Cual patada en el avispero, la declaración de admisibilidad de la moción de dos diputados comunistas que busca anular la Ley de Pesca desató una reacción punto menos que histérica en la santa alianza que se encarga de proteger la intangibilidad del actual modelo de acumulación, integrada por el sector del Gran Empresariado, los partidos de derecha, el poder mediático y los sectores conservadores y/o neoliberales de la coalición gobernante. El alto octanaje de la gritadera es el reflejo de lo que les dolió. Incluso, intentaron vanamente censurar la mesa de la Cámara. El argumento más utilizado es la presunta inconstitucionalidad. ¡Pero si se trata de la Constitución de Pinochet!
El Ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, de cuya cartera depende la regulación de la industria pesquera, admitió que está en contra de la moción declarada admisible ayer para anular la denominada «Ley Longueira».
La iniciativa fue presentada por diputados de la bancada que forman el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana y surgió a partir de las irregularidades descubiertas durante su tramitación, incluyendo la acusación de cohecho contra el senador ex UDI, Jaime Orpis quien reconoció haber recibido pagos de Corpesca.
«Vamos a proponer modificaciones de forma tal de perfeccionarla y de que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia, perocreemos que es importante mantener y validar la institucionalidad», aclaró Céspedes.
Pero el ministro se preocupó de enfatizar que no apoyan la iniciativa que fue declarada admisible ayer en el Congreso:
«Nosotros como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca esclaramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine».
Dicha posición sintoniza con la declaración de la Confederación de la Producción y el Comercio.
«Ni la ley ni la Constitución otorgan a nuestro Poder Legislativo la facultad de anular leyes. Lo ocurrido ayer con la Ley de Pesca, lamentablemente avalado por la presidencia de la Cámara de Diputados, constituye un peligroso intento por debilitar nuestro ordenamiento jurídico, contraviniendo el Estado de Derecho y el ordenamiento constitucional que nos hemos dado como nación.
La única opción viable para continuar siendo un país serio y responsable, donde la certeza jurídica permita mantenernos en el camino al desarrollo, es respetando nuestro Estado de Derecho y conservando la supremacía de nuestras instituciones. Sería una absoluta irresponsabilidad avanzar en cualquier iniciativa que apunte en el sentido contrario».
Hay que recordarles a los señores empresarios que no nos hemos dado ningún ordenamiento institucional. El «ordenamiento» al cual se refieren, y que tan eficazmente defiende sus intereses, fue impuesto por la dictadura mediante un plebiscito fraudulento.
El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca fue aún más virulento:
«Esta iniciativa del Partido Comunista no solo afecta al sector pesquero chileno en su conjunto, sino que también al país completo. Abre una alerta a otras señales económicas y productivas, que producto de iniciativas demagógicas y populistas sufran embates regulatorios como los que están detrás de esta moción. Lamentablemente, esta moción viene a afectar el clima de inversión y de certeza jurídica que al país tanto le ha costado construir».
Evidentemente, no podían faltar el argumento del populismo y la comparación con el proceso venezolano:
«El Partido Comunista ha preferido elegir el camino corto del chavismo venezolano en vez de seguir el camino correcto del Estado de Derecho y las reglas democráticas».
El bando empresarial se atrinchera sobre la interpretación positivista y formal de la legislación:
«Desde el momento en que el Congreso se atribuye facultades que son propias de otros poderes del Estado, hace que ese acto sea insanablemente nulo y, por ende, contrario a la Constitución. Durante la tramitación de esta ley en el 2012, la actual Ley de Pesca fue respaldada por 100 parlamentarios, diputados y senadores y solo 30 votaron en contra. Aún aislando ese voto, no creo razonable que la aprobación tan contundente y mayoritaria por parte del Congreso hubiese sido distinta. Los alcances que puede tener una medida como esta, desproporcionada e imprudente, son incalculables».
Concluyó con un llamado y una amenza apenas velada:
«Llamamos los parlamentarios que aún creen en el Estado de Derecho, que aún confían en las instituciones de este país, para que terminen rechazando esta moción. Además hago un llamado a la tranquilidad de los miles de trabajadores, y todos los empresarios que están relacionados con la pesca industrial, que nosotros vamos a recurrir a todas las instancias y vamos a golpear todas las puertas que sean necesarias para defender sus puestos de trabajo».
¿Incluso las de los cuarteles, señor Orrego?
Bancada PC-IC: “Ha sido la corrupción la que ha dañado el Estado de Derecho”
Los diputados y diputadas de la bancada del Partido Comunista de Chile y la Izquierda Ciudadana, emplazaron a la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y a los dirigentes de la Unión Demócrata Independiente a reconocer todos los vicios de legitimidad que tiene la denominada “Ley Longueira”, a propósito de los cuestionamientos públicos que han realizado los defensores de los intereses del gran empresariado pesquero, en desmedro del proyecto que busca anular la viciada ley 20.657.
“Sería extremadamente grave que no solo sea un Senador el que actuó como empleado de Corpesca, sino que todo un partido político defendiendo los intereses de un grupo económico”, agregando que “no puede haber certeza jurídica para quien obtiene dolosamente un beneficio económico a costa del patrimonio de todos los chilenos”.
A través de medios de prensa, tanto Sonapesca como UDI, manifestaron su preocupación por que el proyecto presentado por la bancada PC-IC atentaría contra el Estado de Derecho.
Muy por el contrario, los parlamentarios comunistas y de la Izquierda Ciudadana expusieron que la moción busca defender la democracia y el Estado de Derecho, reparando el grave daño hecho a la institucionalidad a través del cohecho, la facilitación de boletas ideológicamente falsas, el lavado de activos y el fraude al Fisco, delitos por los que justamente fue desaforado el senador Jaime Orpis (UDI), uno de los defensores de la “Ley Longueira”.
Según los parlamentarios PC-IC, estos hechos dan fundamento jurídico para la declaración de nulidad de la Ley de Pesca, en tanto constituye una grave violación al principio constitucional de los actos del Estado.
En ese sentido, la bancada PC-IC saludó como un avance decisión adoptada por la Mesa de la Cámara de Diputados al confirmar la admisibilidad del proyecto legislativo. Por otro lado, los parlamentarios recordaron como precedente que en el Senado se tramita actualmente una moción parlamentaria de nulidad a la Ley de Amnistía, a la que el Ejecutivo le ha otorgado urgencia en varias oportunidades.
