Amnistía Internacional denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia en Quito, Ecuador, que las autoridades chilenas siguen cometiendo violaciones de derechos humanos de forma generalizada.
Eso demuestra, según la entidad, que el gobierno de Sebastián Piñera no ha tomado decisiones efectivas para hacer frente a la crisis.
En comunicado difundido hoy, Amnistía Internacional sostiene que la información recabada hasta ahora, «permite concluir preliminarmente que estos no son hechos aislados, sino que el uso excesivo de la fuerza por las autoridades chilenas ha sido una constante».
«La represión violenta contra quienes se manifiestan ha sido constante e incluso podría intensificarse tras las medidas de seguridad propuestas por el presidente el 7 de noviembre”, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Esta continuidad demuestra que no hay una voluntad real de cambiar la estrategia fallida para atender los reclamos de la ciudadanía, con pleno respeto de sus derechos. Le reiteramos nuestro llamado al presidente Piñera: no hay tiempo que perder, ordene frenar de inmediato el daño que están causando las fuerzas de seguridad, de lo contrario no se puede generar un verdadero espacio de diálogo para escuchar las demandas de la sociedad sobre las grandes deudas en materia de derechos humanos. Los ojos del mundo siguen puestos sobre Chile”.
El equipo de crisis y respuesta táctica para las Américas de Amnistía Internacional lleva dos semanas en terreno, y junto con Amnistía Internacional Chile está realizando una minuciosa documentación de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
El equipo de investigación se ha reunido con autoridades chilenas, organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares.
En solo una semana, Amnistía Internacional recibió más de diez mil denuncias y abundante material audiovisual sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de militares y carabineros, los cuales están siendo verificados por los especialistas digitales y de armas de la organización.
La presentación de los resultados de su investigación se realizará próximamente.
“Lo que está pasando en Chile es trágico. En tres semanas el Estado ha hecho uso excesivo y muchas veces innecesario de la fuerza, con frecuencia contra personas que participaban o estaban cerca de manifestaciones mayoritariamente pacíficas. Queremos dejar algo bien claro: no estamos hablando de hechos aislados, los casos se multiplican por miles y están ocurriendo en prácticamente todo el país”, dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Agregó:
“Resulta espantoso que, en cuestión de días, más de 20 personas hayan perdido la vida, cinco de ellas sería debido al actuar de agentes del Estado. A estas terribles cifras se suman cientos de personas que han sufrido lesiones irreparables, como la pérdida de ojos, provocadas por disparos de balines de goma o bombas lacrimógenas que han ido directamente hacia sus cabezas. Además, hemos documentado casos de tortura y violencia sexual. ¿Cómo puede el gobierno chileno minimizar la gravedad de estos hechos que siguen sucediendo a diario? Es urgente tomar medidas para que esto pare.”
Equipo de expertos de la ONU
El viernes pasado, el grupo de expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, evacuó su primer informe, en el que condena la violación de derechos humanas acaecida en el marco de la gran protesta social contra sistema neoliberal, y exhortó a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones.
El documento subraya que a la fecha, del informe se cuentan al menos 20 muertos y cerca de 1.600 personas heridas, además de la detención de más de dos mil personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes.
El equipo de la ONU condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado:
“La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas”.
Los expertos están «profundamente preocupados por los informes sobre el uso excesivo de la fuerza contra las personas antes de la detención; y por la información recibida sobre abusos perpetrados en contra de niños y niñas, malos tratos y golpes que podrían constituir tortura».
«También se han recibido informes de violencia sexual en contra de mujeres, hombres y adolescentes, incluyendo prácticas tales como desnudamientos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención», indicaron.
“El elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad”, agregó el informe.
Le recordó al Gobierno de Chile que «tiene la obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino de proteger a las personas de los actos de violencia cometidos por particulares. Debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos”.
El grupo de expertos está formado por Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; José Antonio Guevara Bermúdez, presidente-relator, Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria; Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos y, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer y las niñas.
A su turno, el Sistema ONU en Chile emitió una declaración en la que “urge a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que hasta el día de hoy ha causado cientos de heridos y más de 170 traumas oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
La ONU Chile sostiene:
“La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales, constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad”.
En su declaración, el Sistema de Naciones Unidas en Chile, concluye con un llamado «a alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes y que han sido ratificados por el Estado chileno”.
Policía autonomizada
En este contexto, resultó altamente sorprendente un informe, firmado por el abogado del ministerio, Carlos Flores Larraín, en respuesta a oficios de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el curso de la tramitación de recursos por lesiones oculares.
En este, dice que, si bien el ministerio del Interior “cuenta con facultades para coordinar, controlar y evaluar” las acciones de Carabineros, “no puede señalar a las fuerzas policiales ni a las de defensa nacional los procedimientos, el contingente que participa en ellos ni los equipos o armamentos a utilizar, debido a que esa determinación compete exclusivamente a los altos mandos institucionales”.
En otras palabras, y en los hechos, una policía autonomizada del poder político; conclusión que refuerza un video del general director, Mario Rozas, dirigido a los funcionarios de la institución, difundido el domingo recién pasado.
En el video, Rozas compromete el respaldo institucional a todos aquellos funcionarios que está siendo procesados o sumariados por violeción de derechos humanos:
“Quisiera decir que todos aquellos que están siendo sumariados, que todos aquellos que están puestos en conocimiento del Ministerio Público, sepan que vamos a tomar todas las acciones, todos los resguardos, para que tengan el debido proceso y la defensa que todo el mundo tiene derecho. Por lo tanto, ya dispuse de que la Dirección de Justicia, con todos nuestros abogados, y si es necesario coordinar con abogados externos, para tener la mejor defensa y poder clarificar estas verdades desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista administrativo”.
Luego, hace una particular interpretación de la instrucción del ministerio del Interior, en orden a «acotar» el uso de perdigones y balines:
«El uso acotado de la escopeta anti disturbios, no es otra cosa que ajustar nuestros protocolos de la mejor forma posible, por eso ustedes ya van a recibir las instrucciones de parte de los jefes de dispositivos, de los jefes de unidades, de los jefes de las altas reparticiones, en el sentido de obrar mejor para evitar cualquier situación que se nos pueda endosar”.
Nótese: situaciones que se les pueda endosar. Sigue con un párrafo surrealista, atendiendo los días que corren:
“Solamente reiterarles mi reconocimiento, mi gratitud por todo lo que están haciendo. Siento que lo estamos haciendo bien, que somos parte de la solución y que el orden y la seguridad se deben imponer. Y eso pasa por el trabajo de cada uno de ustedes, que yo valoro en toda su dimensión».
Más de 200 lesionados en la vista, no menos de 30 con pérdida de visión total en un ojo, por perdigones o balines disparados a quemarropa, y el general director de Carabineros considera que lo están haciendo bien.
Un autorretrato de la república neoliberal que millones de chilenos en las calles quieren sepultar en el pasado. Pero, en el video de marras, todavía faltaba el salto desde el surrealismo a la paranoia:
«Es el momento de estar unidos, estar cohesionados, en la medida que estemos unidos como ahora, créanme que va hacer muy difícil que nos hagan daño. ¿Cual es la mejor carta de presentación? El trabajo bien hecho, de esta forma vamos a seguir avanzando y saliendo adelante”.
¿Hacerles daño?; ¿trabajo bien hecho?
¿En qué país vive el general?
Un ojo de la cara
El pasado 5 de noviembre, una querella contra Piñera y todos quienes resulten responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Chile, desde el 18 de octubre pasado, fue acogida a trámite por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, por la presunción de autoría mediata en nueve delitos, entre ellos “torturas y apremios ilegítimos”, “mutilación de miembros” y “destrucción de globo ocular”.
La situación de Piñera es más comprometida de lo que aparenta el gobierno, toda vez que la Ley 20.357, establece:
“Las condiciones bajo las cuales pueden resultar responsables, como autores, los civiles o uniformados que ostenten la calidad de ‘autoridades o jefes militares’ (…) incluye, en primerísimo lugar, a quien sea Jefe de Estado al momento de ser cometidos los crímenes”.
El artículo 35 de la misma norma para explica que existe una relación “considerablemente más estrecha de la regla sobre ‘responsabilidad de los jefes y otros superiores’, contenida en el art. 28 del Estatuto de Roma, que fija el derecho aplicable por la Corte Penal Internacional”.
Ese artículo establece la responsabilidad del Jefe de Estado respectivo que, aun no teniendo conocimiento de los crímenes cuya perpetración no impidiera, ‘deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos’”.
En los hechos, el Presidente hizo “caso omiso” de las diversas advertencias hechas por organizaciones pertinentes, como el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Oftalmología, e internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, respecto al uso indiscriminado de balines y perdigones por parte de agentes del Estado, y la dramática estadística de las lesiones oculares.
“Cuando empezamos a denunciar esto, habían 29 ojos perdidos. Hoy van más de 200. Hemos tratado de dialogar de todas las formas y nos enfrentamos a una pared que no responde. Es una irresponsabilidad no solo de quienes están utilizando estas armas, sino de todas las autoridades que han avalado permanentemente este accionar y este daño”, refirió el doctor Enrique Morales, presidente del Departamento de DD.HH. del Colegio Médico.
Agregó:
“La responsabilidad de no haber escuchado las advertencias que insistentemente hizo el Colegio Médico es inaceptable. En todo Chile, en todas las grandes ciudades, se han violado de manera generalizada los derechos humanos. No cabe duda, hay denuncias, hay querellas. Es una vulneración de derechos generalizada”.
El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, a raíz del caso de Gustavo Gatica, comentó:
“Tenemos que reconocer que estamos frente a una catástrofe sanitaria. La cantidad histórica de personas que están quedando ciegas de un ojo es tremenda”.
La investigadora de Amnistía Internacional, Pilar San Martín, quien ha trabajado en terreno recopilando información sobre el uso de la fuerza pública en las manifestaciones, ha señalado taxativamente que hay evidencia sólida de que muchas personas han sido atacadas deliberadamente por Carabineros:
“Una de las conclusiones preliminares es que el Estado está utilizando la fuerza para dañar. Hay demasiados casos, demasiadas lesiones graves que indican que las personas están siendo intencionalmente atacadas en las partes superiores del cuerpo”.
El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, indicó:
«La omisión de antecedentes de que subordinados están cometiendo crímenes, debería ser tenido en cuenta en el análisis prospectivo de la responsabilidad penal que, desde el punto de vista del derecho internacional, pudiera llegar a ser atribuible al Presidente de la República, en referencia a los hechos punibles perpetrados por agentes de Carabineros y del Ejército bajo la vigencia del estado de emergencia que él decretó”.
El número de lesiones oculares es una oscura imagen de exportación de Chile. Dos influyentes medios internacionales –The New York Times y BBC– dedicaron reportajes a una situación que fue descrita como una práctica sin precedentes en el mundo y que se explicaría, en parte, debido al escaso control que ejerce el Ejecutivo sobre Carabineros.
Sobre ese particular, el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof), Dennis Cortés, afirmó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que, en apenas 16 días de protestas, la cifra de lesiones oculares en Chile amenazaba con convertirse en récord mundial:
“Haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflictos -y estoy incluyendo a Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros- en total son más de 1.900 lesionados por balines, y de ellos 300 tenían lesiones oculares. Nosotros tenemos prácticamente la mitad de ese número en dos semanas. Hoy, ya son dos tercios».
Con la excepción del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quién afirmó que “en varias de esas lesiones oculares desproporcionadas hay violación a los derechos humanos”, la posición invariable del gobierno ha sido de entregar un respaldo a todo evento a Carabineros, o afirmar que se trata de casos aislados, o “excesos”, como los llamó el titular de Justicia, Hernán Larraín, que se van a «investigar y sancionar».
Es más, el representante del ministerio del Interior en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humano, celebrada este lunes en Quito, abogado Mijail Bonito, tuvo el descaro de negar la violación de derechos humanos de parte de Carabineros, con un argumento absurdo y baladí:
“Se han presentado denuncias incluso de funcionarios del INDH donde presentan en televisión balines de acero. Carabineros de Chile no usa balines de acero. Nosotros vamos a entregar todas las facturas de compras y además todo un análisis de los perdigones de goma. No se utilizan balines de acero en las fuerzas de orden público de Chile, por lo tanto, establecer que ese balín es de personal de orden público no corresponde“.
Esa estupidez equivale a afirmar, con amplia soltura de cuerpo, que las doscientas lesiones oculares sufridas por el mismo número de chilenos, son atribuibles a los alienígenas que vio la señora de Piñera.
El Colegio Médico informó que hasta el sábado 9 de noviembre, un total de 201 personas han tenido algún tipo de lesión ocular. De acuerdo con el informe, 151 de ellas se han atendido en la Unidad de Tratamiento Oftalmológico del Hospital del Salvador, centro de referencia metropolitano para traumas oculares, donde el promedio de edad de los heridos es de 29,6 años. En el mismo recinto, 27 personas han ingresado con “visión cero”, mientras 18 lo hicieron con “estallido ocular” y 14 con “herida penetrante”.
Si se analiza toda esta información con visión prospectiva, es evidente que el gobierno que encabeza Sebastián Piñera es responsable de graves violación de los derechos humanos, las cuales están siendo investigadas al menos por un tribunal nacional, y pueden ser perseguidas por jurisdicciones del derecho internacional.
Si se mantiene la tónica hasta la fecha, de que todo lo que intenta Piñera le sale mal, o al revés, capaz que su nula visión sobre las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por la policía militarizada de Fuerzas Especiales de Carabineros, le salga más onerosa que un ojo de la cara.
Transmisión de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
