Los atropellos del gobierno de Piñera a las libertades de información, expresión y prensa, evidentes hasta el grado del absurdo, como todo en este gobierno de pesadilla; tienen, sin embargo, la virtud de iluminar lo que ya era evidente: dichos  derechos y libertades son ilusorios, con el control de los medios de comunicación  por el núcleo hegemónico de poder.

Sin embargo, las torpezas del gobierno, y del propio Piñera, quedaron expuestas ante la gran pantalla del imaginario colectivo,  en una potente conexión sináptica  entre el espectáculo mediático y las redes de comunicación digital.

Puede que el sistema mediático las omita, o las descontextualice. Pero ya no puede ocultarlas, como hasta no tanto tiempo.

Bochorno internacional

Las chambonadas del gobierno  empezaron con la llamada de Magdalena Díaz, jefa de gabinete de Piñera, al propietario de La Red, Remigio Ángel González, para quejarsede la entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, que cumple condena de 30 años por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, en el programa Mentiras Verdaderas del pasado  lunes 15 de marzo.

El punto es que la maniobra no  dejó chapuza sin cometer, aún antes de perpetrarse;  de algún modo como la DINA, previo al asesinato de Letelier.

De entrada, según el reportaje de Interferencia,  la llamada se decidió en el círculo presidencial. Algunos de los presentes advirtieron el terreno fangoso, que fácilmente podría enlodar al gobierno, en caso de hacerse público.

Se impuso la línea dura. Así les fue.

El segundo paso en falso ex-ante remite al contacto que facilitó el número privado del poderoso empresario mexicano, un ex ejecutivo de La Red, que salió de la misma mal calificado, a quién González detesta.

El tercer error previo, imputable a la soberbia del entorno íntimo de Piñera, consistió en no documentarse sobre Remigio Angel González,  empresario mexicano nacionalizado guatemalteco, propietario y fundador de la red latinoamericana de medios Albavisión; pez comparativamente al menos tan gordo y astuto como Piñera, con la diferencia de que partió desde abajo.

Al igual que Piñera, tiene su imperio montado sobre una impenetrable urdidumbre de sociedades. Albavisión controla 43 estaciones de televisión, 46 emisoras de radio, 11 medios impresos y 3 empresas de cines; en 15 países de centro y sur América y el caribe; y factura fácil entre dos o tres mil millones de dólares anuales, dato imposible de corroborar, dada la cultura del secreto al interior del conglomerado, partiendo por el propio González, apodado apropiadamente «el fantasma» .

Por tanto, no es alguien a quién pueda impresionar la llamada de una asesora del gobierno de Piñera -a quien desprecia como empresario- inesperada, por demás.

Evidentemente, se sorprendió con la llamada de Magdalena Díaz, jefa de gabinete, y más aún cuando le dijo que el presidente estaba preocupado porque “su canal se fue a la izquierda”.

Añadió:

“El daño que se le hace a la democracia con esta línea editorial es complicado pues genera divisiones en el país”.

Le pidió intervenir la gestión del director ejecutivo de la estación , Víctor Gutiérrez.

De acuerdo al mismo medio, González respondió que Gutiérrez cuenta con su  confianza; y que lamentaba las repercusiones de la entrevista, pero que es  parte del ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

El cenáculo que tomó la decisión, ¿por ventura creyó que esa gestión, ante semejante magnate mediático, iba a quedar en el silencio de los iniciados?.

Resultado neto; Piñera quedó como un político necio, tan básico como Pinochet, en materia de libertad de expresión, información y prensa, que parece no comprender que los tiempos ya no están para intervenir medios, o poner y sacar jefes editoriales, en función del  interés del gobierno de turno; menos cuando el propietario reside en Miami, y detenta semejantes espaldas.

Esa más, La Red anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humados, CIDH, asunto que cada cierto tiempo, entrará irremediablemente en la pauta informativa, sea oficial o alternativa.

Es casi innecesario consignar que estos bochornos episodios del gobierno son tendencia en las redes sociales, lo cual multiplica su exposición.

Esta esta lerda operación mediática  tiene un notable punto de contacto con el Piñeragate de 1992, cuando el entonces senador intentó torpedear la candidatura de Evelyn Matthei mediante una maniobra mediática, sin saber que lo estaba grabando el espionaje del Ejército.

