Para verdades, el tiempo. Así como una investigación periodística del portal The Intercept, derrumbó el montaje judicial contra Lula da Silva, lo propio hizo el diario electrónico Panam Post, al cual nadie en su sano juicio puede acusar de «chavista», con una fundada denuncia sobre la corrupción del pretendido «presidente a cargo» de Venezuela, Juan Guaidó, su círculo íntimo y sus familiares.
Las revelaciones de la publicación Panam Post sobre la trama de corrupción que familiares y allegados de Juan Guaidó han ejecutado en la ciudad colombiana de Cúcuta y otros elementos inmorales que van saliendo a la luz, han estremecido a la sociedad venezolana y muestran la cara enlodada de la oposición golpista en Venezuela, que ha pretendido erigirse en «salvadora» de esa nación.
Desvío de dineros, malversación de fondos, inflación de cifras, fraude y amenazas para que emisarios del presidente Guaidó se rodeen de lujos.
Desde el presidente Juan Guaidó hasta su embajador en Bogotá y el Gobierno de Colombia han confirmado el presunto desvío de fondos para desertores venezolanos.
Los hechos de público conocimiento en torno a los funcionarios de Juan Guaidó disparan preguntas infrecuentes en un país en el que los culpables se victimizan.
Los grandes medios, por supuesto, evaden la noticia, pero es inútil:ya nadier les cree
Indice
- La trama Cúcuta: Las cuentas corruptas de los familiares y amigos de Guaidó
- Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia
- Preguntas urgentes sobre el «Cucutazo»
- Reacciones confirman trama de corrupción en Cúcuta
- Malversación de fondos de la ‘ayuda humanitaria’: lo que se sabe sobre la supuesta corrupción de enviados de Guaidó
- Guaidó aprovechará para robarse lo más que pueda antes de pirarse del país.
La trama Cúcuta: Las cuentas corruptas de los familiares y amigos de Guaidó
por Randy Alonso Falcón
La investigación publicada el pasado viernes bajo la firma de Orlando Avendaño, editor jefe de esa publicación, confirma en primer lugar la podredumbre que rodeó el frustrado show político en la frontera colombo-venezolana el pasado 23 de febrero. Un siniestro y publicitado montaje de «ayuda humanitaria» bajo la coautoría del golpismo venezolano y de personajes como Iván Duque, Sebastián Piñera, Mike Pence, John Bolton, Elliot Abrams, Marco Rubio y Luis Almagro.
También certifica el hálito de fracaso que rodeó a esa operación: «Fue un fracaso. Un rotundo fracaso. Son muchas las razones. Improvisación, manejo de información desacertada, mediocridad o simple ingenuidad. El 23 de febrero ningún camión cargado con ayuda humanitaria pudo entrar a Venezuela», afirma el reportero.
Piezas claves en el armado del 23 de febrero fueron los diputados opositores José Manuel Olivares y Gaby Arellano, quienes llevaban meses viviendo en Colombia y tenían cercanía con el Gobierno de aquel país. Ellos dirigieron el operativo en la frontera que terminó en un chasco y fueron blanco de las críticas de sus propias filas. El 24 de febrero fueron desplazados de importantes y jugosas misiones.
Pero en medio de la clara derrota, los alabarderos del golpismo levantaron como la gran conquista de ese día las escasa decenas de militares que traicionaron a su ejército y cruzaron la frontera. Según el reportaje, la cifra de ese 23 de febrero fue de más de cuarenta. A los tres días ya iban más de 270 militares y policías. Una escasa fuga a cuentagotas en una fuerza militar de más de 200 mil efectivos.
Detrás de los «héroes» desertores para medios como NTN24, Caracol y otros voceros de la oligarquía colombiana, había historia que contar. «Las reseñas sobre quienes engrosan la lista de desertores son terribles. ´Se cuentan con los dedos los militares decentes que están allí´, me dice alguien de Cúcuta. Y, para mayor indignación, no todos los que son tratados como grandes institucionalistas y corajudos llegaron a Cúcuta luego de huir del régimen de Nicolás Maduro.», escribe Avendaño.
«Ante la jugosa oferta de amparo financiero, militares que habían emigrado a Perú o a Ecuador, antiguos funcionarios, civiles con documentos falsificados, se presentaron en Cúcuta a vociferar su supuesto respaldo al nuevo Gobierno de la oposición venezolana.»
[…]»Los militares se terminaron hospedando en siete hoteles. La cifra oficial que había reportado el Gobierno de Juan Guaidó, ya para abril, era de 1 285 funcionarios. El pequeño ejército con el que contaba el presidente, pero que hasta ahora daba muy mala impresión en Cúcuta. Prostitutas, alcohol y violencia. Exigían y exigían. Pero poco podían hacer los hoteles. Al final, aquello no era de gratis.»
Es decir, ni tantos, ni tan buenos, ni tan nuevos.
Y la famosa «ayuda humanitaria» que era la cobertura del show político del 23 de febrero y que apenas cubriría las necesidades de unos miles de venezolanos, se ha podrido en los galpones, a pesar de que allí mismo en Cúcuta hay miles de colombianos pasando hambre.
Cuenta Avendaño en su trabajo: «Según me confirmaron tres fuentes, que pidieron, me ratificaron en todo momento que guardara su condición de anonimato por lo delicado de la denuncia, al menos el 60 % de todos los alimentos donados por aliados del Gobierno de Juan Guaidó se dañó. Me mostraron fotos sin compartírmelas.
«La comida está podrida, me dice. ´Todo lo que envió el presidente Piñera ya no sirve. Está ahí. No saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo. Lo quemarán, imagino´».
El concierto de la provocación y la opacidad
El día antes del frustrado intento de manipular el paso de «ayuda humanitaria» de Colombia a Venezuela, se había efectuado el famoso concierto en Cúcuta para el que se contrataron a varias figuras internacionales, con el «generoso» aporte del multimillonario británico Richard Branson.
El objetivo del show musical cerca de la frontera era tener concentrado a miles, listos para avanzar al otro día hacia territorio venezolano.
Más los cálculos de los organizadores fueron errados. Apenas 30 mil espectadores tuvo el concierto, para el que se pronosticaban no menos de 300 mil asistentes.
Mucha nebulosa quedó alrededor de aquel evento que todavía sigue plantendo interrogantes.
Otro artículo del Panam Post publicado este lunes deja caer varias preguntas claves sobre ese acontecimiento:
– ¿Cuánto dinero se recolectó en el concierto a beneficio de Venezuela realizado en Cúcuta?
– ¿Dónde está el dinero recolectado en el concierto en Cúcuta?
– ¿Qué rol cumplió el primo hermano del presidente interino Juan Guaidó en dicho concierto y en razón de qué se le dieron responsabilidades en el mismo, si las tuvo?
En el sitio Venezuela Aid Live se refleja el monto exacto recaudado tras el concierto: 2.351.812 dólares estadounidenses. Se informa también sobre la creación de la fundación Aid Live Foundation para “garantizar la continuidad de los esfuerzos para la atención de la emergencia humanitaria”.
