Continúa incontenible la deriva fascista del actual Primer Ministro indio Narendra Modi, concentrada particularmente en la represión a la comunidad islámica de su país, cercana a los 200 millones de fieles.
La ofensiva va acompañada de otros hechos significativos como el endurecimiento de la situación y cambio de status en la siempre convulsa Cachemira. Con la nueva Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA, por sus siglas en inglés), se apunta a dejar sin nacionalidad a ciento de miles de ciudadanos, particularmente musulmanes.
Durante la inédita alianza estratégica con el engendro sionismo, rompiendo la tradicional postura de Nueva Delhi, siempre cercana a la causa palestina, y el retorno sin ambages a las huestes de Washington, que alcanzó su punto máximo durante la administración Trump, al que homenajeó en febrero del 2020, se desató una represión descomunal contra los ciudadanos que salieron a las calles de todo el país en repudio del “egregio” visitante.
La espiral de violencia se concentró particularmente en Nueva Delhi, donde militantes de su partido Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio) o BJP y el Rastriya Swayamsevak Sangh o RSS (Asociación Patriótica Nacional) un calco de las Sturmabteilung o SA (Camisas Pardas) hitlerianas, generaron junto a la policía compuesta en su gran mayoría por elementos de fe hinduista, una ola de saqueos, asesinatos, torturas y linchamientos concentrados en los barrios de mayoría musulmanes en el noreste de la capital india, donde miles de tiendas y viviendas fueron destruidas, junto a cuatro mezquitas, en las que imanes fueron golpeados y torturados.
El número de muertos, según cifras oficiales, alcanzó a las 53 personas, mientras que otras doscientas resultaron heridas.
Estas cifras son extremadamente baja si se tiene en cuenta el nivel de violencia desatado por las turbas nacionalistas, al grito de maro shaale mulleko (matar al bastardo musulmana) y Jai Shri Ram (Gloria al señor Rama), una de las deidades más importantes del hinduismo, que se ha convertido en el grito de guerra de los militantes del BJP.
Entre los desmanes se incluyen violaciones, torturas y fusilamientos, no se privaron de hacer absolutamente nada contra los katwa o circuncidados, el mote despectivo con que se refiere a los musulmanes en India.
A un año de estos hechos, en los barrios saqueados, decenas de viviendas y locales permanecen cerrados, ya que sus propietarios han preferido huir a sus aldeas fuera de Nueva Delhi, sabiendo que todo puede incendiarse de otra vez. Mientras que las causas judiciales iniciadas por las víctimas contra el gobierno, no solo no avanzan, sino que continúa una campaña de intimidación, ya no solo contra litigantes y testigos, sino contra sus defensores, como es el caso de Mehmood Pracha, quien defiende a cientos de víctimas y detenidos, y cuyo estudio el pasado 24 de diciembre, fue allanado por un centenar de hombres del cuerpo especial de la policía de Delhi.
En ese entonces, el abogado denunció el hecho y cómo se intentó amedrentarlo, y que lo mismo sucedía con todos aquellos que de alguna manera están involucrados con las víctimas de la represión, y señaló que se debe investigar la relación del Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, con los promotores de la violencia, por lo que Pracha volvió a recibir las mismas visitas en su despacho de Nizamuddin West (Delhi) este pasado día nueve de marzo.
Entre los clientes de Pracha, se encuentran muchas víctimas de origen musulmán, pero además activistas políticos y por los derechos humanos, profesores y estudiantes universitarios, acusados de terroristas, traidores y yihadistas por voceros del gobierno, semanas antes de la visita de Trump, a quien se les acusa de “conspirar para provocar disturbios comunales con el fin de empañar la reputación de la India” y se pretenden someterlos a las duras leyes antiterroristas, con las que podrían recibir altísimas penas.
Esto no ha sucedido con los policías, ni con los militantes del BJP, que han aprovechado los disturbios para atacar sin cuartel a los musulmanes, particularmente el cabecilla de los nacionalistas: Kapil Mishra, que, en un discurso callejero del 23 de febrero, llamó a sus camaradas, a que liberaran a los detenidos musulmanes “para enseñarles una lección”, lo que para muchos observadores fue el detonante de las revueltas.