Magdalena Díaz es hija de Pedro Pablo Díaz, el palo blanco que contactó al periodista Jorge Andrés Richards, panelista del programa A Eso De, para transmitirle las instrucciones de Piñera para el programa de aquel ya mítico programa del 23 de agosto de 1992, cuando Ricardo Claro se anticipó a la maniobra, y sacando una grabadora marca Kioto,  reprodujo la conversación de Piñera y Díaz.

Así también le fue. Sólo que entonces, iba de subida. Igual le costó la candidatura presidencial de 1993, cuando luego del desastre, la derecha ´llevó de candidato al desabrido y poco conocido senador independiente por Antofagasta,  Arturo Alessandri Besa, cuyo mayor mérito parecía consistir en su parentesco con el león de Tarapacá, el asesino por toda generación.

Terco como es, Piñera no escarmienta, ni parece sacar conclusiones.

Lo intentó de nuevo, ahora sin intermediarios. Según Interferencia, habría llamado a Jorge Carey Carvallo, Y una vez más, el tiro le estalló en la cara.  Es cierto que el gobierno lo desmintió, pero no a través de un comunicado oficial, sino  por medio de las proverbiales fuentes anónimas, lo mismo que la versión de Interferencia; por lo demás.

Como fuere, no tendría nada extraño esa llamada, considerando que Jorge Carey Carvallo es hijo de  Jorge Carey Tagle, influyente abogado conservador, viejo amigo de la familia.

Al punto que apenas afloraron los antecedentes de caso Exalmar, salió a defender a Piñera, mediante el socorrido argumento del empate moral, con una acusación de corrupción contra un cuñado de Lagos:

“Nadie debe oponerse a que se investigue la compra por una empresa del ex Presidente Piñera de acciones de una sociedad pesquera peruana mientras él era Primer Mandatario o la corrección de la adjudicación de obras públicas a una empresa española cuyo ejecutivo máximo en nuestro país es un cuñado del ex Presidente Lagos. Sin embargo, los chilenos tenemos derecho a esperar que esas investigaciones, de ser procedentes, sean hechas con la máxima responsabilidad cívica y cuidando la honra de los afectados”.

El siguiente párrafo de su carta a El Mercurio es surrealista, en cuanto retuerce la realidad:

“Chile ha sido tradicionalmente un país donde sus políticos y periodistas, salvo contadas excepciones, se han comportado con decencia. Ojalá no la perdamos en dos casos que afectan o salpican a dos ex Presidentes, ya que, de otra forma, descenderemos en uno más peldaños en nuestra autoestima, espíritu republicano y bien ganado prestigio internacional”.

Como fuere, el tema de la llamada, real o supuesta, de Piñera a Caray Carvallo, se expandió como bomba de racimo por las redes sociales.

Su intervención y la nuestra

El periodista y conductor de Contigo en la Mañana, de Chilevisión, Julio César Rodríguez, objeto de la presunta llamada, aseveró que de ser cierta, la llamada era equivocada;

«Justo CHV está en un proceso de venta, donde si llamó Piñera, llamó al teléfono equivocado. Se equivocó de dueño. Más encima huevón.

El asunto tomó un giro inesperado, cuando Heraldo Muñoz, pre candidato presidencial del PPD, criticó, en el programa de Rodríguez, la intervención de Piñera, llamando o haciendo llamar a directores de medios de comunicación, para dictarles la pauta.

Rodríguez le recordó las llamadas del mismo, o del ministro del Interior, cuando era editor de La Nación Domingo:

Viene al caso consignar que el 24 de mayo de 2003, debido a la censura que ejerció la dirección del medio sobre el reportaje «La caja negra del Indap» que debía salir al día siguiente, renunciaron junto a Rodríguez, el subeditor, Mirko Macari; los periodistas Alejandra Matus, Marcela Ramos y Marcelo Padilla; los colaboradores Leonardo Navarro, Pablo Basadre, Macarena Silva, Claudia Molina y Juan Sharpe; y los columnistas Paul Walder, Guillermo Tejeda y Domingo Domínguez.

