por Juca Guimarães.
El gobierno Bolsonaro presentó en el Congreso ayer, 20 de febrero, su propuesta de reforma previsional. La medida parece ser una de las condiciones que pretende imponer el mercado financiero a todos los países de la región.
El conjunto de medidas que modifican la Constitución, dificulta el acceso a la jubilación y no enfrenta privilegios.
La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC¹) 6/2019 de Jair Bolsonaro (PSL) y el Ministro de Economía Paulo Guedes presentada ayer en la Cámara de Diputados, desmantela las garantías mínimas de los derechos de los trabajadores previstas en la Constitución de 1988. Además, deja la puerta abierta para futuras reformas, que pueden quitar aún más derechos.
Vea a continuación algunos de los puntos más controvertidos de la reforma del Seguro Social:
- La reforma establece en el artículo 201-A la adopción del modelo de capitalización –con cuentas individuales–, para el sistema de Seguridad Social, es decir, una ruptura radical con el modelo actual de participación, en el que el trabajador activo y las empresas financian a los beneficiarios. Esto debería generar un aumento del gasto público durante el período de transición entre los dos modelos y un futuro incierto sobre el valor de las pensiones.
- También se determinó la edad mínima de jubilación: 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, y un período mínimo de cotización de 20 años. Sin embargo, para que el importe de la jubilación sea equivalente a la renta media del trabajador, el período de cotización salta a 40 años.Por ejemplo: un trabajador varón, con 51 años de edad hoy y que podría jubilarse a los 61 años, en 2029, completando 35 años de cotización, sólo podrá solicitar el beneficio en 2034, cuando cumpla 65 años de edad.
- Para los funcionarios públicos, el gobierno de Bolsonaro determina que el derecho a la jubilación sólo puede ser concedido si se prueban 25 años de contribución, con al menos diez de ellos en el servicio público y cinco en el último puesto.
- En relación con los trabajadores rurales, el PEC creó una edad mínima de 60 años, pero con el requisito de 20 años de contribución en un nuevo modelo de pago mensual en efectivo, lo que es incompatible con el modo de vida y la producción de los agricultores familiares, responsables de más del 70% de los alimentos consumidos en todo Brasil.
- El gobierno también cambiará las tasas de contribución obligatoria al INSS². Los funcionarios verán deducidos hasta el 22% de los ingresos. Para los trabajadores de iniciativa privada, la tasa impositiva será progresiva.
- Los maestros tendrán que pagar el INSS durante al menos 30 años y sólo podrán jubilarse después de los 60 años de edad.
- El gobierno también establece que el jubilado que continúe trabajando podrá ser despedido sin recibir el 40% sobre el saldo del FGTS³.
Fragilización de la asistencia social
Así, el PEC de Bolsonaro debilita la protección social, que es la base del concepto de Previsión y Asistencia Social, ya que elimina de la Constitución varias normas, determinando que se establezcan mediante una ley complementaria que deberá ser aprobada posteriormente por el Congreso Nacional. Mientras esa legislación no entre en vigor, se adoptarían normas temporales que el gobierno incluyó en la sección de las llamadas “disposiciones transitorias” de la Constitución.
En la práctica, la idea es dejar la puerta abierta para reformas más duras en el futuro y con procedimientos más fáciles de aprobar.
En cuanto al artículo 203 de la PEC que menciona la asistencia social, el jurista Marcus Orione observa que los cambios que dificultan el acceso a las prestaciones asistenciales pueden llevar al país a un escenario alarmante de extrema pobreza.
“Hay una enorme intensificación de la imposibilidad de asistencia social para quienes son los más asistidos en Brasil, que son las personas con discapacidades y los ancianos que no pueden proveer su sustento. Han adoptado una serie de requisitos que son peores, que incluso habían sido superados por el poder judicial, y los han incluido en la Constitución, lo que ha empeorado el acceso a la asistencia social”, dijo el abogado.
De acuerdo con la nueva norma, una persona con 60 años de edad y un ingreso mensual inferior a la cuarta parte del salario mínimo, tendría derecho a una prestación equivalente a 400 reales (aproximadamente 105 dólares).
Fuente: Brasil de Fato
Traducción: Pressenza
¹ PEC: Propuesta de Enmienda Constitucional
² Instituto Nacional del Seguro Social
³ Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio
