El gerente general de AFP Capital, Eduardo Vildósola, señaló que pedirán a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que suspenda las juntas de Oro Blanco y Norte Grande que se realizarían el viernes. A gregó que no se tiene certeza respecto del patrimonio de dichas compañías en medio de la investigación de la SVS por las transacciones entre partes relacionadas entre 2009 y 2011. Sin embargo, estimó las pérdidas del fondo de pensiones, es decir el dinero de los afiliados, en unos 600 millones de dólares.Es del caso consignar que en todos estos escándalos de corrupción en el sistema financiero, los que hacen la pérdida son los dineros de los trabajadores para sus pensiones. Hay que parar este robo en despoblado, ya.
«Hubo transacciones importantes de acuerdo a lo que dijo la Superintendencia de Valores y Seguros. Hay que saber cuál es el impacto de esas transacciones en los estados financieros porque difícilmente se puede aprobar un aumento de capital si uno no conoce exactamente cuál es la situación patrimonial de las compañías afectadas», sostuvo Vildósola.
En esa línea, el gerente general de la administradora reiteró que es «básico» tener toda la información del caso antes de poder concurrir a analizar un aumento de capital, pues «mientras eso no esté, no podemos concurrir y es lo que le hemos dicho a Superintendencia. Se lo hemos dicho formalmente a través de cartas que se suspenda la junta».
Al ser consultado por la posibilidad de que la SVS no suspenda la actividad, Vildósola se mostró cauto, y aseguró que todavía quedan días para saber si eso puede ocurrir. «La superintendencia tiene sus tiempos dando vueltas. Están corriendo los tiempos todavía», agregó.
Respecto a la situación de las AFP tras presentar sus denuncias, el ejecutivo reconoció que las administradoras se sienten perjudicadas con el Caso Cascadas, y que hay «un daño estimado, por probarse, en cerca de los US$ 400 y los US$ 600 millones en las transacciones que se hicieron desde el 2009 en adelante».
Vildosola recalcó que aquí el tema de fondo es que las AFP están alegando que eventualmente «hay perjuicio», sin embargo, más allá de eso, hay un tema que se relaciona con la transparencia en el mercado.
«Esa transparencia no sólo involucra a los fondos de pensiones. O sea los fondos de pensiones estamos en defensa de nuestros afiliados. Como bien dice la formulación de cargos de la superintendencia, hay otros involucrados también en este proceso», dijo.
Finalmente, el gerente general de AFP Capital sostuvo que por el momento seguirán esperando una «profundización del análisis», ya que mientras «no termine ese proceso nosotros no podemos saber ni cuáles son los daños, ni cuáles son las responsabilidades legales y penales. Ni quienes son finalmente».
Relacionados a los accionistas minoritarios explican que esa cifra corresponde a la diferencia de precios entre las operaciones de venta de acciones a un precio inferior al de mercado y un valor de recompra superior, realizadas por las sociedades cascada entre 2009 y 2011, publicó La Tercera.
El ejecutivo añadió que aún no se cuenta con una cifra más precisa, ya que requieren mayor información: «Hay que saber bien cuál es el impacto de estas transacciones en los estados financieros», resaltó.
La SVS formuló cargos en contra del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, y otros tres ejecutivos por violar la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas.
A su turno, la Superintendenta de Pensiones, Solange Berstein, se mostró cauta frente a la cifra de las pérdidas ocasionadas por las sociedades cascadas de SQM y que ha concentrado la atención del mundo financiero local.
En el marco de un seminario, Berstein dijo que aún no era posible cuantificar el potencial daño en las pensiones que han provocado las distintas transacciones de las sociedades a través de las cuales el empresario Julio Ponce controla a SQM.
«Respecto de los fondos de pensiones propiamente tal y cuánto puede implicar no es una materia respecto de la cual hoy día se puede hacer un cálculo porque justamente las transacciones todavía están en investigación y cuáles son las contrapartes, etc., y es una materia que está investigando la Superintendencia de Valores», dijo Berstein.
