La Corporación de Fomento a la Producción, CORFO, se puso en el centro de la candela, por la adjudicación del Instituto de Energías Limpias al consorcio norteamericano Associated Universities Inc.
Un grupo de diputados insistirá en la creación de una comisión investigadora, mientras que el Senado aprobó un proyecto de acuerdo que solicita al Presidente, anular la licitación.
El 7 de enero pasado, mismo día en que se conocía el resultado de la licitación del ITL, ingresó a la Contraloría una denuncia contra CORFO; firmada por el rector de la Universidad de O’Higgins, Rafael Correa Fontecilla, en representación de los rectores de las universidades de Chile, de Talca, Católica del Maule y Católica de la Santísima Concepción, por transgresión a la probidad administrativa y transparencia, en la adjudicación del concurso Consorcio para la Gestión de Recursos Hídricos en la Macrozona Centro Sur de Chile, en noviembre pasado.
Meses antes, el reclamo del mismo rector logró que la propia CORFO declarara desierto el concurso Consorcio Tecnológico SmartFruit, en marzo de 2020.
El desenlace de las tres licitaciones permite sostener que se está en presencia de fallas estructurales en el principal sistema de asignación de recursos públicos al fomento productivo del país.
Los tres concursos ocurren durante la vicepresidencia ejecutiva de Pablo Terrazas, y terminan en aguda controversia. En los tres hay acusaciones de escasa transparencia, alteración de las bases del concurso, fallas de información y adjudicaciones predeterminadas; al punto que cabe preguntar si esos opacos concursos no son, en realidad, operaciones para blanquear decisiones de inversión previamente adoptadas.
En dos de los tres concursos, aparecen intereses extranjeros en el consorcio ganador. En los tres casos, la decisión de CORFO le bajó el pulgar a proyectos de desarrollo nacional y local, una paradoja, si se considera que su misión consiste en “mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país”.
La pérdida de recursos, representada por el tiempo de trabajo de los equipos interinstitucionales y multidisciplinarios que elaboraron las fallidas propuestas, obliga a revisar los concursos basados en la competencia, como mecanismo de asignación de recursos públicos para fines productivos; muy menguados, además.
La culpa del mensajero
La trayectoria de CORFO, como principal vehículo nacional de inversión productiva, muestra dos períodos ontológicamente diferenciados.
Entre 1939, fecha de su creación por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y el golpe de 1973, CORFO sentó las bases y condujo el proceso de industrialización del país, con la creación de importantes focos de desarrollo endógeno, sin ir más lejos, la electrificación del país, y otros como la Empresa Nacional del Petróleo, la Compañía de Aceros Pacífico, la Línea Aérea Nacional, la empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Industria Azucarera Nacional y el Instituto Nacional de Capacitación, entre muchos otros.
Desde 1973 a la fecha, CORFO ha recorrido el camino inverso.
Entre 1974 y 1990, bajo la conducción de Sergio Nuño, Javier Palacios,Francisco Soza Cousiño, Renato Varela, Francisco Ramírez, Luis Danús, Fernando Hormazábal y Guillermo Letelier; salvo Soza Cousiño, todos generales de Ejército.
CORFO ha ejecutado las cuatro etapas de la privatización de la economía chilena.
La primera, el año 1975, con Jorge Cauas en Hacienda, y Soza Cousiño en la vicepresidencia de CORFO; la segunda, en 1976, con Sergio de Castro y Luis Danús, respectivamente, y la tercera, la mayor, en 1985-86, con Hernán Büchi en Hacienda, y Fernando Hormazábal y Guillermo Letelier en CORFO.
La orientación privatizadora y neoliberal de CORFO varió solo en matices, en los gobiernos de la Concertación. Antes bien, se dedicó a estructurar el gigantesco pasivo legado por la dictadura. Se abstuvo de revisar las privatizaciones de la dictadura, ofrecidas en el programa de Aylwin.
Luego, las profundizó, con la venta de su participación accionaria en las empresas públicas del agua potable, servicios sanitarios y electricidad, en los gobiernos de Frei y Lagos; con Eduardo Aninat y Nicolás Eyzaguirre en Hacienda, y Felipe Sandoval, Gonzalo Rivas y Oscar Landerretche, en la vicepresidencia de CORFO.
Rivas renunció en enero de 2003, salpicado por el escándalo CORFO-Inverlink, con un costo de $85 mil millones, parte de los cuales nunca se recuperó.
En las postrimerías del segundo gobierno de Bachelet, con un tortuoso papel del entonces vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitrán, CORFO prorrogó el contrato con SQM hasta 2030, un monopolio hoy transnacional, segundo productor mundial de litio, detrás de la empresa china que acaba de comprar su mayoría accionaria. Así de «coherente» ha sido CORFO con el desarrollo nacional, durante el predominio del modelo neoliberal.
Instituto de Tecnologías Limpias: la reprivatización del litio
En el concurso Instituto de Tecnologías Limpias, podían participar entidades entregadas a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, sin fines de lucro, con representación y respaldo de universidades u órganos de la Administración del Estado. Entre los resultados esperados, el concurso especificaba infraestructura tecnológica avanzada; portafolio de proyectos I+D; nuevas tecnologías masificadas; producción de componentes e integración de soluciones; innovaciones que agreguen valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la electro-movilidad, y crecimiento verde.
El premio era mayor: USD193.485.024, proveniente de los aportes en I+D, establecido en la prórroga del contrato con SQM. La adjudicación del ITL a un consorcio integrado por universidades norteamericanas, que solo prestan la «chapa», universidades privadas chilenas y empresas de grupos económicos, constituye una privatización de la privatización de los beneficios del litio.
Para darle patente legal, CORFO convocó a licitación pública del concurso ITL, a cuyo cierre recibió cuatro postulaciones. Tras la primera evaluación quedaron seleccionadas la Asociación para el Desarrollo de Tecnologías Limpias, ASDIT; y la Associated Universities Inc., AUI.
Un error de CORFO, común en los tres casos, consiste en subestimar la seriedad y el compromiso con que acuden a estos concursos los consorcios universitarios, debido, entre otros factores, a la crónica escasez de fondos concursables.
El consorcio ASDIT reunía a las universidades Católica del Norte, de Antofagasta, Católica de Chile, Católica de Valparaíso, de Chile, de Concepción, de Santiago, de Talca, de Tarapacá, Técnica Federico Santa María y Adolfo Ibáñez; además de empresas mineras y energéticas, la Asociación de Industriales de Antofagasta, centros científicos y tecnológicos de Alemania, Australia, Reino Unido, España, y una larga lista de entidades patrocinadoras o asociadas. Planteó una agenda de desarrollo para la región de Antofagasta; un cluster o encadenamiento productivo con asiento en la región, en torno a la energía solar, minería sustentable y litio, con pretensión de impacto global.
Al frente tenía un consorcio formado por las universidades norteamericanas Harvard, MIT, Columbia, Cornell, Pensilvania, Princeton, John Hopkins, Rochester y Yale, de ninguna relación ni trayectoria en la región de Antofagasta, ni participación alguna en el concurso, como no sea prestar el nombre de su asociación, en rigor, un mero instrumento administrativo de gestion de fondos; universidades privadas chilenas vinculadas a la derecha, Autónoma, del Desarrollo y San Sebastián; y empresas de los grupos económicos y el capital transnacional, Colbún, Enel, AES Gener, Enaex, GM Holdings, Ecometales Limited, Cerro Dominador, Schwager Energy, Enor Chile, Clayton Ventures y Freitag and Company. Gerente de desarrollo era Ricardo Raineri, ministro de Energía en en primer gobierno de Piñera.
Licitación bajo sospecha
El proyecto de acuerdo del Senado plantea fundados cuestionamientos al procedimiento de licitación. Tratándose de recursos públicos, según establece la cláusula 15° del convenio entre CORFO y SQM, correspondía una licitación regulada por Contraloría, lo que no ocurrió, es decir, «un vicio de origen». CORFO manejó el concurso como una especie de «licitación privada».
