No alcanzaron a pasar horas de la entrada en régimen de la nueva ley antisaqueos, aprobada en tiempo record por el pusilánime y resignado parlamento, antes de registrar sus primeros doce imputados.
Tres de los formalizados quedaron en prisión preventiva, por efecto de la nueva legislación.
En la noche del miércoles, hubo serios incidentes en distintos puntos de Santiago, luego de que miles de personas se manifestaran para protestar en memoria de Jorge Mora, quien murió la noche del martes, atropellado por un camión de Carabineros, luego del partido de Colo Colo con Palestino.
Entre los desmanes, doce personas fueron detenidas, la madrugadas del jueves, acusadas de saquear un supermercado Alvi, en la comuna de Peñalolén.
Todos fueron formalizados por la nueva ley antisaqueos que entró en vigencia el mismo jueves.
La normativa aumenta las penas para este delito y también para quienes interrumpan el tránsito, mediante barricadas, violencia o intimidación.
«Esto ocurre en el contexto de manifestaciones y desórdenes que se estaban efectuando con motivo de la muerte de este hincha de Colo Colo hace un par de días atrás», señaló el fiscal Félix Rojas.
«En el contexto de estos desórdenes es que un grupo importante de personas realizan un forado e ingresan al supermercado sustrayendo especies. Carabineros llega al lugar y detiene a todas estas personas las que posteriormente pasan a control de detención», explicó el fiscal.
La formalización se realizó en tres audiencias: primero fueron formalizados cuatro detenidos, luego siete y finalmente uno.
A los únicos que les aplicó la ley antisaqueos fue para los siete de la segunda formalización.
De éstos, cuatro quedaron con arresto domiciliaro por los 45 días que dure la investigación y tres quedaron con la medida de prisión preventiva por tener antecedentes penales.
«En el segundo bloque la magistrado estimó que concurrían algunos de los parámetros que esta ley establece, y decretó la prisión preventiva de tres de los imputados que estaban detenidos», sostuvo Rojas.
En los otros casos, la magistrado estimó que los requisitos no concurrían, determinando la libertad de todos ellos.
«La ley señala que hay un saqueo cuando se ha destruido o sustraído la mayor parte de las especies del supermercado, y es en este caso cuando la magistrado no estuvo de acuerdo con nosotros, a pesar de los antecedentes que se exhibieron en la audiencia», anotó Rojas.
Las principales pruebas fueron la declaración de los funcionarios aprehensores, videos de cámaras de seguridad, especies encontradas en algunos imputados, y actos de fuerza, como el forado utilizado para ingresar al establecimiento.
Según indica la Fiscalía Metropolitana Oriente, los sujetos, que fueron detenidos tanto dentro como en las afueras del local mayorista, son todos mayores de edad.
La nueva normativa introduce en el Código Penal el delito de saqueo, sancionando el robo en lugar no habitado, agravado cuando ocurre en un contexto de alteración del orden público o calamidad.
Con estos agravantes, los formalizados arriesgan condenas de hasta 15 años de cárcel.
Un comportamiento implacable, pero permitido por la nueva ley.
Podrán llenar las cárceles, pero eso no sólo no resolverá la crisis estructural que fractura a Chile, sino que en uno de los eventos posibles, la puede agudizar.
Entre el voluminoso número de motivos de la ira popular, figura el doble estándar de la justicia chilena.
De una parte, aprieta las clavijas del mecanismo judicial contra chilenos de extracción popular, detenidos en el contexto de la protesta social que sacude al país, y acusados, con pruebas o sin ellas, por delitos agravados con legislación express.
A contramano, a delincuentes de cuello y corbata, autores de delitos cualitativamente más graves en varios órdenes de magnitud, los condena a lecciones de ética.
Al final del día, sesudos comentaristas y opinólogos de diversos pelajes, se preguntan por qué la tormenta social que sacude a Chile desde hace ya más de tres meses, no termina de amainar.
