La construcción de un Estado democrático es un horizonte ideal, móvil, que encierra dimensiones sociales, económicas y políticas internas. También internacionales en la medida que aspire a una soberanía nacional efectiva.
Cuando la Nación se propone recuperar para sí los enclaves económicos bajo tutela de potencias imperiales, el Estado tiene una función irreemplazable.
La fortaleza del Estado es presupuesto necesario para compensar la lógica dominante del imperio, sin aislarse por ello del sistema mundial precisamente por hallarse el Estado, en cuanto sujeto de derecho internacional, dentro del sistema internacional.
Para controlar a los Estados satelizados el poder imperial interviene las funciones esenciales de aquellos. Interviene su función económica a través de los instrumentos del denominado “free trade” y “free market”, interviene su FUNCIÓN NORMATIVA mediante el control de las instituciones legislativas (partidos políticos, o dictadores, clientes ambos). Interviene su función diplomática mediante su alineación y alienación internacional.
Ante un orden imperial basado en el sistema económico centrado en EE.UU. -antes lo estuvo en Gran Bretaña, mañana puede estarlo en otro-, la voluntad de crear y afirmar la soberanía del Estado necesita asociar el territorio con un orden normativo y económico propio, autónomo de los del “imperio”.
Una economía no diferenciada mal puede prestarse a la construcción de un Estado independiente.
El mercado es diferente del poder burocrático-, y se apoya en la empresa privada y la libre iniciativa ciudadana. El ejercicio de la autoridad del Estado responde, en cambio, a una racionalidad. Pero el aumento de la producción y competitividad económica es una tarea estratégica del Estado.
La defensa de la economía nacional frente a la permanente agresión económica es latente casi siempre. Excepcionalmente lo es explícita, como ocurrió entre 1970 y 1973, en una defensa que fue compartida en el alto mando militar hasta que, en las deliberadamente buscadas circunstancias de 1973, fueron derrotados dentro del seno de las FF.AA. quienes sostenían la doctrina de la “soberanía geoeconómica” (Carlos Prats. Memorias). Que los sublevados sepultaron bajo las matrices liberales importadas de EE.UU.
El modelo económico impuesto a sangre y fuego en Chile -el liberal anglosajón- contrasta con el auspiciado por Salvador Allende desde la Presidencia de la República.
Que no era otro sino el de desarrollar un Estado que, concertando a la Banca y empresas productivas esenciales bajo dirección nacional, asentara la colaboración-articulación entre el propio Estado, el sector privado y los mercados. Para proporcionar así al país los medios de una defensa activa frente a la invasión económica, sin paralelo, que está detrás de la mundialización de las relaciones económicas.
Es decir, un modelo económico que con rasgos originales enlazaba con la ascendencia continental europea del Estado, cuyas raíces en el tronco doctrinal del Ejército profesional eran comunes con las del papel industrializador y constructor del Estado. Postulado compartido por generaciones de líderes económicos, profesionales, políticos y sindicales.
Apenas dos décadas después de que mediante una dictadura se impusiera a Chile el modelo económico anglosajón, este es juzgado dentro del propio EE.UU. incapaz de competir con el que articula Estado-banca-industrias básicas en Alemania o Japón (Ese sentido adquiere la derrota de Georges Bush en las elecciones presidenciales de noviembre de 1992, Ver a este respecto el estudio del profesor del Massachussets Institute of Technology Lester Thurow: Head to head. The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America, N. York, Morrow, 1992).
El fundamento psicológico del orden internacional es la dependencia cultural de los países periféricos respecto de los centros imperiales. La emancipación de aquéllos es improbable sin la afirmación organizada de un contra-modelo que innove en la cultura de Gobierno.
La economía alemana, desde su unificación por Prusia en el último tercio del siglo XIX hasta hoy, está construida a partir del principio de unidad estratégica entre el Estado y los centros básicos de decisión -bancos, industrias, transporte y comercio-.
El otro vencedor de la “guerra fría” además de Alemania, el Japón, hace un siglo que tiene como clave de sus renovados éxitos económicos la acción colectiva e integrada de un proyecto global de la empresa y la economía nacional, coordinadas en y desde el Estado.
En el mundo actual la soberanía nacional tiene como prerrequisito una economía competitiva.
El éxito en la competitividad internacional reposa en la articulación entre el sector privado y un sector público dotado de medios idóneos para cumplir su función. Como están descubriendo los Estados centrales cuando se sienten, a su vez, amenazados en su hegemonía por el expansionismo económico japonés y germánico.
