El Senado brasileño, por amplia mayoría, ha considerado que hay indicios suficientes para iniciar el juicio político en contra de la presidenta democráticamente electa Dilma Rousseff.
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Consecuentemente Rousseff ha sido suspendida por 180 días de sus funciones, mientras se realiza el juicio, pero la expresiva votación de la Cámara Alta (más de 2/3) hace prever que el alejamiento de la primera mujer en ocupar la más alta magistratura de Brasil será definitivo.
Con ello, Michel Temer (PMDB), uno de los principales articuladores del impeachment debería completar el mandato hasta 2018.
La suspendida Presidenta ha sido acusada de realizar “pedaladas” fiscales, o sea, enroques de recursos públicos para viabilizar programas sociales y no profundizar la crisis económica. Si bien estas artimañas presupuestarias, aunque condenables, fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión y habían sido ejecutadas por sus antecesores, así como por los gobernadores de 16 Estados, incluyendo al relator de la acusación (Anastasia del opositor PSDB), la crisis económica y política del país, con la correspondiente pérdida de apoyo de su gobierno, viabilizaron políticamente el impeachment en ambas casas legislativas.
La falta de fundamentación jurídica del procedimiento, con todo, ha puesto sospechas sobre el mismo. Se le ha acusado de travestir un golpe parlamentario de una figura constitucional (la destitución presidencial). Un impeachment sin crimen de responsabilidad de la mandataria constituiría un golpe de Estado al estilo paraguayo.
El inicio del procedimiento, de hecho, sólo fue posible porque el entonces Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (PMDB) – quien la semana pasada fue temporalmente alejado de su cargo por innumerables acusaciones de corrupción – lo aceptó como retaliación contra el gobierno, ya que éste no aceptó votar en contra de la constitución de una Comisión que lo investigaría.
No obstante, Rousseff políticamente es responsable de buena parte del escenario actual. Al optar por enfrentar la crisis económica con las medidas neoliberales propuestas por su rival derrotado en las urnas Aécio Neves (PSDB) fragilizó su base de apoyo y las acusaciones de corrupción, si bien no la alcanzaron directamente, mermaron su popularidad en la medida en que varios miembros de su partido (PT), así como sus aliados más cercanos (el PMDB de Cunha y el vice-Presidente Temer) fueron implicados. Cabe preguntarse ¿es el alejamiento de Dilma la salida para la crisis actual?
El hecho de quien asuma la presidencia hoy sea Michel Temer probablemente no avecine tiempos mejores para Brasil. Declarado inelegible para cargos de elección popular por parte del Tribunal Electoral la semana pasada, Temer sería el tercer presidente del PMDB que llega a la presidencia sin haber ganado una elección, estando además implicado en un esquema de corrupción conocido como Lava-Jato, que ha permitido el financiamiento espurio de la política (con fondos de PETROBRAS).
Temer inicia un gobierno con cuestionamientos a su legitimidad y ostentando un nivel de popularidad aún más bajo que el de Dilma Rousseff. Por otra parte, la marginación del PT del gobierno, un partido que se ha caracterizado por institucionalizar los conflictos sociales, probablemente aumente la polarización y la movilización social, ante la pérdida de garantías del juego democrático. Es posible que los brasileños hayan salido de la sartén para caer directamente en el fuego.
Aún así, bien vale realizarse el siguiente cuestionamiento, ¿por qué los opositores de Dilma y sus antiguos aliados han decidido embarcarse en una destitución que huele a golpe institucional, siendo que la crisis del gobierno auguraban un posible triunfo de la oposición en el 2018?
Aparentemente los ataques recibidos por Lula en el último tiempo sean indicador de que ese triunfo opositor no estaba totalmente asegurado. Pero además, existen dos posibles explicaciones.
Por un lado, la destitución de un presidente democráticamente electo es tan excepcional, que permite justificar medidas también excepcionales para superar la crisis: recortes fiscales, privatizaciones y eliminación de derechos ya consagrados. Es decir, la aplicación de medidas impopulares que ningún gobierno que ha enfrentado urnas estaría dispuesto a implementar sin cometer suicidio político.
Por otro lado, se ha interpretado que estas operaciones buscan poner una cortina de humo para evitar que las investigaciones contra la corrupción se profundicen: el sacrificio de Dilma serviría para calmar el clamor popular y permitiría a las nuevas autoridades utilizar sus posiciones para resguardarse ante las acusaciones.
El gabinete recién nombrado por Temer refuerza esa hipótesis: siete de los nuevos ministros están siendo investigados por la Operación Lava-Jato y tres de ellos han ganado foro privilegiado por el nombramiento, o sea sólo podrán ser enjuiciados por la Corte Suprema.
Mientras decantan los posibles escenarios, tal como señaló el politólogo argentino Andrés del Río, “la joven democracia brasileña vuelve a usar pañales”.
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Sociólogo de la Universidad Católica de Chile; Magister en Sociología del Instituto Universitario de Pesquisa do Rio de Janeiro (IUPERJ), Doctorado en la misma disciplina por parte del Instituto de Estudos Sociais e Políticos de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (IESP-UERJ); cadémico del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado.
Fuente: Radio Cooperativa
