por Enrique Ceppi.
Desde el inicio de la protesta social el gobierno de Sebastián Piñera y los medios de comunicación controlados por la derecha han intentado criminalizar la protesta social.
Con la excusa de cuidar el orden público han pretendido negar el derecho a la libertad de manifestarse y buscan desacreditar los movimientos sociales.
Más de cien días después del inicio de la rebelión popular, la política oficial ha sido la represión policial –sin miramientos por los derechos humanos –la aplicación de la ley de Seguridad del Estado a los manifestantes y la elaboración de nuevas leyes represivas.
En lugar de darle espacio a un diálogo nacional, sin condiciones previas, para buscar un nuevo pacto social; en lugar de dar un paso al costado para permitir la conformación de nuevos liderazgos para elaborar una nuevaConstitución; en lugar de permitir la expresión democráticas de las mayorías, el gobierno de Sebastián Piñera y la derecha política chilena han hecho todo lo posible para encajonar a los movimientos sociales, desvirtuar sus reivindicaciones y no dejarle otro camino que la protesta callejera.
En algunos momentos la ofensiva comunicacional de la derecha ha conseguido meter una cuña en los sectores democráticos.
Sin ir más lejos, con los votos o las abstenciones o las ausencias de varios parlamentarios democratacristiano, socialdemócratas o socialistas salvaron de la acusación constitucional al Intendente de Santiago, responsable político directo de la represión policial.
También el gobierno consiguió votos de la “oposición” para aprobar la ley anti barricadas, anti saqueos y anti encapuchados que no son otra cosa que el perfeccionamiento de las herramientas legales de criminalización de la protesta social.
No se trata de estar a favor o en contra de la violencia en las protestas sociales.
La violencia es una realidad que acompaña y forma parte de la sociedad humana. Nadie desea la violencia en las luchas populares. La violencia estaba presente antes que los trabajadores se organizaran para defender sus derechos y antes que los movimientos ciudadanos se constituyeran en actores de la lucha social.
La violencia social surge allí donde hay una minoría privilegiada que tiene el poder y se resiste a los cambios que reclama la mayoría desposeída. Bajo distintas formas, la historia se ha repetido en el curso de los siglos. Desde las revueltas de los esclavos hasta la revolución burguesa, desde las luchas campesinas hasta las guerras independentistas, desde las revoluciones proletarias hasta las marchas por los derechos civiles, etcétera.
No confundir con las montoneras de José Miguel Carrera en Argentina ni con los saqueos chilenos en Perú. Tampoco confundamos con la acción de la turba, los provocadores, narcos e infiltrados.
La democracia históricamente ha prometido resolver de forma pacífica el conflicto de intereses entre la mayoría y la minoría. El voto universal, secreto, informado, periódico, fue el camino para hacer realidad la máxima de tener un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero, cuando las élites se eternizan en el poder y las instituciones son secuestradas por una minoría privilegiada –como ocurrió en Chile –la mayoría revienta y la protesta necesariamente rompe las leyes.
Así como hay huelgas ilegales, también hay manifestaciones sin “autorización previa”, también hay ocupación de lugares de trabajo y estudio y otros cientos de formas de protesta que rompen las normas establecidas.
La solidez, la profundidad y la amplitud de una democracia se demuestran cuando los gobernantes son capaces de abrir canales de diálogo y negociación para resolver “pacíficamente” los conflictos sociales.
Muy distinto a lo ocurrido en Chile donde el gobierno ha llegado tarde con cada una de sus “soluciones” y ha respondido a la movilización social con represión policial y nuevas leyes de criminalización de las protestas.
La oposición parlamentaria tampoco ha estado a la altura de las circunstancias.
No se puede esperar mucho de ellos: son incumbentes, forman parte de la élite privilegiada, han sido cooptados por el sistema.
Los partidos políticos de la centro izquierda han jugado a esconder la pelota: en el pacto del 15 de noviembre aceptaron llamar “Convención” a la que debería ser una “Asamblea” y aceptaron la regla de los dos tercios, sin garantías de paridad de género, cupos reservados a los pueblos originarios ni real apertura a la participación de independientes.
Las condiciones para una nueva paz social en Chile se empezaran a construir cuando la gran mayoría de los ciudadanos/as concurra al plebiscito del domingo 26 de abril y apruebe el entierro de la Constitución de 1980 y la elaboración una nueva ley fundamental para el país.
La tarea de hoy es asegurar que eso sea posible.
Por una parte están las movilizaciones de masas pacíficas y ciudadanas, las manifestaciones callejeras, las marchas, ocupaciones de plazas y calles, todas ellas expresiones de la fuerza de las mayorías, que pujan por cambios, justicia, igualdad, soluciones, reformas y revoluciones.
Pero, por otra parte está la violencia del poder establecido, la represión policial y militar que defiende el poder establecido y busca disolver, diluir y aplastar al movimiento de masas.
Fuente: Primera Piedra
