Por no alcanzar el quorum calificado de 60 votos afirmativos, la Sala rechazó la idea de legislar del proyecto que buscaba modificar la Ley 19.992, para establecer el carácter público de los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, o Comisión Valech. Peor aún, votaron en contra dos diputados del PS y tres del PPD, sin los cuales hubiera triunfado la moción.
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El texto planteaba levantar el secreto de 50 años que prima sobre los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, pero permitía a las víctimas oponerse a hacer públicos sus casos.
El proyecto fue presentado a trámite por los diputados del PC Karol Cariola, Camila Vallejo, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Guillermo Teillier, IC Sergio Aguiló, PPD Tucapel Jiménez y Felipe Letelier y DC Patricio Vallespín.
Su objetivo era levantar el secreto de 50 años establecido para los antecedentes recogidos durante el trabajo de la citada comisión, “para contribuir así a la búsqueda de la verdad y a que se haga justicia en casos graves de violaciones a los derechos humanos aún pendientes”.
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Los autores plantearon en sus argumentos que el mantenimiento del secreto sobre los antecedentes que sirvieron de base a la labor de la Comisión Valech tiende a consolidar la impunidad de los violadores de derechos humanos y que genera una dificultad adicional para la obtención de justicia, ya que ha provocado la pérdida de antecedentes e información con la que se contaba.
La modificación, que finalmente fue rechazada por el pleno de la Cámara, establecía el carácter público de los antecedentes pero permitía a las víctimas a expresar su voluntad de guardar reserva de sus testimonios.
Sin embargo, parlamentarios que expresaron su opinión contraria al proyecto, expresaron que no es posible desconocer que muchas de las víctimas entregaron sus testimonios, sobre hechos muy dolorosos, precisamente por la reserva que se estableció sobre los mismos.
El proyecto recibió 57 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones.
Insistencia de bancada PC
Tras la polémica generada por el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto que levantaba el secreto de 50 años para los antecedentes de la Comisión Valech -al no alcanzar el quórum de 60 votos-, un grupo de parlamentarios encabezados por el diputado Hugo Gutiérrez, presentó una moción que busca que dichos antecedentes sean conocidos por los Tribunales de Justicia, algo que hoy está impedido.
El proyecto fue presentado por el miembro de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, diputado Hugo Gutiérrez, acompañado por los diputados Guillermo Teillier (PC), Lautaro Carmona (PC), Daniel Núñez (PC), Sergio Aguiló (IC), Leonardo Soto (PS), Tucapel Jiménez (PPD), Rodrigo González (PPD) y Gabriel Boric (IND).
En ese contexto, el diputado Gutiérrez sostuvo que el proyecto se presenta “debido a la conmoción que causó ayer el rechazo a un proyecto de ley que buscaba dejar sin efecto un secreto por 50 años que impedía incluso a cualquier persona, autoridad o magistratura, acceder a los antecedentes de la comisión Valech (…) y para no quedar como Cámara de Diputados al margen del derecho internacional sobre Derechos Humanos que obliga a que siempre haya acceso de los Tribunales de Justicia a este tipo de información”.
El representante por la región de Tarapacá sostuvo que el nuevo proyecto permite en toda circunstancia que los Tribunales de Justicia “accedan a la información reunida por la Comisión Valech 1 y así pueda indagar sobre los antecedentes que existen sobre torturadores entregado por las víctimas. Queremos reestablecer un principio fundamental en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos”.
El diputado PS Leonardo Soto señaló al respecto que “creemos que esta es una ley muy necesaria para nuestro país. Nuestra justicia y la opinión pública necesitan conocer todos los antecedentes que están bajo el resguardo de la ley Valech. Ahí, hay numerosos testimonios de delitos de lesa humanidad, delitos de los más graves que se puedan cometer en el mundo y que están bajo 7 llaves”.
El legislador PS añadió que “nada justifica -dentro de la evolución que ha tenido nuestra sociedad democrática-, que se mantenga ese secreto y creo que como sociedad nos hace bien enfrentar la realidad de la tortura que hubo en Chile y sobretodo, abrir los procesos judiciales necesarios para poder investigar. Ahí están los antecedentes, los testimonios y las pruebas que inculpan a numerosos torturadores y es necesario que esos antecedentes al menos estén en manos de la justicia”.
Finalmente, el diputado PPD Tucapel Jiménez lamentó que el proyecto rechazado ayer “no se haya entendido por diputados de nuestra coalición. En caso de rechazarse este nuevo proyecto, no le permitiría ni siquiera a los Tribunales de Justicia el conocer estos antecedentes, y eso si que sería definitivamente defender a los torturadores y no habría ninguna excusa para rechazarlo”.
Críticas
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El diputado Gutiérrez sostuvo que el rechazo a la iniciativa, que necesitaba 60 votos favorables, compromete la responsabilidad el Estado de Chile ante la comunidad internacional, “porque las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Derechos Humanos es muy categórica: siempre facilitar del acceso a la justicia. Así es como hace unos días atrás, la Corte Suprema de El Salvador anuló la ley que declaraba la amnistía de los delitos de lesa humanidad, amparándose en que existe el deber de Estado de acceso a la justicia”.
Gutiérrez fue categórico en señalar que “lo que se está haciendo hoy es impedir que todas esas denuncias que se hicieron ante la Comisión Valech vayan a ser conocidas por los tribunales para que se investigue un delito tan atroz como la tortura. Con esta votación de la Cámara de Diputados, se está poniendo al margen del derecho internacional y del sistema internacional de protección a los derechos humanos”.
Finalmente, el representante por la región de Tarapacá, aseveró:
«Lo vergonzoso es que ayer conmemoramos el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos y al día siguiente, esta Cámara de Diputados se manifiesta en contra de permitir que se investiguen crímenes tan horrorosos como la tortura en Chile. Yo entiendo que eso lo haya hecho la UDI y RN, lo que me parece incomprensible es que militantes del partido socialistas y del PPD hayan hecho lo mismo”.
Los argumentos entregados por los parlamentarios oficialistas para votar en contra se centraron en la protección a las víctimas. Sin embargo, el proyecto consideraba una indicación, para que aquellos que no quisieran que su testimonio fuera público pudieran notificar al Instituto de Derechos Humanos en un plazo de 90 días una vez aprobado el proyecto.
Pepe Auth, quien lideró las gestiones entre el oficialismo para rechazar el proyecto, durante su intervención en la Sala, explicó:
“Con la mejor de las intenciones, a mi juicio, estamos corriendo el riesgo de cometer un error de proporciones. (…) Muchos de quienes decidieron contar su testimonio fue bajo el compromiso que sería secreto, resulta que ahora este Parlamento hoy día va incumplir su palabra y les va a decir que ese testimonio se va a hacer público. No corresponde que el Parlamento cambie las reglas de juego”.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó el argumento de protección a las víctimas como una cobardía:
“Es absolutamente repudiable y una vergüenza. Por último, asuman su participación con su voto para que se siga ocultando los nombres de muchos criminales y sus cómplices que transitan libres por las calles. Más allá de las excusas de quienes se abstuvieron o votaron en contra y justifican su actuar por redes sociales, es una gran mentira señalar, me parece que es hasta una infamia, que se busca proteger el testimonio de las víctimas. El proyecto no viola la identidad de las víctimas, si hay una sola persona que no quiere que su nombre aparezca, tiene todo el derecho, pero eso no tiene ninguna relación con que aquí se tenga que esconder el nombre de aquellos criminales que tienen que responder por los delitos que cometieron”.
Además la dirigente se refirió a la votación en bloque de la derecha para rechazar el proyecto:
“Que la derecha en bloque vote en contra, los vuelve a poner una vez más del lado de aquellos que siguen defendiendo el terrorismo de Estado y que quieren la impunidad para los genocidas. A pocos día de una nueva conmemoración del del Golpe cívico-militar, la derecha de ayer no es distinta la de hoy, por lo tanto, votaciones como esta demuestran la disposición de un numero no menor de ellos, a volver a actuar de la misma manera criminal”.
Los diputados de la Nueva Mayoría que estaban a favor del proyecto, entre ellos Tucapel Jiménez, insistieron en que mantener el secreto sobre las violaciones a los derechos humanos va en contra de del derecho internacional, y lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El Estado no puede amparar mecanismos como el secretado de estado para dejar de aportar información a los tribunales de justicia”, afirmó Jiménez.
En tanto, en la oposición las intervenciones para explicar la votación en contra del proyecto estuvieron a cargo de Jaime Bellolio y Diego Paulsen. Ambos parlamentarios apelaron a la dignidad de las víctimas para oponerse.
El diputado Bellolio, uno de los que ha sido critico de los vínculos de la UDI con la dictadura, sostuvo:
“Hagamos que los testimonios sean públicos, pero que las personas expresamente así lo digan. La pregunta de fondo es cuál es el mecanismo para hacerlos conocidos, ¿vale cualquier forma? (…) ¿Cuáles son los estándares? Los que tienen que ver con las dignidad de las personas. Es falso que queremos que haya un manto de impunidad, queremos que se conozca la verdad, pero no puede hacerse de cualquier forma”.
“Yo no voy a ser cómplice de aprobar un proyecto que va a generar una violación a los derechos humanos de las personas porque pasa a llevar su dignidad. Llamo a mi bancada a votar en contra. Estamos de acuerdo a llegar a la verdad pero no a cualquier costo”, afirmó Paulsen, ocasionando la risa de los parlamentarios de la Nueva Mayoría en la Sala.
Sobrevivientes repudian maridaje por la impunidad
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Chile debe saber que las y los sobrevivientes que prestamos declaración en la primera Comisión de Prisión Política y Tortura el 2004, lo hicimos bajo el entendido que nuestros testimonios serían públicos y que se dejaría constancia de ellos en publicaciones y registros audiovisuales, para que las nuevas generaciones supieran de las bestialidades cometidas en contra de una ciudadanía indefensa. Buscabamos que la justicia se hiciera cargo, cesara la impunidad y que los gobiernos postdictatoriales cumplieran la promesa de Verdad y Justicia.
Cuando Ricardo Lagos y su ministro Insulza, sellan el Congreso por 72 horas, para sacar a espaldas de los sobrevivientes la Ley 19.992, «simbólica y austera», nos encontramos con la sorpresa que le habían puesto candado a nuestros testimonios por 50 años, para asegurar Impunidad a torturadores y asesinos.
Y lo que es mas grave… para eludir la obligación del Estado, de investigar, sancionar a los culpables de los múltiples delitos asociados (secuestros, torturas, abusos sexuales de menores y adultos, robos, etc.), y reparar debidamente a las personas afectadas.
A esta infamia, se agrega hoy un hecho vergonzoso. Diputados de la Nueva Mayoría votan o se abstienen en complicidad junto con la derecha reaccionaria para impedir que Chile sepa quiénes fueron los cómplices, torturadores y asesinos que operaron en el país entre 1973 y 1990.
Ellos son:
Juan Luis Castro (PS),
Marcelo Schilling (PS),
Marco Antonio Núñez (PPD),
Guillermo Ceroni (PPD),
Joaquín Tuma (PPD) y
Pepe Auth (independiente).
Se abstuvieron:
Daniel Farcas (PPD),
Ramón Farías (PPD) y
Pablo Lorenzini (DC)
A estos personajes, no les aceptamos la desvergüenza que digan que lo hacen «por protegernos». La protección a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, pasa precisamente por exponer los hechos ante la opinión pública, investigar los delitos cometidos por funcionarios del Estado «en ejercicio de sus funciones» y apoyar social y jurídicamente a quienes fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Respaldamos y agradecemos a los parlamentarios comunista, socialistas y PPD que propusieron la moción de poner término al secretismo cómplice, les pedimos no claudicar y apoyarnos en esta lucha por VERDAD, JUSTICIA y MEMORIA
Exigimos del Gobierno, y en particular de la Presidenta de la República, que sin mas dilaciones cumpla sus promesas de campaña y dé a los sobrevivientes de la Dictadura y a la ciudadanía, TODA LA VERDAD, TODA LA JUSTICIA
NO A LA IMPUNIDAD!
Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares
