por Oscar Azócar (*).
El alzamiento popular de millones de chilenos iniciado el 18 de octubre del presente año, precipitó al país en una profunda crisis social, política, cultural, ética, que continua en desarrollo y que no ha tenido hasta ahora solución.
Las protestas y manifestaciones del alzamiento se han expresado sin parar en las calles, y no han desaparecido. Cambian sus formas y ritmo, adquieren latencia, pero está listo para rebrotar.
Chile cambió para siempre, la abrumadora mayoría de los chilenos dejó de sufrir sumisamente los desastrosos efectos del modelo neoliberal en sus vidas. Lo han desobedecido y se han rebelado contra él, y lo más probable es que continuarán haciéndolo hasta que perciban una respuesta de parte del gobierno y del Estado a sus reclamos y demandas.
El gobierno de derecha y sus partidos, y aquellos sectores opositores que han concurrido a su operación de salvataje, intentan infructuosamente hasta ahora, contener el movimiento con medidas de parche y encerrándolo en un más que dudoso camino institucional hacia una nueva Constitución.
Instrumento principal de contención de las protestas es el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución del 15 de noviembre, junto con la condena a la violencia unida al ataque anticomunista, como en los peores tiempos de exclusión.
En estas líneas queremos recapitular algunos elementos de nuestros análisis del 2018 y de este año, previos al alzamiento de octubre, que incidieron en éste.
1.- No siendo los únicos, alertamos sobre la creciente crisis en la economía, que se expresó en alzas de productos de primera necesidad, despidos de trabajadores, aumento de las deudas de consumo para poder subsistir, quiebras de empresas, etc.
En un foro organizado por el gobierno, reputados economistas pronosticaron crisis económica para 2020, y ralentización en 2019. Todo ello quedó reflejado en nuestra primera publicación, titulada “A Un año de Gobierno de Piñera. Tiempos Mejores, Promesas Incumplidas”. Sin duda ello desmiente una de las tantas opiniones infundadas del gobierno en cuanto a que la crisis económica es producto del estallido social.
Pero la crisis es más profunda y se refleja en todos los ámbitos. En junio de este año, hubo un cambio de gabinete que coincidió con la encuesta CEP, que indicó que el 61% de los chilenos consideraba que el país está estancado, la evaluación del presidente como personaje político bajó a 29%, y la desaprobación marcó 40%.
Según la encuesta, Piñera le da confianza solo a un 28% de los chilenos, mientras un 66% siente desconfianza. Aunque de limitado alcance, el ajuste ministerial fue la confesión de los fracasos del gobierno en Relaciones Exteriores, que subordinó la política exterior al gobierno de Estados Unidos, reconociendo a Guaidó, con el viaje de Piñera a Cúcuta, y después a China con sus hijos.
También en Salud, donde no ha habido solución a las listas de espera y otros problemas apremiantes, en Desarrollo Social, donde fracasó el diálogo con el pueblo mapuche, el Plan Impulso de Araucanía y la Consulta Indígena.
El gobierno anunció el programa Clase Media Protegida, arrogándose demagógicamente la defensa de la clase media, cuando en realidad perjudicó gravemente a este sector.
El economista Andrés Solimano distingue la “clase media baja”, del tercer al sexto decil, como un segmento susceptible de caer en la pobreza debido a la pérdida de empleo, baja de salarios, sobreendeudamiento y alto costo del crédito, enfermedades catastróficas y discapacidades (Elites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XXI, Fondo de Cultura Económica).
La definición viene como anillo al dedo para Chile, y permite entender la razón por la cual muchos de los integrantes de este sector se incorporaron decididamente a las protestas, y probablemente formaban parte del 20% que votó en las últimas tres elecciones por los candidatos que planteaban una alternativa “ciudadana y diferente”.
Las críticas al gobierno llegaron a las propias filas del gobierno. La presidenta de la UDI constató públicamente que la gente no percibía que el país está mejor que durante el gobierno de la NM. También crecieron las críticas de los gremios empresariales. Fue disminuyendo paulatina y sostenidamente la aprobación del gobierno en las encuestas, al mismo tiempo que crecía la percepción de su fracaso económico y social.