Prescindió del pronunciamiento de la Comisión Evaluadora, con participación de integrantes internacionales de reconocido prestigio, que le asignó mayor puntaje al consorcio ASDIT. De modo arbitrario, CORFO designó una segunda comisión, una clara alteración de las bases. Señala el texto del acuerdo:
“La Segunda Comisión fue integrada por tres funcionarios de Corfo, uno del ministerio de Economía y otro por el de Ciencias, cuya trayectoria, no es, precisamente, conocida en el campo de la Innovación y el Desarrollo, donde el Estado logra, por primera vez, destinar una suma significativa a un asunto decisivo para el país”.
Advierte la contradicción de que las bases de la licitación del ITL no fueron enviadas a toma de razón de la Contraloría, pero sí el contrato entre Corfo y SQM, que originó los recursos destinados al proyecto:
“CORFO cambió el objeto de la licitación a sabiendas de que el llamado a ésta era desconocido para la Contraloría, ya que, como señalamos, sus bases y el llamado mismo a la licitación no fue enviado al trámite de toma de razón. Así, CORFO, por un lado, llevó adelante una especie de «licitación privada» para asignar USD193 millones, provenientes de las rentas de arrendamiento que recibe de SQM, debiendo haber llamado a una «licitación pública», regulada por la Contraloría. Y por otro lado, tramitó la modificación del contrato del 1° de diciembre de 2020, enviándolo a toma de razón, por tratarse de un contrato que, formalmente, correspondía someterlo a dicho trámite”.
La resolución N° 125 de CORFO, del 17 de diciembre de 2020, cambió la cláusula 15° del contrato original de Corfo con SQM, en cuanto a “ampliar las actividades que podrán ser financiadas con los aportes que anualmente SQM está obligada a entregar en virtud de este contrato, así como ampliar la naturaleza jurídica de la entidad receptora de los mismos”.
El acuerdo del Senado sostiene que se trata de “modificaciones importantes que cambian el objeto de los Aportes I+D y la manera de distribución de los recursos”.
El cambio de cláusula, después del pronunciamiento de las dos comisiones evaluadoras, significa un cambio de bases con fecha posterior a la presentación de las propuestas.
El consorcio de universidades chilenas no conoció el cambio en la cláusula 15°; en cambio, lo conocían el consorcio AUI…y Pablo Terrazas, dado el hecho que la firmó.
Según el texto del Senado, “el solo hecho de cambiar el objeto de la cláusula décima quinta, que es el sustento esencial del llamado a licitación, da pie para dejar sin efecto la licitación o declararla desierta, ya que las ofertas no tienen sentido cuando se formularon con un objeto distinto a su origen que es, precisamente, el señalado en dicha cláusula”.
Por otra parte, agrega, el hecho haberse formulado las propuestas en función de un objeto “no ampliado” de la cláusula 15°, punto 1.3, pág. 5 de las bases, “también, es motivo más que suficiente para declarar desierta la licitación”.
Añade que resulta extraño que los únicos enterados de la adjudicación sean el Terrazas y el vocero del grupo ganador, en circunstancias que el propio Terrazas señaló el 8 de enero, en la página A 10 de El Mercurio, que aún faltaba la firma de los subrogantes de los ministros, puesto que los ministros titulares se inhabilitaron:
“Tanto más extraño, cuanto que a esa fecha, el acta de los consejeros de CORFO, todavía no se había firmado. Igual de extraño es que se haya dado a conocer el resultado antes de que se firme acta. ¿Y cómo el señor Terrazas habló -en dicha fecha- tan libremente que la propuesta ganadora es la mejor si no conocía los fundamentos de quienes -como miembros del Consejo de CORFO- resolvieron?
Lo mismo aplicable al señor Cohen, vocero de las universidades norteamericana”. El texto del Senado concluye: “sería apropiado conocer los motivos de la inhabilidad de los Ministros Titulares para faltar a una reunión de Consejo de CORFO para adoptar una tan importante decisión. Resulta relevante también, ya que, si los ministros se encontraban inhabilitados, también debían estarlo sus representantes, ya que dependen jerárquicamente de los primeros”.
La respuesta a estos enigmas, está en el principio de la navaja de Ockham: la explicación más simple es la más probable. Basta conocer el Consejo Directivo de CORFO: Lucas Palacios, ministro de Economía y presidente del consejo; Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo; Karla Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia, Andrés Allamand, ministro de Relaciones Exteriores; Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda; María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura, Andrés Couve, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y Eduardo Aninat, integrante del Consejo Corfo.
Evidentemente, sus representantes no iban a votar distinto. El Consejo de Ministros estuvo compuesto por subrogantes, porque varios de los titulares estaban inhabilitados por conflictos de interés. Lo integraron la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar; el entonces ministro de Agricultura, Antonio Walker; José Luis Uriarte, por Economía; Carolina Valdivia por RREE, Alejandro Weber por Hacienda y Felipe Commetz por CORFO.
Si como es probable, la licitación no se anula en los próximos trece meses, la privatización de facto del Instituto de Tecnologías Limpias, así como la privatización encubierta del litio, en virtud de los Contratos Especiales de Operación, deben figurar en lugar prominente en el debate sobre un nuevo modelo de desarrollo.
Privatización encubierta
Conocida la adjudicación al consorcio AUI, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, manifestó:
«Este proceso de licitación evidenció un conjunto de falencias procedimentales difíciles de entender. Resulta especialmente llamativo que no se tomara conocimiento de la evaluación realizada por un panel de expertos internacionales, quienes entregaron la más alta puntuación a nuestra propuesta”.
Pero el tema principal no es procedimental:
“Con esta resolución no sólo se debilita una política de Estado que debe promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Chile, sino que además se limita el fortalecimiento de capacidades de investigación propias en esta materia. Esto último es clave para que Chile se consolide como potencia energética verde. Se pone así en entredicho el desarrollo del país y la posibilidad de dar un salto efectivo para cambiar la matriz productiva nacional”.
La presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Cecilia Hidalgo, sostuvo:
“Esta decisión representa una desconfianza enorme en las capacidades de la comunidad científica chilena y una falta de respeto a la forma en que se evaluó el proceso, distinta a como se han evaluado inversiones menores en proyectos de ciencia. Fue un procedimiento de evaluación muy opaco”.
Los rectores de las universidades de Antofagasta, Luis Alberto Loyola, y Universidad Católica del Norte, Jorge Tabilo lo calificaron como una gran decepción:
“Creemos que la adjudicación del proyecto a un consorcio extranjero deja en un segundo plano a las universidades chilenas. Desplazar fuera de nuestras fronteras el protagonismo en estos temas es un error estratégico que tendría un grave costo para los planes de encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo sostenible y en el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos”.
A su turno, el senador por la circunscripción de Antofagasta, Alejandro Guillier, manifestó:
“Cuando partió el proyecto en el Gobierno anterior tuve múltiples reuniones con el director de Corfo Eduardo Bitrán; siempre se entendió que este centro se iba hacer con los actores de los territorios. Sin embargo, cuando comenzó este gobierno esto se transformó en algo espurio. En alguna oportunidad conversé con Sebastián Sichel cuando estaba en CORFO, pero tenía la cabeza en otras cosas”.
En su opinión, no hay otra alternativa que re-licitar:
“Los procedimientos fueron oscuros, las reglas del juego se fueron cambiando, los informes nunca se conocieron. Esto hay que solucionarlo”.
La declaración de CORFO evadió el problema. En la única referencia directa a las acusaciones, señaló:
“CORFO reitera que no existen fundamentos para imputaciones de irregularidades en el proceso de adjudicación para el desarrollo del ITL, el que ha sido totalmente transparente y ajustado a las bases de licitación”. Y eso es todo.
En una de las escasas oportunidades en que se ha referido al tema, Terrazas sacó a relucir el matonaje intelectual:
«Aquí no se está diciendo a qué universidad le paso la plata, a las chilenas o a las extranjeras, como se ha mal planteado, sino que se trata de ver quién diseña el mejor instituto chileno que va a operar en Chile y estará integrado por chilenos. En CORFO no existen los concursos arreglados. Todos tienen que estar dispuestos a ganar y perder contra todo el mundo”.
Del matonaje intelectual, descendió al nivel de la cloaca:
“Me sorprenden aquellos que critican y que forman parte de un conglomerado que postuló al concurso. Me da la impresión que si se lo hubiésemos adjudicado a ellos no habría ninguna crítica. Pero como se lo adjudicamos a otro, ahora resulta que reclaman que el procedimiento fue irregular. ¿Y por qué no lo plantearon durante el proceso? Porque no se valida, participando, un proceso si creo que está lleno de irregularidades».
A confesión de partes, relevo de pruebas. Con semejante descriterio Terrazas dirige el principal vehículo nacional de inversión para el desarrollo productivo.
Concurso con letra chica
El concurso Consorcio para la Gestión de Recursos Hídricos en la Macrozona Centro Sur de Chile, fue convocado por CORFO el 21 de julio de 2020, con fecha de cierre al 22 de septiembre del mismo año.
Las bases técnicas estatuían que las propuestas debían incluir productos tales como tecnologías para la obtención de fuentes no convencionales de agua; recarga e infiltración artificial de acuíferos; tecnologías inteligentes y sensorización subterránea para medición de caudales y ofertas de agua; sistemas de modelamiento de oferta y aumento de carga hidráulica de acuíferos; nuevas tecnologías de gestión de aguas lluvia y generación de alianzas con estructuras productivas territoriales.
Entre los objetivos específicos, el documento estableció líneas de desarrollo tecnológico con fines productivos y un portafolio asociado de proyectos; una plataforma abierta e interoperable de carácter nacional, que centralice la información generada por organismos públicos y privados; incorporar los desafíos que impone el cambio climático; alianzas con entidades tecnológicas y la industria, a nivel regional, nacional e internacional; apoyo a proveedores locales que aporten soluciones tecnológicas innovadoras y apropiables a los usuarios de agua, y política de propiedad intelectual, industrial, transferencia tecnológica, difusión y comunicación de resultados, gestión de riesgos, gestión de la calidad y medición del impacto económico, social y medioambiental de los productos y servicios desarrollados.
CORFO financiaba hasta el 60% del costo, con tope de $2.000 millones; en tanto el saldo corre con cargo al consorcio; 20% en aportes no pecuniarios, y 20% en aportes pecuniarios. El plazo de duración del consorcio es hasta seis años, divididos en al menos dos etapas, después de lo cual debe traspasar la plataforma tecnológica a alguna entidad pública, existente o nueva que se defina durante la ejecución del consorcio, y los otros productos, al mercado.
Consorcio InteliAqua
Las universidades, de O’Higgins, de Chile, de Talca, Católica del Maule y Católica de la Santísima Concepción, en asociación con la Fundación CSIRO Research, se presentaron al concurso, al amparo de un consorcio que denominaron InteliAqua.
La presentación de los rectores en Contraloría, establece que la motivación principal de la asociación, fue la representación de la mayor fuerza de I+DF de la macrozona centro sur, que incluye las regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, y de Ñuble, donde tienen casas matrices o campus.
La propuesta InteliAqua se fundaba en el conocimiento de los graves problemas que originan el cambio climático, las sequías cada vez más frecuentes, y la dispersión de la gestión de los recursos hídricos entre la burocracia pública y los intereses privados, incluyendo consumo humano, agricultura, minería, e industrias de alimentos.
La propuesta incluyó treinta y dos proyectos, que entre sus costos incluía la participación de 150 investigadores, funcionarios y directivos de las instituciones del consorcio; además de un intenso trabajo para coordinarlas, definir los aportes de cada cual, gestionar participación y aportes de terceras instituciones, particularmente los Gobiernos y Consejos Regionales, empresas y asociaciones regionales de empresas, juntas de vigilancia de riego, y otras pertinentes.
La propuesta contenía aportes pecuniarios de $3.640.037, y no pecuniarios de $975.246.686, para un total de $4.615.293.686; lo cual suponía un aporte del 70% del costo total del proyecto, respecto de los $2.000.000.000 de CORFO.
El costo de oportunidad no se mide en los balances, pero no por ello deja de representar una pérdida. Los 150 investigadores, profesionales y funcionarios, que dedicaron 70 días al proyecto, a un promedio de 10 horas de trabajo, tuvieron un costo de planilla en torno a los $450 millones.
CORFO respondió con un conjunto de generalizaciones y formalidades, como se verá en su oportunidad, que no explican, ni podrán, las pérdidas de esa género, ocasionadas por concursos poco acuciosos, si es que no con cartas marcadas.
El núcleo tecnológico, establecido en los objetivos específicos de mayor relevancia, es “una plataforma electrónica abierta e interoperable de carácter nacional, que centralice la información generada por los distintos organismos públicos y privados, permitiendo el acceso a información relevante para el monitoreo, alertas tempranas, promover emprendimientos, y toma de decisiones de políticas públicas, entre otros”.
Ello es reforzado en el número 5 de la sección 4.3.1 de la Guía Técnica:
“Una plataforma integrada de información, abierta e interoperable, que proporcione datos consolidados de los recursos hídricos disponibles, modelos de integración e intercambio de datos y canales para la interoperatividad, los cuales deberán colocarse a disposición a través de la administración de dicha plataforma en una entidad pública pertinente”.
También, en la sección 4.3.3.1 de la Guía Técnica, entre los indicadores de resultados asociados a productos y servicios del Consorcio:
“Una plataforma integrada de información, abierta e interoperable, que proporcione datos consolidados de productos y servicios, modelos de integración e intercambio de datos y canales para la interoperatividad”.
El equipo de ingenieros e investigadores de las instituciones del Consorcio que participó en la caracterización y diseño de la plataforma requerida por la CORFO logró, dentro del plazo dado por las bases, incluir en el programa del Consorcio InteliAqua, una propuesta de plataforma que consideraba todos los requisitos exigidos por la institución convocante.
Plataforma mutante
Este punto es crucial, por cuanto el 15 de septiembre, tres días hábiles antes del cierre del concurso, CORFO agregó, al final de la ventana de consultas y respuestas, un documento denominado “Anexo 1 -Información de los Recursos Hídricos del País- Consideraciones para el Diseño de la Plataforma de Información Hídrica”.
El anexo dispone que que la Dirección General de Aguas, DGA, es el organismo público directamente competente para intervenir sobre los recursos hídricos, debido a que desde 2019 está elaborando planes estratégicos de gestión hídrica, PEGH, por lo cual la plataforma del consorcio seleccionado debe ser capaz de “interconectarse con las otras fuentes oficiales existentes para mantenerse actualizada permanentemente”.
Luego de diversas consideraciones sobre las fuentes de los datos, agrega:
“Para una adecuada gestión hídrica es necesario complementar la información sectorial con la proveniente de otros ámbitos relacionados, como el ambiental, la agricultura, la energía, la minería, el ordenamiento territorial y el uso de suelo en general. La plataforma debe integrar directamente, a lo menos, la información contenida en los reportes que los titulares de proyectos reportan a la Superintendencia del Medio Ambiente, indicando su origen. La información de las demás fuentes, que no sea posible integrar directamente, debe ser accesible desde la plataforma”.
Nada de esto estaba en las Bases Generales del Instrumento Consorcios Tecnológicos Estratégicos, ni en la Guía Técnica.
La presentación de los rectores a la Contraloría asegura que el anexo constituyó una modificación extemporánea de las bases del Concurso y contradijo especificaciones de la guía técnica, en cuanto a que “no se ha logrado validar una herramienta o plataforma abierta e interoperable, semántica, técnica y organizacional, que permita recopilar, actualizar, validar y acceder a información pública y privada sobre los recursos hídricos actualizada, oportuna, certificada y de fácil comprensión por los usuarios del agua y las instituciones públicas que tienen un rol sobre este recurso”.
A tres días hábiles del cierre del concurso, CORFO descubría que había, no una, sino dos plataformas financiadas y validadas por ella misma, y exigía que la información generada en los estudios que ejecutara el consorcio, debía visualizarse en las plataformas generadas en los proyectos CIMHi2 y GIRH Choapa3.
CORFO conocía la existencia de esas plataformas cuando convocó el concurso, puesto que había financiado los proyectos que culminaron con ellas.
Es el caso de la plataforma generada por el proyecto Corfo 18BPE-93815 Central de información y modelación hídrica CIMHIi, para la Dirección General de Aguas, DGA.
La plataforma CIMHi2 es una aplicación derivada. Ambas fueron el resultado de proyectos cuyo diseño e implementación estuvo a cargo de la Universidad de California a través de su Fundación UC Davis Chile Life Sciences Innovation Center, UC Davis Chile, parte del consorcio ganador, Gestión de Recursos Hídricos, integrado además por las universidades de Concepción, Católica de Chile, Diego Portales, Bernardo O’Higgins y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA.
