Esta semana se inició el juicio oral contra Celestino Córdova, único imputado por el incendio donde resultó muerto el matrimonio Luchsinger-Mackay. Las extrañas circunstancias de su detención y la aplicación de la ley Antiterrorista se mezclan en este caso en el que es procesado un líder espiritual de un pueblo perseguido por el aparto estatal.
Durante los últimos meses de 2013 y enero de 2014 se ha desarrollado una serie de juicios en contra de comuneros y representantes del pueblo mapuche, con distintas sentencias, pero que dan cuenta de persecución estatal que no tiene para cuándo terminar.
En octubre, dos comuneros mapuche fueron encontrados culpables del delito de robo con intimidación. Fernando Millacheo Marin fue condenado a 15 años y un día, por ser un caso reiterado, y Cristian Pablo Levinao Melinao a 10 años y un día, mientras Guido Bahamondes Gallardo fue absuelto.
El pasado 5 de diciembre otros tres jóvenes fueron condenados en Angol por cargos similares en el caso de la muerte del parcelero Héctor Gallardo Aillapán.
Uno de los pocos casos que resultó favorables para los luchadores mapuche fue el de Daniel Melinao, quien fue absuelto de todos los cargos el pasado 9 de enero, en el marco de la investigación por la muerte del Carabinero Hugo Albornoz. En este caso, la fiscalía solicitaba una condena superior a los 30 años de presidio, pero finalmente el werkén de la comunidad Wente Wilkun Mapu quedó en libertad tras 10 meses de prisión preventiva.
El emblemático caso del matrimonio Luchsinger-Mackay
El incendio que consumió el 4 de enero de 2013 la casa del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivian Mackay se transformó en uno de los casos emblemáticos que el gobierno de Sebatián Piñera ha utilizado como el mayor ejemplo de la violencia que remece a la Araucanía.
El Machi del Lof Yeupeko, Celstino Córdova, es el único imputado en este caso pues fue detenido a menos de 2 mil metros del lugar de los hechos, y fue encontrado herido al momento de la detención. De inmediato, Fiscalía inició la investigación del caso culpándolo de haber formado parte del grupo que prendió fuego al fundo de los Luchsinger-Mackay, sin tener pruebas contundentes para hacerlo. La Fiscalía pide cadena perpetua por el “delito terrorista de incendio con resultado de muerte”, lo que significa el uso de la Ley Antiterrorista contra Córdova.
Además, se le imputa la participación en la quema de otra vivienda en el Fundo Santa Isabel, ocurrida en diciembre de 2012.
La herida que tenía el Machi al momento de ser detenido es usada como punta de lanza por Fiscalía para asegurar que habría sido resultado de un disparo que habría realizado Werner Luchsinger para defenderse antes de morir.
El juicio que comenzó este lunes se extendería por al menos 20 días hábiles, y durante la primera jornada judicial se registraron incidente a las afueras del Trubunal Oral en lo Penal de Temuco, que dejó como saldo al menos 17 detenidos.
Una estrategia poco eficaz de parte del Estado
Para José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la constante utilización del recurso legal de la ley Antiterrorista para la persecución de los delitos de incendio y atentados, ha resultado “ineficaz”.
“Un año después del homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay se sigan generando hechos de violencia de distinta naturaleza, incendios forestales; de los efectivos policiales del Estado en contra de integrantes de comunidades, incluso niños; el hecho que siga existiendo impunidad frente a estos delitos y que se siga recurriendo a la misma herramienta, da cuenta de que han sido estrategias inefectivas para abordar estos problemas que se quieren enfrentar”, señaló Aylwin a la Diario Austral de Temuco hace unas semanas.
Para Aylwin, que a Córdova se le impute el delito terrorista constituye una posibilidad que entrega el marco legal, pero no considera adecuada su aplicación pues le preocupa que se cautele la garantía del debido proceso, por lo que asegura el uso de ese marco normativo es cuestionable “tanto porque la legislación actual es suficientemente adecuada para investigar este tipo de delitos, como por cuanto es una legislación que implica una predisposición con los presuntos responsables, y genera un espiral que en nada contribuye a solucionar los problemas de fondo”, afirmó a El Desconcierto.
El abogado defensor de Córdova, Pablo Ortega, ha señalado en la prensa su preocupación ante la posibilidad de que su representado sea enjuiciado bajo esta polémica normativa. “Cuando una persona arriesga una vida y media de cárcel lo importante es el juicio, lo demás es secundario. Al aplicar la legislación anti terrorista, hace que las penas se disparen. Aumenten de forma desproporcionadas, a juicio nuestro”, consigna el sitio web del Observatorio Ciudadano.
Mientras el caso judicial del Machi Celestino Córdova sigue su periplo, la pregunta sobre cuánto afecta a las comunidades indígenas el procesamiento de uno de sus líderes espirituales y figura clave en la cosmovisión del mundo mapuche, quedará sin respuesta hasta conocerse la sentencia. Mientras, las muestras de apoyo en las afueras de los tribunales de Temuco se mezclan con la represión policial, donde se han registrado violentas detenciones a los manifestantes, como fue el caso del werkén de la comunidad Curacautin, Pascual Curamil.
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Fuente: El Desconcierto
