La sostenida alza en el precio de las papas ilustra con precisión el carácter dual del tipo de Estado construido por cincuenta años de modelo neoliberal; extremadamente débil, casi ausente en la defensa de los derechos de trabajadores, usuarios, clientes y consumidores, al tiempo que omnipotente y arbitrario, en la garantía de intereses y privilegios de la clase propietaria.
Expone con claridad la necesidad de cambiar las bases de la actual estrategia de desarrollo, que se debate entre el estancamiento económico; la corrupción y el tráfico de influencias; la imposibilidad de solucionar los problemas de la gente, y la incapacidad de generar un desarrollo sostenible; sin perjuicio de corroborar que en el mercado serán todos iguales, en el papel, pero que hay algunos más iguales que otros, razón por la cual, de una u otra forma, el trastorno que sea, lo termina pagando Moya.
Aunque el precio de la papa presenta una tendencia alcista desde septiembre de 2022, en junio pasado avisó con un alza del 17% respecto del mes anterior, y 75% sobre el mismo mes del año 2022; se disparó en julio, con alzas del 34,7% y 106,4%, respectivamente; y alcanzó un pico de 39,7% en agosto. El 14,2% de septiembre quebró la tendencia, pero en términos anualizados representó un incremento del 250% del precio del segundo alimento más consumido en Chile.
El primer elemento que resalta, es la indefensión del cliente o consumidor frente a una maniobra colusoria en gran escala, sea que provenga de los productores o los distribuidores y mayoristas, o ambos, ante la apatía e indolencia de la autoridad reguladora.
Los primeros culparon a los segundos, y estos a los temporales que arruinaron la cosecha de las regiones de Ñuble y el Maule, así como a la reducción de la superficie sembrada.
Sin embargo, los temporales sólo afectaron la cosecha de esas regiones, equivalentes al 9% de la superficie sembrada y al 5% de la producción.
Por tanto, el factor climático es un pretexto para ocultar una vasta operación especulativa, ejecutada por los gremios del comercio mayorista y la distribución. Lógico. Es mucho más sencillo un acuerdo colusorio entre ellos, que uno entre los 24.506 productores registrados, en su gran mayoría, propietarios de predios menores a 5 hectáreas.
En redes sociales circularon profusas imágenes de camiones cargados de papas ya florecidas, en aparcaderos distintos a los puntos de venta, metáfora del aforismo «la ambición rompe el saco», en cuanto prefirieron hacer la pérdida antes que bajar el precio.
En dos palabras, en estas circunstancias, el mercado no sólo no funciona, sino que distorsiona.
Los productores alegaron que vendían el saco de 25 kilos a $8.000, mientras que la cadena de distribución lo hacía a $30.000 precio final, con un margen de ganancia superior al 30%, en nombre de una presunta catástrofe climática.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, concurrió a la Fiscalía Nacional Económica para solicitar una investigación por eventual delito de colusión. Pero al carecer de facultades reales para corregir el comportamiento, no es sino un saludo a la bandera, aparte de que cualquiera sea su dictamen, no compensará la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de los sectores pobres del país.
Eso conduce al segundo factor: el deterioro del ingreso de las personas, como variable de ajuste de las cuentas de la economía, automatismo distintivo del modelo neoliberal.
En septiembre, el precio anualizado de la papa registró un alza del 250%, respecto del año anterior, mientras que el precio del pan subiò en torno al 30%. El Indice Nominal de Remuneraciones entre enero y septiembre llegó al 8,9%, y el Indice Real de Remuneraciones, al 2,7%.
Eso significa, sin más, que toda esa diferencia va a castigo del consumo y la calidad de vida de la mayoría de los chilenos.
Créanme: eso no es eficiente, ni justo, ni lógico…ni puede durar.
El tercer aspecto que sobresale de la especulación con el precio de la papa, es la urgente necesidad de una política nacional alimentaria, que corrija la irracionalidad del mercado.
Cuando los especuladores atribuyen el alza del precio a la reducción de la superficie cultivada, tienen razòn. Desde el año 2017, se viene registrando una sostenida caída en la superficie sembrada y la producción:
De 41.268 hàs. sembradas y una producción de 1.183.357 tons, ese año; para 2023 se proyecta una superficie sembrada de 31.268 hás.(-24%) y una producción de 885.636 toneladas (-25%).
Tratándose del segundo reglón de la base alimentaria del país, en especial de los sectores de menores ingresos, que gastan la mayor parte de su ingreso en consumo básico, a diferencia de los sectores acomodados, que destinan la mayor parte del suyo a ahorro, ocio y entretención; no se trata solo de una aberración económica, sino de un pecado social.
Dejar librada al mercado la producción de papas genera el absurdo de que 24.506 productores sembrarán 31.268 hás, en 2023; lo que significa un promedio de 1,2 hás. per cápita. Con esa precariedad en el horizonte, no cabe extrañar que el alza en el precio de la papa se transforme en estructural; lo cual explica que distribuidores y mayoristas prefieran jugar a perdedor, antes que soltar los precios.
Más extravagante, si cabe, es lo que sucede con el mercado de las papas en el comercio internacional, otro de los chiches favoritos del modelo neoliberal.
En el período enero-septiembre de 2023 las exportaciones sumaron 2.013 toneladas por US$ 2,37 millones, período en parte importante del cual no hubo papas para consumo interno.
Las importaciones sumaron 101.189 toneladas por un valor de US$ 162,8 millones; el 87% de las cuales fueron papas fritas y papas duquesa congeladas, o sea, comida chatarra, que además presentó el mayor aumento de precio en el período, equivalente a 46,8%.
A contramano del dogma neoliberal, de que fuera del modelo no hay economía posible, existe un amplio bagaje de políticas públicas, que puede confluir a una política nacional alimentaria.
Entre ellas:
– Incentivos a la siembra de los cultivos tradicionales, sean monetarios, tributarios o crediticios, especialmente a la papa y el trigo, de forma que el país retorne a la soberanía alimentaria, en lugar de gastar recursos para importarlos. .
– Disponer de una empresa pública, como la otrora Empresa de Comercio Agrícola, con capacidad de gestar un poder comprador, o vendedor, según el caso, para regular los precios.
– Fortalecer las organizaciones de consumidores, de modo que dispongan de herramientas que igualen la cancha, en sus inevitables litigios contra la estructura monopólica de nuestra economía.
– Llegado el caso, para prevenir hambrunas, o corregir abusos como éste, control de precios.
Todo mejor que camionadas de papas florecidas que no sirven ni para semilla, epítome de la tan temida por el dogma neoliberal, «destrucción de valor»..
Habría que estar locos para aprobar una constitución como la que propone la ultraderecha, algo así como la de Guzmán con esteroides, que conduce a la petrificación de este esatdo de cosas.
