Por primera vez en la historia, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal contra ex director de la PDI, Héctor Espinosa, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos.
“La acción se fundamenta en la investigación actualmente realizada por el Ministerio Público que da cuenta de variados y cuantiosos depósitos en efectivo efectuados en las cuentas corrientes del ex director de la PDI y de su cónyuge, sin justificación”, informa la página web del organismo.
Agrega:
“La acción penal buscará determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con la sustracción de los fondos reservados manejados por el ex director, como asimismo las falsificaciones documentales verificadas al rendir cuenta de los mismos”.
El origen del caso estuvo en la adquisición de un departamento por parte de la esposa de Espinosa, en la comuna de Las Condes, luego de cancelar cerca de $250 millones al contado en vales vistas. Este generó un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por parte del banco a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien derivó una “alerta” al Ministerio Público, el 16 de diciembre de 2020.
Además, constató que los ingresos de Espinosa y su esposa no se condicen con los montos manejados en sus cuentas corrientes, por lo que el fiscal Eugenio Campos pidió al gobierno informar sobre los viáticos y asignaciones especiales internacionales del alto oficial.
Como es de rigor, la PDI señaló en un comunicado:
Lla institución se encuentra a disposición absoluta del Ministerio Público, los tribunales de justicia y los demás organismos públicos, y reitera su compromiso con la transparencia y la entrega de toda la información que le sea solicitada por los entes competentes, tanto en esta investigación como en cualquiera otra”.
No obstante, agrega:
“La PDI mantiene su compromiso irrestricto con el principio de la presunción de inocencia y con el derecho que asiste a toda persona a no ser considerada culpable, mientras no exista una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada”.
El palo blanco
El escrito del fiscal Eugenio Campos, el mismo que investigó el millonario fraude en Carabineros, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, imputa a Espinosa, y a quienes resulten responsables, de malversación de caudales públicos y lavado de activos , por cuantiosas sumas de dinero en efectivo que ingresó a sus cuentas y a las de su esposa, mediante uno de sus ayudantes, que entre junio de 2015 y marzo de 2017 depositó en 53 oportunidades,dinero en efectivo por caja, que fluctuaba entre $1 millón y $5 millones, y en una ocasión, $20 millones.
El sub-comisario y ayudante del director general, Eduardo Villablanca, llenaba los documentos de depósitos en efectivo en las cuentas de Espinosa, o su cónyuge, María Neira Cabrera, funcionaria del SII, en las sucursales de BancoEstado, en calle Rosas, y Banco de Chile, en calle Bandera, a pocas cuadras del cuartel general de PDI.
Además de imputar a Espinosa, el Ministerio Público formalizará también a su esposa, como autora de lavado de activos, y al ex-ayudante, que, ni corto ni perezoso, ha mostrado entusiasta voluntad de colaborar, tanto más cuanto que asegura de que se trató de ordenes que debió cumplir. Igual, se le atribuyó participación en los mismos delitos, en calidad de autor del delito de lavado de activos, y cómplice de malversación de caudales públicos.
El expediente establece que entre junio de 2015, mes en que fue nombrado por la ex-presidenta Michelle Bachelet como director general de la PDI, y fines de 2018, se detectaron, al menos 53 depósitos en dinero en efectivo que en total suman cerca de $ 140 millones que fueron a parar a las cuentas corrientes del Banco de Chile de Espinosa y de su esposa por montos iguales o superiores a $1 millón mensualmente y a otra que tenía en BancoEstado.
Entre esas fechas, según la investigación del fiscal Campos, secundado por el OS-7de Carabineros, Villablanca tuvo a su disposición más de $ 1.300 millones por concepto de gastos reservados, de los cuales giraba diversas sumas, que van entre los $ 30 millones, $ 51 millones y en una oportunidad hasta $ 97 millones; justificados bajo la cobertura de la Ley de Inteligencia, o de actividades de vigilancia al narcotráfico.
El quiebre del ayudante
Al declarar ante los investigadores, Villablanca, se quebró. No podía comprender la magnitud del lío en el que estaba comprometido. Confesó que cada depósito que le mandataba Espinoza, él lo “consideraba una orden”. Sobre los montos, sostuvo que se trataba de diversas sumas mensuales, siempre en efectivo, entregadas de forma directa por el propio Espinosa.
Las fechas en que Espinosa requería dineros de gastos reservados para actividades de inteligencia, coinciden con las de los depósitos de Villablanca.
Pero Villablanca, leal émulo de su jefe, también depositó en sus propias cuentas, donde aparecen registros de dinero en efectivo, que no condicen con su sueldo de $1.500.000, y la compra de dos vehículos, entre ellos una camioneta clásica de 1957.
El 11 de junio pasado -seis meses después de iniciada la indagatoria a raíz de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)- Villablanca fue interrogado por el Ministerio Público y un equipo especial del OS-7 de Carabineros.
