Nuevamente un componente estructural del programa de la Nueva Mayoría se enfrenta al reloj y al fantasma de la voluntad política rudimentaria de la centro derecha, en lo que respecta a cumplir el programa de Gobierno.
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Entre vítores y críticas, finalmente vía ley corta, este 2016, se hizo efectiva la bullada gratuidad en la educación superior. Dentro de las críticas recibidas, la cobertura es punto sensible que ha sido objeto de embates de distintos sectores. Claramente, los casi 126.000 estudiantes beneficiados con la gratuidad son un avance significativo, mas no suficiente y distantes de las primeras proyecciones que realizó el MINEDUC conjuntamente con Hacienda sobre la cobertura para 2016.
Más preocupante que la cobertura es el mecanismo utilizado para implementar la gratuidad.
Según datos oficiales, de los M $536.000.000 destinados a la glosa gratuidad, más del 60% corresponde a recursos derivados de becas y fondo solidario, respondiendo a una transformación del modelo de asignación de recursos.
Lamentablemente, esta transformación es incoherente en la medida que los aportes a las instituciones están determinados por el número total de estudiantes con gratuidad en dicha institución.
Creemos que este mecanismo disfraza la lógica perversa del voucher y condiciona los recursos a la figura de ayudas a estudiantes, es decir, becas.
Teniendo esto en mente, es evidente que la lógica preponderante de la estructura del sistema de financiamiento a la educación superior sigue siendo la subvención a la demanda, donde la mayor parte de los fondos se conceden a mecanismos que permiten estudiar a aquellos que no son capaces de pagar la totalidad de los aranceles (en el caso de las becas) o aquellos que, si bien no pueden pagar en el presente, puedan pagar en el futuro (CAE).
Elementos mínimos que debiese incluir una reforma educacional coherente con el programa de gobierno de la Nueva Mayoría
1.- La necesidad de enmarcar las instituciones dentro de un proyecto país con acento puesto en la realidad geopolítica de cada región, poniendo especial atención en los aspectos curriculares de los programas sobre los que se entregará gratuidad. Se impone, por tanto, la revisión profunda de los temas relativos a los contenidos de las mallas, la dotación docente y la relación laboral de éstos con las instituciones, tomando medidas concretas orientadas a revertir la realidad educativa del sistema que se está heredando.
Entonces, regular el sistema estatal también significará solucionar el actual problema de sobrepoblación de profesionales en áreas del conocimiento que producen más profesionales de los que el país necesita, y a la inversa, revertir realidades como la de la salud, donde los médicos que se forman en el sistema público son elitizados y privatizados por el mercado, impactando negativamente en el modelo público de salud.
2.- Restituir el sentido público en educación. Acciones concretas, respaldadas por un cuerpo legal que permita terminar con la descabellada lógica de privatizar el carácter público de la formación universitaria en prácticas, relaciones y en general, construcciones de realidad que buscan el enriquecimiento y la apropiación del conocimiento por parte de los dueños de las instituciones educativas, en desmedro del interés común de todos los chilenos y de la nación.
3.- Bajo la figura de un Estado garante del derecho a la educación, no debe existir espacio para la reproducción de prácticas perversas como la del voucher. Provisto de políticas, instituciones y prácticas, es el propio Estado quien debe impulsar una Nueva Institucionalidad que, dentro de otras cosas, favorezca la integración y fortalecimiento de aquellas instituciones con un claro sentido público. Apostar por la consagración de los frutos del conocimiento generado en beneficio de todos los habitantes del país.
La Nueva Institucionalidad debe fundarse en base a redefinición de la función pública de la educación, por ende, una Nueva Ley de Educación Superior debe:
– Salvaguardar la existencia de universidades públicas financiadas por el Estado.
– Garantizar la educación superior como bien público destinado al desarrollo de un Estado soberano. Lo anterior, supone considerar, en segundo lugar, la educación superior como un derecho individual garantizado para las personas.
– Promover la participación triestamental en todas las instituciones de educación superior.
– Articular una Red Nacional Superior, como propuesta alternativa al actual Sistema Nacional Universitario, que integra y articula los diferentes actores del sistema, en base a una política de Estado que favorece la regulación y el control público. En esta Red, las universidades estatales serán consideradas como ejes del sistema de Educación Superior. Dicha condición observada en un trato preferencial entre el Estado y las universidades de su propiedad, y expresado mediante un vínculo que promueve regulación del sistema y de los otros actores que lo conforman, fijando parámetros para el conjunto de la Red.
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4.- Reconfiguración del Rol de la Universidad como Institución, es decir, aportar concretamente al diseño e implementación de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que dé sentido a las transformaciones y movimientos sociales que se vienen gestando en los últimos años y dieron vida al programa de la Nueva Mayoría.
(*) Área Legislativa ICAL
Fuente: ICAL
