Luego de quince sesiones de trabajo, la Comisión de Ética de la Cámara Baja finalmente falló en contra de la diputada Marta Isasi. La Comisión acogió la acusación contra Isasi por haber presentado como su asesor en el debate de la Ley de Pesca a un subgerente de Corpesca y le descontó $3.547.292 de su dieta por irregularidades en el manejo de sus asignaciones. El problema es que no quiso caer sola. En sus descargos, acusó que los senadores Fulvio Rossi y Antonio Horvath, y los diputados Jorge Ulloa, Nino Baltolu y Alberto Robles, hicieron lo mismo que se le imputa a ella: facilitar a ejecutivos de esas compañías y representantes de esas organizaciones gremiales participar en las reuniones de la Comisión de Pesca de la Cámara “camuflados” como asesores de parlamentarios. Un nuevo motivo que respalda la exigencia de derogar la Ley Longueira, cocinada al fuego de las millonarias coimas pagadas por las siete familias que controlan la «industria» pesquera.
Isasi Acusa a Cinco Parlamentarios de Facilitar Ingreso de Lobbistas Camuflados de Asesores
Boris Bezama
Los senadores Rossi (PS) y Horvath (RN), además de los diputados Ulloa (UDI), Baltolu (UDI) y Robles (PRSD), fueron mencionados por la diputada Marta Isasi como autores de la misma falta por la que ella fue investigada. Así quedó establecido en el fallo de la Comisión de Ética de la Cámara que indagó la relación entre Isasi y la empresa pesquera del Grupo Angelini, Corpesca. La Comisión acogió el reparo contra Isasi por haber presentado como su asesor en el debate de la Ley de Pesca a un subgerente de Corpesca y le descontó $3.547.292 de su dieta por irregularidades en el manejo de sus asignaciones.
Luego de 15 sesiones de trabajo, la Comisión de Ética de la Cámara Baja finalmente falló en contra de la diputada Marta Isasi, acusada por su ex asesor Georgio Carrillo de haber triangulado dineros entregados por la empresa pesquera Corpesca, del grupo Angelini, para financiar una de sus campañas electorales en Iquique, distrito al que la parlamentaria representó desde 2005 y que perdió en la reciente elección de noviembre de 2013. La diputada Isasi fue derrotada en una campaña que estuvo cruzada por las investigaciones que en forma paralela llevaron la Cámara y la justicia a raíz de las denuncias de Carrillo.
Los resultados de la investigación de la Cámara se conocieron este martes 17 de diciembre y consignan que la diputada hizo mal uso de sus asignaciones parlamentarias (el dinero que la Cámara le entrega para financiar sus actividades relacionadas con la labor legislativa, como el arriendo de sedes, el pago de secretarias o la contratación de asesores). La Comisión de Ética de los diputados estableció que Isasi actuó en concomitancia con Georgio Carrillo para contratar personas que recibieron pagos de la Cámara, pero que no efectuaron trabajo alguno para la diputada.
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación de la Cámara es que Marta Isasi, al asumir su defensa, acusó que otros seis parlamentarios mantuvieron estrechos vínculos con empresas y organizaciones gremiales del rubro pesquero sin declarar esos nexos. Estos parlamentarios no se inhabilitaron durante la tramitación de la Ley de Pesca y, por el contrario, facilitaron a ejecutivos de esas compañías y representantes de esas organizaciones gremiales participar en las reuniones de la Comisión de Pesca de la Cámara “camuflados” como asesores de parlamentarios.
Una de las irregularidades cometidas por Isasi e investigadas por la Cámara fue que la diputada hizo ingresar a la Comisión de Pesca, cuando se discutían aspectos clave de la ley que regula a ese sector, al entonces subgerente de Gestión y Desarrollo de Corpesca, Ramón Pino Correa. El ejecutivo ingresó como “asesor” de la parlamentaria y su asistencia quedó registrada en uno de los videos de las sesiones de la comisión (vea el video). http://www.youtube.com/watch?v=XDVWlnl3jig
Ante la Comisión de Ética la diputada Isasi trató de minimizar la falta y en su defensa arrastró a varios de sus colegas, pues sostuvo que ellos también ingresaron a la Comisión de Pesca a ejecutivos de compañías pesqueras o miembros de organizaciones gremiales que fueron presentados como “asesores parlamentarios”. El fallo de la Comisión de Ética, publicado en la página web de la Cámara de Diputados, consigna que la parlamentaria puntualizó que este tipo de conductas era habitual:
“El origen del reproche efectuado no puede fundarse en supuesta vulneración de un proceder antirreglamentario, ni menos antiético o, sobre todo, por alejarse en extremo de la manera normal, tolerada por el propio trabajo parlamentario y adecuada a su realidad, de cómo se permite o incluye a asesores en la tramitación de proyectos diversos, como especialistas, para oírlos todos o cada diputado, o incluso, en este mismo proyecto, por hallarlos personas pertinentes”.
En ese contexto, Isasi sostuvo que existen videos y actas de diferentes sesiones de la Comisión de Pesca donde se evidencia el acompañamiento de estos asesores:
-Hay múltiples casos de representantes de gremios y personas relacionadas con la pesca que acompañaron a los parlamentarios a las sesiones de las diferentes comisiones. Es natural el vínculo de los parlamentarios con sus regiones, zonas y actores relevantes, pues representan intereses y por ello que asistan entes críticos a cada proyecto tampoco debiera permitir sospechar de nadie -, argumentó Isasi en su defensa.
La diputada individualizó a las personas que participaron en las comisiones como “asesores” y a los diputados que les facilitaron el ingreso. Su reveladora cuenta se inició con el director de la Confepach de Atacama, Juan Morales, quien ingresó como asesor del diputado Alberto Robles (PRSD). La información ya había sido difundida el 18 de junio en una nota de la web de la Radio del Mar, bajo el título “Gerentes de patronales pesqueras participaron como asesores de senadores y diputados en tramitación de Ley de Pesca”.
Isasi sostuvo ante la Comisión de Ética que el senador Antonio Horvarth (RN) permitió el ingreso de Valeria Carvajal, gerente general de la asociación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES), y que el senador Fulvio Rossi (PS) hizo lo mismo con el asesor legal de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), Cristián Tapia, organización que dio su apoyo al proyecto de ley impulsado por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira.
La información entregada a la Comisión de Ética por Isasi también involucró a Alfredo Irarrázabal, gerente general de Pymepes, la asociación gremial de pequeños y medianos empresarios pesqueros de la Región del Biobío, que agrupa a 10 plantas procesadoras que elaboran conservas y productos congelados en Coronel, Talcahuano, Lota y Concepción.
En el caso de Irarrázabal, Isasi no entregó mayor información sobre el parlamentario que posibilitó su ingreso.
El diputado Jorge Ulloa (UDI) también fue mencionado por Isasi. La parlamentaria aseguró que los gerentes generales de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) y de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Luis Felipe Moncada y Héctor Bacigalupo, respectivamente, ingresaron como “asesores” de Ulloa.
De hecho, en el boletín Nº 8.091-21 de la comisión mixta integrada por senadores y diputados que analizaron la Ley de Pesca, se señala que Moncada y Bacigalupo participaron en reuniones realizadas el 11 y 12 de diciembre de 2012 en Valparaíso como “asesores” del diputado Jorge Ulloa, pero no se hace ninguna mención a sus altos cargos en ASIPES y Sonapesca.
De acuerdo con la información proporcionada por Isasi, el diputado Ulloa contó con asesores que conocen muy bien el negocio, pues ASIPES representa a las mayores empresas productoras de congelados, harina y aceite de pescado del país (como Pesquera Camanchaca, Blumar, Seafoods, Congelados del Pacífico, Alimar, Landes y Food Corp., entre otras compañías).
Mientras, Sonapesca es -de acuerdo a su página web- “la voz principal de la industria pesquera ante los poderes públicos” y está integrada por empresas armadoras e industrias pesqueras que representan diversos rubros de producción a lo largo del país (como conservas, aceites de pescado, salados, ahumados, surimi y algas). Sonapesca representa, además, a los principales astilleros de naves pesqueras.
Hasta julio de 2013, Moncada se desempeñó como gerente general de Asipes y hoy es el presidente de la misma entidad gremial de la zona centro sur de Chile. El ejecutivo estudió derecho en la Universidad de Concepción y desde 1990 fue gerente de ASIPES, cargo que le permitió intervenir en la tramitación de la Ley General de Pesca y Acuicultura (1991), la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (2001) y la Ley de Pesca aprobada en 2012.
Hasta ahora en el Congreso no existe ningún mecanismo de control que permita chequear si efectivamente una persona que ingresa a una comisión es asesor de un parlamentario o si pertenece a un grupo de interés. De hecho, ambos gerentes generales –Moncada y Bacigalupo- aparecen en otras sesiones no como asesores del diputado Ulloa, sino en representación de sus propias asociaciones.
El último de los diputados involucrados por Isasi es el representante de Arica: Nino Baltolu (UDI). La parlamentaria recordó que en diciembre de 2012 fue reemplazada en la Comisión de Pesca por Baltolu, quien también perdió su escaño en la reciente elección.
El diputado por Arica habría posibilitado el ingreso del mismo subgerente de Corpesca que figura como asesor de Isasi: Ramón Pino Correa. Pero Baltolu también agregó en la lista de asesores a otro hombre de confianza de Corpesca: el sindicalista Michel Campillay.
El senador Rossi «camufló» a Cristián Tapia, abogado de la Conapach, como asesor para ingresar a la comisión de pesca.
De acuerdo con una nota publicada por La Tercera el 18 de mayo de 2013, Campillay habría presentado a la diputada con Francisco Mujica, entonces gerente general de Corpesca.
Mujica reconoció a CIPER que su empresa había entregado recursos para las campañas electorales de Isasi y de otros parlamentarios. El artículo de La Tercera, citando fuentes del círculo próximo al ex asesor de Isasi, Georgio Carrillo, asegura que en el primer encuentro entre la parlamentaria y Mujica, ella pidió a la empresa $ 50 millones.
“Ahí, Mujica le habría dicho que sólo le entregaría $ 25 millones y con la condición de que tuviera como asesor ad honórem a Campillay, para que monitoreara los temas vinculados a la industria”, señala una cita reproducida por La Tercera. Campillay es el presidente del Sindicato de Guardieros Base Iquique, de Corpesca.
LA SANCIÓN DE LA CÁMARA
La acusación que enfrenta Isasi reveló por primera vez una de las fórmulas que utiliza el difuso mundo del lobby empresarial y gremial para ejercer presión sobre los parlamentarios, a cambio de entregar aportes al financiamiento de las campañas electorales.
En este caso, Corpesca favoreció a una diputada que participó activamente en la comisión legislativa que tramitó la Ley de Pesca, incluso incorporando a la norma indicaciones que favorecían a la industria. El ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, dijo a CIPER que no solo aportó dinero a Isasi, sino que a “muchos más” parlamentarios del norte.
Sus dichos fueron ratificados el 4 de julio ante la PDI, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Tarapacá, por presunto cohecho y soborno. En esa indagatoria, Mujica reveló la existencia de una suerte de “Frente del Norte”, que integrarían el senador por Iquique, Fulvio Rossi (PS), y la ex diputada de Arica, Ximena Valcarce (RN), entre otros.
Luego de la reveladora entrevista a CIPER, el ex gerente de Corpesca -quien se mantuvo por 14 años en la principal empresa pesquera del Grupo Angelini-, debió abandonar ese puesto, como una forma de detener la controversia generada por los aportes a las campañas políticas. El escándalo fue corroborado por correos electrónicos que daban cuenta de las relaciones “laborales” entre el principal asesor de Isasi, Georgio Carrillo, y la empresa de Francisco Mujica.
Corpesca le pagó a Carrillo $25 millones por informes sobre los recursos pesqueros del país, a pesar de que el entonces asesor de Isasi no era especialista en el tema. Carrillo es periodista y quedó demostrado que los informes que “vendió” a Corpesca fueron copiados de documentos solicitados por Marta Isasi a la Biblioteca del Congreso Nacional.
Esto último fue confirmado por las indagaciones realizadas por la Comisión de Ética de la Cámara y en la investigación que desarrolla la fiscalía se recopilaron los mismos antecedentes.
Las dudas respecto de las primeras declaraciones del ex gerente de Corpesca en la investigación judicial hicieron que la Fiscalía de Tarapacá nuevamente lo interrogara el pasado 26 de noviembre. Esta vez, Mujica respondió en Santiago las preguntas formuladas por el fiscal Gonzalo Guerrero. Este quiso precisar los lugares donde se encargaron los trabajos a Carrillo; cómo se concretó la entrega de los informes que fueron plagiados de documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional y los lugares donde se pagaron los tres cheques -por los $25 millones- que recibió Carrillo.
A partir de la investigación de CIPER publicada el 10 de mayo de 2013, la Comisión de Ética abrió un sumario contra Isasi por “falta a los deberes parlamentarios” y “conflicto de intereses”, contenidos en el artículo 5º de la Ley Orgánica del Congreso, que regula temas de probidad. Ambos cargos, en lo central, apuntan al incumplimiento del deber legislativo de imparcialidad y objetividad en las decisiones adoptadas por Isasi y a la administración inadecuada de sus asignaciones parlamentarias.
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados acogió por unanimidad el reproche a Isasi de “haber faltado a la ética parlamentaria… en cuanto al uso de recursos públicos recibidos en razón del cargo, en lo que toca a su negligencia en la dirección general de sus asuntos parlamentarios por la responsabilidad que le cabe en la indebida contratación de Johana Gallardo (esposa de Georgio Carrillo), Carolina Bugueño y Pedro Olguín, sin sujeción a una tarea parlamentaria específica”.
Además, la comisión acogió el reparo formulado a la diputada por haber faltado al deber de desempeñar su función parlamentaria con una entrega honesta y leal, al “presentar como sus asesores ante organismos internos de la Corporación, como las Comisiones de Pesca y de Hacienda, a personas empleadas de una empresa pesquera, en circunstancias de que no tenían aquella calidad, conforme a las normas de contratación de personal vigente, y facilitar que se les otorgaran indebidamente credenciales permanentes con tal calidad, lo cual afectó gravemente la razonabilidad e imparcialidad que debe tener en la resolución de los asuntos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones constitucionales, en este caso, la de legislar”.
El ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, declaró por segunda vez ante la fiscalía.
La Comisión de Ética aplicó a la diputada Isasi la medida de censura y una multa equivalente al 10% de su dieta bruta mensual, correspondiente al mes de diciembre de 2013, por las faltas a la ética parlamentaria.
Y concluyó que Isasi no dio “un correcto uso a sus asignaciones parlamentarias ni justificó debidamente su inversión, por lo que se ordena el reintegro de la suma de $ 3.547.292”, que debe ser descontada de su dieta parlamentaria, correspondientes a los gastos operacionales objetados respecto a la publicación de su Libro “Yo quiero ser feliz”, por $1.934.700; el importe de un viaje a Tacna, por $358.782; la compra de juguetes para la celebración del Día del Niño, por $ 260.000, y la compra de espejos y grabados para el Día de la Madre, por un total de $ 993.810.
El único punto en el que se le aplicó hasta ahora el principio de inocencia a Isasi fue por haber recibido supuestamente recursos provenientes de Corpesca para financiar su campaña. Sin embargo, ello queda condicionado a la investigación judicial que lleva la fiscalía.
Hasta el momento, la Comisión de Ética de la Cámara no ha resuelto abrir investigaciones sumarias a los diputados mencionados por Isasi como autores de la misma falta que ella cometió: ingresar a la Comisión de Pesca a lobbistas de empresas y asociaciones gremiales pesqueras, haciéndolos pasar por asesores legislativos.
