El tema de la disponibilidad de recursos, no está, ni con mucho, entre las principales causas de la derrota de Daniel Jadue, en el Pacto Apruebo Dignidad; aunque puede estarlo en la «sorprendente» victoria de Sebastián Sichel, en la derecha.
Esto sin perjuicio de que la ominosa diferencia reduce a la condición de caricatura la supuesta igualdad de competencia, buscada por la Ley 19.884, de 2003, sobre transparencia, limite y control del gasto electoral.
Así lo certifica el estudio Grandes Grupos Económicos y Financiamiento Electoral, julio 2021, de Recaredo Gálvez C. investigador de la Fundación SOL.
Dicha ley, que ha experimentado cinco importantes modificaciones, sin que alteren su esencia, fue producto de una legislación «marmicoc», que pretendió darle salida a las enormes presiones que estaba acumulando la corrupción en el opaco financiamiento de la política.
De acuerdo a dicha ley, pueden aportar al financiamiento de campañas políticas personas naturales que hayan cumplido 18 años, de nacionalidad chilena o extranjera habilitadas para ejercer sufragio, y partido políticos.
En cambio, no pueden hacerlo extranjeros que residan en el extranjero; consejeros del SERVEL y sus funcionarios directivos; personas jurídicas de derecho público o privado; grandes empresas, ni ninguna colectividad, sea club deportivo, junta de vecinos o una pyme.
Los partidos políticos pueden aportar a las candidaturas, con tope en el límite de gasto electoral del respectivo territorio, siempre que el candidato no reciba otros aportes.
El manual de financiamiento de primarias, señala un límite de aportes sin publicidad, ascendente a $3.496.500.
Para aportes superiores se debe señalar el nombre de quien aporta. El monto máximo de aporte público, con publicidad, alcanza los $58.270.000.
En estas elecciones primarias no hubo financiamiento público, ni anticipo fiscal, ni reembolso.
De acuerdo al estudio, las cuatro candidaturas de la derecha concentraron el 88,6% de los aportes, versus un 11,4 %, de Apruebo Dignidad.
En cantidad, las candidaturas de Apruebo Dignidad concentran el 73,2% de las transferencias, con un total de 2.132 entre ambas candidaturas, versus 782 aportantes del pacto Chile Vamos, lo que denota que las candidaturas de la izquierda tuvieron mayor cantidad de aportantes individuales, por bajos montos; financiación horizontal y democrática por abajo, versus, concentrada y por arriba, en el caso de la derecha.
El aporte de los partidos corresponde corresponde al 9,4% del total de los aportes, conforme al siguiente detalle:
Sin embargo, el mayor descubrimiento del estudio revela que, en realidad, para los iniciados del mercado, el triunfo de Sichel no tuvo nada de sorprendente. No solo se trató del candidato favorecido por la faltriquera empresarial. sino en el hecho, de que, independiente de los montos, ésta se inclina, invariablemente, por el pingos ganador. Dicho de otra manera, es su pingo.
Según el estudio, el Grupo Claro-Figueroa (PRISMA) es el de mayor aporte para en las primarias presidenciales, íntegro para la candidatura de Sichel, con un total de de $50.000.000 entre diversos integrantes del grupo: Jorge Claro Mimica, $14.000.000; Daniela Claro Figueroa, $9.000.000; ), Juan Ignacio Claro Figueroa, $9.000.000; Jorge Claro Figueroa, $9.000.000; María Claro Figueroa, $9.000.000).
Este grupo tiene participación en inversiones inmobiliarias, gestión de residuos, agrícola y telecomunicaciones. Jorge Claro fue presidente de la sociedad controladora del club deportivo Universidad Católica, y también controlador del Canal del Fútbol, CDF. El aporte del grupo a Sichel implica el 21,7% de toda la candidatura.
Como sus aportes los realizan a título de persona natural, en la letra no violan la ley, aunque sí en espíritu, pues el resultado neto es la misma desigualdad que se pretendió corregir.
El aporte de personas naturales vinculadas a grupos económicos, alcanzó a $94.567.500, un 8,2% de l total, todos para candidatos de la derecha.
En aportes personales, el podio estuvo apretado:
Ignacio Briones, $248.749.127; Mario Desbordes, $245.736.425 y Sebastián Sichel, $230.694.696. Arriando el piño, Joaquín Lavín. con $190.822.401.
Entre los aportantes individuales de Sichel aparecen conspicuos personajes de lo más rancio de la clase empresarial, tales como Bruno Pedro Philippi Irarrazabal, ex presidente de la SOFOFA y la CTC; Rafael Guilisasti Gana, histórico accionista de la Viña Concha y Toro, y ex presidente de la CPC; Fernando Aguero Garcés, ex presidente del Colegio de Ingenieros, y Recaredo Ossa Balmaceda, ex-vicepresidente de la SNA. Sociedad Nacional Agricultura; Patricio Valentin Artiagoitia Alti, ex vicepresidente de ENAMI,y Jose Miguel Barros Van Hovell Tot Westerflier (sic), director de CCU S.A., Lipigas y otras compañías del grupo Luksic.
Hay aportes llamativos. Es claramente el caso de Gabriel Vives Fernández, según la glosa del SERVEL: Empresario Condenado Por Abuso, o de diversos exponentes de Democracia y Progreso, fachada de tránsfugas de la DC por la derecha, casos de Guillermo Le-Fort, Jorge Tuñón, Gabriela Riutort y Rodrigo Pablo.
En el caso de Briones, apostaron por sus colores importantes exponentes de grupos económicos tradicionales y meritocracias emergentes. Entre los primeros, los grupos Ibáñez, Matte y Solari.
Entre los segundos, Juan Jose Obach Granifo, ex jefe de gabinete ministerio de Hacienda 2021; Daniel Ignacio Cavada Vera, gerente de mina División Ministro Hales, Codelco; Enrique Elsaca Hirmas, gerente general Cemento BioBi, o Ignacio Yarur Arrasate, gerente corporativo BCI.
A Mario Desbordes lo apañó el partido, con el 86.1% del financiaminento.
Claramente, a Joaquín Lavín, la cúpula el gran empresariado, otrora sus principal soporte, lo dejó caer. De ellos, solo aparecen con módicos aportes Piero y Sandro Solari Donaggio, del grupo Falabella; Félix Bacigalupo Vicuña, ex presidente IANSA, y Juan José Hurtado Vicuña, del grupo del mismo nombre.
Respecto de los candidatos del pacto Apruebo Dignidad, lo que se puede decir es tan parco como sus ingresos.
Gabriel Boric recaudó aportes por $87 millones de pesos, 7,% de los aportes totales, y Daniel Jadue $30.933.804, 2,7% de los mismos; entre ambos, una relación casi dos a uno.
Los aportes más significativos a la campaña de Boric provienen de su partido, Convergencia Social, y personas naturales que a su vez son dirigentes del Frente Amplio, tales como Catalina Pérez, Giorgio Jackson, Juan Ignacio Latorre, Fernando Atria y Sebastián Depolo.
Sin identificar, recibió 84 aportes, y aportes menores a $185 mil, 884.
Los aportes recibidos por la candidatura de Daniel Jadue, el mayor de los cuales alcanzó a $2.000.000, provinieron mayoritariamente del personas naturales, que a su vez ocupan altas posiciones en el partido, casos de los/as diputados/as Karol Cariolsa, Carmen Hertz, Camila Vallejo y Boris Barrera, o son alcaldes, no solo del PC, como Gonzalo Montoya Riquelme, de Macul; Mauro Tamayo Rozas, de Cerro Navia y Juan Leyton Lemus, de Canela.
Sin identificar, recibió 399 aportes equivalentes al 30% de los ingresos, y 359 aportes menores de $100 mil.
Vistos estos resultados, la Ley 19.884, consigue sus objetivos, en cuanto a transparencia, limite y control del gasto electoral, pero eso solo alcanza para dejar patente la desigualdad.
No podía ser de otra forma, ni podrá, puesto que en su adn está la denominada Agenda de Modernización, un paquete neoliberalizador impuesto por la UDI al gobierno de Lagos, a cambio de salvarlo de los escándalos de corrupción.
Reproduce la misma lógica de la desintegración tributaria: los impuestos son personales o corporativos a elección del cliente. Análogamente, si al núcleo del uno por ciento se le cierra la compuerta corporativa, para sobornar políticos, nada le impide entrar por la personal.
La democratización efectiva de un sistema electoral que garantice igualdad ante la ley, debiera partir por la abolición, o profunda reestructuración de la Ley 19.884. Pero son tantas las prioridades…