Si Francia tuvo que esperar a la visión del Presidente Charles de Gaulle para crear su primera comisión interministerial de Defensa Económica -en 1959, nunca convocada por sus sucesores, como advierten hoy con pesar los franceses-, es en 1993 cuando EE.UU. creará su primer Consejo Nacional de Seguridad Económica como instrumento del Estado para enfrentar las manifestaciones (BREGEON (Jacques) – LUCHAIRE (Fabienne): “QuelleDéfenscéconomiqueT’. Revue de la Défense Natwnale, Paris, juin 1988; HARBULOT (Ch.): La machine de guerre économique. Etats-Unis, Japon, Europe, Paris, Economica, 1992) de debilidad económica con que EE.UU. sale de cinco décadas de guerra económica con la antigua URSS.
La independencia y soberanía de un Estado presupone, también, cortar el lazo umbilical entre las élites locales dominantes y las de los Estados imperiales. Ello requiere desarrollar las estructuras democráticas del Estado, de modo que el pueblo organizado disponga de medios de control civil efectivo sobre las mismas.
Para Salvador Allende y sus colaboradores, el desarrollo democrático del Estado debía innovar en la realidad existente, en función de la propia experiencia histórica nacional. Lo que descartaba todo “modelo” importado, en particular cualquiera de las variantes de Estado antagónica con la cultura política democrático-representativa chilena.
La solidaridad horizontal existente en la población -fruto de muchas décadas de desarrollo cívico-, y su socialización política en términos de clase, son la base del singular enraizamiento de ideas socialistas en Chile.
De ahí lo natural que resultaba para Allende no reconocer a ningún Estado como “patrón” del chileno, lo endógeno y autónomo de su proyecto nacional. Su elección como Presidente en 1970 (por sufragio universal en septiembre, por acuerdo del Congreso Pleno en octubre) es resultante del acumulado incremento del control de la sociedad sobre el Estado, control que vehiculaba la expresión de la voluntad nacional de no ser un Estado-cliente.
Estructurar la sociedad civil es presupuesto, medio y fin del Estado democrático.
La reforma del Estado la apoya Allende en la legitimidad dominante en el país, la democrático-institucional. Su finalidad es hacer realidad la plena ciudadanía de la clase obrera y los sectores populares, integrándolos en la sociedad en términos reales y no formales. Mediante una movilización positiva que fortaleciera la sociedad local, incrementando sus redes asociativas.
Significaba que la ciudadanía asumía los cambios institucionales. También la voluntad y necesidad de implicar a la población y a las instituciones del Estado en la reforma de este último.
El debate popular sobre las Bases de reforma del Estado propuestas por el Presidente Allende debía culminar en un proyecto de Ley ante el Congreso Nacional, que sería sometido a referéndum en el supuesto establecido por la legalidad entonces vigente -es decir, si se producía un desacuerdo entre la voluntad del Ejecutivo y la de las Cámaras.
La renovada Constitución preservaba la autoridad del Estado democrático sobre las FF.AA, en términos equivalentes a los históricamente asumidos -incluidos los acordados en octubre de 1970 entre la Democracia Cristiana, el Presidente electo y la coalición de Unidad Popular (Los Comandantes en Jefe y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional colaboraron en la definición de los términos relativos a las FF.AA.) incorporados a la Constitución en la reforma parcial de 9 de enero de 1971.
Salvador Allende era intransigente en punto a la autoridad suprema del Jefe del Estado sobre las FF.AA., garantía de su subordinación a la voluntad nacional democráticamente expresada. En cualesquiera circunstancias.
Así, cuando el 21 de octubre de 1969 el general Viaux y otros oficiales se rebelaron en el Regimiento Tacna frente al Presidente Eduardo Frei, el entonces Presidente del Senado -Allende- se presentó ante la dirección máxima del P. Socialista (de la que no formaba parte) exigiendo con la mayor energía la inmediata desautorización del intento de Erik Schnake -“contrario a todos nuestros principios”-, de una aventura con Viaux contra el Presidente constitucional. Y lo atajó.
En septiembre-octubre de 1970, como Presidente electo negoció y suscribió las “garantías” que la Democracia Cristiana pedía para elegirle Presidente de la República en el Congreso Pleno, pues compartía su contenido democrático (Aparecen incorporadas, en lo esencial, también en las Bases del proyecto de nueva Constitución).