Entre lágrimas, confesó que “en diversas oportunidades, a solicitud del señor Espinosa, que en realidad yo consideraba una orden, me correspondió hacer depósitos en efectivo en su cuenta del Banco Estado y en el Banco Chile, en el caso de su cónyuge”.
Detalló que hizo 38 millonarios depósitos en efectivo una vez al mes directamente en las sucursales de Banco Estado, de calle Rosas y Banco de Chile, en calle Bandera, a cuadras del cuartel general de la policía civil. Agregó que Espinosa le entregaba generalmente $5 millones en efectivo y que estos los distribuía en depósitos de $3 millones en la cuenta corriente del Banco Estado o de $1 millón o $2 millones en la cuenta corriente del Banco de Chile a nombre de la señora de su jefe:
“Estos dineros eran en efectivo, él ingresaba a mi oficina, que está muy cerca de su oficina, que tenía una conexión interna con la mía, para contextualizar, transitaba por su misma dependencia, y llegaba a la mía. Él llegaba con los dineros en efectivo en la mano, y me los pasaba con las instrucciones de cuánto debía depositar en cada cuenta”.
“En relación a los depósitos realizados el 28 de julio de 2016, Héctor Espinosa me entregó en efectivo $20 millones estando en la Dirección General, instruyéndome depositarlos en su cuenta corriente del Banco Chile”, indicó Villablanca.
De acuerdo a antecedentes de la investigación, días antes de ese depósito Espinosa recibió $30 millones en efectivo por concepto de gastos reservados.
“El director general de la Policía de Investigaciones de Chile que suscribe, certifica que la suma de $30 millones, correspondiente al egreso N° 263, de fecha 25 de julio del 2016, fue invertido en gastos reservados de esta institución”, dice el documento en que consta la entrega de este dinero. En consecuencia, a lo menos el 66,6% de los fondos retirados ese mes los destinó a su propio beneficio.
En las actas firmadas ante Contraloría, entidad que recepciona la rendición de gastos reservados de las Fuerzas Armadas, de Orden y la PDI, aparecen declaraciones juradas de Espinosa, del siguiente tenor:
“Los gastos reservados informados se emplearon en los fines propios de la Policía de Investigaciones de Chile y a las misiones que le son inherentes relativas al orden público y seguridad interior y exterior del país. Asimismo, declaro que no se efectuaron pagos a funcionarios públicos, ni se efectuaron transferencias estos recursos para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones criminales”.
El hilo de la madeja
En otro plano, Villablanca sostuvo que en febrero de 2017, periodo en que se realizaron los últimos depósitos, llegó a la Dirección General de la PDI un funcionario del Banco de Chile, quien se reunió con el entonces director.
“Tras esa reunión, el director general me comentó que esta persona le había manifestado que su cuenta en esa entidad tenía algunas observaciones y me manifestó que estaba todo ordenado, pero que debía dar una explicación al banco, la que asumo que realizó. Esta reunión no sé si estaba en la agenda del director general”, declaró Villablanca..
Estaba. El 30 de marzo de 2017, en la sede de la PDI, dos ejecutivos del Banco de Chile visitaron a Héctor Espinosa, con el fin de indagar acerca de una alerta levantada en el área de prevención de delitos:.
«Reúna información de antecedentes sobre por qué en los últimos meses su cliente, en la banca preferida, ha realizado grandes depósitos consistentes de más de $ 1 millón en efectivo, y cual , sería la justificación de la cotización».
Tres años y medio después, ese informe de operación sospechosa emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la pieza principal de la investigación del Ministerio Público, sobre los eventuales delitos cometidos por el ex director de la policía civil.
En el expediente está la declaración de los ejecutivos, donde explican el motivo de estas reuniones, sin perjuicio de que no hay registro de por qué no se activó el sistema en ese momento.
Espinosa estaba “incómodo” con las preguntas de los ejecutivos de su banco, Magaly Leiva y Carlos Perales. De hecho, desde ese instante suspendió los depósitos encomendados a Villablanca.
La gerente de área, Magaly Leiva, declaró que, cuando el área de retiro de activos de lavado de activos dio la alerta, el protocolo indicó que tanto él como el titular de la sucursal, Carlos Perales, deben comunicarse con el cliente, primero por teléfono y luego en persona. “El cliente estaba un poco molesto con las preguntas», dijo.
“Tenemos que ir a verlo a las oficinas de la PDI, porque es más práctico para nosotros ir y llevarlo a nuestra oficina”, declaró Perales.
“La visita fue porque nos dijeron que había transacciones en efectivo en su cuenta corriente y la de la esposa, y en su oficina nos dijo que el dinero provenía de los ingresos del propio PDI, que también trabaja como asesor en La Mutual. Carabineros y viáticos que también le daban por viajes y los depositaba en su cuenta corriente o en su esposa”, recordó el gerente.
Espinosa no presentó información que sustente sus declaraciones y solo les envió una declaración de impuestos con posterioridad.
El responsable del área de análisis de la gestión de prevención de blanqueo de capitales del Banco de Chile en 2017, Rodrigo Avendaño, profundizó acerca de los antecedentes que levantaron las alertas.
“Las primeras ‘banderas rojas‘ que notamos fueron las siguientes explicaciones dadas por el cliente, por ejemplo, cuando indicó que estos depósitos venían por ser consejero de Mutualidad de Carabineros, o por su salario por ser director de PDI, pero esta atención se hace al contado. La expectativa sería materializarlo directamente a través de una transferencia del empleador o, en caso de no hacerlo, mediante un depósito mediante cheque emitido por el empleador. Si bien el monto estaba acorde con el salario que podía recibir por su cargo, se destaca que se realizó en efectivo y por un conductor, a quien identificó como su asistente ”, dijo.
Héctor Echaiz Bornemann, gerente de cumplimiento del Banco de Chile, quien en 2016 revisó las transacciones del entonces director de PDI, explicó:
“Más que el volumen de sus transacciones, eso es los depósitos son efectivo, que no se suma a los dependientes, desde la perspectiva del análisis. Lo que llama la atención es la cantidad que gana la persona así como las condiciones de la misma, es decir, en el caso del señor Espinoza, lo que es inquietante es que se está ejecutando efectivo,
El ejecutivo recordó a la Fiscalía que se mostró reacio a brindar la información, lo que, en su opinión, “eventualmente sería una señal de alerta”.
Luego de múltiples intentos, Espinosa brindó una explicación de la fuente de estos ingresos. ”Lo que nos llamó la atención fue lo que dijo sobre los gastos de viaje, ya que fui a la página de relaciones en el extranjero y los costos de viaje varían según el país al que se dirige, ya que esto se debe al costo de vida de los países, y no se dieron los números, y esa fue una explicación que nos pareció extraña, y lo segundo que me sorprendió, fue el hecho de que los depósitos eran en efectivo, porque si él trabaja como director del PDI, recibe la paga su salario directamente a la cuenta corriente, o con cheque, pero no en efectivo“.
En el periodo investigado, Héctor Espinosa recibía como renta $ 3.511.058 mensuales como director de la PDI, mientras que su esposa, funcionaria del SII, percibía un sueldo de $ 4.628.598. Los empleadores de ambos pagaban sus remuneraciones mediante transferencias a sus cuntas bancarias y nunca con dinero en efectivo que justificara los depósitos que hoy están en entredicho.
Entre las maniobras de lavado de activos que investiga el fiscal Campos aparecen la compra de un departamento, una bodega y dos estacionamientos ubicados en Rosario Sur, comuna de Las Condes, que hizo la cónyuge de Espinosa en abril de 2018, por la suma de 14.753 UF, $439.932.837, pagada mediante transferencias de Espinosa a su esposa en épocas coetáneas a los depósitos de Villablanca a sus cuentas. También se investiga la adquisición de un auto marca Mazda.
La caída de Espinosa es tanto o más ruda que la de sus predecesores del Ejército y Carabineros, por varias razones. La primera y más obvia, es que a diferencia del milicogate y el pacogate, donde los imputados pasaban casi inadvertidos ante la opinión pública, debido a su alto número, Espinosa comparte el estigma de la corrupción sólo con su esposa y Villablanca.
Enseguida, el escarnio es mayor por tratarse de la reiteración de graves delitos por parte de la cúpula de instituciones que tienen por misión, o la defensa de la patria o el combate a la delincuencia y la preservación del estado de derecho; conductas que está en la base de la indignación y desconfianza que embarga a los chilenos.
Pero en lo principal, el porrazo es más brutal por la torpeza del procedimiento, que contrasta notablemente con el sello público que le imprimió Espinosa a su gestión, en términos de ser «la institución más confiable», luego de los escándalos en el Ejército y Carabineros. En esencia, perpetraba personalmente el «poruñazo» a los fondos reservados, que justificaba de manera muy vaga y genérica; luego, recurría a un palo blanco, peor aún, un subordinado, para hacer depósitos en efectivo, en sucursales bancarias distantes pocos metros del cuertel central, y para rematar, compró a su nombre o el de su esposa, bienes inmuebles y vehículos sin respaldo ni justificación. Todo de la manera más artesanal y chapucera posible.
Cuesta entender cómo el director de Investigaciones, que se supone tiene a su cargo brigadas especializadas contra el delito económico, y su cónyuge funcionaria de Impuestos Internos de alta posición, según indica su sueldo, perpetraron delitos tan burdos y elementales, que dejaban una trazabilidad tal que no costó nada dar con la hebra.
Peor aún, Espinosa recibió el aviso de que estaba bajo la observación de la Unidad de Análisis Financiero en una fecha tan temprana como diciembre de 2017, y lo único que atinó fue a suspender los mangazos.
Y aquí surge la gran pregunta: si la Fiscalía tenía conocimiento desde entonces, por qué operó tres años y medio después, solo después de que Espinosa paso a retiro.
Prueba abrumadora de que en Chile las instituciones no funcionan, o lo hacen de un solo lado.
