Frente a los límites absolutos de la coalición forjada por Lula y sustentada por Dilma Rousseff, la separación de las luchas contra la corrupción y por la democracia puede privar a los trabajadores y al Pueblo de la posibilidad de una alternativa política a la izquierda que abra el horizonte para la constitución de un nuevo bloque histórico.
Para una superación de esto, la izquierda brasileña precisará avanzar más allá de sus propios límites, definidos por su campo de experiencias restringidas a una condición política casi siempre marginal y por la burocratización de sus direcciones.
El acto de 31 de marzo, que unifica los frentes Povo Sem Medo y Brasil Popular es la determinación de, al mismo tiempo, actuar para detener el impeachment (juicio político) ilegítimo y presionar por la continuidad de la lucha contra la corrupción, mediante una salida por la izquierda, fundamental para la construcción de un país que ofrezca dignidad y justicia para su Pueblo.
El tema del impeachment es un divisor de aguas que abrirá una nueva coyuntura en Brasil. Si venciera la oposición de derecha, liderada por el acusado por corrupción Eduardo Cunha (PMDB), con el apoyo de la Rede (Red) Globo y la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) mediante una presión de las calles bajo la dirección del protofascista Movimento Brasil Livre (Movimiento Brasil Libre-MBL), las condiciones para las luchas de la clase trabajadora serán aún más adversas que las actuales.
Si gana la coalición liderada por Dilma Rousseff, permaneciendo las cosas como están, sin una salida alternativa por la izquierda, tampoco esas condiciones podrán mejorar. Por el contrario, van a empeorar, pues el mantenimiento del actual gobierno o cualquier otro que naciera de este impeachment ilegítimo tiene como condición la aceleración de acuerdos de más ajuste fiscal, retirada de derechos y estará comprometido con el fin de las investigaciones por corrupción.
Por eso, la lucha para detener el avance de la derecha orgánica y la instauración de un Estado de excepción permanente, controlado por la corrupción de los grupos dominantes que actúan como crimen organizado en el interior del estado, no se puede disociar de las banderas de la democracia y contra la corrupción.
En este momento histórico del país, se trata de encontrar el camino que nos lleve a condiciones más favorables para los trabajadores en el contexto de la lucha de clases. La integración de ambas luchas crea el sustrato para la conformación de un nuevo bloque histórico que ofrezca una via alternativa positiva para los trabajadores y para el pueblo brasileño, más allá de los límites del PT.
La justicia selectiva afecta a la democracia y tiene por objetivo inmediato cerrar el combate contra la corrupción
El agravamiento de la crisis brasileña se produjo debido a una maniobra orquestada por el núcleo duro del Estado. Sectores de la magistratura (jueces) y del Ministerio Público (fiscales) y de la cúpula corporativa de la Policía Federal (delegados) trabajan combinadamente con la burguesía liderada por la FIESP y por la intelectualidad orgánica del conjunto de la burguesía brasileña, la Rede Globo, para usar la lucha lucha anti-corrupción a su favor, reduciendo el foco de las investigaciones primero a la Operación Lava Jato, para, seguidamente, restringirlo a los delitos cometidos por el PT.
Como un subproducto, crean una cortina de humo para tapar la investigación de corrupción por evasión de impuestos estimada en diez veces mayor que la Lava Jato -Operación Zelotes-, pero que afecta directamente a la burguesía nacional de mayor prestigio, como la siderúrgica Gerdau y las Organizaciones Globo (y sus filiales). De ahí el activismo de Globo por el impeachment.
Esta maniobra implicó pasar por encima de las garantías constitucionales conquistadas a duras penas en la lucha por la democratización -como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa legal y la privacidad.
Estas prácticas restrictivas de derechos, lejos de ser pasajeras, llegan con la disposición de quedarse. Siguiendo una tendencia internacional verificada tras el 11 de septiembre, son funcionales a la fase de la crisis estructural del capital, incluso en los países del capitalismo central, y cuyos métodos coercitivos generalizados bajo el pretexto del miedo social al terrorismo fueron denunciados por el ex agente de la NSA, Edward Snowden, y por el líder de Wikileaks, Julian Assange.
En Brasil, estos métodos tienden a adquirir la forma de un estado de excepción permanente, un nuevo régimen diferente tanto de la forma de la dictadura empresarial-militar como de la forma de democracia parlamentaria liberal pura. Aquí, como en México, este esquema tiende a conformarse como una participación orgánica de la delincuencia organizada directamente en el aparato del Estado, controlando partidos y ciertas funciones estatales.
El vehículo de ocasión para este amplio operativo es el uso político de la Operación Lava Jato, de la Policía Federal del Estado de Paraná, y está bajo la jurisdicción del juez de primera instancia Sergio Moro. Como es conocido, la Lava Jato investiga la corrupción en la estatal Petrobras, la mayor demandante de contratos de obras públicas y de infraestructura en Brasil.
Una empresa fundamental en la formación bruta de capital fijo (indicador de la tasa de inversión productiva interna) en el país. O sea, una de las empresas responsables de una parte considerable de la tasa de acumulación de capital (la parte alícuota de plusvalía extraída de los trabajadores que se convierte en nuevo capital) en el ámbito de la economía brasileña.
Su salud financiera afecta, por tanto, a importantes fracciones de la burguesía.
Estas maniobras, basadas ??en investigaciones y filtraciones selectivas en la Lava Jato, han servido de aliciente para alimentar la rueda del impeachment ilegítimo, evitando que el objeto del “impedimento” sea otro. La presidenta Dilma Rousseff es el objetivo de un proceso de “impedimento” por el Congreso Nacional por haber incumplido la Ley de “Responsabilidad” Fiscal, norma máxima del neoliberalismo en Brasil.
El «crimen» está siendo llamado «pedaladas fiscais” (“bicicleta fiscal”) -los decretos de ejecución presupuestaria del gobierno que se alargaron algunos meses de la fecha límite para cumplir con el famoso superávit primario, que viene siendo aplicado religiosamente por el gobierno-.
No es de extrañar que el corazón del capital activo en Brasil, dirigido por bancos y respaldado por el agronegocio, aparece en esta crisis apenas como «coadyuvante» influyendo en las agencias de riesgo y haciendo oscilar las bolsas de valores. Para quien, en la izquierda, esté entusiasmado con la Lava Jato, cabe alertar de lo que entraña esa constatación, que no es realmente todo el corazón del capitalismo brasileño el que puesto en cuestión con las maniobras del juez Sergio Moro.
De hecho, la ironía es que la aprobación del impeachment, sea posible las próximas tres semanas, está coordinado por el presidente de la Cámara, el diputado Eduardo Cunha (PMDB), acusado por corrupción y uno de los mayores interesados ??en poner fin a la Lava Jato.
Por tanto, la derrota de Rousseff deberá ser, también y al mismo tiempo, el fin del ciclo anti-corrupción. Se espera a partir de ahí, un giro en la orientación de la Rede Globo que hablará, a partir de entonces, de «normalización de la política» y «mejora de algunos indicadores económicos» de Brasil, en la recuperación de la «confianza de los mercados».
Al mismo tiempo, lo que Lula intenta articular para preservar el gobierno del impeachment no excluye al menos el control del gobierno sobre las acciones de la Policía Federal, como ya insinuó el nuevo ministro de Justicia. Los actores del régimen, incluidos Lula, bloquean, por tanto, una carrera para ver quien cierra primero la Lava Jato, con el fin de postularse como una solución política respecto a la burguesía.
La crisis política como una oportunidad abierta a una alternativa de las izquierdas
La crisis política de Brasil ha dividido no solamente al país, sino también el análisis en el interior de la izquierda brasileña sobre su significado y sobre las salidas en el horizonte. El momento es decisivo y los acontecimientos políticos de las próximas semanas abrirán una nueva coyuntura. Esta es la pregunta, planteada a la sociedad brasileña, y la cual la izquierda del país ha ofrecido dos respuestas insuficientes. Dos caminos que pueden llevar a la clase trabajadora a nuevas derrotas.
De una parte, sectores de las bases del PT -ante la ofensiva desatada por el núcleo de las clases dominantes-, argumentan que está en marcha un golpe de Estado contra un gobierno popular. Que un impeachment sin delito de responsabilidad sea ciertamente un golpe blanco aparece como un elemento innegable para todos los que tienen algo de realismo y sensatez en la evaluación del momento.
Pero esto no nos permite concluir que el gobierno amenazado sea un gobierno popular.
Este estiramiento de la realidad tiene un objetivo: crear un atajo para salvar el lulismo-petismo. Se trata de intentar lo imposible: hacer creer que Lula podría ser el líder de un proyecto nacional de interés de la mayoría de la población brasileña, después de todas las alianzas de decisiones políticas sectores dominantes hicieron lo largo de los años.
El resultado es que la única alternativa ofrecida por ese sector induce al equívoco de que la salida para detener el avance de la derecha orgánica que crece, para los anhelos por más democracia, para frenar los retrocesos en curso y mantener la lucha contra la corrupción que sangra al país es una candidatura de Lula para la Presidencia de la República en 2018!
En estos años de los gobiernos de Lula y Dilma, el argumento ofrecido entre la intelectualidad del PT por los tímidos cambios realizados y por las contrarreformas (agenda del capital) aplicadas siguiendo cuatro tesis: (1) la tesis de la herencia maldita: «hay una herencia maldita del neoliberalismo, recibida de Collor y FHC (F. Henrique Cardoso) y cuesta tiempo librarse de ella …»;
(2) la tesis del gobierno en disputa:
«Hay sectores progresistas y sectores conservadores en el gobierno. Tenemos que hacer que la caída del brazo …»;
(3) la tesis de la gobernabilidad: «es difícil hacer reformas sin mayoría en el Congreso beneficiando al Pueblo y no se puede gobernar sin hacer alianzas con esos partidos..»;
(4) la tesis del mal menor: «ante la posibilidad del vuelta del PSDB y de avance de los sectores ultraconservadores, tenemos que apoyar al gobierno.»
Ahora la herencia maldita se ha profundizado. El gobierno demostró no estar en disputa. La gobernabilidad estuvo al servicio de los intereses dominantes. Quedó el mal menor. El problema es que el mal menor está conduciendo al país a un mal mayor: el fortalecimiento de la clase dominante, de la Rede Globo y de una derecha orgánica.
Por otro lado, otra respuesta de izquierda a la crisis actual es aquella que minimiza los efectos de ese impeachment ilegítimo basándose en el hecho de que no se trata de un gobierno popular. Ese elemento objetivo explica, en parte, la indiferencia de esos sectores con el tema del impeachment, pero no puede justificarlo. Levantar bien alta la bandera anti-corrupción bajo el argumento de que ella es la mejor expresión de las jornadas Populares de junio 2013 es distorsionar la realidad.
Ahora bien, junio fue la expresión de una voluntad popular por más derechos (“saúde e educação padrão Fifa” -«salud y educación a nivel FIFA»-, decían los carteles del movimiento espontáneo) frente a los atropellos de los desalojos forzosos de comunidades realizar obras de la Copa del Mundo promoviendo una lucha por el derecho a la ciudad (que dio un nuevo impulso que nacionalizó el combativo Movimiento de Trabajadores sin Techo-MTST) y como manifestación de los primeros síntomas de recesión (por eso también el peso social de la lucha por el Pase Libre en el transporte público). Intentar extraer de junio la conclusión de que la Lava Jet es su mejor expresión es forzar la realidad con el objetivo de hacer atajo: acelerar artificialmente el cierre del ciclo de PT.
Pero esta táctica tiene un alto costo, demasiado para el conjunto del Pueblo.
En este momento, hacerse el desentendido en relación con el tema del impeachment ilegítimo, enrollarse en la bandera anti-corrupción para saltar directo a la convocatoria de «elecciones generales ya» implica «abrir la mano” de una lucha política fundamental para la definición de los parámetros de la lucha de clases en Brasil en el próximo período.
La imposición del impeachment bajo el liderazgo de la derecha corrupta, de crecimiento de la influencia del Movimento Brasil Livre en las calles, va en contra de los derechos duramente conquistados, representará un impulso al fortalecimiento de una derecha orgánica.
El impeachment en estas condiciones abre el camino para el cierre festivo de las investigaciones contra la corrupción, para una ofensiva de mayor aliento al conservadurismo, unificado en sus fracciones para la conquista de mayores parcelas de poder mayor dentro y fuera del aparato de Estado. A pesar de que este proceso estará lleno de contradicciones, tiene un efecto negativo general para los intereses de los trabajadores del campo y de la ciudad.
Frente a la quiebra de las direcciones políticas tradicionales, amplios sectores de masas populares buscan desesperadamente una vía política alternativa y engordan, incluso, las manifestaciones convocadas por el MBL, la FIESP y la Globo. Por eso la lucha contra la corrupción no puede ser abandonada por la izquierda. La vía alternativa necesaria solamente será posible en el Brasil continental y heterogéneo, tal como es, con una amplia coalición de los sectores democráticos del pueblo y de la izquierda socialista, comunista y anticapitalista.
El acto de 18 de marzo, convocado por el Frente Brasil Popular, cumplió un papel con el fin de buscar contrarrestar la ofensiva conservadora y su presencia en las calles el pasado domingo 13, día del acto convocado por el MBL, con el apoyo de la Rede Globo y de la burguesía de Sao Paulo articulada por la FIESP. Sin embargo, las manifestaciones callejeras solamente cumplirán con el objetivo de frenar la ofensiva conservadora si no asumen el matiz retrógrado que las restringe a una defensa ciega de los gobiernos del PT.
Mientras que las movilizaciones en contra del impeachment estén desprovistas de un programa mínimo de demandas populares solamente produciremos un prolongamiento de la crisis y no reuniremos fuerza para detener el impeachment. Por eso, el frente Povo Sem Medo, que convocó el simbólico acto del día 24 de marzo, dirigido por MTST, que incorpora demandas sociales fundamentales a la lucha contra el impeachment ilegítimo, apunta más claramente el camino a seguir de ahora en adelante.
En este mismo sentido, la unificación de los dos frentes, Brasil Popular e Povo Sem Medo, el próximo 31 de marzo, reviste un mayor significado histórico en la actual coyuntura política de Brasil, representando las banderas “não ao golpe branco do impeachment”, “abaixo o ajuste fiscal”, “nenhum direito a menos”, “contra a reforma da previdência”.
Es preciso construir una alternativa política por la izquierda, sin atajos, con posibilidad de victoria contra el impeachment ilegítimo y sus consecuencias sobre la lucha de clases y que coloque en la agenda también la lucha contra la corrupción. Para esto, es necesario superar las direcciones burocráticas y unificar las bases sociales de influencia de la izquierda petista (que no debe confundirse con las cúpulas rendidas al transformismo).
Es necesaria la unidad de los partidos de la izquierda que luchan por la superación del capitalismo, de los movimientos sociales en general, en especial del MST y MTST, intelectuales y artistas en la lucha de todo el Pueblo contra el impeachment ilegítimo dirigido por Cunha, por la investigación de todos los corruptos y contra la justicia selectiva, por el fin inmediato de las políticas de ajuste del gobierno Dilma, en defensa de las libertades democráticas.
Frente a la crisis, la única salida para los trabajadores, el Pueblo y las minorías y las mayorías oprimidas es, sí, por la izquierda. Solamente una presión desde abajo podrá ampliar los estrechos límites de las direcciones que están por debajo de los desafíos políticos de esta compleja coyuntura.
La izquierda precisa apostar por la superación de las múltiples crisis
Cuando afirmamos, sumándonos a otras voces que dicen que la salida es por la izquierda, no se trata de retórica vacía. Tampoco se reduce a un problema exclusivamente política. La crisis política solamente se resuelve con saldo positivo para el Pueblo con la formulación de un nuevo proyecto para Brasil, que enfrente correctamente los problemas nacionales específicos de esta cuadratura histórica.
Estamos frente a la confluencia de una crisis económica con elementos estructurales y coyunturales que actúan simultáneamente y trayendo consigo una crisis política, social e institucional de largo espectro. Pero esta crisis solamente encontrará una solución para el conjunto de los trabajadores y del Pueblo si al mismo tiempo se ha forjado una amplia alianza social de quienes viven el trabajo en una alternativa política concreta.
El Brasil post-dictadura militar y de redemocratización conservadora encontró en el presidencialismo de coalición su forma política de estabilización. Este sistema consiste en un presidencialismo funcional de las clases dominantes e impotente para el conjunto del Pueblo trabajador. Se trata de una especie de parlamentarismo clientelista, donde quien hace las veces de «primer ministro» es una mayoría en el Congreso Nacional conquistada mediante la compra de parlamentarios por el Ejecutivo.
Se compra el apoyo para los proyectos del gobierno a cambio de privilegios, cargos, modificaciones presupuestarias, apoyo a la impunidad para diputados y senadores corruptos. Este sistema se reproduce electoralmente mediante la financiación privada de las campañas electorales por empresas que son proveedoras del Estado.
De este modo se garantizan contratos sobrefacturados que suman altos beneficios y excedentes para retroalimentar a los partidos que sustentan ese sistema. Este es el régimen político corrupto que está derritiendo Brasil y haciendo colapsar el gobierno de Rousseff, en el que confió firmemente.
El gobierno actual es una coalición formada por la derecha (Partido Progresista, antiguo PDS, que dio sustento a la dictadura), pasando por el PMDB y una serie de pequeños partidos hasta el PT. Esta coalición se ocasionó y fue posible gracias al transformismo del PT de forma decidida a partir de 2003, cuando se distanció de las banderas históricas de la izquierda. Los gobiernos de Lula y Rousseff son burgueses con matiz social liberal. Esto consiste en la siguiente fórmula: hacer lo máximo posible por los pobres, sin tocar los privilegios de los ricos y del capital. En estos años, los gobiernos de coalición liderados por el PT profundizaron la retirada de derechos de los trabajadores y de la juventud y promovieron contrarreformas neoliberales. Hicieron esto tutelando sus organizaciones históricas, como la Central Única dos Trabalhadores-CUT y la União Nacional dos Estudiantes-UNE. Por ello, esta crisis del presidencialismo de coalición es también el inicio de la crisis final del Partido dos Trabalhadores-PT para amplios sectores sociales. Para la superación positiva del ciclo del PT, sin embargo, no hay atajos. Será preciso construir una alternativa enraizada en los trabajadores y en el Pueblo. Mientras tanto, la crisis política tiende a prolongarse.
Paralelamente y como causa profunda de la crisis política está la crisis económica. El elemento estructural de la crisis económica tiene sus raíces en la integración dependiente de Brasil en el mercado mundial. Con el cierre de la «revolución industrial» china que demandó coyunturalmente de Brasil mineral de hierro, petróleo, soja y alimentos en escala inaudita y a precios a un nivel coyuntural que ya no existe, se cierra también la fase en la que era posible distribuir una parte de esos excedentes para políticas sociales que combatían los efectos de la pobreza (sin, sin embargo, resolver sus causas), manteniendo un gobierno de alianza de clases. Durante la fase alta, fue reforzada la hegemonía del agronegocio y los recursos irrigaron el sistema financiero.
Ese ciclo posibilitó la implantación de programas sociales y la ampliación de derechos restringidos, al mismo tiempo que fortaleció el conservadurismo de la agroindustria y la especulación de los bancos. Esto explica, también, el impulso protofascista. Su cierre implica una escasez de excedentes, restricción de las políticas sociales, crecimiento del desempleo y la intensificación de las disputas intraburguesas.
El factor cíclico de la crisis económica, a su vez, tiene que ver con el proyecto político petista (del PT) de gestión de esos excedentes obtenidos en un período de alza de los precios de los bienes primarios y semielaborados. En su alianza prioritaria con el capital financiero, los gobiernos de coalición liderados por el PT utilizaron esos excedentes para, al mismo tiempo, alimentar el sistema financiero y aumentar el consumo de la clase que vive del trabajo, mediante el endeudamiento de las familias con los bancos y en la tarjeta de crédito, comprometiendo sus fondos de consumo futuro.
Con los salarios consumidos por las deudas, en el país que permite aplicar contra el Pueblo los intereses más altos del mundo, también el consumo vía endeudamiento alacnzó rápidamente su límite. El estándar de consumo del conjunto de los trabajadores y del Pueblo ha estado cayendo aceleradamente y ya afecta al consumo presente, lo que es agravado por la inflación de los bienes de consumo necesarios. La combinación de estas dos caras de la crisis económica tiene un alto potencial disruptivo.
Mientras tanto, para agravar la situación del gobierno y del régimen, la Operación Lava Jato está afectando a la tasa de acumulación que antes era más o menos garantizada por Petrobras como empresa pública altamente demandante de productos y servicios.
Si Petrobras encuentra obstáculos para la ejecución de su plan de inversiones, dada la reducción de su capacidad de licitar, ello afecta no solamente al beneficio de las grandes constructoras, sino además a varios sectores de la burguesía productores de bienes intermediarios.
La señal de alerta para la burguesía fue cuando Marcelo Odebrecht anunció su adhesión a la delación premiada en la Lava Jet y la Operación Zelotes convocó al heredero Gerdau (que se escapó no se conoce como de una «conducción coercitiva» anunciada por la Rede Globo, a la mañana siguiente a la de Lula en el nebuloso episodio del interrogatorio en el aeropuerto de Congonhas).
Al proseguir las dos operaciones, los grandes y pequeños partidos de la política tradicional y un conjunto aún mayor de empresas deben ser implicadas en escándalos de corrupción, amenazando todo el régimen moribundo. Es por eso que sectores de la izquierda radical ya levantan la bandera de «que se vayan todos!», no sin fundamento objetivo.