Una sola excepción: cuando en el transcurso de las negociaciones el senador Patricio Aylwin, y algún otro demócrata- cristiano ansioso de levantar bayonetas al ascenso democrático popular, insistieron en mantener como condición de su voto que el Presidente electo se comprometiera a ceder en favor de la propia cúpula castrense la potestad de designar y remover a los generales, Allende rechazó en redondo aceptar una Jefatura del Estado privada de poder tan capital para la vigencia de la democracia representativa -“que han ostentado todos los Presidentes de Chile”, agregaba-.
En 1970 el sector de Aylwin estaba en minoría en la dirección del P. Demócrata Cristiano, tendría que crear otras circunstancias para alcanzar tal objetivo. El entonces Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional ha pintado un retrato:
“El viernes 25 de septiembre [de 1970] me ocurre lo más insólito que podía esperar de ese tenso juego de muñequeo a que se nos sometía. A las 09:30, un destacado democratacristiano me plantea directamente, en actitud nerviosamente complacida, que ante la intransigencia de Schneider [Comandante en Jefe del Ejército] para detener a la Unidad Popular, el Presidente Freí estaba dispuesto a que yo encabezara un movimiento que lo derrocara y lo enviara al extranjero”. (…)
Enseguida desarrolla su plan: había que “apoderarse de noche de La Moneda, enviar a Frei al extranjero, cerrar el Congreso, suspender la vigencia de los partidos políticos, utilizar en cargos clave a gente de confianza que ellos podrían señalar y. normalizada la situación, llamar de nuevo a elecciones”. Yo escuchaba hipnotizado al caballero de arquitectura de la época victoriana (…).
Calmadamente, le respondo que me extrañaba que todo lo dicho se me transmitiera por su conducto y no por intermedio del Ministro [de Defensa] Ossa. (…) Que el plan maestro que me había expuesto era muy cómodo para la D.C., pero que iba a conducir a un desastre nacional más grave que el que se trataba de evitar y que los militares no teníamos por qué mancharnos de sangre las manos para resolver por la fuerza un dilema que es de exclusiva solución política (..,). Mi interlocutor queda desconcertado y me dirige una mirada ceñuda cuando me retiro (,..)” (General Carlos Prats, Memorias…. cit., pp. 173,174.176.
También visitó, con la misma propuesta, al general Guerraty, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea).
El antecedente ilustra la coherencia de Aylwin -y otros- en aceptar, sin solución de continuidad desde septiembre-octubre de 1970, la no subordinación de las FF.AA. a la autoridad de la representación democrática de la Nación.
La destrucción en 1973 del Estado democrático e independiente persiste hasta hoy. Lo muestran las estructuras estatales impuestas mediante la dictadura, cuyo gozne es la fuerza armada fuera del control de las instituciones representativas de la soberanía nacional, el monopolio de la violencia física fuera del control de la autoridad suprema de las instituciones elegidas para expresar la voluntad nacional.
La cooptación burocrática de cuadros procedentes de la antigua izquierda por la institucionalidad creada por la dictadura es el medio deliberadamente concebido para quebrar los referentes históricos y nacionales del liderazgo del país. El efecto así buscado es legitimar la dictadura a través de su legado, deslegitimar la tradición histórica, democrática y nacional del movimiento popular.
La ruptura de las estructuras de participación y control democrático efectivo ha disuelto los lazos que muchos cuadros políticos tuvieron con estratos populares y medios. Con mayor motivo los de aquellos, exiliados o no, estipendiados por organizaciones funcionales al sistema capitalista global. Lo que favorece su autonomía y disponibilidad personales para insertarse -en cuanto les es posible- en las estructuras burocráticas construidas mediante una dictadura. Con la ilusión de reconstruir su posición de poder.
Para tal élite así renovada, la reconstrucción del movimiento popular, el desarrollo de la propia democracia, llega a ser sentida como un riesgo a su status de allegados del sistema engendrado desde 1973.
Quienes en 1970-73 dirigieron políticamente la insurrección contra el Estado democrático -los democratacristianos liderados por Patricio Aylwin y Eduardo Frei, la derecha encabezada por Onofre Jarpa, la administración Nixon-, para prolongar los efectos de su obra necesitan crear una nueva élite. Destinada a suplantar entre la población la legitimidad anterior a la dictadura.
Los intelectuales, líderes, cuadros dirigentes y hombres libres que retoman el legado histórico entran en contradicción explícita o larvada con aquéllos.
