La derecha ha planteado la rebaja del IVA a diversos bienes y del impuesto a los combustibles. En esto sigue siendo invariablemente fiel al principio establecido por Milton Friedman, según el cual el mejor impuesto es el que no existe.
Este principio deriva de la idea que el Estado no debe intervenir en la economía salvo en muy pocas cosas, como la política monetaria, y mantener solo un Estado gendarme, no uno que garantice derechos sociales y diversifique y desconcentre la economía.
El mercado se encargaría de generar prosperidad y su chorreo permitiría subir a todos al carro del progreso. Este modo de pensar es el que llevó a Chile al estancamiento en la última década, a la continua dependencia de la producción de materias primas, a la sobre explotación de los recursos naturales y a una de las mayores desigualdades de ingreso y patrimonio en el mundo.
Bajar el IVA en algunos bienes esenciales tiene una buena presentación y seguramente será popular. De ahí que la derecha lo proponga. Pero por la concentración del consumo, el IVA es pagado esencialmente por el 40% de más altos ingresos de la población (aunque los más pobres pagan proporcionalmente más respecto a su ingreso, pues no tienen capacidad de ahorro).
Su baja parcial tendría escaso impacto en los precios en los mercados poco competitivos (la gran mayoría). La experiencia con la rebaja del IVA del 20 al 16% de Buchi en 1988 fue que no se disminuyó el costo de los bienes para los consumidores (lo que se reflejó en las cifras de inflación), se aumentaron las rentabilidades y se lesionó la capacidad fiscal del Estado.
Es mucho mejor recaudar de manera general (sin perjuicio de establecer más adelante excepcionalmente diferenciaciones de algunas tasas de IVA hacia arriba y hacia abajo con un efecto neutro en la recaudación total, además de eliminar la exención a la construcción y a diversos servicios) y redistribuir lo recaudado a través de los programas de suplementación universal de los ingresos familiares (pensión básica, asignación familiar, ingresos de emergencia), cuyo impacto proporcional en los ingresos de la población más pobre es sustancial.
Es una manera de devolver el IVA mucho más eficaz, cuya ampliación permitirá disminuir la desigualdad distributiva.
No se debe disminuir la capacidad recaudatoria. Desde marzo próximo deberá incluso ser reforzada, pero con una reforma tributaria basada en el impuesto a los super ricos (al patrimonio y a los ingresos más altos), en el impuesto a las ganancias de capital y a las transacciones financieras, en el royalty minero y en el fin de las exenciones injustificadas.
La postura de bajar el impuesto a los combustibles tiene una argumentación adicional por parte de la derecha: este impuesto se creó después del terremoto de 1985 para reconstruir infraestructuras y ya no se justifica. Esto es evidentemente una falacia.
El impuesto especial a los combustibles existe en todas partes del mundo y nada tiene que ver con terremotos. En Chile dejó hace rato de tener que ver con algo que ocurrió en 1985. Se justifica para encarecer los combustibles fósiles, desincentivar el excesivo uso del automóvil individual y disminuir así las emisiones de gases con efecto invernadero frente a la amenaza inminente del cambio climático y sus consecuencias catastróficas (se está ya cerca de llegar a un aumento de 1,5% de la temperatura promedio en el mundo).
Y se justifica para recaudar recursos que permitan transitar rápidamente a la electromovilidad y disminuir la contaminación que provoca graves problemas de salud en nuestras ciudades. La actual red de metro de Santiago no existiría sin este impuesto. La transición a energías renovables que reemplacen los motores a combustión basados en petróleo y derivados es una responsabilidad crucial con las nuevas generaciones.
La derecha, una vez más, usa la demagogia para ganar una popularidad que en su caso hoy está en el suelo. No piensa en los intereses colectivos ni en las futuras generaciones.
Esto es lo que la llevó, junto a la gestión desastrosa del actual gobierno, por debajo del tercio del electorado, pero por esa misma razón debemos esperar más y más iniciativas irresponsables de su parte.
(*) Economista, Director Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad de Santiago; PhD en Ciencias Económicas, Universidad de Paris X Nanterre, Francia; Maestría en Ciencias Económicas, Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne, Francia; Licenciatura en Ciencias Económicas, Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne, Francia.
