La Tercera Sala de la Corte Suprema declaró ilegal el permiso de edificación que otorgó la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso a Plaza Valparaíso S.A. para la construcción del Mall Barón.
En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal, acogió el reclamo de ilegalidad por la edificación del centro comercial entre las vías Errázuriz y Avenida España de la ciudad puerto, y dejó sin efecto el permiso de construcción otorgado por la Dirección de Obras del municipio en el año 2013.
Los argumentos de la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz y Jorge Dahm junto a los Abogados Integrantes Carlos Pizarro y Jorge Lagos se basaron principalmente en que “el funcionario municipal, esto es el Director de Obras, (Adriana Germaín) incurrió en ilegalidades al otorgar el Permiso de Edificación N° 79, toda vez que el proyecto que se ampara en él, no cumple la exigencia prevista en el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, razón por la que al aprobarlo, el mentado funcionario ha infringido, además, los artículos 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los artículos 1.1.3 y 1.4.1 de la mencionada Ordenanza, motivos suficientes para acoger el reclamo, siendo innecesario emitir pronunciamiento respecto del resto de los capítulos de ilegalidad”.
El fallo establece que «el acto impugnado autoriza una edificación de 4 pisos de altura destinada a equipamiento comercial, cultural, esparcimiento y de servicios ubicada en Avenida Errázuriz, muelle Barón, sector Urbano».
La obra, que provocaba rechazo frontal de organizaciones de vecinos y del actual alcalde, Jorge , contemplaba «la instalación de 162 locales comerciales y 1.588 estacionamientos subterráneos».
Lla sentencia señala que la Dirección de Obras «sólo puede otorgar los permisos de Edificación respecto de proyectos que cumplan las exigencias previstas en la ley, debiendo (…) ceñirse estrictamente por el principio de legalidad en materia urbanística, sin que (…) tenga facultades para interpretar la ley de manera laxa», puesto que «el carácter técnico de aquélla determina por sí sola una interpretación restrictiva».
para acoger el reclamo, siendo innecesario emitir pronunciamiento respecto del resto de los capítulos de ilegalidad», dice el tribunal.
La Corte Suprema también establece que las alegaciones enarboladas Plaza Valparaíso S.A. en relación a que el otorgamiento del Permiso genera un derecho adquirido en su favor» son improcedentes:
«Aquello sólo es efectivo en la medida que la autoridad, al otorgar el permiso, se ciña a las normas legales vigentes que rigen su otorgamiento. En efecto, un acto administrativo ilegal no puede generar un derecho adquirido».
Con esta resolución -que se zanjó en una votación dividida- «se deja sin efecto el permiso de Edificación», concluye en la sentencia.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso había rechazado, en febrero pasado, el recurso en el que los vecinos plantearon los daños que causaría la construcción del edificio comercial, entre ellos se incluyó la imposibilidad vial entre Errázuriz y la avenida España y el daño patrimonial que podría provocar la construcción del centro comercial.
En la sentencia del tribunal de alzada, se arguyó que, en relación a las vías de tránsito, éstas no se enfrentarían sino que conectarían. Respecto del daño patrimonial, la Corte señaló la inexistencia de una declaración de sitio patrimonial en los documentos entregados por los reclamantes.
El fallo no fue unánime, el Ministro Aránguiz y el Abogado Integrante Jorge Lagos se manifestaron en favor de rechazar el recurso de ilegalidad y mantener la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que declaró legal el permiso de edificación.
La resolución de la Corte Suprema fue celebrada por el alcalde Jorge Sharp:
«Esta decisión respalda la lucha, la demanda, la acción de diversas organizaciones ciudadanas de todos los signos políticos. A la vez, abre una tremenda oportunidad para frenar la tendencia de que Valparaíso tenga proyectos de inversión que no cumplen con la ley, que no dialogan con la ciudad».
El dirigente pesquero, Jorge Bustos, también valoró lo resuelto por la Corte Suprema y planteó la posibilidad de utilizar el terreno para la construcción de un parque y un terminal de buses:
«Queremos decirle a la Presidenta de la República que nos entregue al mismo valor en que la Empresa Portuaria e lo estaban vendiendo al grupo Falabella. El contrato significaba que la Empresa Portuaria, es decir, el Estado, le regalaba 490 mil unidades de fomento más IVA; es decir, más de 23 millones de dólares».
«Esos mismos 23 millones de dólares los reclamamos nosotros para la ciudad, para que se construya un gran parque y un gran terminal que permita que los visitantes, nuestro pueblo, la gente más popular, que viaja en bus, pueda llegar directamente al mar», concluyó Bustos.
