Las delegaciones de Bolivia y de Chile iniciaron este lunes los alegatos convocados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para considerar la objeción chilena acerca de su jurisdicción para tratar el histórico reclamo boliviano de una restitución de la salida al mar perdida en la guerra del Pacífico.
Bolivia fue escenario este lunes de la ceremonia de izado de la bandera, después de lo cual la Presidencia y todas las instituciones estatales de Bolivia amanecieron con banderas azules «de la reivindicación marítima», que serán izadas para acompañar a la misión que está en La Haya para defender la demanda del país contra Chile, informó el presidente Evo Morales.
Morales dijo en un discurso que esas banderas azules llevarán en una esquina el emblema tricolor boliviano y la whiphala, la bandera multicolor de los pueblos indígenas andinos.
Las banderas serán la expresión de «la unidad del pueblo boliviano y del profundo sentimiento de que Bolivia» debe tener una reparación por «la invasión» sufrida en 1879 que le quitó el territorio costero en el Pacífico, afirmó el mandatario boliviano.
Estos son los puntos clave para entender esta nueva fase de la disputa entre Bolivia y Chile 136 años después de la denominada Guerra del Pacífico.
La presentación de la demanda
Bolivia acudió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 24 de abril de 2013 con una demanda en contra de Chile, instando a que se negocie «de buena fe» la salida soberana de Bolivia al mar. El anuncio de esta demanda fue hecho por el presidente Evo Morales en 2011, después de declarar fracasada la negociación bilateral sobre 13 puntos, entre ellos el marítimo, que había iniciado con Michelle Bachelet.
La objeción de Chile
Chile planteó una «objeción previa» a la revisión de la demanda por la Corte de La Haya. Pidió que esta no fuera admitida, con el argumento de que afectaría a un tratado de límites que ambos países firmaron en 1904, siendo que la jurisdicción de este tribunal se remonta a 1948. Por su parte, Bolivia asegura que su demanda no pretende cuestionar este tratado de límites y que, en cambio, se origina en los derechos expectaticios que generaron a su favor los ofrecimientos realizados por Chile a lo largo del tiempo para resolver el diferendo marítimo entre ambos países.
¿Qué pide Bolivia?
En su demanda, Bolivia pretende que la Corte de La Haya reconozca que, fruto de algunas propuestas y negociaciones efectuadas entre los representantes de ambos países para solucionar el problema, su país ha adquirido derechos expectaticios que le permitirían negociar una salida propia y soberana al océano.
La Paz sostiene, además, que los acuerdos firmados con Chile para facilitar las transacciones comerciales y aduaneras no han sido cumplidos tal como estaba estipulado en los tratados bilaterales.
¿Qué argumenta Chile?
La exposición de Chile se centrará en demostrar por qué se estima que la jurisdicción de la corte es limitada en este caso en particular y por qué no está habilitada para resolver.
Concretamente, el argumento de Chile se sustentará en defender el artículo VI del Pacto de Bogotá.
Esa disposición plantea que no se podrán usar los mecanismos de solución de conflictos que plantea el Pacto cuando se refiera a controversias ya zanjadas previo a la constitución del tribunal, en abril de 1948.
¿Qué debe resolver la Corte Internacional de Justicia?
Los magistrados deben definir si el tribunal tiene potestad para resolver la controversia entre Chile y Bolivia. En la historia del tribunal han sido aceptadas 32 excepciones preliminares, es decir, hubo 32 casos en que la corte dijo no ser competente y dio por terminada la controversia.
Posibles escenarios
En esta etapa de la disputa se abren tres posibles escenarios: que la Corte se declare incompetente, lo que daría por terminado el litigio; que se declare competente, lo que daría a Bolivia la opción de continuar con el proceso; o que sostenga que la objeción planteada por Chile no tiene un carácter preliminar, o sea, que está ligada al tema central de la demanda, con lo que decidiría al final del proceso jurídico su competencia.
En todo caso, la decisión no se tomará antes de octubre o noviembre de este año.
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