El proyecto de Constitución de Allende
La reforma del Estado promovida por Salvador Allende respondía a exigencias y expectativas de sectores sociales emergentes -populares y medios-, que mejoraban así su nivel de control sobre el poder y el excedente económico.
Encontraba la hostilidad de los grupos e intereses que se consideraban perjudicados.
Si por un extremo integraba en la Ley de Leyes el respeto a los valores comunes del orden interestatal, centrados en la Organización de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la comunidad con Latinoamérica, en el otro extremo incorporaba el respeto a las comunidades locales cuya identidad se basa en una cultura o etnia diferenciada de la ciudadanía dominante del Estado (mapuches, pascuenses).
Rasgo singular de la propuesta democratización del Estado era articular poder económico, relaciones de producción, planificación y descentralización del presupuesto. El Congreso bicameral comprendía la Cámara de Diputados, elegida por sufragio universal, y la Cámara de los Trabajadores.
El origen del proceso legislativo quedaba residenciado en esta última. Sólo los trabajadores eran electores para la Cámara Alta, por sufragio en primer grado (la definición de trabajador era muy amplia, como se puede leer más adelante).
La sustitución del Senado por la Cámara de los Trabajadores se inspiraba en la función que aquél desempeñó en la construcción del Estado durante las primeras etapas de la República, aunque ahora su signo era invertido en pro de la mayoría social, no de la oligarquía.
En el ámbito infra-estatal, la Junta Provincial, elegida por los Municipios y las organizaciones sociales, de trabajadores y empresas, se articulaba con los agentes administrativos dependientes del Ejecutivo.
En el nivel local, los Municipios elegidos por sufragio universal directo se articulaban con el Cabildo Vecinal, elegido en sufragio comunal de segundo grado por los centros comunitarios, sindicatos, etc.
Las Bases del proyecto de reforma de la Constitución reflejan los postulados de la Presidencia de Salvador Allende. Elaborados en agosto de 1972 bajo la supervisión directa de Allende, él mismo entregó personalmente a cada Partido de la coalición de Gobierno una copia de la versión definitiva, el 4 de septiembre de 1972.
Era el primer paso para organizar el amplio debate popular que debía culminar en el Congreso Nacional, y probable referéndum, dentro del horizonte de su mandato presidencial -1976. Es la más simbólica concreción institucional que recoge el impulso del proceso histórico de desarrollo democrático que ha seguido Chile, con proyección de futuro.
Las insurrecciones conservadoras de octubre de 1972 y julio-septiembre de 1973 postergaron su debate público, no su permanente impulso en el seno del Gobierno. Aún en la primera semana de septiembre de 1973 el Presidente Allende instruía al Ministro del Interior -Carlos Briones, socialista, quien había participado en la subcomisión redactora de las bases de la seguridad social-, para que tuviera presente el Proyecto de reforma de la Constitución en la misión principal que tenía confiada: acordar con el partido demócrata cristiano los términos de un pacto en el Congreso que preservara el Estado democrático.
El debate central entre el Ejecutivo y la oposición parlamentaria democratacristiana estaba centrado en tomo de la delimitación de las áreas de propiedad privada, pública y mixta.
En todo caso, con o sin acuerdo previo de la dirección del P. Demócrata Cristiano o de los partidos de la coalición de Gobierno, el Presidente Allende tenía resuelto que el camino a seguir por el país debía ser decisión de todos los ciudadanos.
El lunes 10 de septiembre de 1973 dispuso que advirtieran a la Televisión y las emisoras de radio para entrar en cadena nacional el siguiente martes 11.
Iba a anunciar el plebiscito (El mediodía del domingo 9 de septiembre de 1973, el Presidente de la República anticipó personalmente al Comandante en Jefe del Ejército, acompañado del Inspector General del Ejército, general Orlando Urbina, que en las horas siguientes iba a hacer pública la convocatoria del plebiscito. Aquella tarde, de regreso a su casa, el Jefe del Ejército decidió su alta traición, adelantándose a la llamada a la ciudadanía a las urnas del Jefe del Estado).
