Estaba dentro de las posibilidades que el tribunal constitucional intentara evadir la brasa ardiente que le tiró el recurso del gobierno contra el tercer retiro del fondo de AFP, pero que ni siquiera lo admitiera a trámite, con semejante contundencia, ciertamente constituyó un golpe a la cátedra.
En lo inmediato, representa una morrocotuda derrota del gobierno, sin duda la peor que haya sufrido algún presidente de la república neoliberal, desde el 11 de marzo de 1990 a hoy.
Las consecuencias de ella generarán fuerza centrífuga sobre los otros componentes de una coyuntura líquida, inestable y explosiva, en todos los planos, como se verá.
En un ejemplo de cómo se condicionan recíprocamente los acontecimientos, el desistimiento del recurso del gobierno por el tribunal constitucional hubiera sido impensable sin la presión popular, que se manifestó sin pausa desde que Piñera anunció que recurriría a su ilegítimo arbitraje, con el fin de bloquear el tercer retiro; tiro que, como se vio, le salió por la culata.
Pero más allá de una derrota del gobierno, es la mayor que haya experimentado el neoliberalismo estratégico, desde 1975 a la fecha.
El proyecto alternativo del gobierno representó el último intento de salvar la integridad del sistema de pensiones de capitalización individual, confiado a la complicidad de la última casamata de la institucionalidad pinochetista, diseñada precisamente para ese efecto.
Sea por la ley del sálvese quién pueda, en vísperas de que una convención constitucional revise la existencia del propio tribunal; o por rencillas internas; o por la salida de la gente a la calle, o las razones que fuere, el hecho es que el asunto no prendió, como por demás, nada le ha prendido a Piñera desde el 18/O.
Sin perjuicio de que lo retiró, y anunció el envío de otro que incluye lo sustancial del mismo, es útil analizar el proyecto alternativo de Piñera, porque trasluce claves importantes del pensamiento del neoliberalismo estratégico, y por tanto, revela de dónde provienen los tiros.
Mentiras, chantajes y videos
En orden jerárquico, lo más relevante es que se trató de un chantaje, con el hambre y la desesperación del pueblo como moneda de cambio, que apuntó a meter de contrabando cláusulas de la “reforma” previsional del gobierno, empantanada en el congreso, que van a engrosar el fondo que administran las AFP, es decir, el ahorro forzoso de los trabajadores invertido en las empresas de los grupos económicos y el gran capital.
Enseguida, para encubrirlo, Piñera mintió con su habitual desparpajo. Ese dos por ciento adicional no va al incremento de pensiones. Va al fondo de pensiones, lo cual es muy distinto.
El fondo de pensiones es teóricamente propiedad del trabajador, más bien, el cotizante; pero es administrado por instituciones con fines de lucro, que sin consultar a los propietarios, juegan con sus recursos en el casino del mercado de capitales.
Como han demostrado varios autores e investigaciones, en la pasada, solo un tercio del fondo va a pensiones. Eso no cambia en modo alguno, con el dos por ciento adicional del proyecto, ni con el 6% adicional de la reforma de Piñera.
Los dos tercios restantes son embolsados por vía de comisiones, utilidades y costos hundidos, como las «comisiones fantasma», por las mismas administradoras, las compañías aseguradoras relacionadas y las empresas del gran capital que reciben las inversiones de las AFP.
Esa es la torta que se pretende engordar con ese dos por ciento adicional, que pasa de contrabando la tercera parte del aumento de cotizaciones comprendido en la atascada reforma de Piñera.
En cambio, para un trabajador que va por la mitad o los dos tercios de su vida laboral, ese 2% representaría un incremento en la pensión irrisorio y marginal.
El dos por ciento provendría la mitad con cargo al empleador y la otra, al presupuesto público. Resultado neto: otra vez las AFP, las aseguradoras y las empresas receptoras de fondos pasan piola.
