En votación dividida de 65 votos a favor y 61 en contra, la Sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora sobre el caso del asesinato del comunero Camilo Catrillanca, documento que asigna responsabilidades directas a Carabineros de Chile y política a los ministros y subsecretarios del Interior y Seguridad Pública, por falta de control sobre el actuar policial.
El texto acusa que Carabineros tiene responsabilidad institucional en los hechos que culminaron con el homicidio de Camilo Catrillanca, además de la aplicación de apremios ilegítimos en contra del menor que lo acompañaba al momento de su muerte.
Además, sostiene que las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales tienen responsabilidad política.
“La Comisión Especial Investigadora concluye que Carabineros de Chile tiene responsabilidad institucional en los hechos que culminaron con el homicidio de Camilo Catrillanca, además de la aplicación de apremios ilegítimos, torturas físicas y psicológicas en contra del menor de edad M.A.P.C.», sentencia el documento.
Se estimó especialmente grave que funcionarios de Carabineros, institución sobre la que recae el legítimo monopolio de la fuerza del Estado, «se hayan organizado para mentir y difundir información falsa con el objeto de ocultar un delito y obstruir una investigación llevada a adelante por el Ministerio Público.
Asimismo, se refuta el uso desproporcionado de la fuerza al momento del operativo que derivó en el asesinato de Camilo Catrillanca; la criminalización que se hizo sobre el comunero, desde el momento mismo del operativo y después de este, vinculándolo con el robo de vehículos ocurrido el 14 de noviembre; y la difusión de información falsa por parte de Carabineros.
Asimismo, se hace un reproche a aquellos excarabineros (en ejercicio al momento de ser citados) que, habiendo sido parte del alto mando de dicha institución al momento del crimen de Catrillanca, decidieron no prestar su cooperación a la comisión investigadora, negándose a asistir a la misma.
«Particularmente, la Comisión reprocha y lamenta la inasistencia del exgeneral Director de Carabineros, Hermes Soto Isla; del exdirector de Orden y Seguridad, general Christian Franzani, y del jefe de Zona de la Araucanía, Mauro Victoriano, ya que su ausencia provocó el fracaso de a lo menos dos sesiones de la comisión y la falta de su testimonio dificultó la recolección de antecedentes por parte de la misma», se sentencia.
Responsabilidades gubernamentales
En el informe se explicita que la elaboración de una estrategia nacional sobre el tema Mapuche, sin duda, es un asunto muy complejo y, en tal sentido, se considera necesario consignar que las autoridades vinculadas al sistema, en todas las administraciones, desde la creación de la Ley 19.974 sobre el sistema de inteligencia del Estado, «no han sido eficaces en plantear y consensuar una reforma integral que restrinja el uso abusivo de las herramientas que permiten limitar severamente garantías constitucionales, tal como ocurrió con la muerte de Camilo Catrillanca».
A juicio de la comisión, «las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales tienen responsabilidad política».
«Ha quedado demostrado, por una parte, que la muerte de Camilo Catrillanca ha sido consecuencia de la intensificación voluntaria y consciente, por parte del Gobierno, de una política de violencia institucional y criminalización del Pueblo Mapuche con la instalación del denominado comando jungla militarizando la zona y cuyos objetivo concretos son líderes indígenas de la Araucanía y Bio Bio», se remarca.
Se alerta, además, que no se trata de casos aislados, «cuyos únicos responsables sean los funcionarios policiales que intervienen en los procedimientos en forma personal, especialmente si, a través de sus autoridades máximas se les ha inducido a mentir».
Asimismo, se puntualiza que el gobierno tomó la decisión política de enfrentar el conflicto en La Araucanía como si fuera una guerra.
«Mantener y fortalecer al comando táctico o comando jungla, dotarlo de mayor poder de fuego y respaldo institucional, fue una decisión del Ejecutivo que contribuyó a crear las condiciones que llevaron a la muerte de Camilo Catrillanca», se acota.
El texto especifica que no fue una decisión de los Carabineros que fueron dados de baja y se encuentran en proceso judicial, sino que fue una decisión tomada en el Palacio de La Moneda.
«Corresponde, entonces, al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario Rodrigo Ubilla la decisión política de las materias que tengan que ver con el orden público y la seguridad interior y, por lo tanto, asumir sus consecuencias», se acusa.
Además, se sostiene que «el problema de fondo no es exclusivamente atribuible a un solo gobierno, sino más bien que obedece a una política de Estado que, durante décadas, las distintas administraciones, incluidos los exministros y exsubsecretarios, no han sabido dar una solución pacífica y definitiva”.
El informe, junto con lo anterior, hace mención a otras aristas de análisis, a saber: respecto al Sistema Nacional de Inteligencia del Estado; el contexto histórico de la relación del Estado de Chile con los pueblos indígenas y la política sistemática de violencia institucional y criminalización del pueblo mapuche; la militarización de La Araucanía; la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes; la necesidad de diálogo y justicia para todos; y la reacción del Gobierno frente al crimen de Camilo Catrillanca.
Asimismo, se plantean las siguientes propuestas:
1.- Desarrollar la investigación del crimen contra Camilo Catrillanca bajo el principio de debida diligencia.
2.- Establecer como principio rector la reparación integral de las víctimas y sus familias.
3.- Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Originarios y cumplimiento de compromisos con los Pueblos.
4.- Revisar normas e instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en su relación con el poder civil y la sociedad.
5.- Fortalecer las competencias de las comisiones especiales investigadoras.
6.- Revisar la tipificación en la legislación interna de la ejecución extrajudicial.
7.- Desarrollar una política pública de protección de los menores en Chile, acorde con los instrumentos internacionales suscritos por Chile, con enfoque de derechos, que centre a los niños, niñas y adolescentes dentro de la principal preocupación por parte del Estado.
8.- Reformar integralmente el Sistema Nacional de Inteligencia.
Fuente: Cámara de Diputados
