Julián Assange, el fundador de WikiLeaks, se encuentra en peligro. Su extradición a los Estados Unidos está a un paso de concretarse, tras permanecer en poder de las autoridades británicas desde 2019, y después de encontrase asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012.
Luego de dos días de deliberaciones, el 20 y 21 de febrero, el futuro de Assange ha quedado en manos de dos jueces del Tribunal Superior del Reino Unido, los que decidirán sobre la extradición. Si en esta instancia se hace efectiva, las impugnaciones en los tribunales de este país se habrán agotado.
El Poder Judicial de Estados Unidos ha presentado 18 cargos penales contra Assange por la difusión de material clasificado y cables diplomáticos, en 2010 y 2011, a través de su sitio WikiLeaks. Se enfrenta así a una condena de hasta 175 años por espionaje.
El fundador de WikiLeaks es considerado una persona peligrosa para los Estados Unidos por los miles de documentos secretos, del Pentágono y del Departamento de Estado, puestos al descubierto.
Assange develó los crímenes cometidos por soldados norteamericanos en las guerras de Afganistán e Irak y los aparatos de seguridad no perdonan que sus mentiras y ocultamientos sean puestos en evidencia. Así las cosas, se inició una persecución implacable contra Assange, que lo obligó a buscar asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres.
El gobierno del entonces presidente del Ecuador, Rafael Correa, en junio de 2012, desafió al gobierno norteamericano y otorgó protección a Assange, en su embajada en Londres. Lo hizo convencido que correspondía el asilo porque era un perseguido político de los Estados Unidos.
Había incluso indicaciones que la captura de Assange ponía su vida en peligro como lo mostraron en su momento las acusaciones de terrorista con que lo estigmatizaron dirigentes políticos de los Estados Unidos.
Sarah Palin, excandidata republicana a la vicepresidencia de los Estados Unidos decía en noviembre del 2010: “Assange es un operador antiestadounidense con sangre en sus manos ¿Por qué no fue perseguido con la misma urgencia que perseguimos a los líderes de Al-Qaeda y el Talibán?”
Newt Gingrich, excandidato presidencial en las primarias republicanas, decía en diciembre 2010:
“Julian Assange está involucrado en terrorismo. Debe ser tratado como un combatiente enemigo. WikiLeaks debería ser clausurado permanente y decisivamente».
Lamentablemente, después de siete años de su permanencia en la embajada del Ecuador en Londres, el presidente que sucedió a Correa, Lenin Moreno, accedió a las presiones de los Estados Unidos y decidió entregar a Julián Assange a la policía londinense, vulnerando así el derecho al asilo diplomático.
Assange se encuentra desde hace cuatro años en la prisión de Belmarsh, cárcel de alta seguridad, en el sureste de Londres. Y enfrenta un pedido de extradición desde los Estados Unidos, en el argumento que el fundador de Wikileaks ha violado provisiones de la ley de espionaje de ese país.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses se equivocan. Assange no es un espía ya que no entrega información a un país determinado, sino a la opinión pública, como lo hace cualquier periodista de investigación.
En consecuencia, la persecución y encarcelamiento a Assange se ha convertido en un ataque a la prensa independiente y también es una vulneración al derecho de asilo.
Así lo ha destacado un reciente editorial del diario inglés The Guardian cuando señala:
“Enviar a Assange a ser juzgado en Estados Unidos sería un acto inaceptable contra el fundador de WikiLeaks y contra el periodismo”.
Es preciso agregar que el fundador de WikiLeaks ha sufrido también un grave atentado de sus derechos humanos. En efecto, Assange lleva cuatro años encerrado en la cárcel, con 23 horas diarias de soledad y apenas 45 minutos para hacer ejercicio.
Y, antes, en la pequeña embajada del Ecuador, debió permanecer enclaustrado durante siete años. Estos encierros le han significado un manifiesto deterioro físico y mental, lo que ha sido destacado por el Grupo de Trabajo Contra las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas y también por el Relator Especial contra la Tortura.
La prensa independiente y los demócratas del mundo entero tenemos la obligación de defender la libertad de Julián Assange e impedir que sea extraditado a los Estados Unidos, donde su vida se encuentra en peligro.