En declaraciones posteriores, el líder del BJP, tras negar todos los cargos, de los que también fue exonerado tras las investigaciones policiales, y frente a las denuncias de que en verdad el número de muertos de aquellas jornadas era mucho mayor, negó conocer si podría haber más víctimas musulmanas, cerrando con un contundente y “aleccionador” ejemplo:
“Hitler murió en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿lo llamamos víctima? El hecho de que esa persona haya muerto no significa que haya sido una víctima. En cualquier guerra o disturbio, más personas pueden morir de un lado porque más estaban participando en la violencia”.
Rohingyas, el nuevo chivo expiatorio
Modi, está utilizando al puñado de Rohingyas, la etnia musulmana que desde hace años están siendo perseguida y asesinada por el Tatmadaw (Ejército Birmano) situación que, a partir del golpe del pasado primero de febrero, sin hubiera posibilidad, ha empeorado.
Con el aval de los militares birmanos, se ha reducido la población rohingyas de un millón 200 mil a menos de 400 mil, en pocos años, quienes han sido empujados o bien al mar en embarcaciones que, tras meses de peregrinaje, han encontrado descanso en las profundidades del mar de Andamán, o en la vecina Bangladesh, a donde ya han llegado más de un millón, desde allí unos miles continuaron a India, en una derrota de décadas, aunque el número se ha incrementado a partir de 2017.
Este es el cuadro de situación: su irregularidad legal, la falta de consenso internacional para resolver la cuestión rohingyas, a los que una ley de 1982, les ha quitado la nacionalidad birmana, después de generaciones de vivir en ese país, por lo que Modi, con el visto bueno de la nueva dictadura birmana ha iniciado una persecución desembozada contra los 40 mil rohingyas, que a lo largo de las oleadas de 2008, 2012 y 2017 llegaron a India, ya no por ser “extranjeros” indocumentados, sino simplemente por ser musulmanes.
El actual Primer Ministro indio ha estructurado a lo largo de su carrera el sentimiento anti musulmán como política de Estado, ya siendo Primer Ministro (Gobernador) del Estado de Gujart, no solo permitió sino que incentivó la masacre de 2002, en la que cerca de dos mil musulmanes fueron asesinados en ese estado, tras una excusa fraguada.
Desde que llegó al gobierno central indio en 2014, se ha permitido expandir el odio y la escalada represiva, achacándoles tanto a los rohingyas como a todos los musulmanes indios como chivos expiatorios y responsabilizándolos de la expansión de la pandemia, el terrorismo y cualquier otro mal del que Modi pretende deslindarse. Todo esto con la excusa de la creación de hindū rāṣṭravāda, (estado hindú) bajo las normas del Hindutva o la condición de ser hindú.
Como lo ha hecho desde antes de las elecciones nacionales de 2019, y tomando en cuenta las próximas elecciones en el estado de Bengala Occidental, el Bharatiya Janata, junto a otras organizaciones de extrema derecha, han iniciado una campaña para la expulsión de los rohingyas, bajo la acusación de estar nacionalizándose de manera espuria. En las elecciones que se llevarán a cabo en diferentes fases, desde el 27 de abril, el BJP ha prometido que de triunfar deportará a los rohingyas.
Hasta hace algunas semanas en ese estado vivían cerca de 500, de los que en la actualidad no se tiene información.
Desde enero último, los refugiados rohingyas, han pasado a la clandestinidad, abandonando sus campamentos, e intentan escapar de India, antes de ser detenidos y entregados a Birmania, donde su suerte está sellada.
Fuerzas de seguridad indias detuvieron en diferentes puntos del país entre 300 y 500 rohingyas, solo en Cachemira, estado predominantemente musulmán y fronterizo con Pakistán, en la ciudad de Jammu, (Cachemira) viven unos 5 mil rohingyas de los que ya fueron detenidos 150, y remitidos a diferentes cárceles como paso previo a su expulsión, a pesar de que muchos contaban con la identificación de refugiados otorgada por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
Una vez más, los rohingyas se encuentran en la boca del lobo.
(*) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC
