Apenas llegó a Chile y aún antes de presentar sus cartas credenciales en La Moneda, el recién nombrado embajador estadounidense Brandon Judd -un polizonte jubilado de la temida Patrulla Fronteriza, especialista en adiestramiento canino- no tardó en generar controversia al criticar al presidente Boric porque discrepó de la política ambiental de Donald Trump en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático.
Judd -el mormón que vino a Chile como “misionero” en 1990 y carece de experiencia diplomática (este es su debut)- destacó que las opiniones del presidente Boric “están dañando a los chilenos”.
Sus críticas -calificadas como “desafortunadas” por la Cancillería fueron ampliamente difundidas en los principales medios de comunicación nacionales.
En varios momentos cruciales, Chile ha mantenido álgidos episodios con Estados Unidos.
El más conocido -por sus terribles implicancias al cambiar nuestra historia- fue el asedio permanente al gobierno de Salvador Allende que incluyó -aún antes de que asumiera- acciones encubiertas como el asesinato del comandante en jefe del Ejército general René Schneider, luego el bloqueo económico y la preparación de condiciones para el golpe político-militar de Pinochet (hechos de público conocimiento tras revelarse los archivos secretos de la CIA).
Sin embargo, hubo otra circunstancia tan crítica de las relaciones con los estadounidenses que casi culmina en guerra abierta. Fue el incidente del acorazado norteamericano “Baltimore”, ocurrido el 16 de octubre de 1891 en Valparaíso, a menos de dos meses de terminada nuestra cruenta guerra civil que determinó el derrocamiento y muerte del presidente constitucional José Manuel Balmaceda.
Desde los primeros días de octubre del citado año, el modernísimo acorazado “Baltimore” (armado con 4 cañones de 203 mm, 12 de menor calibre, tubos lanzatorpedos y ametralladoras Gatling) estaba surto en la bahía porteña.
Su misión oficial: proteger a ciudadanos e intereses económicos norteamericanos en Chile durante la guerra civil que terminó en agosto del año citado. La tarea extraoficial: exhibir poderío en el mayor puerto del Pacífico sur, de estratégica importancia para el comercio mundial en plena expansión capitalista.
Esa función intimidatoria fue denominada como “diplomacia de las cañoneras” y fue aplicada con éxito por las potencias colonialistas -por ejemplo- en China y en África del Norte (Casablanca y Agadir).
La riña en el True Blue
El fatal 16 de octubre, su capitán Winfield S. Schley otorgó permiso para que desembarcaran 117 tripulantes.
Fue una mala decisión. El grupo de sedientos marineros acudió al bar True Blue -situado en la Calle de la Victoria, actual avenida Pedro Montt- donde bebieron como cosacos.
Según testigos, uno de los gringos escupió un retrato de Arturo Prat situado tras la barra, ofensa que desencadenó una feroz gresca con los parroquianos que terminó en la vía pública con dos estadounidenses muertos (de apellidos Riggins, asesinado de un disparo, y Trumbull, quien falleció al ser atravesado por una bayoneta), y 18 heridos.
Intervino la fuerza pública para restablecer el orden público, socorrió a los norteamericanos a punto de ser linchados y los trasladó a una comisaría.
El gobierno estadounidense del presidente Benjamin Harrison, pese al lapidario informe del capitán Schley -donde denunció “una brutal agresión y carnicería”- reaccionó inicialmente con cautela pidiendo a Chile una investigación completa, rápida e imparcial sobre los hechos y castigo a los responsables.
Ello aunque su Secretario de Marina Benjamin F. Tracy y la prensa exigían una respuesta militar inmediata.
La investigación judicial responsabilizó a los marinos norteamericanos ebrios como causantes de la riña. En noviembre, nuestro canciller Manuel Antonio Matta envió una nota al embajador norteamericano Patrick Egan destacando: “El hecho tuvo carácter de riña de taberna… los agentes del orden actuaron conforme a su deber para restablecer la tranquilidad pública”.
En rigor, la postura chilena consistió en que lo ocurrido debía tratarse como un asunto judicial y no diplomático.
En diciembre del 91, el presidente Harrison rechazó la posición de nuestro país y la prensa estadounidense aumentó su clamor por acciones militares. El New York Times había publicado virulentos artículos con títulos como “Chilean Mob Attacks sailors” (“Turba chilena ataca a marineros”) y “Harrison Demands Apology” (“Harrison exige disculpas”), “Looks like a Chilean War, Little Hope Now of a Peaceful Settlement” (“Parece una Guerra Chilena, hay pocas esperanzas de una solución pacífica”).
El asunto se puso color de hormiga cuando, en enero de 1892, el presidente Harrison transformó la reyerta de bar en un asunto de Estado. Presa de ardor patriótico declaró ante el Congreso que era una agresión antiestadounidense y no un hecho policial aislado por cuanto Chile había mostrado una “actitud hostil y ofensiva” hacia su nación.
“Este gobierno no puede consentir ser humillado ni sus ciudadanos asesinados impunemente” fue su sentencia final ante los congresistas que ratificaron su mensaje que allanaba el camino hacia la declaración de guerra y fue mandado a Chile de inmediato.
En el texto se exigía al gobierno chileno una disculpa formal y pública, el pago de 75 mil dólares a las familias de los dos fallecidos y la realización de un nuevo juicio que castigara a los responsables.
Fue considerado un ultimátum, sin espacio para negociar por cuanto reclamaba una satisfacción completa e inmediata y su rechazo suponía la ruptura de relaciones. Cade destacar que la flota norteamericana del Pacífico ya cumplía órdenes de concentrarse.
Entre la espada y la pared, nuestro gobierno -el 26 de enero de 1892-aceptó pagar los 75 mil dólares exigidos y en una nota oficial lloriqueó: “La República de Chile deplora profundamente el suceso y ofrece satisfacción que, sin menoscabar su dignidad, restablezca las buenas relaciones”.
En la actualidad, dicha suma equivale a dos millones 600 mil dólares, unos 2.400 millones de pesos chilenos. Harto cara le costó al país esa reyerta de borrachines.
Antecedente: la fuga del transporte ”Itata”
Los ánimos con Estados Unidos estaban caldeados desde mayo de 1891 cuando el carguero armado chileno “Itata” escapó del puerto norteamericano de San Diego con un cargamento de armas para el bando congresista que enfrentaba a Balmaceda.
El barco había sido incautado en el puerto porque infringía la neutralidad norteamericana en el conflicto chileno. Pese a la persecución emprendida por el crucero estadounidense Charleston, la audaz fuga culminó con éxito y la carga fue desembarcada en Iquique.
El “Itata” -cuyo viaje había sido secreto- no navegaba en solitario. En aguas mexicanas, lo esperaba su escolta el crucero chileno “Esmeralda”, el más veloz del mundo en su tipo, armado con poderosa artillería en torres giratorias y tubos lanzatorpedos.
Quiso el destino que ambos cruceros no se enfrentaran y el periódico New York Times (16 de mayo), se refirió a un posible combate que no llegó a producirse.
Razones del retroceso chileno
A fines de 1891 Chile emergía malherido de la infausta guerra civil que causó 10 mil muertos e ingentes daños materiales.
El hundimiento del blindado “Blanco Encalada” (recién llegado de Inglaterra donde fue modernizado) por una torpedera balmacedista en Caldera privó a la Armada de uno de sus buques capitales. Había varias unidades en avanzada construcción en Europa pero su alistamiento e instrucción tardarían valiosos meses y no había tiempo.
La flota norteamericana del Pacífico podría bloquear los puertos nortinos chilenos por donde se exportaba el salitre, a la sazón el “sueldo de Chile” y estrangular nuestra economía.
El país estaba vulnerable frente a Estados Unidos que utilizó el incidente del Baltimore como pretexto para asentar su hegemonía como potencia hemisférica. Fue una aplicación más de la “Doctrina Monroe” ideada en 1823 por el presidente gringo James Monroe: “América para los americanos”, léase los estadounidenses.
Chile carecía de apoyo internacional y Argentina iniciaba una carrera armamentista para solucionar disputas territoriales pendientes (Puna de Atacama y ciertas zonas patagónicas).
Tal era el infausto cuadro geopolítico que determinó la victoria diplomática estadounidense.
El presidente Jorge Montt -un calificado marino- asimiló propuestas de Balmaceda quien había expresado: “Ningún gobierno previsor podrá olvidarse que nuestro porvenir está en el mar”.
De allí que durante su gestión (1891-1896) apresuró la llegada de nuevas unidades: el acorazado “Capitán Prat”, los cruceros “Errázuriz”, “Presidente Pinto” y “Blanco Encalada”.
También comenzó la construcción del apostadero naval de Talcahuano y del sistema nacional de faros con 70 unidades.
La materialización de las iniciativas de Montt detuvo al menos durante ese lapso el apetito de los argentinos, soliviantados por la momentánea debilidad chilena.
(*) Periodista. Fue secretario de redacción de la revista Cauce.
