por Fernando Carmona (*).
Una premisa del programa de gobierno de Piñera para acelerar el crecimiento económico, es que una baja en los impuestos al capital o en su defecto una baja en los impuestos de los dueños del capital, tendría como resultado un gran aumento de la oferta de trabajo, como efecto de un aumento en la inversión, o reinversión de capital en la misma empresa, dando como resultado un aumento de la producción.
Estas ideas se enmarcan en la Ley de Say, donde la oferta crea su propia demanda. Tratemos de explicarles a los trabajadores con bajos salarios que deben gastar más porque se produce más. Estos economistas parecieran desconocer los límites de la realidad misma: el freno al crecimiento está en los bajos salarios de los trabajadores y no en los impuestos (aun bajos) del capital.
El efecto que tendrán estas bajas de impuestos sobre el déficit fiscal parece no importarles por dos razones.
Primero, porque buscan compensar con mayor eficiencia en impuestos por boleta electrónica; lo que significa que los impuestos del 99% pague la devolución de impuestos del 1%.
Y porque asumen que una rebaja de impuestos aparejada de una reactivación económica recaudará lo mismo.
Grave e irresponsable error: las arcas fiscales quedaran debilitadas porque la base de recaudación disminuirá.
Lo que sugiere el ministro de Hacienda, en el fondo, es que los impuestos han subido tanto con la reforma del gobierno de Bachelet, que distorsionan los incentivos privados a invertir; en otras palabras, que las empresas preferirían dejar de invertir ese dinero porque la tasa de ganancia después de impuestos sería muy baja.
Pero la realidad nos muestra lo contrario: con este nuevo sistema impositivo funcionando de manera completa desde 2018 el país creció un 4%.
¿Por qué?
Porque los principales gatilladores del crecimiento del país están fuera de nuestras fronteras.
La estrategia de crecimiento exportadora hace que nuestro crecimiento este muy encadenado con el crecimiento mundial y sobre todo con la demanda de cobre.
Y si quisiéramos buscar soluciones dentro de las fronteras, deberíamos buscar soluciones que mejoren la productividad del trabajo, la que se ha estancado desde la década pasada.
De acuerdo a varios estudios, la baja productividad se explica por los bajos salarios y puestos de trabajo poco productivos.
No hay evidencia alguna que sean las tasas impositivas las que generan bajo crecimiento del país y menos que su reducción ponga en marcha el país como sugieren el ministro de Hacienda y el presidente de los empresarios.
Numerosos economistas han llegado a la conclusión que medidas extremas como eliminar toda tributación a a las empresas, aumentarían el crecimiento de la economía en un 1% en 10 años mas ene, en el caso de EE.UU. (Lawrence Summers, 1980).
Esto según Edmon Valpy, miembro del ICRICT (Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation) porque la rebaja de impuestos al capital aumenta la concentración de la riqueza y tiene tres efectos negativos sobre el crecimiento.
El efecto más inmediato es que al concentrar ingresos en pocas manos, los muy ricos tienen una tendencia a consumir fuera de su país. Mientras el trabajador gasta su dinero a nivel local, los ricos gastan muy poco en bienes nacionales. Sabemos, entonces, que la concentración tiene un efecto deprimente en la demanda por la producción nacional.
El segundo efecto negativo es a largo plazo, en la formación de capital humano, porque en la medida en que hay distribución, más personas invierten en formarse mejor, en alimentarse mejor y todo eso hace que la productividad del país crezca más rápido.
Por último, cuando la concentración de la riqueza crece sin freno, el contrato social entre el capital y el trabajo, entre el empresario y la población, se quiebra y conduce a inestabilidad política y desengaño.
La reforma tributaria
La Reforma Tributaria ha desnudado el carácter de este gobierno, presentando iniciativas que en conjunto refuerzan la tasa de ganancia de 1% más rico y cargan sobre el resto de la población la responsabilidad de sostener el estado y sus compromisos sociales.
En términos generales, esta reforma refuerza el sesgo regresivo del sistema tributario chileno, básicamente por dos razones:
– aumenta el pago de IVA hacia el consumo digital, y
– reintegra el sistema en favor de la rentas personales.
El resultado repone la tasa de ganancias de los más privilegiados.
La reintegración del sistema tributario es volver al sistema que Chile tenía antes de la reforma del 2014.
Esta añoranza tributaria es estructural en el proyecto y uno de los elementos que conforman la contra-reforma, que tiene como efecto bajar la base tributaria del país, base que después de la reforma de Bachelet, quedó en 21% sobre el PIB.
Si se compara la carga tributaria de Chile con países de la OCDE cuando tenían el mismo PIB, vemos que estamos por debajo de la carga tributaria de Suecia el año 1965 que tenía una carga de 29%, Finlandia que tenía una carga tributaria de 28% en 1969, Gran Bretaña que tenía una carga tributaria de 26% en 1965 e Irlanda que tenía una carga de 26% en 1977, es decir estamos dejando pasar la oportunidad de aumentar nuestro gasto en bienes públicos y con ello a igualdad de oportunidades dentro del país.
Los aspectos estructurales de esta reforma son al menos cinco:
– la reintegración del sistema tributario,
– el crédito especial a la construcción de viviendas,
– las rebajas a las donaciones, repatriación de capitales,
– debilitamiento del SII,
– la clausula Pymes y
– la revisión a las normas antielusión.
Son estructurales, porque cambian la forma en que se componen los impuestos en Chile, es decir cambian la equidad horizontal y la equidad vertical del sistema tributario y por lo tanto no será neutra en términos distributivos.
La equidad horizontal dice relación con que dos contribuyentes que tienen los mismos ingresos paguen los mismos impuestos, pues en el caso de la reforma propuesta los contribuyentes con ganancias del trabajo pagaran más impuestos que los contribuyentes con ganancias del capital.
Este es el efecto directo de la integración del sistema y la expresión más ideológica dentro la reforma.
Los efectos de la reintegración serán un baja de impuestos calculada en US$833 millones, donde el 80% de la rebaja caerá sobre las 1.000 empresas que venden $310.000 millones de dólares al año. Estas son solo un 0,16% del total de empresas en Chile.
Además, el 90% de las empresas no recibe nada de esta rebaja de impuestos.
Asimismo, se reduce el incentivo a invertir, pues cae la diferencia de impuestos entre invertir o consumir las utilidades de un 17,45% a un 10%, lo que desmiente al ministro de Hacienda.
Por otro lado no existirá equidad vertical, es decir, los empresarios de empresas más grandes tributarán menos proporcionalmente que aquellos de empresas pymes.
Como dice Jorrat, las pymes se verán desmejoradas con este proyecto.
Luego de numerosas reuniones donde la oposición dejó claro su rechazo a la actual reforma, el gobierno se comprometió a ingresar varios cambios a la reforma, los cuales en su opinión dejaban la reforma neutra y manteniendo los niveles actuales de progresividad.
– Cambiar la clausula PYME por la propuesta de ampliar el 14 ter de la oposición.
– Financiamiento para gobiernos regionales; se ingresa el 30 de octubre.
– Aporte del 1% a las regiones de los grandes proyectos de inversión que se ejecuten en ellas.
– Limitar el uso del market maker, donde se incluye que el contrato deberá estar vigente con al menos un años de anticipación.
– Gravar con impuesto a la renta los retiros o rescates efectuados en seguros de vida con ahorro.
– Eliminar excenciones de contribuciones a terrenos forestales.
– Rebaja de contribuciones de los adultos mayores y de clase media, sin criterios claros aun.
– Subir el beneficio del IVA a la construcción del 2000 UF a 3000 UF y no a las 4000UF del proyecto original, favoreciendo a las constructoras.
– Armar una norma de antielusión para retornos desproporcionados en relación a la participación en la sociedad.
El gobierno dice que recaudará US$407 millones, que tendrían por objeto compensar los US$833 millones de menor recaudación que genera la reintegración del sistema a favor de los empresarios.
Lo primero que debemos decir, es que cambios propuestos como retirar la clausula PYME y reemplazarla por una ampliación del 14 ter, la rebaja de exenciones a terrenos forestales, la rebaja en contribuciones al adulto mayor, el aporte del 1% a las regiones, el financiamiento de gobiernos regionales y otros son mejoras que introdujo la oposición para balancear el proyecto.
Dicho esto, como Partido Comunista creemos que lo que correspondía era rechazar la idea de legislar, principalmente por los efectos de la reintegración y los de la clausula anti elusión, pues reintegrar el sistema solo podía ser un avance para los más ricos, pero además, los US$471 millones están inflados en al menos US$180 millones, dejando la recaudación cerca de los US$290 millones, que no logran compensar los US$833 millones que se pierden.
En cuanto a las cláusulas antielusión de la reforma de la derecha, los cambios propuestos por el gobierno son estructurales, puesto que con la excusa de aumentar la certeza jurídica, deja en los hechos sin efecto la cláusula general antielusión, en esto continúan bajo la misma idea.
Creemos que los lineamientos que llevaron a la oposición a rechazar la reforma siguen plenamente vigentes.
– No estamos de acuerdo con disminuir la recaudación fiscal actual, ni compensar una rebaja con un aumento de eficiencia en recaudación de IVA.
– No se puede aumentar la regresividad del sistema tributario, ni retroceder en los avances de progresividad establecidos en la reforma anterior.
– Debemos continuar el combate contra la elusión y la evasión, sobre todo de los grandes contribuyentes y sus fortunas.
– Debemos fomentar el crecimiento a largo plazo, donde la concentración de ingresos que propone la reforma es contraria al crecimiento del país.
– Mantener los avances en desintegración del sistema; en este país los que más tienen deben pagar más impuestos.
Estos lineamientos no han sido revertidos en las propuestas del gobierno y por lo tanto si bien comprendemos que cualquier partido tiene la legítima posibilidad de convencerse de votar a favor la reforma del gobierno, no pueden argumentar que la reforma haya cumplido con las exigencias mínimas que se establecieron para legislar y más aun, tampoco es positivo que la Democracia Cristiana decidiera apropiarse de los logros obtenidos y contenidos desarrollados en conjunto por la oposición.
Esa es una deshonestidad política e intelectual, francamente despreciable.
(*) Economista.
Fuente: El Siglo