El sitio web señala que atenderán “el desarrollo integral para la infancia, el acompañamiento nutricional en la niñez, salud y acceso a servicios básicos para los niños y la promoción de bienestar de las familias migrantes radicadas en Colombia”.
Afirma también que los proyectos serán auditados y que “las organizaciones con las que trabajen de cerca deberán cumplir con los criterios para recibir fondos de agencias internacionales de financiamiento”. Hasta la fecha, no figura ningún reporte sobre el destino actual del dinero.
Más información:
- Perlas, mentiras y discriminaciones de un concierto y de la «ayuda humanitaria»
- Gobierno venezolano revela trama de corrupción para robo millonario al Estado que vincula a Guaidó
La pareja del derroche
El 24 de febrero, Gaby Arellano y Juan Miguel Olivares, sufrieron otro de los Golpes de Guaidó. Ambos fueron desplazados del control de importantes recursos.
Juan Guaidó firmó ese día una carta en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, la atención de «la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio», revela la investigación de Panam Post.
Kevin y Rossana serían por tanto los designados para manejar el dinero que pagaría la estancia de parte de los militares desertores en territorio colombiano.
De los siete hoteles donde estaban los ex-militares, el Gobierno de Colombia se estaba encargando del pago de unos y ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, de otros, incluidos los hoteles Hampton Inn y el Villa Antigua, en Villa del Rosario. A Guaidó y sus fuerzas golpistas le correspondía el pago de dos hoteles: el Ácora y el Vasconia.
Cuenta el Panam Post:
«Sin embargo, a principios de mayo, se empezó a tensar la realidad de los desertores. El Gobierno de Juan Guaidó no les respondía. El hotel Ácora, administrado por Venezuela, no había recibido el pago y, para el 6 de mayo, guardaba una deuda de 60 millones de pesos (unos US$ 20 mil).»
[…]»Finalmente, ante la incapacidad de sostener esa realidad, el hotel Ácora decidió desalojar a los 65 militares y sus familiares».
¿Y qué pasó con el dinero que fluía desde Caracas y otros lugares para asegurar la estancia de los exmilitares?
Panam Post se topó con revelaciones de escándalo como estas sobre la actuación de los potentados de Guaidó en Cúcuta:
«Estos nombres son claves; sin embargo, las miradas se deben posar sobre la mujer, Rossana Barrera, quien es la cuñada del diputado del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, mano derecha del presidente Juan Guaidó luego de que Roberto Marrero fuera secuestrado por el régimen de Maduro. Esto fue confirmado por un miembro del equipo de la presidencia.
«Barrera, junto a Kevin Rojas, asumió completamente la operatividad de lo que ocurría en Cúcuta y se encargó del manejo de fondos para el pago de la estadía de los militares. Las alarmas se encendieron cuando, según me dijo un funcionario de la inteligencia colombiana, Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no se correspondía con quienes eran.
«Me entregaron todas las pruebas. Facturas que demuestran excesos y, varias, extrañísimas, de diferentes talonarios, firmadas el mismo día y con estilos de escritura idénticos. Casi todas sin sello. Gastos de más de 3 000 000 de pesos en hoteles colombianos y en discotecas, por noche. Unos mil dólares en bebida y comidas. Gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta. Reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Plata que fluía. Mucha plata.
[…] «Barrera, designada por Guaidó, empezó a desarrollar todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta. Según me confirmaron tres fuentes diferentes, Barrera reportaba a Caracas el pago de los siete hoteles en los que se estaban alojando los uniformados y sus familiares. Caracas desembolsaba los fondos; sin embargo, a Venezuela, subrayo, solo le correspondían dos hoteles.
«Otro incidente, del que se percató el Gobierno de Colombia, estuvo relacionada con la cifra de militares en Cúcuta. La información oficial, proveída por el Gobierno de Juan Guaidó al de Iván Duque luego de una valoración, era de más de 1 450 funcionarios. No obstante, una evaluación paralela de inteligencia colombiana concluyó en que Barrera y Rojas habían inflado la cifra de desertores. Realmente eran unos 700.»
#FOTO Éste es Kevin Rojas Peñaloza, de 45 años, uno de los enviados de Guaidó acusados de robar varios centenares de miles de dólares de la llamada ayuda humanitaria y dinero enviado a #Colombia. Junto a él mencionan a Rossana Barrera Castillo pic.twitter.com/ClcbfE5e3b
— La Tabla (@latablablog) 15 de junio de 2019
El entorno Guaidó
Al escandaloso desfalco de los enviados de Guaidó a Cúcuta hay que añadir una buena lista de familiares y amigos que se están mojando con los millones que maneja la oposición golpista.
El Panam Post ha hecho otras preguntas interesantes:
– ¿Qué rol cumplen en Cúcuta en la operación del 23 de febrero Gustavo Guaidó y Juan Victor Salcedo, hermano y primo hermano del presidente interino, respectivamente?
– ¿Qué rol cumple en las actividades del 23 de febrero Federico Pérez, mano derecha del presidente interino y amigo de la infancia de él y de su hermano?
– ¿Qué rol cumple en las actividades del 23 de febrero Demóstenes Quijada, hombre de confianza del presidente interino y al mando de quién?
– ¿Es cierto que el dinero que se le hacía llegar a Rosana Barrera era girado por Gustavo Guaidó y Juan Victor Salcedo?
– Tomando en consideración lo enviado por Lester Toledo a través de grupos de Whatsapp de activistas de Voluntad Popular, ¿quiénes son los financistas privados que hicieron llegar dinero al gobierno interino «para costear actividades no previstas por la ACNUR y otros entes»? ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿En qué se gastó ese dinero? ¿A través de quién se hizo llegar?
Y hay más…
El Ministro de Comunicación del Gobierno venezolano Jorge Rodríguez dijo este lunes que los desvíos de fondos cometidos por Barrera y Rojas, designados por el partido Voluntad Popular para ayudar a los militares desertores, y «ladrones de confianza de Guaidó» eran conocidos desde hace tres meses por él y por Leopoldo López.
«El dinero lo estaba gastando no solamente Rosana y Kevin. También Freddy Superlano, Gaby Arellano, Lorent Saleh, etc. por miles y miles de dólares en hoteles de lujo, en alcohol y en prostitutas», denunció.
Puso como ejemplo el caso del diputado Freddy Superlano y su asistente el pasado 23 de febrero en Cúcuta. Presentó las fotografías de las dos mujeres implicadas en la intoxicación del diputado y la muerte de su asistente; las mujeres son señaladas además del robo de 750.000 dólares. Jorge Rodríguez mostró extrañeza por la falta de investigación por parte de las autoridades colombianas.
«Durante una noche de tragos y excesos, previo al falleció el primo y asistente del diputado Freddy Superlano, quien fungía como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Aunque el legislador se recuperó tras ser hallado en grave estado de salud, su primo no corrió con la misma suerte. Perdió la vida en el bochornoso incidente luego de que dos prostitutas les “hurtaran a él y su primo sus pertenencias”.
La policía colombiana confirmaría que estaban en el motel Penélope intoxicados por escopolamina por unas “prepago”, justo antes del concierto “Venezuela Aid Live” en la frontera, donde se supone gestionarían el ingreso de la ayuda humanitaria para la nación sudamericana».
(Fuente: Globovisión)
El también Vicepresidente del gobierno venezolano sostuvo que el representante de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, de quien dijo «pagó con un cheque sin fondo» en los hoteles donde estaban los militares en Cúcuta es «cómplice» de los hechos. «Para tapar el escándalo fue a pagar con un supuesto cheque personal y comete otro delito porque pagó con un cheque sin fondos a los hoteles donde estaban estos militares, un supuesto embajador, o sea que, sí sabía, o sea que era cómplice», afirmó.
Durante su intervención, también acusó a Guaidó de robarse el dinero recaudado en el concierto Venezuela Aid Live realizado en Colombia en beneficio de los migrantes venezolanos, y de nombrar una supuesta junta directiva de Citgo, principal filial de la estatal Pdvsa, «para robarse 7 mil millones de dólares».
«Tenemos información que los intereses de los 7 mil millones de dólares depositados en bancos norteamericanos o de otros continentes que pertenecen a Citgo están desplazándose a cuentas personales», aseguró Rodríguez.
El ministro venezolano también denunció el financiamiento de la oposición golpista a actos terroristas contra Venezuela.
Las pruebas presentadas por Jorge Rodríguez, son las capturas de pantalla de las conversaciones entre Roberto Marrero y una persona a quién denominan «Rossana de Cúcuta» (Rosana Barreras) en el que le dice a Marrero que no le alcanza el dinero para contratar los sicarios provenientes de otros países de América Latina para promover la desestabilización en Venezuela, a lo que Marrero se compromete a pagar entre 500.000 y 700.000 dólares para la cancelación de estos.
La oposición golpista venezolana es heredera de las peores prácticas corruptas e inmorales de la IV República y de los métodos violentos de la DISIP de aquella época que tuvo entre sus componentes a oficiales como Luis Posada Carriles. Tan nefasta combinación sólo puede conducir al fracaso y al odio.
Ministro de Comunicación de #Venezuela, @jorgerpsuv: Quedaron en evidencia los mecanismos que se procederán con el dinero venezolano. La oposición averiguó qué zonas la república tenia depositado el dinero de Venezuela para entregarlo a sus gobiernos aliados pic.twitter.com/0O0tWInDjg
— teleSUR TV (@teleSURtv) 17 de junio de 2019
De dónde creen que salió el dinero para que la mujer del autoproclamado estuviera de viaje durante dos meses,alrededor del Mundo?,ella no trabaja, y el marido, con sueldo de diputado,no creo. Se tenía que decir y se dijo ! #GuaidóLadrón pic.twitter.com/6lyd023GaU
— mariela cortez (@mariela_cortez) 15 de junio de 2019
Fuente: Cubadebate
Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia
Por Orlando Avendaño
Un muy buen amigo me dijo en estos días: «El problema no es el régimen, es el sistema». Coincido. Es el sistema.
Es el sistema el que te absorbe, el que te contamina. El que te compromete y aprieta el grillete. El que te seduce, te cautiva y ofrece poner billetes en tu bolsillo.
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En Cúcuta sucede algo. Desde hace bastante. Hay mucho ruido. Se acusan entre todos y fluye demasiado información, que suena inverosímil, y que no se ha confirmado. Me ha llegado. Que esto pasó, que la plata rodó por acá, que acá se gastó esto y esta persona se compró un apartamento con lo que se ganó acá, que los militares reclaman, que el cheque, que el embajador, que qué bolas.
Muchos están indignados con un caso que parece etéreo, difícil de palpar. Pero basta con escudriñar un poco para saber que no hay solo ruido y que las acusaciones no se alejan tanto de la realidad. «Es muy desagradable», me dicen.
La oferta
Fue un fracaso. Un rotundo fracaso. Son muchas las razones. Improvisación, manejo de información desacertada, mediocridad o simple ingenuidad. El 23 de febrero ningún camión cargado con ayuda humanitaria pudo entrar a Venezuela. En cambio, hubo fuerte represión en la frontera. Reproducción irritante de ese juego de piedras contra balas en el que siempre salimos perdiendo. Gas, mucho gas, y el sonido de los casquillos contra el asfalto.
No obstante, entre la derrota, se quiso interpretar un hecho como la gran conquista del día: decenas de militares habían abandonado al régimen de Nicolás Maduro y se habían sumado al Gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó. La cifra de ese 23 de febrero fue de más de cuarenta. A los tres días, ya iban más de 270 funcionarios. Paulatinamente, a cuentagotas, uniformados se iban subordinando al presidente Guaidó.
Pero lo que lucía como un guiño del inminente desmoronamiento del régimen de Nicolás Maduro se terminó convirtiendo en un serísimo problema político, y de salud pública, para los Gobiernos de Iván Duque y Guaidó.
Las reseñas sobre quienes engrosan la lista de desertores son terribles. «Se cuentan con los dedos los militares decentes que están allí», me dice alguien de Cúcuta. Y, para mayor indignación, no todos los que son tratados como grandes institucionalistas y corajudos llegaron a Cúcuta luego de huir del régimen de Nicolás Maduro.
Ante la jugosa oferta de amparo financiero, militares que habían emigrado a Perú o a Ecuador, antiguos funcionarios, civiles con documentos falsificados, se presentaron en Cúcuta a vociferar su supuesto respaldo al nuevo Gobierno de la oposición venezolana.
La oferta que atrajo a tantos fue una consecuencia de la retórica que venía manejando el Gobierno de Guaidó antes del 23 de febrero. Todo aquel militar que abandone a Maduro será un héroe y, por lo tanto, será tratado como un héroe. Surprise, los héroes no se mueren de hambre.
Estadía en hoteles, manutención de ellos y su familia; medicinas, comida, hospital, lo que necesitaran. Y, claro, la continua invitación a quienes podían —o pueden, según los necios— generar el quiebre militar que tanto se busca ahora debía partir de dejar claro que los militares en Cúcuta estarían cómodos, tendrían privilegios y serían homenajeados. Las mieles de abandonar a Maduro.
El desalojo
Los militares se terminaron hospedando en siete hoteles. La cifra oficial que había reportado el Gobierno de Juan Guaidó, ya para abril, era de 1 285 funcionarios. El pequeño ejército con el que contaba el presidente, pero que hasta ahora daba muy mala impresión en Cúcuta. Prostitutas, alcohol y violencia. Exigían y exigían. Pero poco podían hacer los hoteles. Al final, aquello no era de gratis.
De los hoteles, el Gobierno de Colombia se estaba encargando del pago de unos y ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, de otros, incluidos los hoteles Hampton Inn y el Villa Antigua, en Villa del Rosario. A Venezuela, representada por Guaidó, le correspondía el pago de solo dos hoteles: el Ácora y el Vasconia.
Sin embargo, a principios de mayo, se empezó a tensar la realidad de los desertores. El Gobierno de Juan Guaidó no les respondía. El hotel Ácora, administrado por Venezuela, no había recibido el pago y, para el 6 de mayo, guardaba una deuda de 60 millones de pesos (unos US$ 20 mil).
Al columnista del PanAm Post, Emmanuel Rincón, un militar en Cúcuta, bajo condición de anonimato, le aseguró que el Gobierno de Juan Guaidó era inconsciente con ellos.
Finalmente, ante la incapacidad de sostener esa realidad, el hotel Ácora decidió desalojar a los 65 militares y sus familiares.
Todos apuntaron a la embajada. Se supo que el embajador de Guaidó en Colombia, el exministro y reconocido político Humberto Calderón Berti, había enviado un cheque de 27 millones de pesos que, por un mal cálculo, rebotó, como reporta el medio colombiano Las 2 Orillas.
Era dinero que sacaba de su bolsillo, según me comentó alguien cercano a trabajadores del hotel Ácora. Pero eso realmente no le correspondía a él. Era en Caracas donde se saldaban esas cuentas. En el desespero ante la presión, ante las acusaciones odiosas e irracionales, el embajador intentó concluir el impasse.
El robo
A este punto, la pregunta natural que debería surgir es: ¿qué ocurrió con los fondos para pagar el hotel en el que se hospedaban los militares? El Gobierno de Guaidó, el de Duque y representantes de ACNUR habían acordado, semanas antes, la distribución de los fondos y la responsabilidad que asumirían cada uno.
Afortunadamente, en honor a la verdad, la pregunta no se queda sin respuesta. La hay y, para entender qué es lo que ha ocurrido, que va mucho más allá del pago de algún hotel en Cúcuta, hay que regresar al 23 de febrero de este año, cuando de un gran fracaso se logró tejer una red de corrupción.
Los diputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano, con meses exiliados en Colombia, eran los que conducían con mayor sutileza y detalle toda la parte operativa relacionada a los esfuerzos por ingresar ayuda humanitaria a Cúcuta.
Olivares, particularmente, llevaba días manejando, junto a otros activistas venezolanos, la eventual posibilidad de un quiebre militar en la frontera que derivaría en el gran triunfo del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Pese a la relevancia de Olivares y Arellano, su cercanía al Gobierno de Colombia, su compromiso desde el 2014 con el tema y su cabal entendimiento de lo que ocurría en la frontera, ambos fueron inesperadamente apartados de una responsabilidad clave.
El 24 de febrero, al día siguiente de que decenas de militares cruzaran la frontera hacia Colombia, el presidente Juan Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, la atención de «la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio», reza la misiva.
En el prestigioso medio El Tiempo de Colombia se lee que tanto Barrera como Rojas habían sido designados «para supervisar» la estadía de los militares en Cúcuta. Infobae reporta, de la mano de la periodista Sebastiana Barráez, que ambos son los «responsables de los aspectos de comando, logística y seguridad de los militares que están en Cúcuta».
Estos nombres son claves; sin embargo, las miradas se deben posar sobre la mujer, Rossana Barrera, quien es la cuñada del diputado del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, mano derecha del presidente Juan Guaidó luego de que Roberto Marrero fuera secuestrado por el régimen de Maduro. Esto fue confirmado por un miembro del equipo de la presidencia.
Barrera, junto a Kevin Rojas, asumió completamente la operatividad de lo que ocurría en Cúcuta y se encargó del manejo de fondos para el pago de la estadía de los militares. Las alarmas se encendieron cuando, según me dijo un funcionario de la inteligencia colombiana, Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no se correspondía con quienes eran.
Me entregaron todas las pruebas. Facturas que demuestran excesos y, varias, extrañísimas, de diferentes talonarios, firmadas el mismo día y con estilos de escritura idénticos. Casi todas sin sello. Gastos de más de 3 000 000 de pesos en hoteles colombianos y en discotecas, por noche. Unos mil dólares en bebida y comidas. Gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta. Reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Plata que fluía. Mucha plata.
Inteligencia colombiana fue la primera en precisar la anomalía. Nuevamente: en Cúcuta sucede algo.
Barrera, designada por Guaidó, empezó a desarrollar todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta. Según me confirmaron tres fuentes diferentes, Barrera reportaba a Caracas el pago de los siete hoteles en los que se estaban alojando los uniformados y sus familiares. Caracas desembolsaba los fondos; sin embargo, a Venezuela, subrayo, solo le correspondían dos hoteles.
Otro incidente, del que se percató el Gobierno de Colombia, estuvo relacionada con la cifra de militares en Cúcuta. La información oficial, proveída por el Gobierno de Juan Guaidó al de Iván Duque luego de una valoración, era de más de 1 450 funcionarios. No obstante, una evaluación paralela de inteligencia colombiana concluyó en que Barrera y Rojas habían inflado la cifra de desertores. Realmente eran unos 700.
Barrera siguió, pero ya investigada por el Gobierno de Colombia. A mediados de mayo ambos encargados de la operatividad en Cúcuta se propusieron organizar una cena benéfica con el fin de recoger fondos para mantener a los uniformados y sus familiares.
Aunque en un principio intentaron hacerlo con el aval de la embajada de Guaidó en Colombia, al final, ante la reticencia del embajador, lo hicieron por su parte. Sin embargo, como me comentaron dos miembros diplomáticos de Israel y Estados Unidos, respectivamente, Barrera envió invitación a las embajadas en Bogotá a nombre de la representación venezolana encabezada por Calderón Berti, utilizando un correo electrónico falso.
El evento iba a ser en el muy lujoso restaurante Pajares Salina ubicado en la exclusiva urbanización de Chicó Norte en Bogotá. Al final se tuvo que cancelar debido a que los miembros de la embajada pusieron al tanto a las otras representaciones de que ellos no auspiciaban el evento. Al contactar a la embajada y referirme a la invitación, me confirmaron que ellos nunca estuvieron detrás del intento de realizar una cena benéfica.
Ya para el momento el comportamiento de Barrera era insostenible e imposible de eludir. Una fuente de inteligencia de Colombia me dijo que compartió toda la información que poseía con la embajada venezolana y con el presidente Iván Duque. Les informaron de todo el material que tenían sobre Barrera y Rojas.
Según el miembro de inteligencia, la embajada hizo lo que le correspondía y avisó a Caracas. En concreto, me dijo el colombiano: «Leopoldo López y Juan Guaidó se enteraron de todo lo que hacían Rossana Barrera y Kevin Rojas».
Intenté contactar a Guaidó al respecto, le escribí, pero no hubo respuesta. Tampoco hubo respuesta de su jefe de prensa.
Ya para este momento el asunto era un secreto a voces. Todo el Gobierno colombiano estaba enterado. Cancillería, inteligencia y la presidencia. Aunque tácita, la intención hoy es que esto se filtre, que se sepa y se concluya. Poco a poco se volvía un escándalo imposible de sostener, lo que obligó a actuar al Gobierno de Juan Guaidó.
Rossana Barrera y Kevin Rojas fueron apartados del cargo aunque, entre conversaciones, Caracas mostraba una defensa a ultranza de ambos. Hubo amenazas y se trató de desviar la responsabilidad hacia la embajada de Calderón Berti.
Finalmente, ante las presiones a Caracas, Barrera acudió el 27 de mayo a una reunión con miembros de la embajada para someter sus gastos en Cúcuta a una auditoría. Un hombre, el diputado Luis Florido, la acompañó para abogar por ella, según comentó un allegado a uno de los que estuvo presente en la reunión.
La carpeta que entregó era pequeña. Muy pocas hojas para toda la escandalosa información que manejaba la inteligencia colombiana. Al final Barrera pudo entregar un soporte, bastante burdo, de US$ 100 000 que había gastado durante su estadía en Cúcuta. Varios montos de los que entregó no se correspondían con la realidad. La cifra es formidable pero, según me dijo el miembro de inteligencia, se queda corta.
Al preguntar en la embajada de Venezuela sobre si la reunión había ocurrido, me lo confirmaron. Sin embargo, no me quisieron dar ninguna información sobre quienes habían participado en el encuentro en Bogotá.
El Gobierno de Colombia está molesto. Muy molesto. Esto, junto al hecho de que jamás le notificaron de los diálogos escandinavos y los errores cometidos el 23 de febrero, los ha llevado a preguntarse cuál es el concepto que los venezolanos tienen por «aliado».
Aunado a ello, aunque hace más de treinta días se puso al tanto a López y a Guaidó del entramado de corrupción de sus emisarios en Cúcuta, no han recibido ninguna respuesta todavía.
La pérdida
Rossana Barrera y Kevin Rojas, además de ser responsables del sustento de los uniformados, también compartían obligación con todos aquellos que se debían encargar del manejo de las toneladas de ayuda humanitaria estacionada en Cúcuta y donada por varios países.
Un nombre clave es el de Miguel Sabal, el designado por el Gobierno de Juan Guaidó para manejar todo lo relacionado a USAID.
Según me confirmaron tres fuentes, que pidieron, me ratificaron en todo momento que guardara su condición de anonimato por lo delicado de la denuncia, al menos el 60 % de todos los alimentos donados por aliados del Gobierno de Juan Guaidó se dañó. Me mostraron fotos sin compartírmelas.
La comida está podrida, me dice. «Todo lo que envió el presidente Piñera ya no sirve. Está ahí. No saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo. Lo quemarán, imagino».
Lo quemarán. El fuego, las brasas. Todos arden en la hoguera por el sistema. Los pobres y los más pobres.
Es el sistema. Ese que ha captado a miembros del Gobierno de Juan Guaidó.
No es el régimen. Es el maldito sistema.
A continuación adjunto documentos, información y pruebas que sostienen el artículo. Hay muchísima más información, fotos y documentos que, por los momentos, el PanAm Post se reserva
#EXCLUSIVA | Facturas y relación de gastos de Rossana Barrera en #Cúcuta y más detalles sobre la investigación por el uso del dinero que estaba destinado a atender caso de militares refugiados y otras actividades en Colombia 👉 https://t.co/ogb0phO7DR por @OrlvndoA #15Jun pic.twitter.com/Z4Ta5GZJQP
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) 15 de junio de 2019
Fuente: Panam Post
Preguntas urgentes sobre el «Cucutazo»
Por Daniel Lara Farías
El reportaje de Orlando Avendaño sobre los manejos irregulares de dineros de la operación del 23 de febrero terminó siendo una especie de purgante, de suero de la verdad y de corrientazo de realidad.
Purgante para que se regara información.
Suero de la verdad para gente que se siente amenazada por lo que allí se dice.
Corrientazo de realidad para los ciudadanos que, aún, creen esperanzados en la buena marcha del proceso que encabeza Juan Guaidó.
Lo primero que ocurre cuando se asoma una acusación de corrupción en Venezuela, usualmente, es la solidaridad automática con los acusados («pedimos sea respetado el principio de la presunción de inocencia»), la victimización del grupo señalado («hay claramente mala intención») y promesas correctivas («llegaremos al fondo del asunto»).
Pedirán pruebas. Cuando aparezcan, las desestimarán como forjadas o «no convincentes». Y no es especulación. Es experiencia y resignación. Estamos hablando del país que vio a Juan Carlos Caldera en un video recibir dinero de Wilmer Ruperti para financiar una campaña y nada pasó con él.
Estamos hablando del país que vio saquear a PDVSA y tiene al principal saqueador como líder del chavismo disidente, impune declarando por el mundo.
Estamos hablando del único país de América Latina donde Odebrecht al parecer no sobornó a nadie, a pesar de haber sido el país con más obras contratadas a la empresa.
Nadie responde. Peor aún: nadie pregunta, porque el cansancio hizo mella hasta en la voluntad de obtener respuestas.
Ese cansancio se nota de hecho en cierta prensa, que habiendo actuado todos estos meses como muleta comunicacional del gobierno interino, no hace preguntas al gobierno interino, sino a los periodistas que publican las denuncias.
Insólito: lo que sería un tubazo en un país normal, felicitado por el gremio, se convierte para el angolismo-ravelismo en objetivo de sus ataques. En vez de preguntar o investigar de forma paralela, para hallar la verdad (cualquiera que esta sea), se pretenden dar clases de rigor periodístico, desde la misma acera donde apenas ayer se pretendía convencer (más que informar) sobre las posturas del gobierno interino, de forma acrítica y absolutamente plegada a la versión oficial. Aplaudiendo además «la magnífica respuesta» del gobierno interino sobre el asunto.
En medio de esta vorágine, dos fuentes distintas, sin conexión entre sí, me han hecho llegar sus vivencias sobre la actividad en Cúcuta el 23 de febrero. Siendo imposible comprobar todo lo dicho, lo lógico es no dar crédito a ninguno de sus datos. Pero tomando en cuenta la gravedad de los hechos que se desarrollan, es menester simplemente hacer preguntas. Preguntas, no afirmaciones.
Tomando como cierto el llamado del gobierno interino a que se haga una investigación profunda que deje resultados sobre todo lo que ha sido publicado hasta ahora, lo que queda es, en aras del «sumar y no restar» y de responder al «¿y tú qué propones?», presentar un cuestionario simple, a propósito del «Cucutazo».
– ¿Quiénes son Kevin Rojas y Rosana Barrera y en atención a qué criterios se les otorgó responsabilidad en Cúcuta?
– ¿Qué rol cumplía el diputado Sergio Vergara en las labores que los dos precitados acometían?
– ¿Quién es Osman Hutson y qué rol cumple en las actividades en Cúcuta?
– ¿Quién es Miguel Sabal y que funciones cumple en las actividades en Cúcuta?
– ¿Es cierto que Osman Hutson y Miguel Sabal responden directamente a las órdenes de Leopoldo López, por encima incluso de las disposiciones del presidente interino?
– ¿Qué rol cumplen en Cúcuta en la operación del 23 de febrero Gustavo Guaidó y Juan Victor Salcedo, hermano y primo hermano del presidente interino, respectivamente?
– ¿Qué rol cumple en las actividades del 23 de febrero Federico Pérez, mano derecha del presidente interino y amigo de la infancia de él y de su hermano?
– ¿Qué rol cumple en las actividades del 23 de febrerp Demóstenes Quijada, hombre de confianza del presidente interino y al mando de quién?
– ¿Quién es Argenis Terán, alias «Chenito», y qué rol cumple en Cúcuta y a nombre de quién?
– ¿Es cierto que lo relacionado a la manutención de los militares que reconocieron al gobierno interino era responsabilidad exclusiva de Kevin Rojas?
– ¿Es cierto que el dinero que se le hacía llegar a Rosana Barrera era girado por Gustavo Guaidó y Juan Victor Salcedo?
– Tomando en consideración lo enviado por Lester Toledo a través de grupos de Whatsapp de activistas de Voluntad Popular, ¿quiénes son los financistas privados que hicieron llegar dinero al gobierno interino «para costear actividades no previstas por la ACNUR y otros entes»? ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿En qué se gastó ese dinero? ¿A través de quién se hizo llegar?
– ¿Es cierto que Lester Toledo debe aún 30 000 dólares en el hotel Hampton por concepto de alojamiento de él y su equipo en los días de febrero de este año y que abandonó Colombia sin hacer frente a dicha deuda contraída a nombre del gobierno interino?
– ¿Cuánto dinero se recolectó en el concierto a beneficio de Venezuela realizado en Cúcuta?
– ¿Dónde está el dinero recolectado en el concierto en Cúcuta?
– ¿Qué rol cumplió el primo hermano del presidente interino Juan Guaidó en dicho concierto y en razón de qué se le dieron responsabilidades en el mismo, si las tuvo?
– ¿Qué rol cumple la diputada Gaby Arellano en las actividades en Cúcuta? ¿Manejó dinero? ¿Cuánto, a través de quién y por concepto de qué?
– ¿Qué rol cumplió el diputado Ismael García en los días de febrero en Cúcuta? ¿Quién costeó sus gastos y a cuánto ascendieron los mismos?
– ¿Qué rol cumplió el diputado José Manuel Olivares en las actividades de febrero? ¿Manejó recursos? En caso de haber sido así, ¿de cuánto estamos hablando? ¿En qué se gastó?
– ¿A cuanto ascendieron los gastos del gobierno interino en Cúcuta, a propósito de las actividades desplegadas antes durante y después del 23-F?
No es difícil hacer preguntas. Quizás sí sea difícil responderlas. Pero en un país donde se le dijo a la gente que el cese de la usurpación era garantía del cambio de rumbo definitivo del país, empecemos entonces por lo que nos inquieta: demostrar que el cese de la usurpación incluye el cese de la corrupción, el cese de la impunidad y el cese del silencio y la solidaridad automática, en un país silente y amnésico.
Necesitamos respuestas. Y las necesitamos ya.
Fuente: Panam Post
Reacciones confirman trama de corrupción en Cúcuta
Por Sabrina Martín
Un reportaje del PanAm Post, que destapó el escándalo mejor conocido como el «Cucutazo«, reveló una trama de corrupción en Cúcuta, Colombia, protagonizada por enviados del presidente Juan Guaidó, quienes se encargarían de atender a los militares desertores. Sin embargo, los encargados se habrían apropiado del dinero destinado para ese fin. Horas después de la publicación, las reacciones de diferentes líderes políticos, funcionarios venezolanos y colombianos confirman los hechos.
Orlando Avendaño, editor en jefe y columnista de este portal, denunció el presunto desvío de los fondos destinados a apoyar a la migración venezolana en suelo colombiano, hecho que ocasionó que dos de los implicados sean relevados de sus cargos y que los principales medios internacionales del mundo, como el ABC de España, BBC Mundo, Reuters, New York Times, CNN, entre otros, hayan hecho eco de la noticia.
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Fue el embajador en Colombia del presidente Guaidó, Humberto Calderón Berti, quien a través de sus redes sociales no desmintió las denuncias hechas por el periodista; de hecho, confirmó que la investigación surgió hace dos meses y que las pruebas serían introducidas a Fiscalía de Colombia para continuar con las pesquisas.
Cumpliendo con mi deber e instrucciones de @jguaido entregue este martes, al Fiscal General de Colombia DR Fabio Espitia Garzón, los recaudos para la investigación sobre presunta corrupción en el manejo de los recursos para la atención de los militares venezolanos en Cúcuta. pic.twitter.com/Ms7ShoWh2r
— Humberto Calderón B. (@calderonberti) 18 de junio de 2019
El representante de Guaidó también reveló, tal y como lo dice la nota, que recibieron datos de la Dirección de Inteligencia en Colombia que señalaban posibles irregularidades en el manejo de los recursos que debían llegar a los soldados desertores.
Por su parte, Juan Guaidó, presidente (e) de Venezuela, no tardó en reaccionar al reportaje y asumió una posición tajante contra la corrupción: solicitó investigación a la Fiscalía de Colombia, a Transparencia Internacional, a la Asamblea Nacional e inició el proceso para nombrar un Contralor Especial.
Instruí a la Coalición @ayudaylibertad a realizar investigación interna y dar balance, y al Embajador @calderonberti a llevar a Fiscalía de Colombia el caso Cúcuta.
También solicitaré a Transparencia Internacional que realice una investigación por parte de la sociedad civil.
— Juan Guaidó (@jguaido) 17 de junio de 2019
Guaidó, a diferencia del régimen de Nicolás Maduro, que siempre ha negado cualquier acto de corrupción a pesar de las evidentes pruebas, no excusó ni negó la denuncia. Ordenó inmediatamente que se investigara hasta llegar al fondo del asunto.
De hecho, el presidente Guaidó aclaró que el pago de hoteles en los que se hospedaron sus representantes estaba a cargo del partido Voluntad Popular.
Si bien Guaidó asegura que funcionarios públicos no manejan fondos, quedó en evidencia que fue la misma Presidencia legítima la que designó a través de una misiva al canciller colombiano Carlos Holmes, que Rossana Barrera y Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, atenderían «la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio».
Una misiva de ese tipo convirtió inmediatamente a Barrera y a Rojas en los funcionarios encargados de atender la asistencia humanitaria de quienes cruzaban la frontera pidiendo refugio.
Lester Toledo, diputado y coordinador internacional para la recepción de donaciones para Venezuela, se ha encargado de desmentir el reportaje y ha reiterado que el dinero malversado no era destinado para la ayuda humanitaria. Sin embargo, ha confirmado que era dinero donado de privados para solventar la manutención de los militares desertores en Cúcuta.
Según la publicación, entre las irregularidades se detectaron «pagos de hoteles a sobreprecio» y otras «facturas que demuestran excesos», así como «gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta y reportes de alquiler de vehículos». Hasta el momento, y tras la investigación, ni Barrera ni Rojas han dado la cara ante los medios de comunicación.
Toledo también desmintió que parte de la ayuda humanitaria se encuentre vencida, ha hecho énfasis en que eso no es verdad y que la mayoría de los insumos han sido entregados. Sin embargo, en su cuenta de Twitter eliminó el tuit donde desmentía al periodista Orlando Avendaño.
¿Por qué @LesterToledo, ya en Colombia, borró el tuit en el que decía que es “falso que se perdió el 60% de la comida”? https://t.co/VvLmDDmtgM pic.twitter.com/Blh4gDiwdu
— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) 18 de junio de 2019
Uno de los primeros en lamentar lo sucedido en Cúcuta fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
«Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción», afirmó el diplomático desde su cuenta de Twitter.