En carta al vicepresidente ejecutivo de CORFO, Pablo Terrazas, el 13 de noviembre, los rectores de InteliAqua le manifestaron disconformidad y preocupación”, por el giro de los acontecimientos:
“Una vez vencido el plazo para la formulación de consultas, se verificó una modificación en la página de preguntas y respuestas del referido Concurso, relativa al uso de determinadas plataformas a fin de visualizar la información generada en los estudios respectivos, cuestión que, además de tomar la detección y lectura de la misma en un evento improbable constituye, a nuestro juicio, una irregularidad que no podemos sino advertir. Dicha modificación impuso tomar como referencia las plataformas generadas en los proyectos CIMHi2 y GIRH Choapa3, en circunstancias de que la primera de ellas fue desarrollada por la Universidad de California, UC Davis, con intervención de CORFO, entidad que conocía su existencia al momento de convocar el Concurso, agregándola a escasos días del cierre del mismo. Atendida la evidente ventaja que, en nuestro parecer, la referida acción supone, no nos resultaría extraño que la propuesta del Consorcio en que participa la UC Davis sea aprobada”.
La presentación a la Contraloría entregó otro antecedente relevante:
“La modificación de las bases técnicas, hecha a última hora, supuso para el consorcio en que participó la UC Davis Chile, una ventaja competitiva ajena a la equidad, porque rompió la igualdad de las condiciones en que debió efectuarse el concurso. No nos extraña entonces que, con esa colaboración del convocante, haya resultado aprobada la propuesta del Consorcio en que participa la UC Davis, de lo cual nos hemos enterado por una escueta información aparecida en la ventana “Sala de Prensa” del sitio Web de la CORFO. Tal parece que quienes cometieron las irregularidades sienten la necesidad de bajar el perfil al resultado de sus actos”.
Con fecha 14 de diciembre pasado, Terrazas, respondió con un oficio de seis páginas, en el que virtualmente se desentiende de la acusación. La única referencia a ella, se encuentra en el antepenúltimo párrafo de la voluminosa respuesta:
“La no aprobación del proyecto (…) no tiene relación con las capacidades relativas al desarrollo de la plataforma de gestión hídrica, sino que se refieren a otras debilidades, detalladas y desarrolladas en la comunicación [a la Universidad de Chile] singularizada. Por el contrario, dicha presentación demostró fortalezas al respecto, toda vez que, de acuerdo con lo señalado por la Gerencia de Capacidades Tecnológicas, en base a la evaluación interna y externa realizada, «el sistema de información de recursos hídricos tiene un buen diseño y reconoce los modelos internacionales que han resuelto el problema».
Esa es la respuesta que recibió un grupo de trabajo de 150 personas, de cinco universidades, que participó en un concurso convocado por CORFO, con todas las formalidades y protocolos, y que tiene una apreciación antagónica de los hechos, como muestra su presentación a Contraloría, posterior a la respuesta de Terrazas.
Muy semejante a la que recibió el cuestionario de Red Digital. A la consulta de si CORFO está consciente del daño que puede provocar en equipos de trabajo multidisciplinarios e inter-institucionales que se toman en serio los concursos, dedican ingentes recursos económicos y humanos, y se atienen a las bases, respondió con un concierto de lugares comunes, que dejan las cosas donde mismo:
“De acuerdo a la información y detalle contenidos en los antecedentes y respuestas anteriormente entregadas, se debe indicar que no hubo modificación de las bases ni del alcance de la convocatoria, ni existieron irregularidades en el procedimiento, habiéndose observado en éste los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, verificándose, en concreto, que la actualización del documento de preguntas y respuestas fue efectuada oportunamente y comunicada a través de los medios correspondientes, otorgándose, además, un término adicional para que todos los interesados pudieran considerar su nuevo contenido, prorrogando el cierre de la convocatoria. Por lo anterior, habiéndose realizado el procedimiento con estricto apego a las bases, esta Corporación descarta que se hayan producido los daños señalados”.
El 3 de noviembre de 2020, mediante correo electrónico, CORFO comunicó que el Subcomité de dicha Gerencia, en su Sesión N°344, rechazó la postulación de InteliAqua. El 27 de noviembre, mediante el oficio N° 438, CORFO entregó los fundamentos del rechazo.
El rector de la Universidad de O’Higgins, quién redactó el reclamo a Contraloría, señaló sobre el particular:
“No puedo compartir los juicios allí emitidos, porque después de los hechos que precedieron a la decisión, el tiempo que tomó su preparación -casi un mes- hace legítimo presumir que fue generado ad hoc después de nuestra nota al Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO y no antes de la sesión del Subcomité que lo rechazó. Quienquiera que, como el suscrito, haya formado parte de órganos colegiados que disciernen concursos de proyectos, rechazaría enérgicamente, como yo lo hago, la elaboración tendenciosa, exagerada y peyorativa de los juicios negativos contenidos en la «evaluación». No puedo dejar de relacionarlos como la reacción de los afectados por la nota que habíamos dirigido los cinco rectores al Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, describiendo las irregularidades”.
Agregó:
“No presentamos los recursos de reposición y jerárquico que, solícitamente, puso a nuestra disposición el oficio recibido. No tenía sentido, porque podíamos imaginar fácilmente lo que se resolvería, sobre todo cuando nos instruía que el recurso jerárquico sería ¡ante el Fiscal de la CORFO!”.
Los rectores plantean que CORFO infringió varias disposiciones y artículos de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, LOCBGAE.
Entre ellos, el segundo inciso del artículo 9°, que establece el principio de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo, y el principio de igualdad ante las bases que rigen los contratos.
El artículo 13° prescribe en su primer inciso que “los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan”, y en el segundo, “la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”.
También el artículo 62°, que dice que contraviene el principio de la probidad administrativa, “inciso 1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; inciso 6. Participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad e inciso 8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración”.
Por todo lo anterior, la denuncia solicita la instrucción de sumario administrativo, identificar a los responsables y disponer las sanciones que procedan; declarar lo que proceda respecto del concurso, “debido a la ocurrencia de hechos gravísimos que le restaron imparcialidad, alteraron la igualdad en la concurrencia, y privaron a los participantes de la transparencia debida”, e impartir instrucciones específicas a CORFO “sobre el cuidado que debe poner para cautelar que los concursos que convoca se desarrollen en condiciones que garanticen la observancia de los principios legales y constitucionales que rigen sus actos”.
Algo no cuadra cuando concursos como el del Instituto de Tecnologías Limpias y Consorcio para la Gestión de Recursos Hídricos en la Macrozona Centro Sur terminan en semejante controversia, que aparte de un inútil derroche de recursos, ampara la sospecha de que esas convocatorias encubren la vocación privatizadora de CORFO, como de hecho ocurrió con la licitación del ITL, y puede ser el caso del segundo concurso, a propósito del papel desempeñado por UC Davis.
Hay un tercer concurso de CORFO que presenta similares características, en el que tomaron parte algunas de las universidades que conformaron InteliAqua, aunque en bandos opuestos, casos de las universidades de O’Higgins y de Talca.
Concurso griego, con final predeterminado
En el marco de sus Programas Tecnológicos Estratégicos, el programa Smartfruit: Digitalización de Cadenas Agroalimentarias Frutícolas, CORFO convocó al concurso Consorcio Tecnológico Smartfruit, que apuntó a la creación de un laboratorio de experimentación de agricultura inteligente que promueva la adopción y el uso de estándares de interoperabilidad y el desarrollo de tecnologías digitales para mejorar la productividad y sustentabilidad de la cadena de valor de la industria hortofrutícola de la macrozona.
Los productos y soluciones esperados decían relación con el riego y fertilización eficiente; manejo de eventos climatológicos extremos; logística de precisión para la agroindustria; optimización cadenas logísticas de exportación y trazabilidad de huella de carbono y huella de agua, entre otras.
Entre los objetivos específicos, las bases exigían desarrollar el laboratorio, expandiendo el despliegue tecnológico a predios, frutos y condiciones de prueba; plataforma tecnológica asociada a toda la cadena producción frutícola; sensores para la telemetría e integración de las variables edafológicas, climáticas, riego y ahorro energético con impacto en la agroindustria; indicadores y estándares de medición asociados a la cadena de producción; estándares de interoperabilidad en fruticultura; integración de información y soluciones en automatización y/o mecanización a lo largo de la cadena productiva frutícola; plan estratégico de escalamiento y comercialización, vinculado a la plataforma interoperable; modelo de gestión y gobernanza; estrategia de difusión y comunicaciones; un plan de continuidad de operación de la plataforma post proyecto y sistema de medición y gestión del impacto social y ambiental que genere el proyecto.