En ese tiempo, el Estado detentaba el 69% de la propiedad de la Empresa Periodística La Nación S.A. Su directorio estaba compuesto por Mahmud Aleuy Peña y Lillo, presidente y los directores Jorge Awad Mehech, Luis Eduardo Thayer Morel, Raimundo Valenzuela de la Fuente, Isidro Solís Palma, René Jofré Delgado y Enrique Alcalde Undurraga. El director del periódico era Alberto Luengo Danon y su editora, María Paz Moya.

El episodio demuestra que la intervención en los medios de comunicación, alternativamente por el poder empresarial y el poder político, no es una excepción, sino una caracteríastica  de la república neoliberal, entendida por el consenso entre la derecha y la concertación para mantener inalterado el modelo neoliberal, y post 18/O, salvar lo que se pueda, de una estantería que se derrumba de manera irremediable.

Es en esa dimensión donde los derechos y libertades asociadas a la información tales como, expresión, opinión y prensa, son conculcados mediante intervenciones directas, como se vio, o por presiones económicas relativas al avisaje, o por autocensura. Ejemplos hay más que suficientes, como para que sea necesario exponerlos.

Sin embargo, si en en el vórtice de la crisis  Piñera perdió el control, también lo hizo el sistema mediático.

La primera línea de los acontecimientos es disputada por un activo y determinado conjunto de redes sociales y medios digitales, con niveles de audiencia suficientes para desafiar la hegemonía del sistema mediático, en el campo de la información.

Agresión selectiva

Eso, el gobierno de Piñera  lo sabe, y por tanto, sea que lo ordenó o lo permite; el hecho es que en la calle, Carabineros suprime esos derechos y libertades, cuando agrede a periodistas, comunicadores, camarógrafos y reporteros gráficos, no sólo haciendo caso omiso de sus credenciales, sino precisamente a causa de ellas.

Las estadísticas son impresionantes. Claramente, no se veían desde la dictadura.

El Observatorio del Derecho a la Comunicación lleva el siguiente registro, para el período comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2021.

Libertad de Expresión: Retroceso a Estándares de la Dictadura

Algunas de esas agresiones han sido particularmente violentas y selectivas, como la tercera detención que sufrió la periodista Claudia Aranda, el pasado 19 de marzo, en torno a las 19:00 hrs., en plaza Dignidad.

https://youtu.be/pKXdlYaMIxQ

Cuenta en su relato que quedó tan debilitada por las agresiones verbales y físicas que perdió “el conocimiento en algún momento, no querían que reporteara”, pero antes de eso “les supliqué muchísimo ‘por favor hijo’ le decía, ‘no puedo más del dolor’ y los hueones subieron la música. Yo les decía ‘por favor, dejen sentarme’ y ellos subieron la música. Igual que en la CNI”.

Agregó también que la llevarían a revisar lesiones a la Posta Central, sin embargo “cuando íbamos camino a la posta, el Teniente que me agarró le dice por radio ‘¿Cómo que a la posta? No, no, tráiganmela a mí’ y se desviaron. Me llevaron a la Primera (comisaría), yo sola con todos ellos, me amenazaron, me fumaron encima, me esposaron de nuevo, me grabaron el cuerpo, me amarraron a unos fierros en una jaula”.

Ante la gravedad de los hechos, el Colegio de Periodistas emitió el enérgico comunicado de rigor:

El reportero gráfico Felipe Avila perdió un ojo, el 12 de diciembre pasado, en plaza

Espionaje a periodistas

En ese contexto, se conoció el espionaje del Ejército a seis periodistas

En la investigación por el espionaje del Ejército al periodista Mauricio Weibel, quien reveló el millonario desfalco conocido como milicogate, el Ministerio Público acreditó que dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, Luis Toledo Cid y Aida Segovia Crisóstomo , solicitaron al Registro Civil antecedentes relacionados con el reportero y con ex militares denunciantes de corrupción al interior de la institución castrense.

Toledo pidió certificados de Mauricio Weibel y de Carlos Farías, uno de los ex militares denunciantes de corrupción en el Ejército. Aida Segovia pidió antecedentes de la madre del capitán (r) Rafael Harvey, otro denunciante de irregularidades.

Ese informe de la PDI, que fue entregado a la Fiscalía, señala que las solicitudes que Toledo y Segovia hicieron al Registro Civil provienen de la misma dirección IP: 200.72.183.76. El documento de la policía civil revela que desde esa misma dirección IP también se pidieron al Registro Civil antecedentes de los periodistas Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña, Pascale Bonnefoy, Santiago Pavlovic  y Daae Fuster.