En este caso, el error reside en creer que el impeachment favorece esta lucha y que el protofascismo fortalecido es inofensivo para las condiciones de la lucha de clases. Solamente la creencia mesiánica en una solución caída de los cielos y/o una lectura distorsionada con evaluación equivocada de las condiciones sobre las cuales se dieron transformaciones de carácter socialista en la historia puede animar una convicción de esa naturaleza.
Entonces, con Marcelo Odebrecht, el heredero de Gerdau y la Rede Globo en la mira, a partir de este momento se desencadenó la maniobra que intenta restringir la corrupción al PT y, si es posible, en seguida juntar el PT al conjunto de la izquierda, para sellar sobre la derrota política del PT una derrota ideológica del conjunto de la izquierda brasileña. Fue cuando la FIESP, como representante de fracciones importantes de la burguesía industrial y de servicios que tiene su tasa de acumulación afectada con el impacto de la Lava Jato en la economía, resolvió actuar.
La Rede Globo, hace más tiempo, temiendo el avance de la Zelotes, ya iba en busca de como «salir del PT», una vez que el gobierno podría acelerar las investigaciones del esquema de corrupción en el ámbito del Conselho de Administração da Receita Federal (CARF).
Pero, como todo el mundo pudo ver, el gobierno de Dilma Roussef no lo hizo. FIESP, Gerdau y Globo quieren que las investigaciones sean selectivas y que las dos operaciones, la Lava Jato y la Zelotes, terminen inmediatamente para retornar todo a la «normalidad».
Es por eso que la lucha contra la corrupción es tan importante para los socialistas consecuentes, para los trabajadores y para el Pueblo y no puede ser relegada a un segundo plano. Ella tiene la capacidad de, si se lleva correctamente, desenmascarar el sistema político corrupto, representando un salto en la conciencia social sobre la naturaleza del régimen.
Es por eso que este momento es crucial para comenzar a construir un nuevo bloque social capaz de forjar una alternativa política real. Una alternativa para represente un nuevo proyecto nacional, radicalmente democrático, con un programa económico orientado a los intereses de los trabajadores y el Pueblo y capaz de llevar la lucha contra la corrupción hasta el fin para pasar la página del sistema político podrido tal como lo es hoy, creando las condiciones para una perspectiva transicional.
Si, para sectores de la izquierda socialista, la lucha contra este impeachment es defensiva y contradictoria, ella expresa, sin embargo, de hecho, la necesidad histórica de dar un paso atrás para dar dos pasos al frente. La constitución de un nuevo bloque histórico democrático bajo la hegemonía de los trabajadores es la única vía para detener mayores ataques a los salarios, los derechos laborales como la nueva reforma de las pensiones y la retirada de conquistas recientes en el ámbito de los derechos civiles (de las mujeres, de personas LGBT y negros), políticos (ley antiterrorista), individuales (defensa legal, privacidad, presunción de inocencia) y humanos (la vida, frente al avance del crimen organizado dentro del Estado). Para eso, no hay atajos.
Si vivimos, es verdad, en una democracia precaria, la victoria del impeachment tal como se presentadará lugar a la imposición de una lógica de excepción permanente -si no ¿como detener la creciente insatisfacción del Pueblo sin que este cuente siquiera con una alternativa política real? Es bueno recordar, para efectos de este debate, que la conciencia de los límites de la igualdad y la justicia de la sociedad capitalista no puede llevarnos a una actitud cínica de la aceptación de estos límites.
En los últimos doscientos años, desde la consolidación de la revolución francesa y la consiguiente decadencia ideológica de la burguesía, los derechos son conquistas históricas de los trabajadores contra los intereses de las clases dominantes.
Nada puede ser más grotesco que entregar esas victorias en la lucha de clases a una lectura peyorativa y restrictiva que las englobe en un «Estado democrático de derecho», exclusivamente burgués, como sectores desinformados de la izquierda han preferido hacer para desmerecer la lucha por más derechos y por la democracia. Y, por todo lo expuesto, nada puede estar más equivocado que creer que esta lucha por más derechos democráticos, hoy, en Brasil, puede prescindir de la lucha contra la corrupción y por la fundación de otra República.
(*) investigadora y profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul – Brasil
Fuente: PSOL 50
Traducción: Txema Abaigar, Viento Sur
