por Francisco Parra
En distintos escritos presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ministerio del Interior reconoce que no supervisa ni controla los cuestionados procedimientos realizados por la policía.
Más de 170 lesiones oculares demuestran cómo el protocolo de uso interno de Carabineros se está incumpliendo.
El domingo 24 de octubre, Carlos Cartagena era parte de una protesta en Plaza Italia. El “estallido” había comenzado hace más de una semana y los ánimos de movilización no caían. Tampoco la respuesta policial. De pie en la emblemática esquina de la Alameda con Vicuña Mackenna, Carlos vio cómo un oficial de Fuerzas Especiales (FFEE) apuntó y disparó.
Calcula que eran 30 metros de distancia y distintos perdigones quedaron alojados en su cuerpo. Uno de ellos, un perdigón completamente de metal, impactó su ojo derecho.
Ese mismo día, unas horas más tarde, Ybar Soto estaba en el Telepizza de Plaza Italia. De frente, un funcionario de FFEE le disparó un perdigón en el ojo derecho. Era de goma, pero el interior de metal, según pudieron verificar los médicos que lo atendieron.
Ese 24 de octubre, 670 de kilómetros al sur, en la ciudad de Temuco, Nicolás Ramírez recibía también un disparo directo. 10 metros de distancia, según dice, 7 heridas profundas en su cuerpo, un perdigón de metal recubierto de goma alojado en su ojo.
Según el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, el registro de personas con lesiones oculares ya supera los 170 casos desde el inicio de las movilizaciones el pasado 18 de octubre. Cerca de la mitad serían con pérdida total de la visión.
En Francia, durante la rebelión de los chalecos amarillos que duró cerca de 10 meses, se registraron solo 55 casos de lesiones oculares.
¿Quién controla a la policía?
Solo en Santiago, se han interpuesto más de 20 acciones judiciales -amparo o protección- ante la Corte de Apelaciones relativas a los abusos policiales de las últimas dos semanas.
La acción de amparo ante la Corte, una vez declaradas admisibles, obliga a las instituciones a dar explicaciones por sus actuaciones. El Ministerio del Interior ha respondido dos acciones judiciales, ambas por lesiones oculares.
El texto, firmado por el abogado del ministerio, Carlos Flores Larraín, dice que, si bien Interior “cuenta con facultades para coordinar, controlar y evaluar” las acciones de Carabineros, “no puede señalar a las fuerzas policiales ni a las de defensa nacional los procedimientos, el contingente que participa en ellos ni los equipos o armamentos a utilizar, debido a que esa determinación compete exclusivamente a los altos mandos institucionales”.
En marzo de este año, la cartera liderada entonces por Andrés Chadwick Piñera publicó en el Diario Oficial el decreto que actualizó las “disposiciones relativas al uso de fuerza en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público” (Ver documento acá).
La actualización se debió a que, un año antes, Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Chile actualizar sus protocolos de uso de fuerza policial, en el marco del caso de Alex Lemún, comunero mapuche asesinado por el coronel (r) Marco Aurelio Treuer en 2002.
El documento firmado por Chadwick establece las directrices del uso de fuerza policial: dice que el uso de armas siempre debe ser precedido por la advertencia clara del policía de utilizarla y que “en caso de reuniones no autorizadas por la autoridad competente y de carácter no violento, los funcionarios policiales evitarán el uso excesivo de la fuerza”. Todo, en “estricto cumplimiento de la legislación interna y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile en materia de derechos humanos”.
A raíz del decreto, Carabineros elaboró un nuevo protocolo, que quedó establecido en la circular N°1832, firmada por el general director Mario Rozas el 1 de marzo de 2019 (ver documento acá). El instructivo establece claramente un “uso diferenciado y gradual de la fuerza” y lo distingue en cinco niveles, que van desde la “colaboración” hasta la “agresión activa” (al carabinero) y “agresión activa potencialmente letal”.
Frente a cada uno de ellos, Carabineros distingue cinco niveles de fuerza que pueden utilizar los policías. Estos son la presencia policial (diálogo), la verbalización (mandato), el control físico (aplicación de medios reactivos), el uso de armas no letales (gases lacrimógenos, bastón de servicio, carro lanza aguas) y, por último, el uso de armas potencialmente letales.
Las escopetas antidisturbios es parte del cuarto nivel, como “armas no letales”. “El empleo de la escopeta antidisturbios deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor en donde está en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes o carabineros”, dice la circular, que enfatiza en el principio de proporcionalidad: el uso de la fuerza debe ser proporcional a la amenaza de vida del carabinero, solo a la parte baja del cuerpo y después de haber advertido que se utilizará el arma.
La abogada independiente Paz Becerra ha patrocinado varias acciones judiciales desde el inicio de las manifestaciones, la mayoría por lesiones oculares. “Todos coinciden que no son por rebote, son disparos directos al rostro, a los ojos, y a pocos metros de distancia”, afirma.
Becerra explica que estos litigios ante la Corte de Apelaciones son “estratégicos”, pues las investigaciones penales por los abusos tardarán meses, incluso años, y día a día aumentan las víctimas. “Nadie en la institucionalidad formal, los poderes del Estado, se están haciendo cargo de esto. El Ejecutivo avala estas actuaciones, el Legislativo hace comisiones que demorarán meses, entonces tiene que ser la Justicia la que salga a frenar a Carabineros. Si hubiésemos tenido, como sociedad, una posición política clara para evitar este ataque, podríamos haber evitado que decenas de personas estén sin esta mutilación”, afirma.
Precisamente, lo que se le pide a la Corte es que decrete una orden de no innovar, para que Fuerzas Especiales de Carabineros deje de disparar de manera horizontal contra manifestantes y contra la parte superior del cuerpo.
Pese a que la evidencia de los manifestantes heridos demuestra el incumplimiento del protocolo, las respuestas de Carabineros a la Corte han justificado su actuar.
“El uso de escopetas antidisturbios, con munición no letal, está previsto para el control de muchedumbres (…) existían al momento de la movilización ‘manifestantes agresivos’, por lo que se verifican los dos criterios en los instrumentos mencionados, que habilitan a Carabineros para el uso de escopetas antidisturbios con munición no letal”, dice un escrito firmado por el asesor jurídico de Carabineros, el mayor Rodrigo Batek.
Este lunes 4, en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el general director Mario Rozas dijo que todas las denuncias han sido acogidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Pero también recalcó que “todas las marchas son ilegales, ya que ninguna está autorizada”.
Metal con goma
El 22 de octubre, en Viña del Mar, un joven universitario recibió una serie de disparos de parte de Carabineros. La tomografía maxilofacial que se le hizo en el Hospital Clínico IST muestra que tenía alojado “un cuerpo extraño con densidad metálica, de 7 x 9 mm” en la mandíbula.
No existe una regulación respecto al uso de perdigones de goma o de metal. Los cartuchos alojados en los cuerpos de las víctimas estas dos semanas han confirmado -según informó el Colegio Médico en la comisión de Derechos Humanos del Senado- que la mayoría de las municiones que se están disparando son de algún tipo de metal recubierto de goma. También se han encontrado otros perdigones más pequeños de metal. Se desconoce, hasta ahora, el tipo específico de material del que están hechos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ya denunció el actuar ilegal de Carabineros al disparar al cuerpo, cuello y rostro de los manifestantes, así como la falta de gradualidad del uso de la fuerza y la ausencia avisos previos. Además, el instituto pidió a organismos del Estado solicitar un peritaje internacional sobre los armamentos empleados por la policía para el control del orden público.
Para el profesor de la Universidad de Chile, el toxicólogo Andrei Tchernitchin, se debe realizar un análisis químico para determinar si los perdigones están hechos de plomo o de acero. “El acero es inocuo en el largo plazo, pero en cambio el plomo es tóxico, porque se disuelve y aumenta la cantidad de plomo en la sangre, y ahí se pueden producir una serie de efectos tóxicos pues hay una alteración neuro conductual en el sistema nervioso central”, asegura.
El plomo incluso puede ser heredado de una madre a un hijo a través de la placenta, explica el médico, generando una serie de problemas a lo largo de la vida.
Según un informe de Amnistía Internacional, las escopetas antidisturbios “son armas potencialmente letales que tienen la capacidad de infligir un sufrimiento cruel e inhumano”. Los perdigones de plomo, en tanto, “causan traumatismos importantes y la muerte si se disparan a corta distancia”. Son, dice el estudio, particularmente peligrosos cuando “alcanzan partes del cuerpo especialmente vulnerables, como la cara, los ojos y la garganta, causando heridas profundas y penetrantes”.
Mientras las acciones judiciales que apuntan contra este armamento utilizado Carabineros esperan su fallo para los próximos días, la policía sigue utilizándolos, a destajo y sin mayor provocación, pese a que un supuesto instructivo interno -difundido la semana pasada por La Tercera– llamaba a no usarlos más. Un registro del martes 5 de noviembre en Maipú lo demuestra: 40 segundos de grabación que terminan con un disparo directo a la parte superior del cuerpo, sin advertencia alguna.
Fuente: El Desconcierto
Parte médico sobre Gustavo Gatica
Este viernes, el estudiante universitario Gustavo Gatica, de 21 años, recibió proyectiles en sus dos ojos cuando se manifestaba en Plaza Italia, lo que le hizo perder uno de ellos inmediatamente y dejó el otro con severos daños. Ayer, el joven fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Santa María para tratar de salvar el ojo que los médicos aún no dan por perdido.
En un comunicado de la institución de salud, se establece que Gustavo ingresó a la clínica el día viernes y que presentaba un “impacto de balines en ambos ojos, que le provocaron un traumatismo ocular bilateral severo y visión cero desde la primera evaluación“.
“El paciente fue intervenido quirúrgicamente por un equipo especializado de oftalmólogos de la Institución, quienes comprobaron la grave lesión de ambos globos oculares, con pérdida de la visión en el ojo izquierdo y a la espera de la evolución del ojo derecho. En este momento se encuentra estable y fuera de riesgo vital”, declararon las autoridades del centro asistencial.
La Clínica Santa María emitió este domingo un nuevo parte médico del estado de salud del joven de 21 años Gustavo Gatica, quien fue sometido a una intervención quirúrgica tras recibir un disparo de perdigón en sus ojos.
El recinto clínico señaló que el joven «se encuentra estable, recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido».
Al mismo tiempo, detallaron que el estudiante de psicología permanecerá en observación por las próximas 48 horas con los .»cuidados necesarios y apoyo integral multidisciplinario».
Gustavo Gatica Villarroel fue afectado el viernes pasado por perdigones lanzados por carabineros en manifestaciones ocurridas en Plaza Baquedano.
Las graves lesiones a sus globos oculares derivaron en que perdiera la visión en uno de sus ojos izquierdo, mientras que en el derecho está en «evaluación».
La «epidemia» de lesiones oculares que ponen en entredicho al gobierno de Piñera
por Veronica Smink
«No sé si ustedes han visto llorar por el único ojo que le queda a una persona que le ha estallado un globo ocular, llorar por el otro ojo, que también lo tiene dañado. Llorar sangre».
Eso le preguntó a un grupo de funcionarios del gobierno de Chile, incluyendo a los ministros de Defensa y del Interior, el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta chilena.
Fue durante una sesión especial de la Comisión, convocada el pasado lunes para hablar sobre la gran cantidad de acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante las masivas protestas que han sacudido al país sudamericano desde el pasado 19 de octubre.
Según la Fiscalía de Chile, 23 personas han muerto desde que comenzaron las movilizaciones. Cinco murieron a manos de agentes del Estado y otras dos fallecieron mientras estaban detenidas en una comisaría.
En tanto, más de 2.500 personas han resultado heridas durante las protestas, según la Cruz Roja de Chile. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hubo al menos 400 lesiones por disparos de balas de goma o perdigones.
Pero lo que ha causado especial consternación entre las autoridades médicas e incluso algunos funcionarios es la cantidad de lesiones oculares graves que han ocurrido a causa de estas armas no letales.
Tanto el Colegio Médico como la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof) alertaron que durante las primeras dos semanas de protestas casi 180 personas sufrieron una lesión severa en uno de sus ojos.
El 60% padeció una disminución severa de la visión, mientras que casi el 30% quedó completamente ciega en un ojo.
«Récord mundial»
Hablando ante la Comisión de DD.HH., el presidente de la Sochiof, Dennis Cortés, dio más detalles sobre las víctimas.
Dijo que más del 85% son hombres y que tienen en promedio 30 años.
También contó que cerca del 30% «ingresa con el globo ocular estallado, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de recuperación visual en ese ojo».
Pero el dato que más escalofríos causó fue cuando señaló que la cantidad de lesionados en los ojos por balas de goma no solo es récord en la historia de Chile.
Tampoco tiene precedentes en el mundo.
«No hay ningún número en la historia de nuestra especialidad que avale estos números que tenemos en este momento», afirmó.
«Más aún, cuando hablamos de esto a nivel internacional, haciendo una revisión exhaustiva del número de casos de pacientes que han perdido un globo ocular por uso de armas no letales, el número es también muy alarmante y lideramos, tristemente, esta cifra», aseguró.
«Haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflictos -y estoy incluyendo a Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros- en total son más de 1.900 lesionados por balines, y de ellos 300 tenían lesiones oculares».
«Nosotros tenemos prácticamente mitad de ese número en dos semanas», denunció.
Qué dicen las estadísticas
Las afirmaciones de Cortés se basan en uno de los estudios más exhaustivos que existen sobre el uso de balas de goma, plástico y otros armamentos no letales para contener multitudes.
El trabajo, publicado en 2017 en la revista médica BMJ Open, analizó más de 3.000 documentos con datos estadísticos sobre muertes, lesiones y discapacidad causados por estos objetos, conocidos técnicamente como «proyectiles de impacto cinético».
Los investigadores de la Universidad de California, la Universidad de Emory y otros organismos de Salud en Estados Unidos, analizaron la información recopilada entre 1990 y 2017 en siete regiones del mundo.
Incluyen las estadísticas de EE.UU. y algunas de las zonas más conflictivas del planeta, como Israel y los territorios palestinos, Irlanda del Norte y el sur de Asia.
Como señaló Cortés, el informe concluye que hubo más de 1.900 lesionados por estos proyectiles. Pero no fueron 300 los que tuvieron lesiones oculares, como dijo.
Fueron menos: 261 (300 fueron los que sufrieron discapacidad permanente en alguna zona del cuerpo).
Esto significa que los 180 casos de Chile representan casi el 70% de la cantidad total de víctimas de lesiones oculares por balas de goma que hubo entre 1990 y 2017 (los 27 años mencionados por el presidente de la Sochiof).
Hong Kong
Sin embargo, la comparación del funcionario no incluyó las estadísticas de los últimos dos años, en los que hubo una gran cantidad de protestas alrededor del mundo.
En particular, las masivas movilizaciones que se vienen realizando en Hong Kong, desde junio pasado, contra las autoridades chinas, se han caracterizado por el uso de armas no letales por parte de las fuerzas de seguridad.
Ha habido casos famosos de personas que fueron heridas en los ojos por estos proyectiles, más recientemente la periodista indonesia Verby Mega Indah, quien perdió la vista en su ojo derecho por el balazo que recibió mientras cubría las protestas, a comienzos de octubre.
Incluso una víctima anónima -una joven que fue filmada tirada en el piso, con sangre brotando de uno de sus ojos- se convirtió en un símbolo de la protesta, cuando alguien la dibujó, con una venda sangrienta alrededor de su rostro.
La imagen, hoy vista en carteles y panfletos, se ha convertido en una denuncia pública contra el exceso de violencia policial.
A pesar de ello, la agencia Bloomberg informó a finales de octubre que la cifra de lesiones oculares severas en Chile «supera con creces lesiones similares en protestas recientes en Hong Kong, España, Líbano y Francia».
La BBC intentó corroborar el dato con organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero no pudieron aportar las cifras de víctimas durante los últimos dos años.
«Epidemia»
Lo cierto es que tanto en Hong Kong como en Chile ha habido marchas para denunciar lo que algunas autoridades médicas están llamando una «epidemia» de lesiones oculares.
Durante la sesión de la Comisión de DD.HH., Navarro informó que algunos senadores presentaron recursos de amparo ante la Justicia contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel -responsable político de los Carabineros, la policía chilena acusada de cometer estos abusos- para prohibir el uso de estos proyectiles.
«El grado de daño que están causando los balines, los perdigones, no se condice con el protocolo progresivo del uso de la fuerza», aseguró Navarro.
«Deben ser sacados de su uso, dado la situación gravísima que han provocado y que lejos de disuadir, hacen enervar, excitar a la ciudadanía», afirmó.
En respuesta, el ministro Blumel dijo que «todas las situaciones muy dolorosas, muy lamentables, están siendo investigadas y denunciadas a la Fiscalía para que se resuelvan en sede penal, si es que efectivamente hay antecedentes que lo justifiquen».
«Vamos a exigir sanciones si es que hay acciones que son fuera del marco de la ley», aseguró.
Defensa de Carabineros
Más allá de colaborar con la Justicia y de asegurar que se sancionará cualquier exceso de fuerza, el gobierno de Piñera ha mantenido una férrea defensa de Carabineros y de las Fuerzas Armadas que actuaron durante los primeros días de las protestas.
Las autoridades recalcan que unos 800 carabineros han resultado heridos durante las manifestaciones, que en varias ocasiones se han tornado violentas.
Sin embargo, el alarmante número de víctimas de lesiones oculares causadas por balas de goma pareciera estar generando algunas grietas dentro del Ejecutivo.
El jueves, durante una entrevista radial, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que «el número de personas con lesionares oculares es brutal».
A pesar de señalar que debía ser la Justicia la que defina la situación, agregó:
«Uno puede argumentar que en varias de esas lesiones desproporcionadas hay violación a los derechos humanos».
También la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, reconoció recientemente que están ocurriendo algunas «violaciones a los DD.HH.» en Chile y dijo que estas «no son aceptables ni tienen justificación».
Sin embargo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha mantenido, al igual que Piñera, que se trata de «errores» y «excesos» que la ley juzgará.
Fuente: BBC Mundo
