El senador Ignacio Walker se refirió –a través de una columna en El Mercurio– al “debate que se viene” en materia de educación superior. Creo que, si bien transparenta su postura individual, confunde a los lectores e incurre en algunas contradicciones e inconsistencias que difícilmente se pueden pasar por alto. A continuación me referiré a varias de ellas, algunas de forma, otras de fondo.
Primera contradicción. El senador sostiene que “llevar a cabo un ‘cambio de paradigma’ a través de una partida y glosa presupuestaria para 2016” sería un despropósito, cosa que yo comparto férreamente, razón por la cual me he opuesto a modificar las condiciones de financiamiento sin que exista una nueva ley de educación superior. El problema es que, tres párrafos más adelante, el senador Walker precisamente propone un cambio de criterios a la asignación de beneficios a través de una glosa presupuestaria (sujetándola sólo a acreditación, directriz que tampoco logré encontrar en el programa de Gobierno que la Nueva Mayoría de Walker presentó a la ciudadanía en 2013).
Walker omite que lo que señala su programa de Gobierno es que “se dirigirá financiamiento público únicamente a instituciones sin fines de lucro, que tengan como único fin la entrega de educación en el marco de un derecho social” y que “la gratuidad será efectiva, por cuanto todas las universidades públicas y aquellas universidades privadas que adhieran por convenio al financiamiento público…”. Para cumplir esas directrices no hay atajos: es simplemente imposible aplicarlas improvisadamente a través de la Ley de Presupuesto.
En segundo lugar, el senador Walker argumenta en contra del supuesto carácter regresivo de la gratuidad. Él señala que la “gratuidad” propuesta para el 2016, “es inequitativa y regresiva porque irá en beneficio de los alumnos vulnerables de mayores ingresos, que son los que están en el Consejo de Rectores, en perjuicio de los alumnos vulnerables de menores ingresos, que son los que están en las universidades privadas que no pertenecen al CRUCh y en los centros de formación técnica e institutos profesionales”.
Eso simplemente es falso. Es evidente que un alumno perteneciente al quinto decil de ingreso de una universidad del CRUCh está en el mismo nivel de ingreso que un estudiante del quinto decil de un CFT o un IP. Creo que sobre esto no vale la pena profundizar mucho más. Ahora, si a lo que se refiere el senador es a la distribución dentro de esos deciles de vulnerabilidad en cada institución para asignar la gratuidad, también sigue siendo una aseveración falsa. A menos que el senador proponga que se les entregue gratuidad a los estudiantes que van a universidades que están siendo investigadas por tener fines de lucro o a los CFT o IP que están constituidos como sociedades con fines de lucro.
Si así fuera, estaríamos ante un problema de irresponsabilidad fiscal y de política pública mayor. Destinar recursos públicos en las instituciones descritas anteriormente que –con honrosas excepciones– casi no tienen barreras de acceso (para maximizar ingresos), cuyas acreditaciones son más débiles, con menos plantas académicas, casi nula investigación y con altísimas tasas de deserción, no parece ser el objetivo ni el “espíritu” de un programa de Gobierno.
Pensemos en dos hermanos que asisten a distintas universidades: el “hermano 1” asiste a una universidad donde se lucra y no hay calidad; mientras el “hermano 2” asiste a una universidad de calidad. Por cierto que ambos tienen el mismo ingreso, pero eso no justifica que nos vendemos los ojos, tratemos a ambas instituciones por igual, y pongamos los recursos de todos los chilenos al servicio de la verdadera estafa que vive el “hermano 1”.
Una tercera contradicción. Sobre el fondo de revitalización y el aumento del Aporte Fiscal Directo mencionado en el documento del 2011 citado por el senador Walker (que solo va a las Universidades del Consejo de Rectores), este señala que “debe tener por objeto reforzar el sistema universitario tradicional, que es el que más bienes públicos aporta, y frenar la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones que las desvía de sus roles académicos”.
Curioso cambio de opinión del senador columnista, quien suscribió dicho documento. Hace cuatro años reconocía el rol de las universidades tradicionales y hoy se presenta como su más duro adversario.
Cuarta contradicción: como he señalado anteriormente, también se contradice cuando empuja la apertura de la gratuidad sin considerar el marco regulatorio previo, lo mismo que se señala expresamente en aquel documento de 2011. Sobre las nuevas exigencias para las instituciones de educación superior (punto 30) el documento señala que: “El AUGE de la educación superior deberá estar dirigido exclusivamente a instituciones que cumplan rigurosamente la ley que prohíbe el lucro en las universidades, que obtengan acreditación en un sistema renovado, que garanticen los principios de libertad de cátedra, libertad de asociación y expresión, aseguren y promuevan la existencia de Federaciones Estudiantiles y sean transparentes con la totalidad de sus recursos financieros.”
Lamentablemente, hoy no se ve esa convicción en sus palabras.
En este mismo párrafo encontramos una quinta contradicción entre la posición de 2011 del senador, donde reconocía el valor de la participación democrática dentro de la educación superior, y la actual, que considera que todas estas formas de participación no son más que parte de la ideología trasnochada de la izquierda. Quizás el ex presidente de la Democracia Cristiana podría ahondar en la experiencia del primer rector electo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Fernando Castillo Velasco, y mirar lo fecundo que fue haber vivido una universidad que con participación de la comunidad logró grandes avances en materia social, académica y de vinculación con la sociedad. O para ir a un ejemplo contemporáneo, analizar a la universidad mejor rankeada de latinoamérica, la Universidad de Sao Paulo, que también goza de gobernanza con participación de distintos estamentos.
Habiendo identificado en las opiniones presentadas por el senador Walker algunas aseveraciones conducentes al error o a la mala interpretación, vamos al fondo del asunto, el debate que viene.
Como se podría augurar, el centro del debate está en el cambio al sistema de financiamiento. Walker no sólo cuestiona, sino que ridiculiza la visión que ha propuesto el Jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, y plantea la disyuntiva entre un financiamiento a través de las instituciones, versus el financiamiento a través de los estudiantes. Esto plantea el dilema central entre una política que busca un “mejor mercado” de la educación, versus una política que busca impulsar un sistema educacional al servicio del país.
El senador disfraza este debate afirmando que la propuesta del Mineduc respondería “a una postura ideológica de quien la formula, más que a una postura política y programática aprobada por la Nueva Mayoría”, intentando poner su postura como “no ideológica”, versus una visión ideologizada de Martínez, quien manifiesta querer cambiar la lógica actual.
La lógica actual, del financiamiento de la demanda o voucher (sea financiado por el estudiante, por un crédito o por el Estado) es reconocido por cualquier académico –además de una lógica sumamente ideológica, y de derechas– como uno de los motores de un sistema de mercado y, por lo tanto, contrario a la letra (no sé si al “espíritu”) de lo expuesto en el famoso programa, específicamente cuando se hace mención a la gratuidad universal. “Esta propuesta plantea un cambio de paradigma. Desde la educación como un bien que es posible transar en el mercado y la competencia como mecanismo regulador de la calidad, a un sistema educacional coordinado que ofrece a las niñas, niños y jóvenes de Chile un derecho social”, dice el programa de Gobierno.
Si prefieren ir al otro documento, podemos encontrar que sobre la política de educación superior (punto 19): “Creemos que la política de educación superior no puede regirse por la lógica del mercado y que debe existir un plan de desarrollo nacional de la educación superior”.
Pero un sistema de voucher no es solo el motor de un sistema de mercado, sino que además es un sistema ciego, ineficiente e injusto. 1) Ciego, porque pagar un monto linealmente en función de la matrícula (una subvención igual por alumno) no tiene nada que ver con los costos reales de un establecimiento educativo (costos evidentemente decrecientes); 2) Ineficiente, porque este sistema no permite aprovechar los recursos y generar asignaciones óptimas de recursos (financiamiento marginal allí donde el costo/beneficio marginal sea mayor); 3) Injusto, porque les entrega más recursos a quienes tienen mayor escala, aunque no necesiten más y les entrega menos recursos a quienes más lo necesitan, pero no tienen la escala suficiente.
No creo tener que agregar las distorsiones que genera un sistema de vouchers, como competencia y desvirtuación de índices reduccionistas, la desequilibrada oferta académica, saturando algunas carreras –y, por ende, perjudicando el bienestar individual de dichos profesionales– y generando escasez en otras necesarias –perjudicando el bienestar colectivo; o la excesiva publicidad que se gasta para obtener más matrícula, entre muchas otras–.
En este contexto, el senador Ignacio Walker, mientras ridiculiza la postura del financiamiento a la oferta –que dicho sea de paso funciona en las Universidades universalmente gratuitas en Alemania de su correligionaria democratacristiana Merkel– confunde y juega con las expectativas sobre el efecto que tendría este cambio en la lógica: “¿Qué significa la fórmula propuesta? Ni más ni menos que dejamos a los alumnos y alumnas fuera de la ecuación (literalmente)”, sostiene el senador.
Pero se equivoca: el que estudiantes queden fuera de la educación gratuita va a depender exclusivamente de que sus instituciones “opten libremente” por no acogerse a los convenios con el Estado. Y el dilema es precisamente ese: que cualquier propuesta que pretenda regular mínimamente a las instituciones, corre el riesgo de dejar “fuera de la ecuación a estudiantes”, debido a que las Instituciones tienen la última palabra.
¡Precisamente ese es el drama! ¡Ese es el conflicto! Es tan dañino el sistema que el mismo senador ayudó a construir durante las últimas dos décadas, que lamentablemente hoy se verán frustradas miles de expectativas por tener un desgarrador –y sin precedentes– sistema de mercado que eleva expectativas, pero no tiene cómo satisfacerlas.
Yo al menos –porque no puedo arrogarme la representación de todos los que se movilizaron, aunque creo que aplicaría un gran plural– no me movilicé para pelear una transferencia monetaria del Estado al estudiante en forma de cheque para comprar en el supermercado de la educación. No me movilicé para ver a los rectores buscando ver quién entra o quién no un año antes al sistema de gratuidad. No me movilicé para que los estudiantes de distintas casas de estudio se pelearan y compitieran para que su Universidad entrara a la gratuidad, sin importar su compromiso con lo público. La movilización tenía sentido trascendente en cuanto no era por nosotros, sino que por los que venían. Eso nos permitió abstraernos del interés y la tentación del corto plazo, para repensar un sistema que tuviera sentido para el país y, por lo tanto, para nosotros también. No al revés.
Ojalá todos quienes nos hemos movilizado por esta causa estemos alertas frente a este “debate que se viene”, entrando en la cancha de la discusión ideológica y no quedándose solo en la galería de la desconfianza, porque así es como se nos puede pasar la oportunidad de concretar nuestras demandas y que, de contra, nos ganen por goleada.
Y sobre el “debate que se viene”, ojalá no se siga ocupando a los estudiantes más postergados, los más perjudicados por este sistema de mercado, como escudos humanos para defender una ideología de libre mercado en educación. Eso es inaceptable.
(*) Diputado de Revolución Democrática por el Distrito N° 22
(*) Fuente: El Mostrador
