En 2010, cuando apenas había cumplido los 15, a Patricio Queipul lo acusaron de incendiar el peaje de la ciudad de Victoria junto a unos encapuchados. Él y Luis Marileo se convirtieron en los primeros menores acusados por la Ley Antiterrorista y estuvieron entre las principales noticias de los diarios chilenos. Acorralado, Patricio agarró una mochila y una carpa y subió un cerro al sur del río Malleco: se declaró clandestino. Sólo algunos miembros de su familia podían verlo. Pasó muchísimo frío y comió cuando pudo.
Su nombre volvió aparecer en los medios de comunicación hace una semana. Él y Marileo fueron absueltos por unanimidad en el juicio por la causa “Peaje Quino” en el Tribunal de Angol.
En medio de las audiencias, el martes, Raúl Castro Antipán, un joven mapuche, reconoció que había sido infiltrado en las comunidades por orden de la policía de la región. Era un “delator compensado” (artículo 4 de Ley antiterrorista): un testigo protegido que declaró al menos en tres juicios en contra de mapuches.
En medio del juicio por el caso peaje Quino y ante la sorpresa de todos, Castro Antipán –que en cada pregunta parecía más nervioso- terminó por revelar parte de su historia: se había infiltrado en las comunidades mapuche como un informante remunerado por Carabineros para desarticular agrupaciones, cometer atentados e inculpar a los comuneros.
Incluso, confesó que se le pagó con un departamento y otros detalles que serán parte de una futura investigación. “Era informante, eso nació en febrero del 2009 (…) Nació en una entrevista que tuve con ellos (Carabineros). Me ofrecieron participar como informante e infiltrar la coordinadora (Arauco Malleco) para desarticularla. A cambio me beneficiaba en una detención que tuve en el Regimiento de Coyhaique por hurto de material de guerra”, dijo ante el fiscal.
“Fue más por blanquearme, no quería tener problemas con nadie, no quería tener problemas con la justicia y ahí me empecé a apoyar en ellos, me empezaron a enseñar técnicas de inteligencia para infiltrarme en la organización, de a poco fui sacando información y fue valiosa porque se logró detener a todas las personas que participaron en atentados ese año, a la mitad se podría decir”, contaba tímido ante las preguntas en el estrado. “Yo no encuentro que sea ninguna ventaja que te estén arrendando una casa en alguna parte y estar escondido y vivir con miedo a que un día me puedan hacer algo”.
El abogado Sebastián Saavedra dice que el uso de un “delator compensado” contraviene toda norma internacional, sobre todo a las que está adherido Chile. “Patricio Queipul era menor de edad cuando fue acusado por esto delitos y no hubo resguardos cuando era tan sólo un niño, tampoco se utilizó la ley de responsabilidad penal juvenil para juzgarlo y más grave aún se aplicó La Ley antiterrorista a menores de edad con una figura (informante) que es más grave que esta misma ley… El Estado ha violado totalmente sus derechos”, acusa.
Patricio Queipul ya tiene 19 años, creció rápido, estirado a golpes, heridas de balines y noches en un cerro, una vida clandestina. Sus ojos grandes y tristes son esa marca indeleble. Y no se borra ni con buenas noticias: volver a ver a Noelia su pareja y quedar absuelto de todos los cargos por el atentado al peaje. Indeleble también porque lo escucho hablar desde un teléfono en una playa ventosa y aunque esconda el agobio, lo puedo notar en su voz. Una cicatriz que cada tanto palpa: ¿cómo se le devuelve a alguien la infancia? “Fue mucha persecución, después de cinco años puedo ir lejos de paseo, el fin de semana me fui a Tirúa, antes no podía salir más lejos de la comunidad”, dice al celular.
Patricio se crió con su tío, el lonko Víctor Queipul y su prima la werkén Vania. Esa fue su familia desde que su madre se fue de la comunidad autónoma de Temucuicui con rumbo al norte en busca de trabajo. Patito, como le llamaban sus amigos, era un niño tímido que iba al colegio San Francisco de Asís.
Llegó hasta sexto básico, producto del acoso policial y un poco por el bullyng que le hacían sus compañeros por ser “indio”, como le suelen decir en las clases a los winkas (chilenos). En esa frontera invisible que separa todo, Patito era un chico, que al igual que el resto de sus vecinos, normalizó la violencia de Carabineros, las detenciones, las audiencias, los familiares detenidos y la cárcel como único destino.
A los 10 años ya había recibido perdigones. Después de un allanamiento a la comunidad, una foto suya se convirtió en el símbolo de denuncia que sufren los menores mapuches. Se lo ve a Patricio con el brazo vendado y los ojos mirando directo a la cámara.
A los 11, camino al colegio, la policía lo detuvo para interrogarlo, unas semanas después lo golpearon y hasta durmió en un calabozo, comió mendrugos de pan que le pedía a los vecinos y deambuló perdido. A los 12, recibió siete perdigones en su cuerpo y estuvo internado de urgencia.
Al otro lado de la línea, Patricio dice que ahora volvió a su trabajo en la comunidad, doma caballos y cobra cuarenta mil pesos por cada equino que deja dócil. “Cuando el caballo sale chúcaro, uno lo monta hasta que quedan mansitos, me demoro como tres días, con esto me gano la vida”, dice mientras se encuentra en plena faena.
-Patricio. ¿Demandarás al Estado?
-Si pueh, por todo el daño sicológico que me hicieron cuando chico, ¿Le conté lo del reumatismo en las rodillas que tengo por el frío que pasé en el cerro?- pregunta, pero ya es la hora de almuerzo, debe ir a comer.- Chuta, me acordé que ayer tenía que llamar al abogado, se me había olvidado donde he estado estos días domando caballos, pero a este ya lo tengo casi listo.
(*) Autora de Una guerra de fuego y sangre en el paraíso mapuche.
Fuente: Anfibia
