En apretada síntesis, y faltando el trámite legislativo en el Congreso, puede decirse en primer análisis que el único que gana con el Acuerdo Nacional anunciado por Piñera, es el es el gobierno.
En primer lugar, se asegura un acuerdo de gobernabilidad con la ex-concertación, por los dos años que le quedan a Piñera.
En segundo lugar, es mezquino, insuficiente y claramente desalineado con las necesidades reales de la población, cuando la actividad económica está descalabrada por la pandemia. Además, deja muchas dudas en términos de la distribución de los recursos y la cobertura de los beneficiarios.
En tercer lugar, a pretexto de la pandemia, Piñera aprovecha de pasar de contrabando dos temas esenciales al neoliberalismo estratégico, la inversión en protectos extractivistas con alto conambiental, y meyter nuevas culñas de flexibilidad laboral.
Y después de todo, ¿qué podría haberse esperado del gobierno de Piñera?.
En el programa De Domingo a Domingo, de Radio Nuevo Mundo, el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, dijo que plan consensuado entre gobierno y algunas colectividades políticas, “es un acuerdo sumamente atrasado” y «mezquino».
De entrada, expuso que los US$12 mil millones que compromete el plan está muy por debajo de los montos que en promedio se están uutilizando en la mayoría de los países:
«Está demostrado por el Fondo Monetario Internacional, que nadie va vincular a la izquierda o a nosotros, de que los países están usando, en promedio, el 10% del Producto Interno Bruto, PIB, para enfrentar la cisis. En Chile el gobierno determinó usar el 5% del PIB, en circunstancias de que el Partido Comunista y otras fuerzas de oposición, siempre han sostenido que, cuando menos, se debían destinar US$15 mil millones. Otros expertos han propuesto un gasto de US$ 20 mil millones».
Luego, destacó la insuficiencia de las asignaciones al sector salud y los municipios:
“En salud se necesitan a lo menos US$ 500 millones de dólares para cubrir las necesidades y los recursos no llegan. Las Municipalidades plantearon que requieren de más de US$1.000 millones y les están dando mucho menos. El aumento de cien mil pesos en el Ingreso Familiar de Emergencia es insuficiente, porque sigue quedando bajo la línea de la pobreza. Bastaba que el gobierno pusiera US$ mil millones y se podía solucionar, pero primó la mezquindad».
Agregó:
“Esto va al Congreso, vamos a tratar de mejorarlo y sacar cuanto ante las medidas para ayudar a tanta gente. Y vamos a fijarnos muy bien en la letra chica, porque hay cosas que no quedaron muy claras de cómo se va a usar estos recursos. En todo caso, la gente debe saber que los parlamentarios no pueden alterar o fijar las cifras de recursos. Solo podemos discutirlas y tratar que el gobierno aumente los montos. Estamos amarrados de manos en ese aspecto».
Finalmente, se refirió a la opornutidad del acuerdo:
«Varias de estas propuestas el gobierno pudo enviarlas en marzo o abril al Parlamento para analizarlas, discutirlas y aprobarlas. Nosotros en esos meses hicimos propuestas que no fueron escuchadas. Si se hubiera hecho en ese tiempo, se habría evitado un atraso en la ayuda a millones de personas. Este acuerdo era innecesario; el gobierno debió haberlo llevado directamente al Congreso, donde lo habríamos discutido, y ya habría salido la ayuda y los dineros que se necesitan”.
Margen para US$15 mil millones
El aconomista Andrés Solimano, Doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), economista y magister en Economía de la Universidad Católica, ex integrante del Banco Mundial y fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, manifestó que una cifra entre los US$15 mil y US$20 mil millone, sería más adecuada, y acercaría a Chile a lo que están gastando muchos países:
«En otros países, incluso africanos, se está gastando más y se empezaron los planes mucho antes, al contrario de lo que ocurre en nuestro país. Como el Producto Interno Bruto de Chile es de aproximadamente US$300 mil millones, los US$ 12 mil millones equivalen al 4% del PIB. En Sudáfrica, por ejemplo, el gobierno aprobó un paquete del 7% del PIB. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, el gasto de Chile está en la media de la tabla, y además desfasado, porque otros países comprometieron recursos más altos y mucho antes”.
Respecto al marco del acuerdo, señaló:
“Me parece que no es demasiado representativo porque son negociaciones entre un grupo de la oposición y el gobierno, pero dejan siempre fuera a organizaciones sindicales, sociales, a partidos políticos. Ese es el problema de la representatividad del acuerdo”.
Respecto a los montos del ingreso familiar de emergencia, apuntó:
«El monto de $100 mil persona se acerca un poco más a la línea de la pobreza, que es aproximadamente de $126 mil pesos, pero todavía está corto. Es una característica de las políticas sociales de nuestro país, que siempre falta. El monto está por debajo de lo necesario”.
Y concluyó:
“El punto es que esto se haga efectivo y rápido, porque esto se debió hacer en marzo o abril y se está haciendo a mediados de junio. Ha sido muy costoso el retraso, hay gente que tuvo que salir a trabajar, que se contagio, algunas fallecieron”.
La Fundación Sol puso el acento en las dudas sobre el porcentaje de cobertura:
Ingreso Familiar de Emergencia anunciado en #CadenaNacional, tendrá una cobertura equivalente a sólo el 34% de los hogares chilenos y su monto ni siquiera permite superar la línea de la pobreza, el cual es el estándar más básico que existe en Chile. pic.twitter.com/6gxtDuxcJ7
— Fundación SOL (@lafundacionsol) June 15, 2020
Costo ambiental
A su turno, la politóloga y coordinadora de politica y regulación de Chile Sustentable, Pamela Poo, acusó «letra chica», en términos ambientales:
«Se trata de un «fast track» para los proyectos de inversión, a pretexto de ‘agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión’. Es la misma estrategia de siempre: acelerar los proyectos de inversión. Los empresarios se quejan que hay muchos trámites y permisos para los proyectos mineros y energéticos, y que eso les hace demorar».
En ese sentido, apuntó a la responsabilidad de los partidos opositores concurrentes al acuerdo:
«Ni siquiera fueron capaces de amarrar una reactivación económica verde, sustentable, algo distinto a lo que nos trajo a la crisis actual. Por otra parte, acuerdan que la Comisión Nacional de Productividad es la que va a proponer la agenda regulatoria de los plazos para los proyectos. ¿Y quien compone esta comisión?
Es como un Ministerio de Hacienda con puros economistas neoliberales. ¿Dónde esta la transversalidad para tomar decisiones en términos ambientales?».
Finalmente, resumió:
«Este acuerdo significa que por tres meses le aseguraste ingresos a las familias, pero después, otras familias van a tener que soportar por muchos más años, proyectos de inversión que son sumamente invasivos en relación al agua, al territorio. Entonces, seguimos con la misma senda de profundizar las crisis ambientales que ya tenemos».