El mundo invertido

A pesar de que Weibel demostró que la autorización judicial  para espiarlo fue obtenida mediante documentación falsa y engaño a la Corte de Apelaciones, ni el Ejército, ni el ministro de Defensa ni el gobierno han dicho una sola palabra sobre la maniobra, claramente ilegal.

En cambio, el Ejército, en un acto de la mayor gravedad, lindante con la sedición,  y en todo caso atentatorio contra los derechos y libertades asociados a la información, envió un carta Víctor Gutiérrez, Director Ejecutivo de La Red, para expresar su descontento con el programa “Políticamente Incorrecto”, debido a una sátira en el programa de humor político, en el que se simula una entrevista a un mando de la institución.

Según el texto, esto denostó al Ejército y sus integrantes, ya que el sketch tenía el fin de dañar su imagen pública. Agregó que la situación evidenció la ignorancia  sobre sus labores.

Finalmente, indicó:

“El ejercicio de las libertades de expresión e información es esencial para el progreso de una sociedad cuando se envejece con la verdad y responsabilidad, la que no ha ocurrido en este caso”.

La carta la firma Sergio Gutiérrez Sepúlveda, general de rrigada y secretario general del Ejército,

Más grave aún, se trató de una maniobra coordinada, la la que también participaron, a través de sendas declaraciones, la Armada y la Fuerza Aérea.

La Armada, a través de un comunicado, expresó que “comprende” y  “solidariza” con el “justo malestar del Ejército de Chile” y también se permitió pautear el ejercicio periodístico y comunicacional:

“Programas como el indicado en nada aportan a la necesaria unidad nacional, en momentos en que el país vive una situación crítica por la pandemia que nos afecta”.

La FACh no le fue en zaga:

“El periodismo y sus diferentes géneros son indispensables en una sociedad democrática, por lo que hacemos un enfático llamado a los medios de comunicación, para velar por una muestra programática responsable evitando la crítica destemplada y sin sentido como en este caso”.

Los textos de los tres comunicados fueron redactados por oficiales de las instituciones castrenses con asesoría de periodistas y funcionarios internos, previa revisión de la parodia y contenidos del programa, y revisión de normativas legales.

Los altos mandos tomaron una decisión política que no podía ser ignorada por el gobierno.

Es más, como cabía esperar, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, salió a defender la acción de los militares:

“Me parece muy lamentable que el canal de televisión La Red, en un programa de parodia política, emita una supuesta entrevista humorística a un actor disfrazado de ‘general’,  para hacer afirmaciones destinadas a denostar la honra y ofender la labor que realizan cada día miles de hombres y mujeres que integran nuestras FF.AA“.

El mundo al revés: por una sátira política, el gobierno y los mandos militares se degañitan para proferir la amenaza contra los derechos y libertades de información, expresión, opinión y prensa, y por tanto, a la democracia, más grave de las últimas décadas, mientras guardan vergonzante silencio ante la documentada denuncia por espionaje a periodistas y militares dispuestos a atestiguar contra la corrupción; es decir, una amenaza real.

En la garantía del ejercicio de esos derechos y libertades, el gobierno de Piñera,  fracasó de modo miserable, como en todo. Es más, los hizo retroceder a estándares propios de la dictadura; lo cual, en todo caso, no tiene nada de sorprente.

Cuando la crisis amenaza su hegemonía, el poder empresarial, la casta política a su servicio, los militares, el partido del orden y su brazo mediático, se sacan la careta democrática y gobiernan de hecho, aunque simulen respetar la independencia de los poderes, y siempre invoquen futuras elecciones; mientras ponen a buen recaudo sus intereses, detrás de la trinchera de la institucionalidad.

Sin embargo, también se dan suficientes casos en la historia, en que la acumulación de contradicciones y tensiones irresueltas, sumadas al desacertado comportamiento de las elites en la gestión de la crisis, y la movilización callejera, suelen brindar oportunidades de avance para los proyectos de cambios.

En principio, 45 años de neoliberalismo, las incansables torpezas de Piñera y el 18/O podrían permitirlo

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí