Por Eduardo Contreras
Vuelvo sobre un tema trascendente, el de la necesidad de la memoria histórica para comprender y enfrentar correctamente el presente y plantearse seriamente las necesidades del futuro.
Cuestión esencial cuando se trata de escenarios como el de nuestro país, donde se sufrió una dictadura atroz que produjo alteraciones fundamentales en la sociedad chilena así como en las ideas y conductas de la población, lo que hace más penosa e increíble la pérdida de memoria de nuestros compatriotas.
Pérdida impuesta con el apoyo de aquellos medios de comunicación que fueron parte de la dictadura y con la complacencia de medios, incluso gubernamentales, que debieran actuar de modo muy diferente.
Sin memoria o bajo la consigna de que “ en todo caso eso fue hace ya muchos años y hasta cuándo seguirán en lo mismo” lo que se logra es mantener la impunidad. Y este vacío, la ausencia de justicia y castigo real a los culpables, es terreno fértil para generar condiciones como las que hicieron posible la tragedia del 73.
Sobre todo si el modelo de sociedad instaurado mediante el genocidio se vé amenazado.
Los ejemplos de crecimiento de la desmemoria y la impunidad sobran.
Escribo estas líneas hoy 30 de agosto un día que, desde hace 6 años y por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quedó establecido como “Día Internacional del Detenido Desaparecido”.
Si bien sabemos de algunas actividades de diversos colectivos, no hay ninguna de caracter central, oficial, ni hay despliegue informativo radial, televisivo o de prensa escrita, ni sesiones especiales del Parlamento o de las organizaciones sindicales, municipales o del gobierno.
Mientras tanto el poderoso gremio de empresarios dueños de camiones amenaza con un paro nacional del transporte, se cruzan acusaciones en uno y otro sentido y se repite la palabra “terrorismo” a propósito de la sospechosa quema de vehículos…. pero nadie recuerda el papel de este mismo gremio en el desencadenamiento del golpe de Estado del 73.
Recomendamos leer el libro “Testigo Privilegiado” con las confesiones del empresario Orlando Saenz que explica, entre otras actividades sediciosas, la de los transportistas y su paro nacional de esos años.
Suma y sigue el olvido : hace sólo unos días en Chillán se conmemoró – como se hace cada 20 de agosto – el natalicio de Bernardo O’Higgins y que tiene lugar en la comuna de Chillán Viejo. El realce fue mayor toda vez que estaba allí la presidenta de la república, Michelle Bachelet, quien horas antes había firmado el documento que crea la región de Ñuble.
Esta ciudad fue escenario de crímenes atroces perpetrados por militares y carabineros a partir del mismo día del golpe y fue precisamente en Chillán Viejo en donde tuvo lugar el 16 de septiembre de 1973 el asesinato del alcalde chillanejo Ricardo Lagos Reyes, de su esposa Sonia Ojeda con un embarazo de más de 7 meses y de un hijo del primer matrimonio del alcalde, Carlos Lagos Salinas; todos los que fueron fusilados en el antejardín de su casa.
Por supuesto sin juicio previo y sin mediar resistencia alguna. Sólo porque se trataba del alcalde socialista de la ciudad.
Hay además un pequeño “detalle” como que el jefe de plaza, la máxima autoridad de la dictadura en la localidad, el oficial de ejército Guillermo Toro Dávila, había confirmado en su cargo – caso único en Chile – a Ricardo Lagos Reyes, de profesión contador, quien era además empresario y muy estimado por todos.
Esta confirmación me consta personalmente pues logramos conversar telefónicamente con Ricardo el 14 de septiembre, es decir 2 días antes del asesinato de la familia y él mismo me lo contó sorprendido y esperanzado de que a lo mejor así podría proteger a muchos y desde luego a los trabajadores municipales.
Parece pertinente agregar que, además, al año siguiente fue secuestrado en Santiago el otro hijo del alcalde, Ricardo Lagos Salinas, miembro de la comisión política del Partido Socialista junto a los compañeros Carlos Lorca, Michelle Peña y Excequiel Ponce, los que hasta hoy siguen en condición de detenidos desaparecidos.
Ricardo hijo fue mi alumno en el Instituto Comercial de Chillán y Lorca mi amigo cuando compartimos como parlamentarios de la Unidad Popular aquellos meses del año 73 en el Congreso Nacional.
Entre los numerosos torturados, desaparecidos y fusilados en el regimiento de la ciudad figuran mi colega abogado Reinaldo Poseck, secretario regional del Partido Socialista, el secretario regional de la CUT y dirigente socialista Robinson Pérez, el dirigente de la Juventud Socialista Patricio Alarcón, los comunistas Leopoldo López , Cleofé Urrutia, el regidor Carlos Montecinos, varios dirigentes del MIR, en fin fueron tantas, tantos.
Por el asesinato del alcalde y su familia a la fecha sólo guarda prisión Patricio Jeldres, oficial de Carabineros. Pero quien era el Jefe de plaza de la zona, es decir la máxima autoridad local de la dictadura y por tanto el principal responsable de lo sucedido era don Guillermo Toro Dávila. Es decir la misma persona que había ratificado en su cargo días antes al alcalde.
Entonces era comandante del Regimiento de Infantería número 9 de Chillán. Hoy preside el llamado Instituto O’Higginiano.
Y sucede ahora que el personaje, nunca procesado por los tribunales como tantos impunes, apareció en Chillán, fue parte de las actividades de este 20 de agosto. Y nadie dijo nada…
Que bien que ahora recién haya sido citado por el ministro Carlos Aldana como inculpado por el asesinato del abogado Reinaldo Poseck ; puede ser el comienzo para hacer justicia en su caso y recuperar la memoria.
Por la misma zona y durante años fue reelecto diputado derechista, con amplia mayoría y por varios períodos, el agente de la DINA y la CNI Rosauro Martínez, procesado por los crímenes de Neltume y del que ahora conocemos nuevos antecedentes de su condición de torturador y además de guardaespaldas del dictador.
Tal vez por eso no es ahora candidato… pero dada la concepción feudal de la derecha chilena le hereda su lugar a su hijo. ¡Vaya democracia la nuestra!…. y que brutal desmemoria.
Leo en la prensa española que se abre juicio en Santiago por el cruel asesinato de Sofía Yáñez, joven en estado de embarazo, asesinada brutalmente en noviembre de 1988 cuando trabajaba en casa de la destacada abogado de derechos humanos Carmen Hertz. Curioso, la prensa nacional no se ocupa del caso…..
En cambio en El Mercurio del pasado domingo se publica declaraciones de Ricardo Ortega, ex oficial de la Fach y hoy dirigente de militares jubilados que aboga en defensa de otro criminal aduciendo su edad, olvidando no sólo que los agentes de la dictadura asesinaron y torturaron a personas ancianas y además que su defendido no era anciano sino muy joven cuando cometió los homicidios.
Pero se permite sostener además que lo que sucede es “peligroso”, que es una “provocación” y que “hasta cuándo”. ¿Una amenaza encubierta?
Los esfuerzos de los que luchan contra el olvido encuentran dificultades y obstáculos que se dan en todos lados por parte de los que instan a dar vuelta la página en aras de una supuesta “ reconciliación” que sabemos imposible.
Por eso no es descartable que a ello se deba, y es otro ejemplo, la circunstancia que por estos mismos días nos enteremos que la embajada de España en Chile, que encabeza el diplomático Carlos Robles Fraga, haya impedido la realización de un acto de homenaje a los españoles republicanos que llegaron a nuestro país hace 78 años en el “Winnipeg”, alegando»deficiencias» en la organización, sin precisar de qué se trata efectivamente.
Lo dicho son sólo algunos de los muchos ejemplos diarios que llaman a elevar el debate y la acción concreta para impedir el olvido y luchar por la verdad por dura que ella sea.