Durante dos décadas el texto ha sido inencontrable. Don Eduardo Novoa Monreal, Presidente del Consejo de Defensa del Estado en 1970-72 y asesor jurídico del Presidente de la República, tras paciente búsqueda acaba de hallar parte del material con que trabajaba la Comisión Central nombrada por el Presidente para asesorarle en este proyecto. (Estaba integrada por el Ministro de Justicia, Jorge Tapia, del P. Radical; el propio Eduardo Novoa; el Ministro Secretario General de Gobierno, Sergio Insunza, del P. Comunista; el diputado Luis Maira. de Izquierda Cristiana; el jurista Waldo Fortín, del P. Socialista; y por mí como representante personal del Presidente. La Comisión Central, a su vez, presidía el trabajo de diez subcomisiones especializadas, integradas por altos funcionarios del Gobierno y la Administración. Las Bases del proyecto fueron conocidas, y compartidas, por la dirección de la Central Unica de Trabajadores, que presidía Luis Figueroa, en particular la idea de la Cámara de los Trabajadores como sede de la iniciativa legislativa).
Entre el material se encuentran sucesivas redacciones de distintos capítulos, que yo iba transmitiendo a Salvador Allende para su revisión, rectificación y, en especial, para que decidiera sobre las variantes o disyuntivas más neurálgicas.
Como fue la relativa al Parlamento Unicameral o Bicameral, o la de transformar el Senado en la Cámara de los Trabajadores. Esta última fue la opción retenida y propuesta por Allende.
El material hoy disponible aún no es completo. Falta la mayor parte del apartado “Estructura del Estado y competencias de sus órganos”, y parte del denominado “Gobierno y Administración del Estado”.
Aunque sí se encuentra el organigrama manuscrito que yo había preparado como Ponente que era precisamente de ambos apartados -que se reproducen bajo el epígrafe “Estructura representativa del Estado”.
A Eduardo Novoa Monreal fueron asignadas las ponencias sobre “Deberes y derechos de los ciudadanos”, “Constitución y legalidad” y “Garantías sociales y económicas”; a Jorge Tapia V.: “Estado, Gobierno y Soberanía”, “Nacionalidad y Ciudadanía” y “Administración de Justicia”; a Sergio Insunza: “Partidos políticos y pluralismo”; a Luis Maira: “Delimitación de las áreas económicas” y “Sistema tributario y financiero”; a Waldo Fortín: “Garantías políticas e individuales” y “Fuerzas Armadas”; a Iván Auger: “Administración territorial” y “Sistema de planificación”.
Tampoco la redacción es en todas sus partes la última, con un estilo más pulido y trabado. Al disponer de la transcripción de las deliberaciones y posicionamientos de los ponentes, se distingue el orden cronológico de cada desarrollo.
En diciembre de 1972 tuve a la vista la versión definitiva de las Bases del proyecto al preparar la “Plataforma del Gobierno y del Partido de Unidad Popular” -aprobada y difundida durante las elecciones parlamentarias de marzo de 1973-, que recogía algunas propuestas del proyecto de reforma.
La comparación de los textos me ha permitido comprobar los capítulos ahora disponibles, e identificar los incompletos. He contrastado el material que ve por primera vez la luz con la presentación de sus líneas generales expuesta por el Presidente Allende a los cuadros de los partidos de la coalición de Gobierno en el Estadio Chile, el 5 de septiembre de 1972 (Reproducido en ALLENDE (S.): Obras Escogidas, Santiago. Ediciones del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, Fundación Presidente Allende (España), 1992, pp. 473-480), así como con los postulados incorporados al III Mensaje al Congreso Pleno (21 de mayo de 1973). Los capítulos que publicamos tienen la redacción de una versión penúltima, pero sin que la última cambiara nada sustancial. Por ello puedo concluir que el texto recuperado revela, mejor que ningún otro conocido, la estructura del Estado y de la organización socio-político-económico-cultural hacia la que Salvador Allende orientaba su Gobierno.
Este testimonio reivindica la visión evolutiva y progresiva de Chile interrumpida por la camarilla que se apropió del Estado y secuestró la soberanía popular. Pausa temporal -en el proceso histórico de un pueblo, dos o cuatro décadas son períodos cortos, las constantes estructurales perduran-.
La visión de Allende se apoyaba en realidades sociales profundas, enraizadas en la realidad, y en ideales permanentes de democracia, pluralismo, libertad, igualdad.
En el Derecho constitucional comparado no conozco otra propuesta, gestada por los protagonistas de un proceso colectivo nacional, que engarce hasta tal nivel valores de democracia participativa y representativa, política y económica.
(*) Secretario Personal de Salvador Allende. Prólogo a la idea de nueva constitución de Salvador Allende. Garcés fue uno de los coordinadores de la preparación del texto.
