Este fin de semana, los dos diarios de corte conservador y oligopólicos (no circulan otros en el país), fueron epicentro de la descarnada estrategia conservadora contra la Convención Constitucional (CC), sus debates y votaciones soberanas.
Los diarios se sumaron a la labor que están desarrollando abogados, columnistas, legisladores y dirigentes políticos de la derecha destinada a desacreditar a la CC, llegando a poner en duda la legitimidad de sus votaciones y resoluciones, inclusive el texto de la nueva Constitución.
Un punto central en esa línea se produjo esta semana, a raíz del debate y votación donde se determinó que la aplicación del quórum de los 2/3 para decidir sobre materias del nuevo texto constitucional, se acordará por mayoría simple entre las y los convencionales.
En el editorial del 19 de septiembre del diario La Tercera se señaló que con esa resolución se podría “pagar el precio de incurrir en una inconstitucionalidad” y “deja ahora al proceso constitucional más inestable”, estableciendo implícitamente el supuesto de que el proceso ya era inestable.
Cuestionando la facultad soberana de la CC, en el editorial se sostuvo que “la preservación de la regla de los dos tercios no depende de la voluntad de los convencionales”.
Se sumó como argumento el acuerdo tomando por un grupo de partidos políticos el 15 de noviembre de 2019, que posteriormente se transformó en una reforma constitucional en la tesis de quórum establecida en los ochenta por los personeros de la dictadura y en la Constitución que impusieron. Y se dijo que los 2/3 son parte “de las normas establecidas en la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente”.
En el diario La Tercera se volvió a distorsionar la realidad, asegurando que en el plebiscito de 2020 la ciudadanía voto a favor de los 2/3, cuando sólo se consultó si se estaba a favor o en contra de una nueva Constitución. El reglamento de la Convención nunca ha sido llevado a plebiscito.
En el periódico se aseveró que decisiones soberanas tomadas por las y los convencionales, dañan “la imagen del proceso” y alimentan “la desconfianza ciudadana sobre la Convención”. Se planteó que esto pone en riesgo el tránsito constituyente y que lo realizado “se hizo de forma inconstitucional”.
“Reclamación a la Corte Suprema”
Un editorial de El Mercurio, en la misma fecha, calificó de grave lo acordado en la Convención sobre los 2/3 y se enfatizó que “…se ha puesto en cuestión una característica esencial del proceso: su sentido institucional”.
También se distorsionó la verdad al señalar que los 2/3 fueron aprobados por la población, cuando sobre eso nunca se consultó.
El texto del periódico avanzó hacia un escenario extremo y peligroso. Si se continúa actuando en base a las votaciones y decisiones de las y los convencionales (quienes sí fueron elegidos por la ciudadanía), se “cuestiona la propia legitimidad del proceso y justificaría una reclamación a la Corte Suprema para la anulación de lo así obrado”.
Es decir, que el Poder Judicial podría decidir sobre las votaciones democráticas y legales de la Convención elegida por la ciudadanía.
Frente a otro mecanismo que se pondrá a votación en los próximos días en la Convención Constitucional, los plebiscitos dirimentes, para consultar a la ciudadanía sobre materias específicas, en el editorial de El Mercurio se apuntó que ese camino “excede las atribuciones de la Convención” y acentuó que “ningún órgano del Estado -incluido, por cierto, el Servicio Electoral- podría prestar colaboración sin vulnerar el orden legal”.
Es decir, se estableció desde ya que hasta el Servel y otras entidades incurrirían en un acto ilegal si obran en función de un acuerdo de la Convención Constitucional.
Una “triquiñuela” que no podrá “reclamar obediencia a la Constitución”
En el refuerzo de la argumentación conservadora y contraria a la soberanía de la Convención, tanto La Tercera como El Mercurio recurrieron a expertos y juristas, lo que daría mayor solidez a sus líneas editoriales.
En las páginas de Reportajes de La Tercera, apareció el mismo domingo 19 de septiembre una entrevista al abogado constitucionalista Gastón Gómez, quien definió la votación de las y los convencionales sobre los 2/3 como una “triquiñuela”, como “una trampa” e insistió en que la Convención debe sujetarse a la reforma hecha por un grupo de partidos políticos.
Y fue más allá:
“No se puede reclamar obediencia a la Constitución que surja de este proceso si la Constitución no se elabora respetando las reglas de precondición del proceso”. Claramente, un llamado a desconocer el nuevo texto constitucional, aunque sea aprobado por un plebiscito de salida.
Gómez se sumó al editorial de El Mercurio y planteó, ante decisiones que se tomen en la CC, que “ir a la Corte Suprema es una de las últimas instancias” para salirle al paso al organismo constituyente y que eso procede “cuando los procesos están completamente maleados”.
Entrevistado en El Mercurio, el académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, aseveró que “la Convención no podrá alterar los procedimientos de votación establecidos por Constitución”, obra de una reforma de un grupo de partidos políticos. E indicó que algo que pase por encima del quórum de los 2/3, “vulneraría las normas actuales que regulan la Convención”.
Coincidente con eso, en el momento en que se aprobó que los 2/3 se decida en una votación de mayoría simple, la conservadora convencional, Marcela Cubillos, enfatizó que “no tenemos el poder constituyente” y afirmó que “somos una comisión autónoma, pero no soberana, tenemos reglas que nos rigen y limitan nuestro actuar”.
El integrante de la Convención, representando a la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Arturo Zúñiga, señaló que “hay un sector de la izquierda que no cree en este proceso, no quiere una nueva Constitución”. Y recalcó: “Se están saltando las reglas, censurando a través de un reglamento talibán, avalando a mentirosos y violentos. No podemos perder esta oportunidad histórica de hacer esta casa de todos, no defraudemos la esperanza que tiene la ciudadanía”.
Un camino tradicional
En definitiva, una estrategia destinada a socavar la idea y la realidad de que la Convención Constitucional es soberana (como explícitamente lo sostuvo Cubillos), acotar su marco resolutivo y democrático, y a deslegitimar las votaciones que fijen las normativas constituyentes para avanzar en los textos de una nueva Carta Fundamental, al punto de declarar aquello como “inconstitucional”, no legal, que debería llevarse a resolución de la Corte Suprema e inclusive que sea una razón para no respetar ni reconocer la nueva Constitución.
Una estrategia que podría incluir todo este diseño argumental para usarlo a la hora del plebiscito de salida e intentar que la gente rechace el nuevo texto constitucional.
Quizá la última vez que los sectores conservadores enfrentaron una situación de profundas transformaciones y cambios estructurales en el país, fue con los proyectos y leyes del Gobierno del Presidente Salvador Allende.
Y la revisión documental apunta a que, precisamente, la principal herramienta argumentativa de la derecha fue declarar todo inconstitucional, fuera de la Constitución, llevar los asuntos a la Corte Suprema y plantear ante la población que no había por qué reconocer las normativas institucionales.
En eso fueron persistentes los editoriales de La Tercera y El Mercurio, entre otros diarios, entre 1970 y 1973.
Es posible que se estén repitiendo estrategias y línea argumentativas, en una nueva realidad, donde privan los mismos intereses de hace décadas.