2.- Al asumir en 2018 el gobierno, la derecha se propuso perpetuarse en el gobierno más allá de Piñera, para tener tiempo suficiente de relegitimar socialmente el modelo, reinventarlo en una nueva fase, y recuperar y elevar sus ganancias.
La realización de reformas estructurales por el gobierno de la Nueva Mayoría desestabilizó la hegemonía de la burguesía, haciéndole intolerable el cuestionamiento ciudadano al gran empresariado y al modelo, el aumento de la lucha social y política y la constitución de una amplia convergencia democrática.
Coherente con el fundamentalismo neoliberal de la UDI, Jaime Guzmán, los Chicago boys, Allamand y otros, Piñera se orientó a demoler los logros del gobierno de la NM, y a implementar sus contrarreformas tributaria, de pensiones, de flexibilización laboral, el Plan Impulso de Araucanía, etc.
Lanzó sus 5 acuerdos nacionales por la infancia, la seguridad ciudadana, la salud, la paz en la Araucanía, y para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza, buscando cooptar a sectores concertacionistas que añoran el cogobierno con la derecha, y que nunca estuvieron de acuerdo con las reformas de la NM.
Todo ello contribuyó al descontento y malestar acumulado por décadas, que en octubre se convirtió en explosión social.
3.- El fracaso del gobierno corría a parejas con una crisis generalizada de las instituciones. Crisis en las Iglesias Católica y Evangélica, en el primer caso por las revelaciones de abusos sexuales, y en el segundo por hechos de corrupción. Crisis profunda en las FF.AA. y de Orden; la aprobación a Carabineros bajó a su mínimo histórico, al asesinato de Catrillanca se sumó el llamado Pacogate, que desfalcó a las arcas fiscales más de 28.000 millones de pesos, y la Operación Huracán, que montó y manipuló pruebas para incriminar a 8 comuneros mapuches de atentados incendiarios. Hubo retiro de decenas de generales, incluido el ex Director General Bruno Villalobos, detenido como cómplice de torturas durante la dictadura, y el general Christián Franzani, Jefe de Orden y Seguridad.
En el Ejército, el Comandante en Jefe, Ricardo Martinez, se reunió con 900 oficiales, y también realizó otro encuentro con suboficiales, revelando en su alocución que hay oficiales que trafican armas para bandas de narcos, y pidiendo defender con dientes y muelas el sistema previsional de las FF.AA.
Al concurrir a la Comisión de Defensa de la Cámara, prometió impulsar una reflexión en la institución sobre lo ocurrido en los últimos 50 años, y dijo que un Ejército no puede ser considerado ni de derechas ni de izquierdas.
El presidente del PC, Guillermo Teiller, apoyó y pidió ser partícipes de tal proceso de reflexión, desde el asesinato de Schneider, los actos de corrupción de hoy, el golpe de estado, la presencia de militares en el gobierno de Allende, las violaciones a los derechos humanos.
4.- Los avances de la convergencia democrática progresista se expresaron en las elecciones municipales del 2008, luego en el pacto electoral Concertación-PCCh el 2009 que rompió la exclusión de los comunistas en el Parlamento, y finalmente en la constitución de la coalición Nueva Mayoría que obtuvo la victoria en 2013.
Con insuficiencias y errores, nuestra participación en ese gobierno permitió empujar banderas históricas de lucha, contenidas en el programa de la candidatura presidencial de Gladys Marín en 1999 y en las 5 exigencias a Michelle Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2005.
Sin embargo, la amplitud de la Nueva Mayoría, que unió inéditamente a comunistas y democratacristianos junto a otros partidos opositores, tuvo desde sus inicios el rechazo de un sector habituado a gobernar con la derecha.
Edgardo Boeninger, artífice de la transición pactada y acérrimo opositor a los pactos con los comunistas, dijo que si ganaba Piñera el 2009, habría una mayoría opositora confrontacional, con mayor razón si llegaban al Congreso los comunistas, que empujarían a posiciones más radicales, y aconsejó al PDC que en esa situación debía negociar y alcanzar acuerdos con la derecha.
Esa recomendación fue aplicada al pie de la letra por un sector de la DC y de la Nueva Mayoría durante el primer gobierno de Piñera, y luego en el de la Nueva Mayoría, donde un sector conservador-concertacionista obstruyó las reformas y ayudó a la victoria derechista en 2017.
