los derechos humanos: Pamela Pereira, Héctor Salazar y Roberto Garretón.
Tanto la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se opusieron a esa mesa y declararon que esos tres abogados no las representaban. Otros 34 abogados de derechos humanos apoyaron a las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura.
LA MENTIROSA DECLARACIÓN DE LA “MESA”
El martes 31 de agosto de 1999 tuvo lugar la segunda sesión de la “Mesa”. La última, el martes 13 de junio de 2000. En ella se aprobó una Declaración.
En ese documento, los participantes en ese intento por imponer la impunidad de los crímenes de la dictadura, expresaron en un párrafo lo siguiente:
“Chile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue especialmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones”.
CÍNICA TERGIVERSACIÓN DE LA HISTORIA
Este párrafo de 66 palabras, contiene cuatro intentos de tergiversar la historia reciente de Chile, de crear nuevos mitos que signifiquen borrar la realidad de los hechos.
1) ¿Cuál fue la “espiral de violencia política” que sufrió Chile a partir de la década de los 60?
Recordemos qué ocurrió entre 1960 y 1973. Durante ese período hubo tres gobiernos: uno de la derecha presidido por Jorge Alessandri Rodríguez (1958 –1964), durante el cual se perpetraron tres masacres; otro de la Democracia Cristiana, encabezado por Eduardo Frei Montalva (1964–1970), en que hubo diez masacres, y el de la Unidad Popular, con Salvador Allende, en que no se produjo ninguna. En esta última administración se llevaron a cabo una serie de cambios revolucionarios, que elevaron sustancialmente el nivel de vida de los chilenos, ello en base a hacer de Chile empresas que estaban en manos de capitalistas extranjeros o nacionales, expropiar todos los latifundios improductivos. Medidas adoptadas respetando rigurosamente la Constitución Política del país. Esta fue la “violencia política” llevada a cabo por el Gobierno de la Unidad Popular.
REFRESQUEMOS LA MEMORIA
En ese período de 1960 a 1973 hubo otros hechos relevantes que se deben considerar.
En 1962, el Presidente estadounidense John Kennedy planteó la imperiosa necesidad para la seguridad del imperio, que Allende fuera derrotado por Frei Montalva en las elecciones de 1964 (Ver El Mercurio, edición internacional, 26 diciembre 1976-1º enero 1977, página 7)
También en 1962, la jerarquía de la Iglesia chilena emitió una Carta Pastoral, dada a conocer el 18 de septiembre de ese año, con un contenido profundamente anticomunista. En una parte de ella se decía textualmente:
“Del triunfo del comunismo en Chile, la Iglesia y todos sus hijos no pueden esperar sino persecución, lágrimas y sangre”.
La firmó un Cardenal, tres arzobispos, 17 obispos, dos administradores apostólicos y el secretario general del Episcopado. (Ver El Diario Ilustrado, Santiago, 23 de septiembre de 1962, página. 11)
Por entonces ya se sabía que el “comunista” Allende postularía por tercera vez como candidato a la Presidencia de la República en 1964.
Entre el 26 y el 29 de junio de 1965, tuvo lugar en Linares el XXI Congreso General Ordinario del Partido Socialista de Chile. Entre sus resoluciones se leía: “La vía armada es la única vía para tomar el poder”
Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano, en una Declaración de su Consejo Nacional, publicada en el diario “La Nación” con fecha 11 de julio de 1967, decía: “En ciertos casos, la subversión es alentada y dirigida por cristianos de avanzada”.
Tanto estos dos partidos, miembros de la Concertación, como la Iglesia participaron en la “Mesa de Diálogo”, y suscribieron la Declaración citada más arriba.
LOS QUE HAN USADO LA VIOLENCIA
2) ¿Quiénes han “propiciado la violencia como método de acción política”?
En el siglo XIX el Ejército lanzó al país a tres guerras civiles; además realizó varios golpes de estado y motines.
La Marina de Guerra desató la contrarrevolución de 1891 que derrocó al Presidente Balmaceda.
Durante el siglo XX las Fuerzas Armadas y la policía, obedeciendo órdenes de gobiernos anti populares, perpetraron 55 masacres, además del genocidio llevado a cabo por la dictadura de Pinochet. Según cifras oficiales se ha reconocido un total de 40.018 víctimas (sin tener en cuenta los miles y miles de exiliados y exonerados) de los cuáles, 3.065 corresponden a asesinados y desparecidos. De estos últimos hasta ahora se desconoce el destino de cerca de mil. .
BLANQUEANDO EL GOLPE FASCISTA
3) ¿A qué llaman “los hechos del 11 de septiembre de 1973”?
A un golpe fascista que derrocó un gobierno constitucional elegido democráticamente y que dio inicio a 17 años de terrorismo de estado, que significó –según señalaron en abril de 1998, abogados de derechos humanos- 1.100 detenidos desaparecidos, 2.100 ejecutados políticos, 10.000 torturados, 27.000 lesionados, 40.000 detenidos y 150.000 exiliados. Esos abogados sostuvieron que “ello configuró el más grande y cruel genocidio político de nuestra historia, condenado invariablemente durante 15 años consecutivos por la Organización de Naciones Unidas”.
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS
4) ¿Los chilenos tienen sobre el golpe fascista “legítimamente distintas opiniones”?
Sobre el golpe del 11 de septiembre de 1973 hay dos versiones antagónicas: Una es la de las víctimas y sus familiares. La otra, de los violadores de los derechos humanos, de los asesinos, de los torturadores y sus cómplices civiles.
Por ello, al oponerse a participar en la “Mesa de Diálogo”, Sola Sierra, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo en junio de 1999:
“Los familiares de las víctimas no tenemos que buscar ningún acuerdo ni sentarnos a ninguna mesa a negociar nada, porque aquí no hay nada que negociar. Nuestros planteamientos han sido muy claros: exigimos que se reconozca nuestro legítimo derecho a la justicia, y vamos a seguir planteando que aquí debe haber verdad y justicia plena”.
LOS “VALIENTES” SOLDADOS
Ricardo Lagos, Presidente de la República, al conocer la Declaración de la “Mesa de Diálogo”, enfatizó la “valentía y coraje de las Fuerzas Armadas” y envió de inmediato un Proyecto, en base a las conclusiones de la Mesa, al Parlamento.
Este lo aprobó a una velocidad record el 29 de junio de 2000. Votaron a favor los parlamentarios de la derecha y de la Concertación. De esta coalición, se abstuvieron tres diputados democratacristianos y sólo un senador de ese partido votó en contra. Fue Jorge Lavandero Illanes. La autollamada “izquierda” oficialista votó en bloque por la impunidad.
MÁS FALSOS QUE JUDAS
El vienes 5 de enero de 2001 las Fuerzas Armadas entregaron un informe al Presidente sobre los lugares donde se encontrarían los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Al día siguiente éste lo hizo llegar a la Corte Suprema.
El domingo 7, Ricardo Lagos se dirigió al país señalando que con los antecedentes recibidos se podía mirar el futuro con “expectación y esperanza”.
Pero pronto se conoció la falsedad de los datos entregados por las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el miércoles 25 de abril de 2001, la ministra en visita, Amanda Valdovinos, informó a los familiares del dirigente comunista Juan Luis Rivera Matus, que sus restos habían sido encontrado en una tumba clandestina en el Fuerte Arteaga del Ejército y que no fueron lanzados al mar a 40 millas al oeste del puerto de San Antonio, como afirmaron las Fuerzas Armadas en el documento entregado el 5 de enero de 2001.
Otro tanto ocurrió con los restos del dirigente del PC José Santos Rocha Álvarez, que no se encontró en el Servicio Médico Legal, como habían asegurado los militares.
La “Mesa de Diálogo” fue uno de los tantos intentos por echar tierra a los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet. Las FF AA mintieron y siguen mintiendo.
(*) Historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER
Las Cuitas y Desaciertos de Lagos
Por Pablo Moreno A. (*)
Últimamente el ex presidente Lagos se ha indignado porque ve afectado su prestigio de más de 50 años.
No sabemos a ciencia cierta cual ese prestigio, aparte de haber sido presidente de la república.
Durante su período privatizó todas las empresas que entregaban agua a la población, desde la 8ª región hasta el norte. También privatizó las carreteras del país entregándolas a empresas privadas, las que han multiplicado sus ingresos con los cobros de peaje.
Sin embargo hay un elemento político, que es lo que más le duele, haber mantenido hasta hoy el “secreto” durante 50 años, sobre las víctimas de Prisión y Tortura de los Detenidos que hasta la fecha sumaban más de 35.000 afectados.
Se ha defendido sosteniendo que durante su gobierno se estableció la Comisión Valech y que ella permitió a las víctimas de prisión y tortura entregar sus testimonios y denuncias a los miembros de esa Comisión.
Hay que saber que los que concurrimos a esa Comisión no se nos advirtió nada de la confidencialidad de nuestras informaciones. Algunos fuimos a testimoniar los horrores de nuestras torturas en prisión. Algunos de nosotros entregaron nombres de sus torturadores y los lugares en que se cometieron estos delitos.
Pero lo importante es dilucidar por que se estableció posteriormente una ley (19.992) en la que con sorpresa se decidió el “secreto” durante 50 años y que según Lagos se había ocultado la verdad durante 30 años, a lo que contribuyeron los diarios, “La Tercera de la Hora” y “El Mercurio” como cómplices de la dictadura.
Es importante recordar el momento en que el ex presidente hablo a la comunidad nacional al referirse al Informe Valech. En ese “discurso” el Señor Lagos sostuvo que nosotros, los presos y torturados habíamos “recuperado la “dignidad” y en seguida nos lanza a la cara la reparación de un “sueldo vital” por el resto de nuestras vidas. Junto con eso señalar que dentro de 50 años se conocerían los nombres de los torturadores, para mantener la paz y no “victimizar para que “nunca más”.
Efectivamente se estaba protegiendo a los torturadores por que el “nunca más” debe ir unido a la justicia, la que se debe aplicar a los torturadores, y la recuperación de nuestra “dignidad” es sobre la base de la verdad y el reconocimiento por parte del Estado del daño, social, moral, físico y material que han sufrido las víctimas, quienes adquieren un status de “sobrevivientes de un genocidio”
No hay que olvidar el contexto político de la época en que el General en Jefe de las FF.AA. era Juan Emilio Cheyre quien rindió (hoy reo cómplice de la Caravana de la Muerte) un homenaje a un asesino; el Coronel Germán Barriga Muñoz, el principal encargado de la cárcel de exterminio Simón Bolivar.
Estas son las cuitas del ex presidente Lagos y hoy trata por todos los medios de salvar su responsabilidad y “prestigio” prestando cierto apoyo al proyecto de Ley que termina con el “secreto” mantenido por la Ley Valech y en que la derecha se opone como “cómplices pasivos” bastante activos.
(*) Profesor. Listado Valech N°15.840