En alianza con el Gobierno Regional de Maule, comprendía un subsidio de hasta 70% del costo total $3.000 millones, financiado en partes iguales por CORFO y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con un plazo de seis años.
El consorcio Digifrut que se formó para el concurso, estaba integrado, por las universidades de O’Higgins, de Chile, Católica de Chile, de Concepción, del Bío Bío, Católica de Concepción, San Sebastián, el Centro de Biotecnología de Sistemas de Fraunhofer Chile Research, FCR-CSB, LEITAT Technological Center, Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, CEAF, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, el Centro de Recursos Naturales CIREN, la Federación de Productores de Chile, FEDEFRUTA, la Asociación de Exportadores de Frutas de O’Higgins, ASOEX, la Asociación de Agricultores de Ñuble, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, Agramillora Chile Sur y Agrofresh Chile.
La propuesta de este consorcio incluyó un laboratorio para validar tecnologías digitales de agricultura de precisión disponibles; diagnóstico y catastro de necesidades y soluciones, implementación de sistemas tecnológicos que aumenten la calidad y la producción de frutas; pilotos por región para la integración y transferencia de soluciones tecnológicas asociadas a manufactura avanzada en fruticultura; modelo conceptual de interoperabilidad en fruticultura; redes y alianzas entre las empresas/centros/universidades/actores internacionales relevantes, que aumenten la participación y posicionamiento del sector en los mercados globales, entre otros aspectos, latos de consignar
CORFO convocó el concurso el 5 de julio de 2019. En las bases, subsección 3.1. Alcance, aparece: “la validación de resultados del programa se deberá realizar en al menos la macro-zona comprendida por las regiones O’Higgins, Maule, Ñuble y Bío-Bío”.
En la ceremonia de lanzamiento, realizada el 23 de julio, en el centro de eventos El Romeral, Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de CORFO, explicó que el concurso era solo para Maule y no para las otras regiones de la macrozona centro sur, ante la estupefacción de los dos representantes del consorcio Digifrut.
El 14 de agosto, el rector de la Universidad de O’Higgins, Rafael Correa, sostuvo una reunión con el intendente, Juan Manuel Masferrer, Emiliano Orueta, director regional de CORFO, y los dos funcionarios mencionados; quienes intentaron disuadirlo de presentar la propuesta del consorcio Digifrut.
El 19 de agosto, Correa envió una carta al vicepresidente de CORFO, manifestándole su desconcierto e inquietud por la actuación de Orueta, que organizó la reunión con el intendente, con el objeto de desincentivar la participación de Digifrut en el concurso SmartFruit, por tratarse de un programa que tiene como prioridad ser ejecutado en la región del Maule, y tendría como beneficiario o gestor tecnológico a una institución de esa Región. Agrega:
“Particularmente grave es que este personero de CORFO nos haya anunciado, al intendente y a mí, que en los próximos días difundirían un ademdum precisando que la región de Maule sería la región preferente del concurso, ya que en las bases difundidas se había cometido el error de omitir esa información. Grave por lo que ello implica como decisión anticipada, doblemente grave, porque con bases ya difundidas, un adendum puede aclarar puntos oscuros de las bases, pero no cambiarlas”.
En este punto emerge por tercera vez la falta de respeto de CORFO por los concursantes:
“La Universidad de O’Higgins, con la la buena fe que debe presidir toda institución del Estado, escuchó el llamado a concurso y movilizó de inmediato sus capacidades, comprometiendo a la fecha a más de trece importantes instituciones académicas, de investigación y del sector productivo, de las regiones de O’Higgins, Ñuble y Bío Bío, para construir una propuesta de Programa de la más alta calidad y con las mejores capacidades tecnológicas y de I+D disponibles en nuestro país, para la fruticultura inteligente en la macrozona definida”.
El 5 de septiembre, a cinco días del cierre del concurso, CORFO modificó las bases. Tanto en la página web como en la guía técnica apareció que el concurso se circunscribía solo a la región del Maule. Con esta acción dejó fuera de bases y por tanto fuera de concurso, al consorcio Digifrut.
El mismo día, extendió en dos meses el cierre del concurso, dándole el doble de tiempo al consorcio del Maule, integrado por la Universidad de Talca y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, con el apoyo del gobierno regional del Maule, detalle no menor, si se considera que aportaba la mitad del subsidio no reembolsable de $3.000 millones.
Una explicación plausible es que estando seguro de la adjudicación de un concurso que, desde su perspectiva no era más que una formalidad, no había preparado algo para el 12 de septiembre, fecha de cierre original.
CORFO, en manifiesta parcialidad le sacó del camino a un competidor serio, y le extendió el plazo al doble de lo establecido en las bases. O sea para preparar su propuesta el consorcio del Maule tuvo cuatro meses, y sin competidores.
¿Quién no gana en esas condiciones?
El 17 de septiembre, Terrazas respondió la carta del rector de la Universidad de O’Higgins. Ocupó once carillas, incluyendo anexos, de las cuales despachó el reclamo en no más de dos o tres párrafos.
Afirma que, mediante aviso publicado el 5 de julio de 2019, en la sección de avisos legales de radio Cooperativa, se llamó a concurso del instrumento Smartfruit: digitalización de cadenas agroalimentarias frutícolas, en el cual se “indica expresamente que las postulaciones deberán tener ámbito de ejecución en la Región del Maule”.
Reconoció que, con posterioridad a la apertura del concurso, y antes del término del plazo para presentar las propuestas, “se verificó por la gerencia a cargo del programa, que la información disponible en el sitio web de CORFO, y en la denominada «guía técnica» disponible como documento descargable, contenía imprecisiones relativas al alcance territorial respecto del cual se convocó el concurso, mediante el aviso previamente singularizado”.
Agregó:
“En mérito de lo anterior, mediante aviso publicado el 6 de septiembre de 2019, en la sección de avisos legales de radio Cooperativa, se informó sobre la incorporación de precisiones en la «guía técnica», en concordancia con el ámbito de ejecución definido en el aviso publicado con fecha 5 de julio de 2019, reiterándose que las postulaciones deben presentar ámbito de ejecución en la referida región. En mérito de lo anterior, se prorrogó el plazo para las postulaciones hasta el día 30 de octubre de 2019”.
Concluyó:
“En consecuencia, las bases de los Programas Tecnológicos Estratégicos Regionales, no han sido modificadas, ni tampoco el aviso a través del cual se comunicó la apertura del concurso, el cual desde un origen consideró sólo la región del Maule. Las gestiones realizadas con posterioridad tuvieron como única finalidad rectificar la información de la página web de Corfo y guía técnica, en observancia a lo dispuesto en las bases y en el respectivo aviso”.
En otras palabras, Terrazas pretende que semejante despelote se reduce a un «error» en la página web y en la guía técnica, enmendado por un aviso en la misma sección del portal de radio Cooperativa.
Ese es el criterio del funcionario que maneja la mayor cartera de inversión del sector público para desarrollo productivo.
El 30 de octubre cerró el concurso, al cual se presentó solo el consorcio del Maule. Pero la cadena de desaciertos no había terminado.
En diciembre, CORFO le asignó el concurso al consorcio del Maule, previo cumplimiento de serias correcciones. El 30 de enero de 2020, el consorcio del Maule hace llegar las correcciones solicitadas.
En marzo, CORFO declaró desierto el concurso al declarar inadmisibles las correcciones, sin dar mayores explicaciones.
Con semejante desprolijidad e indolencia, CORFO le falta el respeto a los concursantes, pone en tela de juicio la eficacia del sistema de concursos y derrocha los escasos recursos que el Estado destina a desarrollo productivo.
La estafa de Moya, que pagó Moya
Estos tres opacos concursos se suman a una larga lista de arbitrariedades, chambonadas y derroche de recursos públicos, que siempre caen del mismo lado; de lo que resulta que, de agencia de promoción del desarrollo nacional, CORFO mutó en dispositivo de captura de renta de la élite financiera y empresarial.
Durante las tres oleadas privatizadoras de la dictadura, CORFO vendió activos por debajo de su valor, comprados por los que vendían, con créditos de la propia CORFO; o asumió pasivos de empresas de los grupos económicos y financieros, en quiebra, sea por expansiones sin fundamento, desfondamiento por las crisis económicas cíclicas o intereses creados, a pretexto de sostener la estabilidad de la economía y la confianza de los inversores.
Esas operaciones de rescate tienen, naturalmente, un costo que CORFO no vaciló en endosar al pasivo fiscal; es decir, ajuste por el lado del ingreso y la calidad de vida de las personas.
El caso CORFO-Inverlink es notorio por el abandono, indolencia y laxitud de la corporación en la custodia de su patrimonio -de todos los chilenos- y la alianza pública-privada de ocasión, para rescatar, otra vez, al sistema financiero.
El antecedente que alumbró el descalabro ocurrió el 29 de enero de 2003, cuando Pamela Andrada, segunda secretaria del presidente del Banco Central, Carlos Massad, envió desde el computador de su jefe un correo electrónico que informaba una emisión y colocación de bonos del Gobierno en el mercado por USD500 millones.
El destinatario de la información era el entonces gerente general de Inverlink Corredora de Bolsa, representante legal y socio del grupo Inverlink, Enzo Bertinelli, con quién mantenía una relación sentimental.
Sin embargo, sin darse cuenta, la secretaria escribió la dirección de Inverlink con doble ele, de forma que el correo rebotó. Horas más tarde, Massad encontró en su computador el aviso de que el servidor no había despachado un mensaje.
Sorprendido, no recordó haber enviado ese correo, y llamó a informática, creyendo que se trataba de un virus. Al primer golpe de vista resaltó que alguien utilizaba la cuenta de correo de Massad, para enviar información a terceros fuera del Banco Central, de forma que la dejaron en monitoreo.
Al poco tiempo se detectó movimiento, en ausencia del presidente. Concurrieron a la oficina y encontraron a una sorprendida y aterrada Pamela Andrada, que no trepidó en soltar prenda.
El escándalo fue mayúsculo. A mayor información salía a la luz, más nervioso se ponía el mercado, de suerte que a mediados de febrero la situación se había tornado en una corrida contra el emergente grupo Inverlink, más aún cuando el 7 de marzo, estalló un nuevo escándalo, en una relación causa-consecuencia.
Dos días antes, el fiscal del Banco Santander, Gustavo Romero, notificó a CORFO que el banco había recibido, en parte de pago, 14 depósitos a plazo de la corporación, endosados por Inverlink.
La investigación determinó que Javier Moya, jefe de la mesa de dinero de CORFO, traspasaba documentos financieros, como depósitos a plazo y pactos de retrocompra a Inverlink Corredores de Bolsa, mediante un sistema rudimentario, y artesanal, solo explicable en un ambiente de débil control.
Los depósitos a plazo que CORFO toma en entidades financieras pueden ser cambiados por vales canjeables por el titular, salvo endoso. Estos vales se guardaban en caja fuerte.
El procedimiento de arqueo consistía en verificar, una vez al mes, la simetría entre libros y depósitos. Si el arqueo se hacía los días primero de cada mes, Moya los endosaba a Inverlink entre los días 2 y 30.
El grupo utilizaba esos documentos como garantía para obtener crédito bancario, los cuales devolvía después, en una típica operación de «bicicleta financiera».
Mientras duró, el negocio, era espectacular, ganancia a todo evento; algo así como un «aguila» en el golf, pero repetido en el tiempo; lo cual explica el agresivo ascenso del grupo.
En su declaración, Moya reconoció que trabajaba para Inverlink desde 1993, y con regularidad, desde 1999. En la suya, Bertinelli dijo que Pamela Andrada le enviaba información en agradecimiento por pagarle un tratamiento médico, y que en todo caso, no leía esos correos; los borraba sin abrirlos.
Inverlink recibía información privilegiada del Banco Central, proporcionada por Andrada. A partir de ella, definía líneas de inversión. Con la garantía de los papeles de CORFO, obtenía crédito bancario a baja tasa, el cual después colocaba a interés más alto. Con esa liquidez, el grupo compraba depósitos de largo plazo, orientados por la información privilegiada; una tercera fuente de ganancias, con el diferencial de la venta de esos títulos, cuando su precio subía.
Los documentos eran restituidos a CORFO en las fechas informadas por Moya, y la «bicicleta» esperaba por un nuevo dato desde la oficina de Massad.
Como todo esquema Ponzi, el mecanismo se atascó por un factor imponderable: el escándalo del robo de información al Banco Central, y el consiguiente pánico a los títulos de Inverlink, pusieron al grupo técnicamente en bancarrota.
Desesperado, Eduardo Monasterio, capitoste del grupo, arriesgó el todo o nada a una jugada: vendió en el mercado los papeles de CORFO, en lugar de restituirlos.
El último chirrido de la máquina se apagó cuando el fiscal del Banco de Santander advirtió a CORFO la tenencia de esos bonos.
El salvataje de la banca y la quiebra del jarrón
El arqueo arrojó la circulación en el mercado de unos 200 títulos, con un valor de $85 mil millones de la época, $143,6 mil de hoy; USD114,3 millones de entonces, USD162,4 de hoy; la segunda entre las tres mayores estafas financieras de la historia del país, después del «negocio del siglo», ideado por José Yuraszeck, y las pérdidas de Codelco en los mercados de futuros, operadas por Juan Pablo Dávila.
El 10 de marzo, el tribunal decretó la incautación de los títulos y valores de CORFO, sustraídos por Moya, transados en el mercado por el grupo inverlink.
El ministro en visita, Patricio Villarroel, ofició a las superintendencias de Bancos, de AFP’s y Valores y Seguros, a fin de que se abstuvieran de pagar cualquier documento de la nómina entregada por CORFO.
Asimismo, dispuso que los intermediarios financieros tenedores de esos documentos, debían remitirlos al tribunal. Ese día, presentó su renuncia Gonzalo Rivas, vicepresidente de CORFO, y yerno del presidente Ricardo Lagos, quién, se despachó la dudosamente célebre metáfora del jarrón:
«Obviamente el que compra algo ajeno y sin los debidos resguardos, pierde la plata. Es tan elemental como esto. Es como si entran a mi casa, me robaron un jarrón y después lo llevan a un reducidor. Ese es el rol de Inverlink. Obviamente lo voy a recuperar, porque el jarrón es mío».
El problema no consiste solo en que hasta hoy se ha recuperado una poco transparente parte de ese valor. Lagos tuvo que mascullar, en silencio, una dura derrota, porque, in extremis, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, tuvo que negociar la rendición con el presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, para conjurar la amenaza de los tenedores extranjeros de bonos, de activar la cláusula del “cross default”, que les permitía demandar el pago inmediato de las obligaciones al Estado, y generar una corrida de impredecibles contornos y consecuencias.
Todo esto, en un ambiente de pánico. El 10 de marzo, se produjo la primera estampida de inversionistas desde la crisis de 1982/83, principalmente de fondos mutuos, que retiraron casi USD2.000 millones de una cartera total de USD7.000 millones, espoleados por el escándalo Inverlink.
En rigor, un capítulo más en la la singular relación entre Estado y mercado, en el modelo neoliberal. La crisis planteaba el dilema de la estabilidad del sistema financiero o la recuperación de los papeles de CORFO, robados por un grupo empresarial fullero, inescrupuloso y amoral.
La posición inicial de Lagos representaba el sentido común, el resguardo del patrimonio público, e incluso, la razón jurídica de la propiedad. Al frente, y por arriba, la Asociación de Bancos y los inversionistas extranjeros invocaron el principio de la buena fe de los mercados, pero, por abajo, les bastó con la amenaza de hacer saltar el sistema financiero:
«Los depósitos de la CORFO han sido emitidos conforme a la legislación vigente, lo que significa que tienen libre circulación y que deben ser pagados por los emisores a sus legítimos tenedores, a su fecha de vencimiento, independientemente del negocio que los haya originado o las transferencias de que hayan sido objeto», plantearon en un comunicado conjunto la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio y las Asociaciones de Aseguradores, AFP y de Administradoras de Fondos Mutuos.
En el mismo comunicado advirtieron el efecto devastador sobre el mercado que supondría poner en duda el cumplimiento del pago de estos documentos a su vencimiento.
Tal como sucedió con las privatizaciones durante la dictadura y la crisis de 1982/83, el sector privado ganó por paliza. El acuerdo a que llegaron Eyzaguirre y Somerville consistió en traspasar el problema a la máquina judicial; a cambio de que el tribunal levantara la incautación de los documentos, para que los tenedores de bonos recuperaran su dinero, lo cual ocurrió el 26 de marzo; y que el Estado asumiera la pérdida; o sea, pagar con recursos públicos esos bonos, a pesar de que los endosos no hubieran resistido el menor control.
Una vez más se verificó el principio no escrito del sistema neoliberal, de que las ganancias son privadas, y las pérdidas, invariablemente públicas; o sea, endosadas al conjunto de la población, o «las familias».
Aún hoy se desconoce el monto de lo recuperado por CORFO a través de la vía judicial. Para ilustrar lo elusivo de la tarea, basta consignar que cerca de 53 mil personas naturales o jurídicas invirtieron en fondos mutuos que contenían en sus portafolios, depósitos a plazo que CORFO endosó a Inverlink.
En junio, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados aprobó un informe acerca de las acciones u omisiones que permitieron los ilícitos:
«Para que estas operaciones pudieran efectuarse sin ser detectadas debieron necesariamente confluir muchos factores, algunos directamente relacionados con los sistemas de control de CORFO y las instituciones fiscalizadoras y otros de carácter material”.
Inverlink utilizó con astucia falencias de plataformas que se incorporaban a la tecnología, tales como corredoras de bolsa, administradoras de fondos mutuos y fondos de riesgo.
Los documentos transados en línea son identificados por el nombre del emisor, fecha de vencimiento y monto a pagar al vencimiento, información que le interesa al adquiriente, quién verifica la autenticidad del último endoso, siéndole irrelevante cuántas transacciones se hayan celebrado con anterioridad o cuál fue su origen.
Estas plataformas no incluyen el número de serie de los papeles transados, lo cual impide a la bolsa, operadores del mercado y entidades reguladoras la menor trazabilidad, y determinar, por ejemplo, si el mismo papel ha sido transado más de una vez en el día; si está siendo objeto de pactos con más de un intermediario al mismo tiempo, o ha pasado varias veces por la misma corredora, banco o administradora.
¿Qué hubiera pasado si Pamela Andrada escribía bien la dirección de Bertinelli?
Sin perjuicio de lo anterior, la comisión concluyó:
“Las operaciones fraudulentas, en cualquiera de sus etapas, no hubieran podido producir el cúmulo de efectos perniciosos o dicho de otra manera no habrían podido extenderse en el tiempo, tan impunemente si los controles internos de CORFO, aún con su extrema precariedad, hubieran funcionado razonablemente».
Determinó, además, que en «un conjunto de autoridades hubo omisión de deberes fundamentales de cuidado y diligencia en el desempeño de sus funciones, con grave detrimento para sus instituciones y para el patrimonio público».
Sobre el ex vicepresidente de la CORFO, Gonzalo Rivas, señala:
«Las graves faltas constadas en los controles internos de la corporación, especialmente en la custodia y en la mesa de dinero, no fueron abordadas oportunamente por él y que no consta que haya tomado medidas concretas para fiscalizar o cumplir las recomendaciones de la Contraloría. No verificar en forma específica el cumplimiento de instrucciones constituye una negligencia inexcusable».
Agrega que las autoridades de la SVS y del Banco Central «agravaron las consecuencias» de los hechos investigados, «al no adoptar oportunamente las medidas eficaces frente a la situación generada». En ambos casos, «existieron responsabilidades políticas y administrativas por las faltas cometidas, puesto que salieron de sus cargos».
La comisión identificó las siguientes acciones u omisiones que permitieron el robo del jarrón: 1) falta de auditorías a la mesa de dinero; 2) falta de arqueos periódicos o sorpresivos; 3) retardo inexcusable en el despido de Javier Moya; 4) graves falencias en el control de custodia de CORFO; 5) CORFO no utiliza el sistema de depósito central de valores; 6) incumplimiento de requerimiento de la Contraloría General de la República. Sin embargo, eso no es lo más relevante.
Al borde del precipicio, el sector público y privado acordaron un nuevo salvataje del sistema financiero, y otra fuga hacia adelante.
Entre las consecuencias políticas del descalabro CORFO-Inverlink, estuvieron la designación de Vittorio Corbo en el Banco Central; el acuerdo sobre la denominada «agenda pro-crecimiento», negociada con Pablo Longueira –la reforma al mercado de capitales y el Crédito con Aval del Estado, CAE, fueron subproductos de ella- nuevas franquicias tributarias, a pretexto de la inversión, y el blindaje del neoliberalismo estratégico.
No en vano, al concluir el gobierno de Lagos, Somerville, acaso sin proponérselo, fusiló su futuro político, al proclamar que los empresarios lo amaban.
Para que la contabilidad sea completa, es necesario incorporar el costo de oportunidad. A título de referencia, y a valor actual, los $143,6 mil millones perdidos por CORFO, debido a la desidia en la custodia del patrimonio público y su asimilación a la lógica rentista del mercado, equivalen a 72 concursos como el del Consorcio para la Gestión de Recursos Hídricos en la Macrozona Centro Sur de Chile, o a 48 concursos como el de SmartFruit. En dólares, la pérdida de USD162,4 millones representa el 84% del concurso ITL. .
Las pymes del 1%
Entre las franquicias tributarias arrancadas al tambaleante gobierno de Lagos, en nombre de la agenda pro-crecimiento, estuvieron los Fondos de Inversión Privados, FIP, sociedades fantasmas que no tributan, ni son reguladas, y nadie controla, que invierten en lo que se les venga en gana, las más de las veces, en instrumentos útiles para la elusión tributaria de grupos controladores, o evadir otras regulaciones.
Las grandes fortunas justificaron las franquicias con el argumento de que eran esenciales para el desarrollo de la industria del capital de riesgo y la promoción de nuevos emprendimientos, indispensables para el crecimiento y desarrollo del país.
A título de ejemplo, una institución bancaria financia un FIP con el único objeto invertir en una empresa relacionada, y por esa vía, prestarle al controlador, a través de un tercero, el FIP, sin exceder los límites de la Ley de Bancos.
Significativamente, este inusitado instrumento de elusión tributaria, y de cualquier regulación, ha permanecido incólume desde entonces; una alfombra prodigiosa, capaz de recubrir cualquier laya de basura, estraperlo, sancocho, o peculado. CORFO promovió fondos de inversión de riesgo por cerca de USD500 millones, con el objeto de promover la innovación y emprendimiento, según dijo, entre pymes y microempresas.
Sin embargo, el empresario Pablo González Bustos, gerente general de Salazones y Ahumados Patagonia S.A., pequeña empresa de la undécima región, investigó a los beneficiados, y descubrió a) la mayoría de los fondos favorece a redes sociales y familiares de la élite empresarial, ex dirigentes gremiales de la gran empresa, grandes empresarios, y ex ministros de la concertación, de la dictadura o altos funcionarios del gobierno de Piñera; b) estas pymes empresariales ha recibido aportes multimillonarios, inusuales en el mundo de las pymes reales; y c) la mayoría de los proyectos corresponden a comercio, lucro en educación, intermediación y productos o servicios de baja complejidad, no alineados con la innovación competitiva de nivel global que necesita el país.
A principios de junio de 2014, estalló el escándalo por el millón de dólares entregados a la cadena de pizzerías Papa Johns, una franquicia extranjera, a través del Fondo de Inversión Emprendedor I, ligado al ex presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, y el ex superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke, actores de primera línea en el escándalo CORFO-Inverlink; entre otros socios.
En la lista de beneficiados con los fondos de inversión para capital de riesgo de CORFO; aparecen el principal accionista de Carozzi, Gonzalo Bofill Velarde, y el ex ministro de Pinochet Carlos Cáceres, socios de la cadena de jardines infantiles Vitamina Work Life S.A., empresa categorizada como pequeña.
Recibió aportes, a través del fondo Axa, desde 2008. En 2012, según el reporte de CORFO, recibió 180 mil UF, $4.128 millones de la época.
El ex ministro de Economía del segundo gobierno de Piñera, José Ramón Valente, entonces socio y director ejecutivo de Econsult, administrador de los Fondos de Inversión Halcón, tenía hasta 2009 participación mayoritaria en la sociedad Santo Tomás. La sociedad, relacionada con la Universidad Santo Tomás recibió aportes de CORFO por 109 mil UF, $2.500 millones, desde 2004.
Hernán Cheyre era presidente y socio de Econsult al momento en la empresa realizó el negocio en la Universidad Santo Tomás. En 2010 fue designado vicepresidente de CORFO en el primer gobierno de Piñera. Así de imbricados son los lazos del poder.
Rafael Guilisasti Gana, ex vicepresidente de la SOFOFA y de la Viña Concha y Toro, designado por la Presidenta Bachelet como su representante ante el Consejo de CORFO, aparecía como socio del Fondo de Inversión Austral Capital, junto a José Luis del Río, Juan Claro, Víctor Hugo Puchi, Juan Antonio Guzmán y Bruno Philippi, entre otros peces no solo gordos, sino mórbidos.
Entre las empresas en las que Austral invirtió con fondos de inversión para capital de riesgo financiados por CORFO, estaba Multicaja, que en 2012 recibió 123 mil UF, $2.800 millones.
Entre sus socios estaban Javier Etcheberry, ex director del SII y ex ministro de Lagos; Sonda S.A., de Andrés Navarro; José Luis del Río, del grupo Derco; Consorcio S.A., el grupo de Juan Bilbao, Patricio Parodi, las familias Hurtado Vicuña y Fernández León, y Austral Capital Partners S.A.
Cual eximios guardametas, no dejan pasar balón, así vaya a alta, mediana o baja altura.
Patricio Arrau, fue socio fundador de Gerens Capital, administradora de fondos de inversión de capital de riesgo, entre ellos, el Fondo Precursor. En 2008, Arrau, también decano de la Facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás, y otros empresarios, crearon la empresa Alimentos Puerto Varas, que recibió fondos Corfo por 202.372 UF; $4.600 millones, a través del fondo Precursor.
En octubre del año siguiente, la CUT de la Región de los Lagos denunció: «Nueva estafa a trabajadores en la quiebra convenida de Alimentos Puerto Varas, 89 trabajadores/as reclaman pago de finiquito desde junio 2013».
Y eso que los fondos eran para pymes.
EducaUC es apoyada por el fondo de inversión Expertus, que reúne a empresarios como el ex senador UDI Marco Cariola, Christoph Schiess (Termas de Puyehue), Alberto Hurtado (Embotelladora Andina), José Antonio Garcés (Embotelladora Andina y Consorcio Financiero) y Andrés Lyon (AntarChile).
EducaUC fue un proyecto de la incubadora VentanaUC, creada por la Universidad Católica y Prospectus Development S.A., sociedad que tenía entre sus socios a Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda de los dos gobiernos de Piñera.
EducaUC recibió $3.000 millones de CORFO, en 2012, a través del fondo Expertus. En 2012, el ministro de Hacienda era…Felipe Larraín.
Otro caso emblemático fue el de Roberto Angelini, heredero de una de las fortunas más grandes del país y presidente de Corpesca, beneficiado por subsidios de CORFO por más de $ 500 millones, a su empresa de exportación de productos derivados de las anchoas, Golden Omega.
González sostiene que mientras CORFO asignaba los subsidios a supuestas pymes de la elite empresarial, las casi 1,5 millones de pymes reales y microempresas, se disputaban las migajas de fondos públicos supuestamente destinados a ellas:
“Para éstas, CORFO ideó la creación de empresas promotoras del emprendimiento con financiamiento público, que a través de cursos y asesorías realizan casi un adoctrinamiento en que lo más importante no sería el dinero sino la pasión y el recetario que se les enseña para alcanzar el éxito. Su objetivo pareciera no ser otro que alimentar la ilusión de las mipymes, para mantenerlas ciegas de la discriminación de la que han sido objeto, puesto que los aportes de SERCOTEC o CORFO a los capitales semilla no guardan comparación con los entregados a las élite empresarial. En otras palabras, las autoridades de CORFO se han dedicado a profundizar el modelo de desigualdad con platas que le pertenecen a todos los chilenos, mientras publicitan estar haciendo lo contrario”.
Añade que es el mismo criterio con el que CORFO subsidia las líneas de fomento a la investigación y desarrollo:
“El grueso de esos fondos va a las redes de empresas de propiedad de la élite empresarial. Las pymes de pequeños inversionistas hemos sido meros observadores de esta danza de subsidios millonarios, ya que las actuales políticas que los promueven en su mayoría están pensadas para favorecer a las redes de empresas de las grandes fortunas, cuando debería ser justo al revés. Esto ocurre con los subsidios que se canalizan a través de CORFO Innova, FONDEF-CONICYT, y los que ahora promueven los centros universitarios europeos, que operan en el país con platas públicas proporcionadas por CORFO”.
El resultado es dramático: los recursos públicos gestionados por CORFO, con los que debiera promover la innovación, la investigación y desarrollo, para dar un salto del actual paradigma de desarrollo, fundado en la explotación y exportación de recursos naturales; el comercio y los servicios, y un sistema productivo de baja complejidad, se encuentran capturados por una élite empresarial, que reproduce y profundiza ese modelo rentista y desigual.
Siguiendo a la autora Marjorie Morales Casetti, en la tesis doctoral Nueva Gestión Pública en Chile: Orígenes y Efectos, la modalidad de asignación de recursos mediante fondos concursables asumida por CORFO a partir de 1990, se inscribe en el paradigma global de modernización del Estado, denominado Nueva Gestión Pública, NGP, a pretexto del mejoramiento del desempeño de sector público, que apelaba, de una parte, al comportamiento racional de los funcionarios de gobierno e introducía sistemas de pago por desempeño, y de otra, establecía minuciosos sistemas de evaluación de desempeño, que a la postre se demostraron como escollos formales fácilmente salvables por los que empuñan el sartén.
El nuevo paradigma provocó que el proceso presupuestario dejase de ser una herramienta de asignación de gasto para transformarse en un fin, dando origen a los presupuestos por resultados, PPR, que vinculan la asignación de recursos públicos a resultados demostrables.
Los críticos de esta modalidad argumentan que tiene escasa utilidad, no mide la calidad, genera un inútil aumento de reportes y una proliferación de indicadores de desempeño, que no tienen un impacto efectivo en la toma de decisiones, e incrementan la fragmentación de la administración pública.
Más allá de que se trata de un debate legítimo y provocador, el problema de los enfoques técnicos radica en la creencia en que con dos o tres medidas, el problema se soluciona; más aún cuando dichas «soluciones» provienen de tópicos como la gobernanza, la eficiencia y la tecnología.
El problema de CORFO no es técnico, sino político. Desde que el golpe de Estado liquidó el proyecto desarrollista, o de industrialización por sustitución de importaciones; CORFO ha sido uno de los principales brazos ejecutores del modelo neoliberal.
Desde el punto de vista técnico, el problema es sencillo. Consiste en volver a colocar a CORFO en el centro de un Plan Nacional de Desarrollo, como el que conducía hasta septiembre de 1973.
Desde el punto de vista político, el problema radica en la acumulación de fuerza suficiente para imponerlo, pues es suficientemente sabido que las minorías privilegiadas no soltarán la teta, sin ser obligadas a hacerlo.
La crisis del modelo neoliberal es evidente, lo cual conduce a la necesidad de su reemplazo; debate que, en vísperas de confrontaciones electorales decisivas, permanece inhibido, en sordina; en parte, por su omisión en la pauta mediática, pero no solo por eso.
No obstante, si las pulsiones y convulsiones que sacuden al país se inclinan por lo que expresan las mayorías, la solución técnica y política del problema de CORFO, fluiría de manera natural: en un nuevo modelo de desarrollo, necesariamente descentralizado, la articulación con el proyecto nacional tendría en la experimentada corporación de desarrollo el ejecutante público idóneo para conducirlo.
Ya lo hizo una vez. Con suficiente correlación de respaldo, no hay razón para que no vuelva a hacerlo.
(*) Director de Red Digital.
Versión resumida del informe especial del mismo nombre, publicado el 21 de febrero de 2021