Esa victoria hunde sus raíces en la salida pactada de la dictadura, acordada entre la Concertación, la dictadura y el gobierno de Estados Unidos, que impuso la exclusión de los comunistas y la permanencia política de Pinochet.
Debido al cogobierno con la Concertación, la derecha aumentó su votación después del plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989, en vez de disminuirla. La votación de la oposición antidictatorial en 1989 pudo ser mayor si hubiera existido una lista única, pero la DC se opuso y su veto se mantuvo hasta el 2009.
En 2016, Allamand llamó a Chile Vamos a “prepararse para gobernar con nuevos aliados”, agrupando “las fuerzas de quienes creen que, a partir de 2014, Chile equivocó el rumbo”.
Para Felipe Portales (columna “La profunda derechización de la Concertación”, El Mostrador, 8 de diciembre de 2019), la aceptación del quórum de los 2/3 para aprobar una nueva Constitución por parte de la Concertación, es una expresión de la derechización de la Concertación desde fines de los 80.
Edgardo Boeninger reconoció (“Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”. Edit. Andrés Bello, 1997, Santiago) que la dirección concertacionista convergió a fines de los 80 con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (ídem), lo cual explica lo insólito de querer tener minoría parlamentaria en vez de mayoría.
Dirigentes de la Concertación y de la derecha refrendan sus palabras.
Eugenio Tironi escribió en 1999 que “las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las élites. Chile en el cambio de Siglo; Edit. Grijalbo, Santiago, 1999; pp. 36, 62 y 162).
Alejandro Foxley expresa que “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo (…) Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar (…) de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (…) terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal” (Cosas; 5-5-2000).
Los elogios de los dirigentes empresariales a Ricardo Lagos hablan de lo mismo. El ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, señaló que a Ricardo Lagos “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación de Asia Pacífico) como acá (en Chile)” (La Segunda; 14-10-2005). Arnold Harberger, número 2 de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, dijo sobre el discurso de Lagos en una conferencia que “explicó las cosas con nuestras mismas palabras (…) El hecho de que partidos políticos de izquierda hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica, es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3-2007).
Portales señala en su columna, refiriéndose al Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, que si la aceptación del veto de la derecha a una Constitución que refleje la opinión mayoritaria de los chilenos, va unida a una total carencia de autocrítica por haber consolidado dicho modelo, se puede concluir que la derechización del liderazgo de la ex Concertación continúa plenamente vigente y puede perfectamente continuar con la política de los “consensos”. Y con la misma lógica con que le regaló a la derecha, en 1989, la mayoría parlamentaria, hoy, en 2019, se apresta a regalarle el poder de veto en la elaboración de una ¿nueva? Constitución.
5.- Sin duda nuestra anticipación principal fue que el talón de Aquiles de los gobiernos de derecha siempre ha sido la movilización popular. Dijimos que, dado su carácter de defensores de los intereses de la oligarquía, y por tanto, su incapacidad para hacerse cargo de las demandas populares, parece estarse repitiendo su historia de fracasos y derrotas.
En este sentido, después de la victoria de la NM, políticos y académicos de la propia derecha encontraron semejanzas entre el fracaso del primer gobierno de Piñera (2010-2014), y el de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964).
Gonzalo Arenas (diputado de la UDI), concluyó que hubo una “similitud casi mortal” del gobierno de Alessandri con el de Piñera: “un gobierno (…) que asume con convicciones e ideas propias (…) que logra aumentar en 300.000 votos la base electoral del sector”, cede ante los movimientos estudiantiles, tomas, conflictos sociales, la calle (Columna en El Mostrador, 22 noviembre 2013). Alessandri levantó “un proyecto basado en una economía de mercado, de iniciativa privada, de retirada del Estado y de crítica a la demagogia política”, pero no fue capaz de enfrentar las fuertes luchas sociales que se desarrollaron en todo el periodo. “En 1965 (…) la centroderecha quedó reducida al 12,5% del electorado y 9 parlamentarios en la Cámara de Diputados (…)” (Idem). En ese momento la derecha debió renunciar a una candidatura propia en las elecciones presidenciales de 1964, y entregó su respaldo incondicional a Eduardo Frei Montalva.
