Esta mañana la diputada Karol Cariola, acompañada del alcalde Daniel Jadue, se reunieron con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Piña, para solicitar que dicho organismo se sume a la querella presentada por Cariola a comienzos de mayo contra el ex ministro de Piñera, Pablo Longueira, y el ex asesor de la Subsecretaría de Economía además de ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo, por los delitos de fraude al fisco y cohecho.
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En la oportunidad, la diputada Cariola recordó que estos antecedentes fueron presentados mediante querella en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago, y que esta mañana fueron entregados también al CDE “ya que ambas situaciones involucran un perjuicio para el Estado en caso de comprobarse de que ambos delitos estén en curso”.
Respecto del presunto delito de cohecho, la representante de Independencia y Recoleta sostuvo que en la investigación se “involucra efectivamente contratos que tienen que ver con la empresa de Gonzalo Cornejo y la empresa Corpesca, elemento que está en investigación. Entendemos que la fiscalía ya está investigando en profundidad esta situación y claramente con ese elemento el daño que se le hace al fisco, al Estado, es tremendo”.
La parlamentaria integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja además expresó que “nos parece importante investigar en profundidad si esos trabajos de Gonzalo Cornejo como asesor de la Subsecretaría de Economía, pero a al vez de asesor directo del Ministro de Economía mediante esos contratos, se realizaron o no”.
La jefa de Bancada PC-IC explicó que son más de 70 millones de pesos los que la Subsecretaría de Economía destinó al pago de dos informes de una página cada uno, con contenidos similares entre sí e incluso faltas de ortografía textuales, informes que por lo demás fueron declarados como insuficientes por parte de la Contraloría.
“Estamos hablando de más de 70 millones de pesos, previo además a una elección municipal donde este personaje renuncia a la Subsecretaría para ser candidato a alcalde. También es un elemento que necesitamos investigar en profundidad, tenemos dudas al respecto porque eso podría constituir un posible fraude al fisco”, expresó Cariola.
Sobre la solicitud realizada al CDE, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dijo que “creemos que hay méritos suficientes para iniciar una investigación porque nada ni nadie tiene derecho a poner en riesgo el patrimonio de todos los chilenos, y mucho menos cuando este se pone en riesgo además para aprobar leyes que entregan derechos a perpetuidad, que están basaos en actos que podrían constituir delito”.
Caso Corpesca
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Consultada sobre la vinculación del ex edil de Recoleta, Gonzalo Cornejo, con el Caso Corpesca, la ex dirigente estudiantil dijo que “no solo están los testimonios del socio de Cornejo en relación al vínculo que tenían con Corpesca, sino que además tenemos los antecedentes de que éstas asesorías, vínculos de contrato entre Corpesca y la empresa de Gonzalo Cornejo, se hacen en medio de la tramitación de la Ley de Pesca. Coincide absolutamente los meses del momento más álgido de la tramitación de la Ley de Pesca con estos vínculos que hoy día se están acreditando”.
Respecto de la querella contra el Senador Orpis y la tramitación de la Ley de Pesca en la Cámara Baja, donde fue aprobada con una amplia mayoría transversal, la parlamentaria lamentó que dicho trámite se haya desarrollado de esa forma y dijo que por esos mismos motivos “solicitamos como Bancada PC-IC la anulación de una ley que creemos está absolutamente contaminada. Estas personas no solo atentaron contra la Democracia, sus fines, sus objetivos, sino que además le pusieron precio y eso no lo podemos aceptar”.
Finalmente, Cariola fue enfática en señalar que los parlamentarios del Partido Comunista “vamos a seguir adelante con todos los mecanismos, por la vía judicial si es necesario. Por eso nos estamos querellando, por eso hemos participado en la querella contra Orpis, por eso hoy día estamos presentando nuevos antecedentes contra Longueira, contra Gonzalo cornejo, y pretendemos seguir adelante con la propuesta que hemos planteado de la anulación de una ley que nos parece ilegitima desde su inicio, desde su contenido. También hoy vemos las consecuencias que han tenido los propios pescadores artesanales producto de una ley que lo único que hizo fue favorecer al gran empresariado de la pesca chilena”.