Por su parte, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, también pidió que se hagan las indagaciones necesarias para aclarar lo sucedido.
«Condenamos cualquier posible acto de corrupción en manejo de recursos por parte de ciudadanos venezolanos para pagar estadía de militares que llegaron a Colombia», señaló la autoridad.
La Fiscalía colombiana todavía no anunció cuáles serán los primeros pasos en esta investigación, que puede comprometer aún más a la fuerza de la oposición de Venezuela.
Por su parte el régimen de Maduro ha decidido utilizar el reportaje del PanAm Post en su propio beneficio para calificar al presidente Guaidó de «corrupto». Sin embargo, las mismas pruebas expuestas por Avendaño demuestran cómo Susana Barrera habría intentado engañar al legítimo Gobierno de Guaidó con facturas irregulares y reportes que no correspondían.
Fuente: Panam Post
Malversación de fondos de la ‘ayuda humanitaria’: lo que se sabe sobre la supuesta corrupción de enviados de Guaidó
Venezuela investiga el escándalo de corrupción que salpica a la oposición de este país latinoamericano, que se desató después de una investigación periodística elaborada —según afirma su autor— con base en los datos proporcionados por la Inteligencia colombiana.
Entre las denuncias contra los representantes del diputado opositor Juan Guaidó en Colombia están: malversación de fondos supuestamente destinados a la «ayuda humanitaria» y fraude. Mientras el líder opositor promete investigar el asunto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace hincapié en que la oposición se roba a sí misma.
Investigación periodística
Este 14 de junio, el editor en jefe y columnista del PanAm Post, Orlando Avendaño, denunció en el artículo titulado ‘Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia’, que los representantes del líder opositor en Colombia, Rossana Barrera y Kevin Rojas —encargados de la atención a los desertores venezolanos que ingresan en territorio del país vecino— se rodearon de lujos malversando los fondos que estaban a su disposición e inflando las cifras de los exmilitares venezolanos.
Los desertores, que se pusieron de lado de Guaidó después del fallido intento de ingresar la llamada «ayuda humanitaria» a Venezuela en febrero, fueron alojados en siete hoteles de Cúcuta, dos de los cuales ―el Ácora y el Vasconia― tenían que ser pagados por la oposición de Venezuela representada por Guaidó, descubrió Avendaño, mientras del pago de otros hoteles estaba encargado el Gobierno de Colombia y la ACNUR, que abonó por el Hampton Inn y el Villa Antigua, entre otros.
A principios de mayo, el hotel Ácora no recibió el pago programado, con lo cual para el día 6 la deuda constituyó unos 20.000 dólares, por lo que decidió finalmente desalojar a los 65 militares junto con sus familiares.
La Inteligencia colombiana habría sido la primera en fijarse en las anomalías en los gastos de Barrera y Rojas: las facturas y talonarios obtenidos por Avendaño evidenciaron que se gastaban mil dólares en hoteles y discotecas por noche, mil dólares en bebida y comidas, y también se dejaban grandes sumas en caras tiendas de ropa de Bogotá y Cúcuta. «Reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Plata que fluía. Mucha plata», apunta el periodista.
Para demostrar la veracidad de sus palabras, el editor en jefe del PanAm Post adjuntó documentos acerca de los pagos y facturas detalladas con las sumas gastadas y cuentas por pagar. Avendaño también señala que la cifra proporcionada por los representantes de Guaidó al presidente colombiano, Iván Duque, de que en Cúcuta había 1.450 militares no correspondió con la de la Inteligencia colombiana, que evaluó que en realidad eran unos 700 funcionarios, y que Barrera y Rojas habían inflado el número de desertores.
Llamado desde la OEA
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, este 14 de junio instó a investigar y esclarecer los graves cargos formulados en dicha investigación periodística.
Almagro solicitó que se determinen las responsabilidades y se exija la rendición de cuentas. «No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción», escribió en su cuenta de Twitter.
Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción. https://t.co/3P9y5G75lI
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 14 de junio de 2019
La postura del gobierno de Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este lunes comentó el escándalo de corrupción que salpica a la oposición de su país y afirmó que «se robó toda la plata de la ‘famosa’ ayuda humanitaria de Estados Unidos».
Además, el mandatario indicó que estos políticos venezolanos se burlaron del Gobierno estadounidense al apropiarse de ese flujo de recursos para financiar sus operaciones en la frontera con Colombia.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este martes que abrirá una investigación penal de este caso. Además, indicó que esta trama de corrupción fue gestionada desde Caracas y su autor intelectual es Juan Guaidó.
Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza, emisarios de Guaidó en Cúcuta, ya fueron imputados por la Justicia venezolana por los delitos de «legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir».
El propio Juan Guaidó, este 17 de junio se pronunció sobre el escándalo. El autoproclamado presidente encargado en el marco de una rueda de prensa aseguró que se está investigando la supuesta malversación, pero dijo que de todos modos el dinero supuestamente malgastado no era parte de la llamada ‘ayuda humanitaria’, sino que procedía de fondos privados.
"El 24/02/2019,el presidente Juan Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes d Voluntad Popular,la atención d los ciudadanos venezolanos,civiles y militares, q ingresan a territorio colombiano" https://t.co/C8y0B7Wf16 pic.twitter.com/xo2eE7hT8b
— AXIOMA.REPORT (@AxiomaReport) 15 de junio de 2019
«Un elemento es la ayuda humanitaria que se ha logrado recaudar y otro la asistencia a militares en Cúcuta», aseveró Guaidó y señalo que la última «se hizo a través de ACNUR [Agencia de la ONU para los Refugiados] y el Gobierno de Colombia». Sin embargo, «cuando se llegó a una saturación, se recurrió a fondos privados», declaró. Además, Guaidó recordó que «nosotros no manejamos recursos del Estado».
«Para nosotros es sagrada la rendición de cuentas y la transparencia. No tendremos ningún tipo de tolerancia con mal manejo administrativo o de fondos», puntualizó asegurando que los señalados en este caso fueron separados de sus cargos y prometió solicitar a la Fiscalía colombiana investigar las denuncias de corrupción que involucran a ambos. También indicó que se llevará a cabo una investigación interna, cuyos resultados serán entregados a la Fiscalía de Colombia.
Los fondos del concierto ‘Venezuela Aid Live’
Según aclaró a RT el portavoz de Venezuela Aid Foundation, Gaby Arenas, los fondos en efectivo se recaudaron desde el día del concierto ‘Venezuela Aid Live’ hasta el 22 de abril a través de la plataforma de la organización.
«Ese dinero ni fue destinado a ninguna organización política u otras organizaciones, sino que estuvo en la plataforma. Luego de hacer todo el proceso legal nosotros recibimos los fondos a finales del mes de mayo», aseveró el vocero, que precisó que «el 50% [del dinero recaudado] va a ser invertido en Colombia y el 50% en Venezuela en programas de nutrición infantil, acceso a agua potable».
«Vamos a trabajar con organizaciones aliadas […] No se van a entregar fondos a personas ni organismos multilaterales. Solo organizaciones sociales verificadas», ha asegurado.
En un posterior comunicado la organización también indicó que «no tiene ningún vínculo con las ayudas represadas en Cúcuta, Norte de Santander, y tampoco tiene ningún vínculo político de ningún tipo con ningún gobierno».
«Desde Aid Love Foundation no hemos entregado ni se entregarán recursos a ningún gobierno u organización política», concluye el documento.
En un posterior comunicado la organización también indicó que «no tiene ningún vínculo con las ayudas represadas en Cúcuta, Norte de Santander, y tampoco tiene ningún vínculo político de ningún tipo con ningún gobierno». «Desde Aid Love Foundation no hemos entregado ni se entregarán recursos a ningún gobierno u organización política», concluye el documento.
COMUNICADO OFICIAL – Aid Live Foundation (este es el único comunicado emitido por nuestra organización. Cualquier comunicado adicional a este por parte de Aid Live Foundation o Virgin Group, es completamente FALSO). pic.twitter.com/TFEp0g9s1O
— Venezuela Aid Live (@VenezuelaAid) 18 de junio de 2019
Anteriormente transcendió que una parte del dinero de la oposición venezolana provenía de EE.UU.: hasta la fecha Washington otorgó a la oposición venezolana 213 millones de dólares en «ayuda humanitaria», según declaró este martes el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence.
Fuente: RT
La trama Cúcuta: Las cuentas corruptas de los familiares y amigos de Guaidó
La trama Cúcuta: Las cuentas corruptas de los familiares y amigos de Guaidó
por Juan Martorano.
Juan Gerardo está tratando de aprovechar su cuarto de hora. Hemos dicho que ciertamente las expectativas que creo a comienzos de este año se han ido desvaneciendo. Ya entramos a la segunda quincena del mes de junio, que marcará el fin del primer semestre de este año y comienzos del segundo, por lo que se acelera su fecha de caducidad.
Los errores que ha cometido en la ejecución de sus planes en contra del proceso revolucionario han estado a la orden del día. Y esto ya hace mecha en su pretendido liderazgo, sin contar en las disputas subterráneas y arteras en las que ha caído con su antiguo jefe y mentor político, Leopoldo López, creador y jefe del engendro terrorista Voluntad Popular.
Una de las debilidades de Guaidó tiene que ver con la ostentación y los lujos que le dan su pretendido e imaginario interinato. Hasta el punto que ha concedido entrevistas y prestar su imagen para revistas de moda, cuál si fuera un top model. Está inmerso en una burbuja y no se da cuenta de su entorno y alrededor. Por ello, sólo será cuestión de tiempo para que lo veamos cómo queda en el basurero de la historia, como pasó con otros predecesores que ha tenido de la talla de Ramos Allup o Julio Borges.
Su pareja (real o no) Fabiana Rosales, ha realizado constantes giras al exterior, y se ha reunido con importantes gobernantes de derecha en el mundo. Ella, al igual que su consorte, le ha gustado estos devaneos del poder y de este “interinato”. Ella también ha entrado en un círculo terrible donde el poder y el dinero abundan. Pero aquí cabría la pregunta: ¿Qué ocurrirá cuando lleguemos a las postrimerías de este año y comienzos del próximo, cuando de acuerdo a los propios acuerdos de la alianza opositora, Guaidó (si es que tiene palabra) debería entregar la “presidencia del parlamento” a una fuerza minoritaria dentro de la extinta MUD? Ya de esto me referí en artículos anteriores.
De hecho, se estima que el motivo real de las giras internacionales de Fabiana Rosales de Guaidó por el mundo tiene que ver con monitorear y rastrear cuentas de la Nación venezolana, a objeto de que se les impongan bloqueos en el marco de las medidas coercitivas unilaterales. Pero peor aún, además de ello, Fabiana sería la encargada de la apertura de cuentas personales en otros países, incluso en aquellos que son considerados paraísos fiscales, a fin de depositar el dinero de lo que se están robando de los activos de nuestro país en el exterior.
Ante la inoperancia (y expresó esto con profundo sentido crítico y de molestia) con nuestro actual sistema de administración de justicia, léase Ministerio Público y Tribunales, que no terminan de accionar y ponerle los ganchos a Guaidó (el cual a mi juicio no representa un peligro ante el desplome de su liderazgo y pérdida de su capacidad de movilización de la base opositora antichavista furibunda, lo que suma una decepción y frustración más) sólo será cuestión de tiempo, y esperemos esto, que este sujeto con todo el dinero robado y el daño que ha causado al país, es que huya de nuestro país a disfrutar de este dinero mal habido. Obviamente continuará montando algunos shows, y expresará que ahora hará un Gobierno desde el exilio.
Y sostengo que Guaidó no representa un peligro en estos momentos, porque la alta dirigencia del chavismo que hace vida en el PSUV, ha disminuido en las convocatorias a las movilizaciones y marchas (las cuales en más de un 99% de los casos se ha constituido en una medida de reacción ante los intentos del fascismo por llenar de sangre y violencia las calles de nuestro país, y la excepción fue la convocatoria a la marcha de los CLAP a comienzos de este mes).
Lo que a mi juicio es un indicador de que Guaidó viene presentando desde hace algunas semanas, no sólo un estancamiento, sino un desplome de su liderazgo y de su convocatoria en sus movilizaciones y acciones de calle.
Y si a eso le agregamos las recientes denuncias y casos de corrupción incipientes con el tema de la supuesta ayuda humanitaria que se encontraba desde Colombia, más el bajo perfil que operadores políticos fascistas como Rick Scott y Marco Rubio han tenido en estos últimos tiempos; aunado a que el día de mañana 18 de junio de 2019, Donald Trump lanza oficialmente su campaña a la reelección a la presidencia de EEUU, es evidente que Guaidó pasará a ocupar en la agenda de este país un segundo orden, y ante los engaños y frustración en sus expectativas por una “salida rápida” de Nicolás Maduro del poder, sus amos imperiales ya hayan decidido deshacerse de él y buscar otro que les haga el trabajo sucio.
Sin embargo, y ante de darle la extrema unción a Guaidó, no podemos bajar la guardia, puesto que la navegación del “buque hospital” USS Confort por aguas del Caribe, pasando muy cerca de las costas venezolanas, y de la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet a Venezuela desde el miércoles 19 de junio hasta el viernes 21, con el consecuente llamado del “autoproclamado” de llenar de protestas y violencia las calles de Venezuela, serían los últimos actos de un dirigente al cual ya se ha dado la orden de sacarlo del juego, ante su evidente fracaso e inoperancia para la consecución de exterminar la Revolución Bolivariana.
Y será otro, y no será paja, cuando expresemos, que se secó por querer destruir a Venezuela.
Y dios quiera, que sus últimos días los pase tras las rejas, pero pareciera que hay sectores enquistados dentro de nuestro Estado que lo prefieren en el exilio que preso. Es importante que entiendan que este país para que pueda haber paz tiene que haber justicia, y para que haya justicia, tiene que cesar de una vez por todas la impunidad, venga de donde venga y caiga quien caiga.
¡Leales Siempre! ¡Traidores Nunca!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
Fuente: Barómetro Latinoamericano