Carlos Peña por su parte (Columna ”La derecha moribunda”, El Mercurio), afirmó que la derecha perdió su oportunidad en 2010 con Piñera para “modernizar” a su sector. En un momento en que predominaban las demandas de nacionalización de recursos naturales, redistribución del producto, derechos sociales universales, primó en ella su carácter reaccionario y antipopular, opuesto al cambio, y defensora de un pasado injusto.
Efectivamente, al igual que entonces, el gobierno de Piñera hizo detonar movilizaciones sociales que se convirtieron en un alzamiento social. Esta explosión tiene su origen en las batallas sociales y políticas de 2018. Incidieron en su aislamiento la situación de la Araucanía, la renuncia a suscribir el Pacto Migratorio de Naciones Unidas, la concentración del 5 de octubre conmemorando el 30º aniversario de la victoria del NO en 1988, la Marcha Nacional de la Coordinadora No+Afp´s, las movilizaciones contra la contaminación ambiental, el paro de los trabajadores portuarios de Valparaíso, el Paro Nacional de la CUT, apoyado por los presidentes de los partidos opositores, el acuerdo de coordinación entre la CUT y la Coordinadora No+Afp.
Un punto de inflexión fue la protesta popular ante el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que detonó una crisis política en el gobierno. La encuesta CEP de octubre-noviembre marcó un 39% de desaprobación, debió renunciar el intendente de la novena región y el Director General de Carabineros, y el gobierno declaró el retiro del Comando Jungla de la novena región.
En 2019, las movilizaciones feministas significaron un punto de viraje en las luchas, la primera de las cuales fue la multitudinaria conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo en Santiago y regiones. Asimismo las movilizaciones de pobladores reclamando el derecho a una vivienda, el Congreso Nacional de los Usuarios de la Salud, el concierto por la paz y contra la injerencia extranjera en Venezuela, y nuevas movilizaciones contra las AFP. Se destacaron el Paro Nacional de Profesores, y el paro de los mineros de Chuqui, respaldado por las protestas ciudadanas de Calama.
Como parte de las movilizaciones, cobraron relevancia los trascendentales logros que surgen desde las comunas conducidas por alcaldes comunistas. Entre otros muchos, es el caso de la Desaladora Popular de La Ligua, el Centro de Diálisis y las iniciativas a favor de los adultos mayores en Diego de Almagro, las realizaciones impulsadas por el alcalde Daniel Jadué de Recoleta, entre ellas la Farmacia y la Optica Popular, los programas Salud en tu Barrio y Escuela Abierta, y recientemente la Universidad Abierta. La decisión de enfrentar der manera autónoma las cuentas de la luz. Ello ha tenido continuidad en la reciente Consulta Nacional Municipal impulsada por los Municipios progresistas, con vistas a expresar la decisión mayoritaria de la ciudadanía de caminar hacia una Nueva Constitución, que sea elaborada por una Asamblea Constituyente.
En todas las movilizaciones se mostró claramente la propensión a movilizarse, aunque en menor medida la tendencia a organizarse social y políticamente. La explosion social actual evidenció la superación de esa insuficiencia.
“Si se acumula en Chile una decepción con las promesas, se pueden producir cambios”, señaló antes del estallido Ernesto Ottone.
6.- En el periodo previo al estallido reemergió un sector fascista-pinochetista, que está presente y actúa al interior de las FF.AA. y Carabineros, que se manifestó en la candidatura presidencial de José Antonio Kast, que obtuvo un 8% en las elecciones, y en la constitución de su partido Acción Republicana.
Pero también se ha expresado en la derechización de Chile Vamos; en el crecimiento de la derecha en el mundo evangélico; en la ofensiva de impunidad para los violadores de derechos humanos; en el homenaje a Miguel Krassnoff Marchenko en la Escuela Militar.
Esto último confirma que en las FF.AA. permanece la ideología pinochetista, debido a que no se modificó su sistema de financiamiento, no se prohibieron las fotos de Pinochet en los recintos militares, no se modificó la enseñanza de los jóvenes cadetes. Solo se iniciaron débiles e insuficientes reformas, que están a medio camino.
La historia enseña que aparecen condiciones para la emergencia del fascismo cuando un régimen capitalista percibe una amenaza para su estabilidad, al enfrentar al ascenso de la lucha popular. Se genera entonces una ruptura de los sectores de clase dominantes con sus representantes políticos tradicionales, y se buscan fórmulas y/o figuras políticas que les permitan mantener su orden y ganar tiempo para reorganizarse políticamente y crear una fuerza y un liderazgo político más duradero y seguro.
En las condiciones actuales, conserva plena vigencia la consigna del No Hasta Vencer que planteó el PC en 1988, pues el camino hacia una nueva Constitución de 1980 está plagado de amenazas.
7.- El estallido ha develado el carácter reaccionario y antipopular de la derecha, opuesto al cambio, y defensora de un pasado injusto. No hay más opción que una salida progresista y de cambios de fondo a la crisis social y política imperante. Ello implica no solo pensar en el cambio del gobierno sino en un nuevo Estado, en el que el pueblo tenga las riendas del poder.
Los sectores oligárquicos han controlado por décadas el gobierno, el Parlamento, los órganos de justicia, las FF.AA., los medios de comunicación, a través de alianzas derechistas o con otros sectores políticos que también están por mantener el sistema. Surgen así caras nuevas y cambian las fuerzas políticas en el gobierno, pero sin cambiar lo sustancial del sistema político y económico.
En los años 90 y parte de la década del 2000, los partidos de la Concertación cogobernaron con la derecha, y la alternancia en el gobierno llegó a considerarse un hecho normal, en el marco de un cierto equilibrio global en el ejercicio del poder.
La conclusión es que es plenamente legítimo y democrático que las fuerzas progresistas y de izquierda que han logrado articular una mayoría político-electoral y ganar el gobierno, se planteen como objetivo ser también mayoría en el Parlamento y en la generación, composición y funcionamiento de todos los organismos e instituciones del Estado.
Presentar este objetivo como totalitario y antidemocrático es una actitud engañosa, pues las fuerzas políticas que representan al gran empresariado normalmente han detentado o detentan la totalidad del poder estatal.
8.- Dijimos también, coincidiendo por completo con Atilio Boron, que no existió fin del ciclo progresista en América Latina.
A mediados de junio, en una columna titulada “América Latina: ¿Fin de cuál ciclo?”, Atilio Borón reiteró su crítica a quienes, después de la derrota del kirchnerismo en 2015 y el derrocamiento de Dilma Rousseff en 2016, coincidieron con la ofensiva restauradora imperialista al anunciar el “fin del ciclo” progresista en Latinoamérica; algunos de ellos incluso vaticinaron que comenzaba un largo ciclo de gobiernos de derecha.
Los acontecimientos han mostrado algo diferente. Hace 7 meses, López Obrador asumió la presidencia de México combatiendo el saqueo de gasolina desde la empresa estatal, creando la Comisión Verdad para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, planteando el aumento del salario mínimo y un Plan de Desarrollo Integral, de carácter socioeconómico, que marca una ruta distinta para la migración centroamericana, y que acaba de ser ratificado en una reunión en Tapachula con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
En Argentina, el gobierno derechista de Macri enfrentó desde su inicio grandes movilizaciones populares, incluidos cinco paros nacionales contra sus políticas neoliberales y los dictados del FMI, que condujeron a una aguda crisis económica y política que, en opinión de muchos, posibilitará el triunfo en las elecciones presidenciales de octubre de la dupla Alberto Fernandez/Cristina Fernandez.
En Brasil, a solo 6 meses del inicio del gobierno del ultraderechista Bolsonaro, este se ha visto obligado a revocar su decreto de porte de armas, mientras se producen grandes movilizaciones y protestas contra el recorte presupuestario en la educación y otras medidas neoliberales. Se suman las filtraciones de los chateos y conversaciones entre los fiscales a cargo de procesar a Lula y el juez Moro, hoy ministro de Bolsonaro, publicados por el sitio digital The Intercept, que revelan el entramado de mentiras fraguado para encarcelar a Lula e impedirle enfrentar a Bolsonaro en las elecciones presidenciales.
Ello ha hecho crecer la exigencia de libertad para Lula, enarbolada entre muchos otros por el senador y candidato presidencial estadounidense Bernie Sanders, y por connotados juristas entre ellos el juez Baltazar Garzón, Joan Garcés, el norteamericano Bruce Ackerman, el francés William Bourdon, el alemán Wolfgang Kaleck. Paralelamente, se asestó un golpe al expediente de la judicialización de la política, aplicado por la derecha en varios países latinoamericanos.
En Venezuela, a pesar del bloqueo y la actividad intervencionista del gobierno de Estados Unidos y del Grupo de Lima, y del intento de golpe de estado del 30 de abril, el gobierno bolivariano se sostiene con el apoyo del pueblo y las FF.AA. Según el Washington Post, Trump cree que John Bolton y su director de política latinoamericana “fueron engañados” por la oposición y por funcionarios claves de Maduro, pensando en una victoria fácil que no consiguieron.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, durante su reciente visita a Venezuela, llamó a los líderes políticos a “que participen constructivamente en el diálogo facilitado por Noruega”, y expresó su preocupación por las sanciones de Estados Unidos que agravan la crisis económica en ese país (Emol, 22 junio).
En otros países latinoamericanos se vienen desarrollando también fuertes movilizaciones y protestas populares, incluyendo en Honduras la participación temporal de las fuerzas especiales de la policía, que se negaron a seguir reprimiendo al pueblo, lo cual ha sumido en la inestabilidad al gobierno de Juan Orlando Hernandez. En medio de la crisis, el gobernante dio la bienvenida a 300 marines estadounidenses llegados “para mejorar la asistencia humanitaria en caso de desastres naturales” (RT, 19 junio).
Es en este marco que se realizarán próximamente elecciones presidenciales en Argentina, Bolivia y Uruguay, donde existen buenas posibilidades de derrotar a la derecha.
Esto permite concluir que si bien la contraofensiva derechista e intervencionista de Estados Unidos y sus aliados logró asestar golpes importantes a los procesos de cambios del continente, el ciclo progresista no ha muerto. Al decir de Boron, la lucha emancipadora de nuestros pueblos, que nunca fue lineal e invariablemente ascendente, sigue su curso y acabará por desalojar a esos gobiernos entreguistas, reaccionarios y cipayos que hoy agobian a Latinoamérica.
Coinciden con esa profética afirmación las opiniones expresadas por el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Sputnik, 7 Junio), señalando que en el contexto del comprobado estancamiento de la economía mundial, el modelo de relaciones comerciales internacionales vigente se encuentra en una crisis “más grave y abarcadora de lo que se pensaba antes (…) los problemas se han ido acumulando y multiplicando durante decenios (…) el comercio global ha dejado de ser el motor de la economía mundial, y las tecnologías de punta, que debían haberse convertido en el nuevo motor, todavía se encuentran en un período de pruebas y no funcionan a toda capacidad».
Entre sus propuestas está desmilitarizar los productos de primera necesidad, los medicamentos y los equipos médicos, liberarlos de todo tipo de guerras comerciales y de sanciones, pues afectan a la salud y la vida de millones; y que la agenda de desarrollo tecnológico una y no divida a los países y las personas.
La política opuesta, impulsada por Estados Unidos, es de un «egoísmo político desmedido y su imposición forzosa” conduce a guerras interminables, conflictos y enfrentamientos de «todos contra todos». «Hoy tenemos dos guiones de la evolución de los acontecimientos. El primero es la degeneración del modelo universal de la globalización, su transformación en una caricatura de sí misma, cuando las reglas internacionales son suprimidas por leyes o mecanismos judiciales de un solo país o grupo de países influyentes, como es el caso de Estados Unidos.
Ese modelo «contradice la lógica de relaciones interestatales normales que se están formando en las realidades de un mundo multipolar», y ya “no responde a las tareas del futuro». Para elaborar un modelo estable de desarrollo mundial se necesitan “nuevos acuerdos internacionales y procurar que todos los cumplan».
9.- ¿Qué pasa con la oposición?
A pesar de las múltiples evidencias de su derechización, el gobierno de Piñera aún no ha sido puesto a la defensiva debido a la falta de unidad de la oposición, el efectismo y la manipulación del poderío mediático, que son todavía incontrarrestables, la descalificación permanente del gobierno de la NM, echándole la culpa de los problemas actuales.
Un asunto principal es que aunque la movilización y la lucha social se desplegó durante el primer año de gobierno de Piñera, y en marzo de este año ha tenido un buen comienzo, todavía experimenta altibajos porque la oposición está desunida, por falta de capacidad organizativa, y falta de estímulo del factor subjetivo.
Está por verse cuanta fuerza tendrá la corriente socialdemócrata, entre otras operaciones que están en marcha para aislar al PC.
La muerte de Carlos Altamirano dio lugar a una cruzada por la moderación.
Entrevistado por La Tercera, Oscar Guillermo Garretón, hoy empresario del PS, señala que “jamás la izquierda va a ser por sí sola mayoría en Chile, no lo fue en el tiempo de la UP y no lo va a ser ahora”, “una izquierda que quiera hacer cambios con un tercio de la población es muy difícil que pueda lograrlo y su insiste en hacerlo va a provocar una resistencia y un rechazo muy fuerte en otros (…) eso está muy presente en el proceso de renovación socialista de la cual Altamirano fue líder importante (…) en el tiempo de la UP la alianza con el centro político era una traición, para la renovación socialista la alianza la alianza con el centro era condición para tener mayoría suficiente”. Si no existe una mayoría “más vale graduar los cambios”. Hoy la izquierda está empujando a una situación insostenible (La Tercera, 21 mayo)
Ya Ernesto Ottone había dicho, a propósito del triunfo electoral del PSOE en España, que ello mostraba que el populismo de izquierda se reduce. Podemos sacó una votación relativamente baja lo cual muestra que el espacio de la moderación reformista se puede recuperar, criticando al PS y PPD que tratan de ser más izquierdistas, a diferencia de Sanchez en España quien está orgulloso de ser socialdemócrata (La Segunda, 29 abril).
El PPD se definió en su Congreso Ideológico como “progresista, de izquierda democrática y liberal”, además de “feminista, verde y por la democratización del futuro” (El Mercurio, 26 mayo).
Con todo, la izquierda obtiene algunas victorias en las organizaciones sociales, como en la FEC y otras organizaciones estudiantiles, en el sindicato Asmar. Se producen los importantes logros de Municipios conducidos por los comunistas y la izquierda. Son señales de que la independencia política, la lucha política e ideológica, y la fuerza de la movilización social son fundamentales para seguir avanzando, y para imponer la convergencia opositora.
Una de los nuevos hechos más importantes, habiendo asimilado la defunción de la ex Nueva Mayoría, es el agrupamiento de los sectores que están decididos a impulsar consecuentemente cambios democratizadores, en torno a la Unidad para el Cambio, es decir, el PC, el PRO y la FVRS, que suscribieron un compromiso político-programático y se aprestan a enfrentar juntos las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales.
En ese manifiesto señalan que están por la unidad más amplia de las fuerzas progresistas en torno a pensiones dignas para todas y todos, con un rol activo del Estado en la administración del sistema pensiones; más seguridad a las personas para vivir en sus comunas y batalla frontal y decidida contra el narcotráfico y lavado de dinero, con la participación activa de ciudadanía; mejor calidad de sus trabajos, con sueldos dignos, mayores derechos laborales y fin de la precarización; reindustrializar sustentablemente el país; que las regiones sean receptoras de parte de las riquezas que generan mediante una ley de rentas regionales; industrializar el Cobre y el Litio; nueva ley de medios que garantice pluralismo y derecho a la información; nueva Constitución, que nazca de una Asamblea Constituyente; primarias para designar a los candidatos opositores a las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales futuras, sin ningún tipo de veto; reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios y su representación directa en el Parlamento, y autonomía territorial del pueblo mapuche; compromiso con los DDHH, y con la verdad y la justicia; lucha por una Latinoamérica fraterna, hermanada, integrada, y con fronteras abiertas, pacífica y respetuosa de sus inmigrantes.
10.- Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución
Al ganar Piñera las elecciones, el sector derechista de la ex Nueva Mayoría se ha esforzado en colaborar con el gobierno y en aislar al PCCh. De un día para otro, el PS, PPD y PR, excluyeron a los comunistas de la coordinación para rearticular la oposición, lo cual fue una de las razones de la constitución del pacto político-electoral Unidad para los Cambios, de conjunto con el PRO y la Federación Regionalista Verde Social.
Se constituyó también en agosto de este año la Mesa de Unidad Social, con la participación de la CUT, la Coordinadora No + AFP´s, el Colegio de Profesores, la Confusam, y un centenar de otras organizaciones sindicales y sociales, en torno a la lucha por sentidas demandas sociales, convocando a la jornada de movilización del 5 de septiembre.
Cuando se inició el estallido social se acrecentó la tendencia de algunos partidos de la ex Concertación, a dialogar con Piñera y validarlo. Fueron a La Moneda cuando Piñera los invitó, pero la justa actitud de los comunistas de rechazar el apoyo al gobierno, incidió para que se sumaran otros sectores a esta posición.
El éxito del Paro del 12 de noviembre agudizó el aislamiento y la debilidad del gobierno, y confirmó la fuerza de las demandas populares, incluyendo Nueva Constitución y Asamblea Constituyente. Aceleró al mismo tiempo los intentos del gobierno y la derecha para llegar a un acuerdo con la oposición, sin tomar en cuenta la opinión del movimiento social ni del PCCh. A esas alturas, todos los partidos opositores habían rechazado públicamente la idea de Piñera de Congreso Constituyente, y se habían pronunciado por plebiscito, Nueva Constitución y Asamblea Constituyente.
Pero los días 13 y 14, se fraguó un acuerdo entre cuatro paredes, que excluyó explícitamente a los comunistas, y tampoco consideró ni pidió la opinión de la Mesa de Unidad Social. Paralelamente, la derecha enfatizó mediáticamente la “condena a la violencia”, chantajeó públicamente con reponer el Estado de Emergencia y la vuelta de los militares a las calles, con un telón de fondo de declaraciones de Piñera en La Moneda después de reuniones previas con el Ministro de Defensa.
Algunas figuras políticas avalaron públicamente las amenazas. Tanto es así que en una declaración del PCCh se exigió aclarar “si la premura y la restricción de participación social y política con la que llegaron a acuerdo, estuvo mediatizada o no, por una supuesta amenaza militar.
En otras palabras, si la disyuntiva a la Paz era una intervención militar o un nuevo estado de excepción establecido por el gobierno, incluyendo el Estado de Sitio. De ser así, se trataría de una grave coacción al derecho a opinión, a la participación y una afrenta a la democracia”.
En la madrugada del 15 se dio a conocer el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, gestado literalmente entre gallos y medianoche, y que firmaron Renovación Nacional, la UDI, Partido Liberal, Evopoli, PDC, PR, PS, PPD, RD, Comunes y Gabriel Boric.
En este último caso, la firma fue a título personal, en medio de agudas tensiones que culminaron después de la firma del acuerdo en la renuncia de decenas de dirigentes de Convergencia Social. No firmaron el acuerdo el PCCh, PH, FRVS, Pro, Convergencia Social.
El documento declaró el compromiso de restablecer la paz y el orden público, y el total respeto de los derechos humanos, pero no señaló ninguna medida concreta para poner fin a las violaciones a los derechos humanos. Plantea la realización de un plebiscito en abril del año próximo, lo cual revela la intención de que pase un tiempo para dejar atrás la movilización.
El plebiscito de entrada, que no sería con voto obligatorio, preguntaría si se está de acuerdo o no con una nueva Constitución, y si ésta debe ser redactada por una Convención Constitucional, concepto que reemplaza el de Asamblea Constituyente, o una Convención Mixta Constitucional, con parlamentarios y delegados elegidos.
Nada se dice de la participación del mundo social, cuya movilización dio origen a este eventual avance, ni de elegir sus representantes, ni de privilegiar la participación de los pueblos originarios o las mujeres. Solo se elegirían delegados de partidos políticos, de acuerdo al mismo sistema de elección de diputados. Una Comisión Técnica, paritaria entre gobierno y oposición y designada por los partidos que suscriben el acuerdo, determinaría los aspectos relativos a la materialización de lo antes señalado.
El o los proyectos de reforma constitucional y o legal serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo.
Y lo más grave de todo es que los acuerdos sobre los contenidos de la nueva Constitución se deberán tomar por una mayoría de 2/3, lo que impone nuevamente el añejo y conocido veto antidemocrático de la derecha, la cual a pesar de haber firmado este acuerdo para una nueva Constitución, ya anunció a través de la presidenta de la UDI y de José Antonio Kast, que hará campaña por el NO a una nueva Constitución, planteamiento que se ha repetido posteriormente.
(*) Sociólogo. Integrante del Grupo de Análisis de Coyuntura y Tendencias.
