En nombre de una supuesta reconciliación nacional, imposible por esencia y naturaleza, algunos tribunales han venido aplicando la martingala de la “media prescripción” para rebajar al mínimo las condenas a agentes de la dictadura militar violadores de derechos humanos, que en estricto rigor debieran haber sido condenados a presidio perpetuo o al menos a altas penas de cárcel.
Esa tinterillada urdida por pseudo juristas de pacotillay algunos jueces complacientesbajo la atenta mirada de los poderes fácticos ha significado impunidad para los criminales y la burla de la legislación chilena y del Derecho Internacional en cuanto a que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.Porque si son imprescriptibles, si no hay prescripción posible, ¿ cómo se justifica entonces que sí haya “media” prescripción”?
En materia jurídica las instituciones existen o no existen, pero no pueden existir a medias.
No es el único método empleado para congraciarse con los institutos armados. También se usa y abusa de los llamados “beneficios carcelarios” prueba de lo cual es la libertad de salida a los degolladores de nuestros inolvidables compañeros Parada, Guerrero y Natino.
Ahora ha sido la Corte de Apelaciones de Chillán la que ha dado la nota alta al autorizar, el 18 de junio, la salida del país aloficial de Carabineros Patricio Jeldrez Rodríguez, mediante decisión contra la cual, según informa Mapocho Press, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Ñuble ha protestado ante la Corte Suprema.
Es un brutal atropello a la justicia y a la dignidad humana.Jeldrez está condenado como autor del secuestro de Gilberto Pino Baeza y Sergio Cádiz Cortés, dirigentes campesinos de la localidad de Cato en octubre de1973, y además acusado del secuestro del dirigente poblacional Luis Ibarra Durán, e inculpado en el secuestro y homicidio de otros opositores políticos tras el golpe del 73.
Entre ellos el asesinato del ex alcalde de Chillán Ricardo Lagos Reyes, su esposa Sonia Ojeda, con un embarazo de 8 meses y su hijo Carlos, todos fusilados en la puerta de su casa. Pese a lo cual, Jeldrez obtuvo autorización de la Corte para salir del paíspor un mes completode vacaciones con su familia a Europa.
En ese contexto es que el comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente–Alba pide “una mirada humanitaria” para sus compañeros de armas, los asesinos encarcelados por crímenes estremecedores y dice que les entristece ver personas encarceladas a causa de una situación ocurrida hace 40 años, se conduele por ellos y sus familiares.
¿Alguna vez este señor ha dicho una palabra o ha tenido una “mirada humanitaria” acerca del horror que ellos mismos provocaron por orden de quien todos sabemos? ¿Porqué no se conduele del dolor de los familiares de las víctimas?
¿Porquè no se indigna que pasados precisamente esos 40 años todavía no haya plena verdad ni menos plena justicia? Con un leve barniz de decoro, con respeto al legado de los padres de la patria, debiera arrepentirse de sus dichos y abdicar del cargo.
Con razón así lo exigen las máximas dirigencias de las agrupaciones nacionales de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos que denuncian que “la institucionalidad que consagra la impunidad permite que Fuente-Alba pueda deliberar sobre cuestiones políticas, que Oscar Izurieta ejerza como Subsecretario de Defensa o Juan Emilio Cheyre sea director del Servel”
Lo sucedido reafirma la necesidad de fortalecer la lucha por verdad y justicia. Se trata no sólo de una tarea éticamente profunda sino además de una contribución decisiva al fortalecimiento de la democracia.
El “nunca más” sólo podría ser posible si se castiga ejemplarmente a los autores, instigadores, cómplices y encubridores del golpe del 73 y los crímenes consiguientes. Esa lucha larga, dura, paciente, da frutos y provoca avances. En medio de las bochornosas palabras del jefe militar por esos mismos días se ingresó querella por el crimen de Rodrigo Rojas De Negri y otra Corte confirmaba el fallo del juez Leopoldo Llanos que condenó a 6 agentes DINA por el asesinato de los jóvenes miristas Alejandro de la Barra y Ana María Puga.
Se puede.