El 1% con cargo al empleador suena bien. Pero se pasa por alto que es un costo que de manera inconsulta y arbitraria se le carga a la pyme, sin compensación, lo cual agravaría la situación de la fuente de alrededor del 70% del trabajo en Chile.
En cambio, en un mercado laboral desregulado, el sector de la gran empresa no tiene problema en asumir ese costo, si se lo propone, o endosárselo al trabajo por la vía salarial, si así lo prefiere. Free to chose.
Medida errática e improvisada, que resultaría en dirección opuesta a la «solución» que pretendía, y terminaría tapando un hoyo, mediante el dudoso expediente de abrir otro.
El segundo uno por ciento, imputado a cargo fiscal, sería aumento del gasto, sin aumento de recaudación tributaria; es decir, lo que la academia denomina «gasto inorgánico».
Para combatir a la Unidad Popular los neoliberales de primera hora, esos jóvenes economistas criados en Chicago, acusaron al gobierno de gasto inorgánico para financiar aquellas partidas presupuestarias que la oposición le negaba en el congreso, y generar de esa guisa, presiones inflacionarias.
Cincuenta años después, esos mismos economistas proponen gasto inorgánico para salvar al sistema privado de pensiones, basado en la capitalización individual, soporte fundamental del neoliberalismo estratégico.
Para hacer tragar ese tósigo, el discurso homogéneo del gobierno, de la derecha realineada tras el proyecto y del sistema mediático, repitió hasta la náusea, que el proyecto era mejor al que aprobó el congreso, porque le entrega a tres millones de cotizantes que se quedaron sin fondos con los dos primeros retiros, un bono de $200 mil.
El cuesco de la breva
Ese es el cuesco de la breva, y la carnada que utilizará Piñera en el nuevo proyecto anunciado.
En uno de los platos de la balanza, un bono híper focalizado; harto miserable, hay que decirlo, y en el otro, un refuerzo estratégico del sistema privado de pensiones.
Una típica piñerada, una jugada «win-win». A un costo de $60 mil millones, USD840 millones, con cargo fiscal, Piñera pretendía –y pretende- obtener el blindaje del sistema privado de pensiones, certificado por una ley, aprobada por el parlamento de la república.
Pero no paró mientes en que ese bono presentaba serios problemas.
Primero, es indigno. Es una limosna ni siquiera por caridad, sino por cálculo; en rigor, un paso subalterno como trampolín para un objetivo superior: blindar al sistema de AFP.
Segundo, es absolutamente insuficiente. Doscientos mil pesos no resuelven el problema de familias sin ingresos durante meses, que tampoco han recibido subsidios o beneficios del Estado, debido al anacrónico criterio de focalización, en un cuadro de emergencia sanitaria que puede prolongarse por meses.
A contramano, ese bono, como todos los otros, sería innecesario, si el gobierno, como brama la gravedad de la crisis, cambia la dirección de los subsidios y aportes monetarios directos del Estado, desde el criterio de focalización al derecho de beneficio universal; lo cual evitaría el bizarro y penoso espectáculo de multitudes en la calle, exigiendo sus ahorros previsionales, para enfrentar una crisis agravada en varios órdenes de magnitud, por la contumacia, improvisación e inoperancia de un gobierno en bancarrota moral.
Pero aún dentro del criterio de la focalización se pudo elegir una una vía menos onerosa para la dignidad de las personas.
El paseo por la cuenta individual en la AFP, donde se supone que no hay fondos, era innecesario y redundante. Bastaba una asignación directa en la cuenta rut del beneficiario, sin la carga de ser una limosna como moneda de cambio, ni que le repitan cada dos por tres que el «esfuerzo» fiscal alcanza los sesenta mil millones de pesos y 69 centavos.
De otra parte, el hecho de que al cabo de dos retiros del 10%, tres millones de cotizantes se hayan quedado sin fondos, revela en toda su magnitud la profundidad del colapso del sistema privado de pensiones, a esta altura irreversible.
Letra chica
Todavía falta, en el análisis, la inefable letra chica.
Entre esta, la disposición que, a diferencia del proyecto aprobado en el congreso, establece el pago de impuestos para el tramo del 10% de mayores ingresos.
A primera vista, el incauto podría decir, ¡oh!, una medida de justicia tributaria. Pero, como todo lo que proviene de Piñera, se reduce a un pase de prestidigitación, por la sencilla razón de que el 10% más rico no necesita el tercer retiro.
El retiro del 10% de los fondos de los jubilados por rentas vitalicias, con tope de 150 UF ($4,5, millones), introducido por el senado, fue reemplazado en el proyecto del gobierno por un adelanto de hasta un 10% de su reserva técnica, con un tope de 100 UF ($ 2.9 millones), o sea, un autopréstamo, que se descontará, con un tope de 10% de la renta vitalicia, hasta enterar el monto del anticipo.
Esto suprime la universalidad del beneficio aprobado en el senado, y lo sustituye por dos nuevos criterios de focalización, arbitrarios, cargantes y discriminatorios, como todos.
En suma, cerca del 80% de los chilenos, según distintos métodos de medición, exige ¡No + AFP!.
Piñera, atrapado en la última baldosa, con el país, literalmente en llamas, respondió:
“¡Sí!, más AFP. Los males del neoliberalismo se remedian con más neoliberalismo”.
Así de despistado está el gobernante, en la peor crisis de la historia de Chile.
Con un matiz de diferencia respecto a las postales políticas del jueves y viernes pasado en el congreso: esta vez la derecha, salvo Evopoli, estaba detrás del presidente, en el ritual anuncio del proyecto.
Sin perjuicio de que la ausencia de Evopoli era por la derecha, por no estar de acuerdo con retiro alguno, la imagen proyectó dos lecturas.
La primera muestra a Piñera, de una parte, como un sujeto de una sola línea: irreductiblemente neoliberal, así arda Chile; y de otra, como un actor marullero, tramposo y ventajista.
La segunda revela por contraste, que lo principal para la derecha, no consiste en salvar al gobierno, tarea de suyo hercúlea, por aquello de que nadie apuesta por caballos cojos o intenta enderezar curcos; ni en responder a las urgencias de la gente -sin que estén ausentes de sus preocupaciones, hay que decirlo- sino en preservar la integridad estratégica del modelo.
Sin embargo, si hay en ciencia social un concepto que hoy pueda concitar unanimidad, sería que desde el la revuelta del 18/O a la fecha, todas las teorías y modelos de interpretación han fallado para explicarla o predecir su comportamiento.
De otra parte, la pandemia, el desplome económico, la crisis social y el gobierno de Piñera han conducido al país a un terreno abierto, líquido y riesgoso, donde una chispa puede incendiar la pradera.
Consecuencias de la derrota
En ese ambienta confuso, crispado y febril, la severa derrota del gobierno le asigna cierta ventaja, a dos o tres posibilidades.
En ese escenario, el proyecto sustitutivo de Piñera fue, parafraseando a Churchill, demasiado poco, demasiado tarde, y su fracaso en el tribunal constitucional, representó un punto de inflexión que lo condenó a la inanidad por el resto de su mandato.
Ese escenario supone que el crédito de Piñera se agotó; que ni su discurso circular ni sus eternas promesas, surten efecto; que su coalición le volvió la espalda y que en la calle, el control del orden público se torna insostenible.
En tal caso el teatro de operaciones puede subdividirse a su vez, en dos alternativas: el acuerdo político, bien para destituir a Piñera, o para afirmarlo hasta el final de su mandato, o la salida extra-institucional, sea por derecha, del tipo de regresión autoritaria, o por izquierda, con la recuperación del Proyecto Nacional de Desarrollo, por cierto actualizado a las condiciones del primer tercio del siglo veintiuno, representado por la candidatura de Daniel Jadue, ya oficializada por el Partido Comunista.
Estos escenarios, descriptivos de posibilidades y no llamados a nada, dicho esto a propósito de la sobre-ideologizada paranoia en boga, remiten al mediano y largo plazo, que catalizará dentro de un par de años, en el nuevo escenario que arroje el próximo frenesí electoral.
Como es apenas natural, en la coyuntura inmediata, la estrepitosa derrota del gobierno generará efectos en cadena en todos sus planos componentes.
De entrada, los rumores de palacio se inclinaban por una inminente caída del gabinete, por las mismas razones que los generales derrotados, pierden el mando de los ejércitos.
Más aún en un estilo de política donde el marketing prevalece sobre el estudio y la reflexión al servicio de la calibración fina de la realidad.
En todo caso, será un cambio cosmético. No se ve por dónde el gobierno podría recuperar la iniciativa. Lo dijo un senador de derecha, en un matinal de televisión: “más que de nombres, el gobierno necesita cambio de lógica”
Para complejizar el cuadro, esta extrema derrota sucede en el contexto de una pandemia que recuerda a una plaga bíblica, en vísperas de las elecciones más extrañas y decisivas en la historia del país.
En condiciones normales, la derrota de Piñera debería arrasar con las expectativas de la derecha, de lograr el tercio que le asegure el poder de veto, en la convención constitucional. Pero con los estándares de desinformación prevalecientes en Chile, la prudencia aconseja abstenerse de sacar las cuentas de la lechera.
De otra parte, la candidatura de Jadue redistribuyó el naipe político vigente desde el 11 de marzo de 1990: por primera vez un candidato propone, explícitamente, superar el modelo neoliberal, lo cual, en las actuales condiciones, puede resultar decisivo.
Enseguida, está por verse cómo la derrota del gobierno incide en su capacidad de gestión -de suyo modesta- en lo inmediato; esto es, la pandemia y una cotidianidad fragmentada en mil pedazos.
Nadie parece considerar que el actual drama histórico, de inéditas características, se desenvuelve en proporción inversa a la de un gigantesco reloj de arena social: a mayor tiempo, menor posibilidad de solución a problemas cruzados, que rivalizan en importancia; entre ellos, señales de desnutrición que no se veían desde hace décadas.
Otro de los planos inmediatos concernidos por la derrota del gobierno, es el de la movilización. Una posibilidad es que la magnitud de la victoria la aplaque. Pero también es posible que la comprobación del avance, la estimule y dinamice. La huelga general convocada por la CUT, para el 30 de abril, entregará pistas de la tendencia.
En este plano, vale consignar que una cosa es la voz del movimiento social organizado, verbigracia la CUT, y otra la heterogeneidad de voces surgidas, o más bien manifestadas, a partir del 18/O. Si esas voces no armonizan en el mismo coro y programa político, la derrota del neoliberalismo estratégico se aleja del horizonte de posibilidades.
De modo simultáneo, el duro revés del gobierno inevitablemente impactará en el trámite de dos iniciativas parlamentarias, de neto sesgo redistribuidor: el impuesto a los súper ricos y el royalty al cobre y el litio.
Aquí entran en juego dos elementos nuevos aportados por la crisis: la profundidad del quiebre del bloque hegemónico y la demostración de su incompetencia.
Si se aprueban ambas iniciativas parlamentarias, y se suman a la derrota estratégica del sistema privado de pensiones, así como la probable derrota del bono de $200 mil y el 2% adicional de cotización, significa que el modelo neoliberal entró en dinámica de colapso irreversible, y que la incógnita radica solo en la velocidad de propagación de la entropía al resto de los componentes del sistema.
En ese contexto, la agenda de seguridad de Piñera, el TPP-11, o avances de proyectos ecocidas, como Dominga y Pascua Lama, no tendrían lugar.
Por virtud de la paradoja, la contumacia, impericia e insensibilidad del gobierno de Piñera, quién se propuso como misión de vida, dejar atada y bien atada la proyección del modelo, está posibilitando el anuncio de una premonitoria y profusa pancarta del 18/O: el neoliberalismo nació en Chile, y en Chile morirá.