Con todo, dijo que «obviamente» la repartición que dirige cuantificará los eventuales perjuicios, pero reiteró que hay que esperar que termine el proceso de investigación.
«Es un tema que requiere como insumo la investigación que está realizando la SVS. Por lo tanto, una vez que haya surgido mayor información de ese proceso, tendremos que ver y analizar que las administradoras estén haciendo todas las diligencias necesarias incluido, el evaluar perjuicios a los fondos», sostuvo la autoridad.
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SVS responde de forma reservada a la Corte por negar a Fiscalía acceso a expediente de Caso Cascadas
Tras el requerimiento de la justicia, este miércoles la Superintendencia de Valores y Seguros respondió a la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a su negativa de entregar información a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que investiga al principal controlador de Soquimich por eventuales infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y de Mercado de Valores.
La SVS negó al Ministerio Público acceder al expediente por la indagatoria que lleva contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos. El superintendente Fernando Coloma argumentó en su momento que la decisión se basó en pos de la continuidad de la investigación.
Hasta el momento no se conocen detalles de la respuesta a la Corte ya que se formuló de forma reservada, pero se espera que se repliquen las razones que previamente ha entregado Coloma en torno a la supuesta falta de garantías desde el organismo persecutor para mantener el resguardo de la investigación, señala Emol.
Los cuatro ejecutivos cuestionados, de acuerdo a los cargos que formulo la superintendencia, habrían efectuado una serie de infracciones a través de un esquema de operaciones bursátiles entre 2009 y 2011 entre las llamadas sociedades “cascada” de Ponce Lerou.
Abogado sobre Caso Cascadas: “Las operaciones iban en menoscabo de los accionistas minoritarios”
La Corte de Apelaciones de Santiago exigió a la Superintendencia de Valores y Seguros un informe que detalle las razones tras la negación de la Fiscalía de investigar a Julio Ponce Lerou, controlador de la Minera Soquimich, además de estudiar el caso de otros tres ejecutivos. Igualmente se indicó que la respuesta no demore más de 48 horas en llegar. Esto luego de que la SVS le negara al Ministerio Público el acceso al expediente de la investigación, explicando que la decisión busca mantener la reserva de ésta.
Sobre los argumentos para negarle a la Fiscalía la investigación en contra del principal controlador de Soquimich, y de los ejecutivos, cabe consignar que las indagaciones son por una seguidilla de supuestas infracciones a la ley 18.046 de Sociedades Anónimas y del Mercado de Valores, por una serie de operaciones entre los años 2009 y 2011, sucedida entre las llamadas sociedades “cascada” de Ponce Lerou.
Mauricio Daza explica que lo que se conoce como “sociedades cascada” son en principio sociedades que tienen el patrimonio relacionado, esto es “La sociedad número 1 es dueña de la sociedad número 2 y la 2 de la 3; y la 3 de la 4 y así sucesivamente”.
La controversia nace a partir de ciertas operaciones que se hacen en este tipo de sociedades principalmente.
“Lo que ocurría era que una empresa de Ponce Lerou vendía un paquete de acciones a un palo blanco, esas acciones se fijaban a un precio que era inferior al de mercado, ese palo blanco a su vez revendía a otra empresa del mismo Ponce Lerou las mismas acciones, pero en esta oportunidad a un precio artificialmente alto, todo esto realizado en la bolsa de comercio en términos tales de impedir que cualquier otra persona pudiese intervenir en estas ventas cruzadas, para lo cual se necesita de un corredor de bolsa coludido con estas personas”, apuntó Daza.
Finalmente las acciones se manejaban de manera ficticia a través de estas “triangulaciones”, donde el precio de las acciones era determinado por sus propios dueños y a partir de eso obtenían crédito que de otra forma no podrían haber obtenido, y además de poder justificar la repartición de utilidades, que en otro contexto no habrían tenido explicación.
Cabe señalar que según el abogado, todo lo anterior no iba sino en menoscabo y perjuicio de los accionistas minoritarios, que en resumidas cuentas somos todos, pues en medio de todo esto está el sistema de las AFP, que en este caso actuarían como socias de Ponce Lerou en este tipo de empresas.
