Luego de 14 años de culebrón judicial, la Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió, en fallo inapelable, que alrededor de US$ 13 millones robados por Pinochet, su familia, o si se prefiere, la familia López, y sus secuaces de la Casa Militar, deberán ser devueltos al Fisco.
En un fallo dividido, los magistrados resolvieron acoger el recurso de casación de forma interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), porque existe un vicio en la sentencia de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó la resolución del entonces instructor del caso Riggs y actual ministro de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama.
Todo comenzó -por casualidad- el 14 de julio de 2004, cuando el subcomité permanente de investigación del Senado de Estados Unidos descubrió movimientos bancarios sospechosos en el Banco Riggs de Washington.
En realidad, los legisladores norteamericanos perseguían rastros de financiamiento del terrorismo internacional, pero terminaron revelando 125 cuentas -hasta entonces secretas- que mantenía Augusto Pinochet Ugarte y sus colaboradores, en las que se atesoraban más de US$ 21 millones.
Segùn especulaciones de la época, los servicios secretos de Estados Unidos siempre conocieron las maniobras ilícitas de enriquecimiento de Pinochet, pero el Departamento de Estado las hizo públicas mucho después, cuando el impacto político fuera innocuo.
El caso es quer catorce años después, la justicia chilena puso término al denominado “caso Riggs”, en que se investigó el origen de la fortuna del fallecido general, logrando establecer judicialmente que Pinochet -ayudado por sus asesores- logró desviar de forma ilícita US$ 6.466.406 de gastos reservados a cuentas que mantenía en el extranjero, abiertas con nombres falsos.
El patrimonio corresponde, según documentos del CDE que datan del 2014, a US$ 4.894.638,1 y $ 124.566.242 en instrumentos bancarios, tres vehículos y 24 propiedades tasadas en US$ 7,3 millones aproximados. El Fisco aspira recuperar aproximadamente US$6 millones.
La familia de Pinochet disputaba en tribunales el usufructo de la fortuna luego que se estableciera la responsabilidad en calidad de autor del general (R) en el delito de malversación de caudales públicos.
Ganaba por dos a cero, luego de que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones revocara la sentencia de primera instancia, del ministro Valderrama, y ordenara su restitución a la familia Pinochet .
Ahora, en los descuentos, perdió por goleada en la Corte Suprema, por la vía de acoger un recurso de casación interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, por vicios formales del fallo de la Corte de Apelaciones.
Peor aún, para la familia Pinochet se terminó el partido, en el sentido de que no quedan recursos pendientes, salvo determinar cuáles propiedades y qué parte del patrimonio será objeto de decomiso a beneficio fiscal.
Según un informe de la Universidad de Chile, el patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército era de 21 millones de dólares, de los cuales 17,8 millones no tendrían justificación.
La sentencia, que está siendo redactada por el ministro Jorge Dahm, se votó y quedó en acuerdo la misma semana que uno de los investigadores del “caso Riggs”, el juez Carlos Cerda, abandonó la Corte Suprema.
Una vez que quede ejecutoriado el fallo de la Sala Penal, el CDE tiene que ir a un Juzgado Civil y pedir que se inscriban los bienes comisados a nombre del Fisco.
Realizado el traspaso legal ante los Conservadores de Bienes Raíces de cada ciudad en que se encuentren las propiedades se procede a realizar los remates de las ex casas de Pinochet a través de la Dirección General del Crédito Prendario.
Alegato del Consejo de Defensa del Estado
La audiencia de la vista de la causa Riggs, se realizó el pasado miércoles 20 de junio.
Este sería, además, uno de los últimos recursos que revisaría en su carrera el ministro Milton Juica, quien dejó el Poder Judicial por límite de edad el martes 26 . También integraron la sala los ministros/as Gloria Ana Chevesich, Jorge Dahm, Andrea Muñoz y Lamberto Cisternas.
Éste último, en voto de minoría estuvo por entregar esa fortuna mal habida a la familia Pinochet.
Por el CDE alegó la consejera María Inés Horvitz. Por la familia Pinochet lo hizo el abogado Fernando Rabat, del estudio de Pablo Rodríguez Grez.
Hace un año, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, había ordenado devolver los dineros y bienes decomisados a los herederos de Augusto Pinochet.
La sentencia constituyó un revés para el Fisco, pues en marzo de 2015 el ministro Manuel Antonio Valderrama -en una sentencia de primera instancia- había establecido que ese patrimonio debía ser devuelto a las arcas fiscales, pues había sido obtenido mediante conductas ilícitas.
Pero el tribunal de alzada decidió que los bienes podrían seguir en manos de los herederos del fallecido general.
El análisis de los ministros de la corte santiaguina Jaime Balmaceda y Maritza Villadangos fue que si bien “se dio por acreditada la sustracción de fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente el patrimonio de Pinochet Ugarte”, la responsabilidad penal se había visto extinguida con su fallecimiento. Según los mencionados magistrados, “no es posible jurídicamente decretar en la sentencia el comiso después de la muerte del presunto culpable”.
A su juicio, “las penas deben ser personales y recaen directamente sobre el responsable y nada más que sobre él, sin que sus efectos puedan redundar en perjuicios para terceros”.
El caso dio un vuelco con los alegatos de Horvitz, quien -a nombre del CDE- cuestionó las absoluciones de la Corte de Apelaciones, a los oficiales de la Casa Militar que giraban los cheques por orden de Pinochet y aseguró que las acciones en su contra no estaban prescritas, pues se trataba de un delito continuado, cuya última fecha de comisión no superaba el plazo para investigar una malversación.
La abogada impugnó el fallo de segunda instancia respecto de la incautación de los bienes de la familia Pinochet Hiriart.
“Si bien las penas son personales, el comiso no tiene como fundamento la culpabilidad del condenado, sino la necesidad de evitar el enriquecimiento patrimonial injusto, esto es, sin fundamento jurídico legítimo”.
A modo de ejemplo, la abogada expuso ante la Corte Suprema un fallo del mismo máximo tribunal que en junio de 2012 ordenó el comiso de los bienes de Mario Silva Leiva, conocido como “el cabro Carrera”, un conocido narcotraficante de los años 90, a quien la justicia embargó, 13 años después de su muerte, la fortuna legada a su familia, avaluada en $11 mil millones y que fueron resultado de sus actividades ilícitas.
En el alegato, la abogada Horvitz, planteó:
«Hay que tener en cuenta que esos bienes en su totalidad eran patrimonio del señor Pinochet Ugarte, que ahora está reclamando su familia, que tampoco se puede considerar terceros que hayan adquirido su dominio de buena fe, puesto que varias cuentas en el extranjero y cheques girados respecto de esas cuentas están a nombre de la señora Lucía Hiriart y de sus hijos, lo que da cuenta de que todos estaban absolutamente concertados en estos delitos y creemos que sería una muy mala señal desde el punto de vista del efecto comunicativo de las penas el que se pudiera retornar, devolver, dejar sin efecto este comiso y restituir a quienes en todo momento estuvieron en conocimiento de los ilícitos cometidos por su padre y se beneficiaran con ello”.
La defensa de los Pinochet
A su turno, el abogado Fernando Rabat, en representación de Lucía Hiriart, la viuda de Pinochet, asostuvo que no podían incautarse propiedades, bienes y dineros de Pinochet, por cuanto nunca fue condenado en el caso Riggs:
“El general Augusto Pinochet fue sobreseído en esta causa en razón de su muerte. Al ser sobreseído concluyó el proceso penal a su respecto, y fue en diciembre del año 2006 cuando el proceso se encontraba aún en estado de sumario, de suerte tal que cuando se cierra el sumario en junio del año 2014 no pudo ser elevada la causa a su respecto a la etapa de plenario, y al no ser elevada la causa a plenario no existe tampoco a su respecto acusación fiscal”.
Agregó un antecedente estrictamente formalista:
“El general Pinochet no fue emplazado de la acusación fiscal y si no lo fue, entonces la sentencia no lo puede alcanzar, no puede ser condenada ni absuelta una persona si no ha sido emplazado en una acusación fiscal; quien ha sido sobreseído en la etapa de sumario, no puede ser castigado con una pena. Sl extinguirse la responsabilidad penal y no habiendo una sentencia definitiva a su respecto, no puede aplicarse la pena de comiso, pues solo se puede aplicar a quien es parte del proceso penal.
“Al fallecer el general Pinochet por el solo ministerio de la ley se produjo la apertura de la sucesión, se notificó la herencia (…); por el solo hecho del fallecimiento del general Pinochet su cónyuge como legitimario adquirió el dominio de los bienes que integran su sucesión por sucesión por causa de muerte, es decir, se trata de bienes que pertenecen a un tercero que no es responsable de los crímenes o simple delito que se imputan y, por lo tanto, no puede el comiso alcanzar esos bienes que pertenecen a terceras personas que no son parte de este proceso penal”.
Sobre la viuda y sus hijos, Rabat aseguró que adquirieron los bienes por la sucesión de la muerte de Pinochet, por el solo ministerio de ley:
“No es posible respecto de mi representada, Lucía Hiriart, imponer este comiso, porque se trata de un tercero de buena fe, conforme es el mérito de los hechos asentados en los fallos que se encuentran en conocimiento de esta excelentísima corte, entonces no son efectivos los argumentos expuestos por la defensa fiscal».
La sinuosa trayectoria del caso Riggs
El “caso Riggs” tuvo 380 tomos bajo el Rol 1649-2004. De él se desprendieron otras tres aristas, la indagatoria tributaria, Cema Chile y tanques Leopard. En esta última causa, que fue alegada por el abogado del CDE Rodrigo Reyes, se condenó a altos oficiales de Famae por coimas en la compra de tanques al Ejército holandés, dineros que también -se presume- fueron a parar a las arcas de Pinochet.
En la primera página del expediente Riggs está la firma de Sergio Muñoz, el primer juez instructor del caso, hoy ministro de la Corte Suprema. Luego lo investigó el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Carlos Cerda, y el último fue Manuel Antonio Valderrama, también hoy en el máximo tribunal.
La apertura de esta indagatoria en términos formales data del 21 de julio de 2004. Al finalizar la tramitación de la causa, un informe de la Universidad de Chile cifró en US$ 21 millones el patrimonio que el general (R) llegó a tener, de los cuales US$ 17 millones no se pudo establecer cuál fue su origen.
La investigación sobre el patrimonio de Pinochet también tuvo efectos políticos. Si las acusaciones a las violaciones a los derechos humanos no lograron permear la férrea defensa al régimen realizada por sus partidarios, sí lo hizo la indagatoria sobre su fortuna. El golpe a la imagen del exjefe militar en los últimos años ha sido demoledor a medida que se conocieron las gestiones que derivaron en la confección de su patrimonio.
En el Tercer Juzgado Civil de Santiago yace el testamento de Augusto Pinochet. Fue abierto en julio del 2012, pero nunca ha sido reclamado por sus herederos. Las causas abiertas respecto del origen de su fortuna mantenían en expectación el futuro de la fortuna de los Pinochet que, ahora, tendrá mayores certezas.
En los próximos días, los ministros de la Corte Suprema revisarán las cuentas congeladas para determinar específicamente qué inmuebles fueron adquiridos con dineros malversados.
Una vez que quede ejecutoriado el fallo de la Sala Penal, el CDE irá un Juzgado Civil para solicitar que se inscriban los bienes comisados a nombre del Fisco. Una vez hecho el traspaso ante el Conservador de Bienes Raíces, las propiedades serán rematadas a través de la Dirección General del Crédito Prendario, popularmente denominada Tía Rica.
Entretanto, este lunes se reunirán los ministros Milton Juica (presidente), Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y Jorge Dahm para afinar el tema del comiso y resolver cuáles serán las propiedades de Pinochet que deben devolverse al fisco, porque a juicio de algunos, no está claro el listado.
Hasta ahora, todos están por acoger la casación y dictar una nueva sentencia. Pero en el caso del ministro Cisternas, este sería minoría, porque es partidario solo de corregir contradicciones de la resolución de la Tercera Sala y devolver los bienes a los herederos.
El tribunal de alzada, si bien revocó el fallo del ministro Valderrama, sostiene que está «acreditada la sustracción de fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente el patrimonio de Pinochet Ugarte», pero que esta responsabilidad penal se extingue por la muerte del responsable.
Condenas a ex uniformados
En la nueva sentencia del máximo tribunal también se mantendrán condenas de primera instancia a ex uniformados por malversación de caudales públicos.
Estos fueron acusados de «sustraer» fondos de gastos reservados que tenían a cargo, que pertenecían al erario nacional, y que traspasaron a cuentas del ex gobernante para «manutención de su familia».
La Corte de Apelaciones también había revocado estas condenas por estimar que estaban prescritas y que no existió un delito continuado.
Entre los condenados, en primera instancia, estaban los jefes de la Casa Militar, los generales (r) Ramón Castro y Jorge Ballerino (fallecido), quienes abrieron la primera cuenta del ex Mandatario en el Riggs y a quienes se les imputa desviar primero US$ 620.968 y luego US$ 2.978.595.
En el caso de Ballerino, con su apodo de John Long, transfirió a Pinochet US$ 1.112.567,19, mientras que al general (r) Sergio Moreno se le imputa haber traspasado US$ 23.721 de gastos reservados desde la cuenta de la Casa Militar en el Riggs a la de Pinochet.
Los otros tres condenados fueron los coroneles (r) Eugenio Castillo Cádiz (por traspaso de US$ 70.061,59 desde gastos reservados), Gabriel Vergara (US$ 671.075,56) y Juan Mac-Lean (US$ 880.417,31). A todos se les otorgó una pena de cuatro años de libertad vigilada.
Abogados querellantes
La diputada Carmen Hertz (PC) planteó que espera que «con este dinero que retorna al Fisco pueda financiar el aporte miserable y tardío a los ex presos políticos y torturados que el gobierno retiró hace pocas semanas atrás».
Por su parte, el abogado Eduardo Contreras destacó que «la Corte Suprema asume un papel que debió haber asumido hace muchos años y lo asume en el sentido de reparar las terribles injusticias que ocurrieron en este país durante tantos años».
«Sabemos que lo que Pinochet le quitó al Estado de Chile, al fisco de Chile y al pueblo de Chile es mucho más que eso, pero en fin, si eso se recupera nosotros desde el mundo de los derechos humanos celebramos la decisión de la Corte Suprema», dijo.
Moreira el inefable, y pinochetista recalcitrante, desempolvó el viejo truco del empate moral:
«Aunque me gusten o no me gusten los fallos de los tribunales de justicia, uno tiene que respetarlos, pero nosotros sabemos perfectamente que el general Pinochet y su familia han vivido años de persecución. Quieren borrar la historia, quieren dejarlo sin ningún peso. Hablan de malversación de recursos, pero resulta que hoy día vemos como grandes empresas financiaban a la izquierda».
