Por Nicolás Sepúlveda.
La Dirección de Inteligencia de la policía uniformada elaboró un informe en 2015 que analizó los grupos de agricultores que se estaban coordinando para defender sus tierras en zonas de alto conflicto con comunidades mapuche.
El documento identificó a 35 personas. La preocupación de Carabineros apuntaba a que esa articulación inicial “pueda evolucionar hacia un grupo de naturaleza paramilitar”. Una inquietud que cobra vigencia tras los inéditos y violentos enfrentamientos entre comuneros que se tomaron cinco municipalidades de La Araucanía y grupos de civiles que intentaban desalojarlos.
“Ya señores, cuántos levantan la mano para ir, de aquí a las doce, y nos juntamos en la plaza. Necesito saber con cuántos contamos. Porque no vamos a ir diez hueones, porque nos van a sacar la cresta. Tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas. Con palos, porque aquí nos van a pegar. Hay que ir con palos o con lo que necesiten para defenderse. Pero la muni la tenemos que recuperar hoy día”.
Este mensaje de audio, que ha circulado profusamente en redes sociales, lo envió Gloria Naveillán, vocera de los agricultores de Victoria-Malleco, cuyas actuaciones públicas son permanentemente difundidas por la Asociación Para la Paz y la Reconciliación de la Araucania (APRA). Lo compartió con un grupo de Whatsapp el fin de semana pasado llamando a civiles a desalojar la toma de comuneros mapuche que llevaban cinco días ocupando por la fuerza la Municipalidad de Victoria (La Araucanía).
Gloria Naveillán Arriagada es una de las personas que aparecen mencionadas en el informe policial reservado “Grupos de agricultores organizados y potencial enfrentamiento con comuneros indígenas”, al que CIPER tuvo acceso.
El documento, elaborado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros en abril de 2015, alertó sobre una eventual escalada de violencia que podía producirse si los dueños de fundos comenzaban a defenderse de las acciones de organizaciones mapuche que reclaman la restitución de esos predios.
Ese informe secreto identifica una serie grupos, e individualiza a sus principales dirigentes, que en ese momento estaban realizando reuniones y actos destinados a organizar la defensa de predios y empresas que se sentían amenazados por entidades mapuche. El documento no contiene datos que indiquen que estas agrupaciones emergentes tenían el objetivo de coordinar una defensa armada o paramilitar, pero alerta sobre el alto riesgo de que eso pudiese suceder si el conflicto seguía escalando.
El informe de la Dipolcar apuntó al peligro que conllevaba que “los agricultores no mapuche se estén organizando para defender sus terrenos”. Uno de esos peligros era que “en el marco de esos enfrentamientos se produzcan muertos o lesionados graves, sea por la utilización de elementos contundentes o cortantes, o bien en el peor de los casos, debido al uso de armamento. Al respecto un elemento importante a considerar es que la posesión de escopetas e, incluso, revólveres o pistolas, es algo relativamente común entre agricultores pequeños”.
A cinco años de la elaboración de ese informe policial no hay dudas de que la violencia de algunas organizaciones mapuche se ha incrementado y que hay grupos dispuestos a enfrentarlas. Así quedó demostrado en el reciente desalojo de cinco municipalidades (Ercilla, Traiguén, Victoria, Curacautín y Collipulli) que permanecían tomadas por comuneros en apoyo a la huelga de hambre del machi Celestino Córdova, condenado a 15 años por la muerte del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, quienes perecieron calcinados cuando su casa fue incendiada por un grupo mapuche radicalizado.
La noche del pasado sábado 1 de agosto una multitud llegó hasta la municipalidad de Curacautín e intentó desalojar a los comuneros. La transmisión por internet de esos hechos -que incluyeron agresiones de ambos bandos, bombas molotov, quema de automóviles y cánticos racistas-, dejó en evidencia que el informe de Carabineros de 2015 sobre el incremento de la violencia y la eventual respuesta de pequeños y medianos agricultores tenía asidero.
Dos son los hechos de esa noche que lo corroboran. El primero, los graves destrozos provocados por los ocupantes de los edificios municipales, dos de ellos incendiados (Ercilla y Traiguén). El segundo, la masiva respuesta a los llamados de dirigentes como Gloria Naveillán: decenas de personas estuvieron dispuestas a enfrentar a los comuneros.
El informe reservado de la Dipolcar fue confeccionado bajo el mando del general director Bruno Villalobos, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En ese momento, La Araucanía también estaba convulsionada por un incremento de la violencia en el conflicto mapuche, por lo que agricultores y otros rubros empresariales de la región exigían una respuesta policial y penal más dura.
El hito que hizo visible esa demanda fue la caravana de camiones quemados que en agosto de 2015 llegó hasta La Moneda. Fue en ese contexto que Carabineros puso bajo la lupa a los grupos que recién se estaban articulando para enfrentar a organizaciones mapuche.
El documento recopila, entre otros episodios, el secuestro de Carlos Lemún Saavedra (hermano de Alex Lemún, comunero asesinado por una bala de la policía), ocurrido en abril de 2015. Sus captores lo interrogaron sobre un robo de ganado en un predio de Angol. También consigna un incidente que tuvo lugar en febrero de 2015, cuando varios civiles armados con escopetas llegaron a un terreno en el sector de Lingue (Purén) que estaba ocupado por la comunidad Pu Mapu y expulsaron a los mapuche.
Zona caliente
La coordinación de grupos civiles para desalojar los municipios tomados es una novedad en los últimos años, pero no es nueva si se mira la historia. La reacción de los agricultores a las demandas de los comuneros tiene antecedentes durante el proceso de la Reforma Agraria.
Taladriz, Luchsinger, Becker o Thiers, son apellidos que se repiten cuando se comparan las familias que batallaron contra esa reforma y la nómina de dirigentes que figuran en el informe de Carabineros de 2015 que se estaban organizando para demandar mayor protección y articular la defensa de los predios (vea aquí el libro “La Reforma Agraria y las tierras mapuches” y aquí el informe de inteligencia de Carabineros).
La investigación coordinada por el Departamento I de Análisis de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) -reformada en 2019 luego del desastre de la Operación Huracán-, se nutrió de distintos informes y anexos elaborados por agentes de inteligencia de La Araucanía y Los Lagos.
Uno de esos documentos es un cuadro de cuatro casos en que fundos de la Provincia de Cautín (La Araucanía) fueron afectados por la movilización de comunidades mapuche, y donde se detalla que agricultores acudieron a defender los terrenos (ver aquí).
En ese cuadro aparecen nombres que luego no fueron incorporados en el informe final de la Dipolcar. Uno de esos nombres es el de Gastón Caminondo Vidal, ex presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de La Araucanía (Sofo), y padre de la actual seremi de Justicia en la región, Stephanie Caminondo.
Otro es el del teniente coronel (r) de Carabineros, Andrés Cadiz Stewart, quien llegó a ayudar a Juan Enrique Kind cuando el 21 de abril de 2015 su fundo Toquihue fue afectado por una “usurpación violenta”.
Entre los antecedentes recopilados por la Dipolcar se consideró una reunión en la que participaron 70 agricultores en la comuna de Nueva Imperial el 15 de abril de 2015. Según un memo de inteligencia al que accedió CIPER (ver aquí), allí actuó como orador el actual director del Registro Civil en La Araucanía, Juan de Dios Fuentes Vega, quien llamó a los agricultores a “ser solidarios, estar unidos, apoyarse unos a otros cuando un agricultor está en situaciones de riesgo”. En la cita también estuvo la entonces presidenta de la Multigremial de la región, María Angélica Tepper Kolossa.
La principal preocupación de la inteligencia de Carabineros era que esta organización de agricultores que buscaban defender sus fundos pudiera “salirse de control” y que terminara creando un “grupo de tipo paramilitar, o bien, contratando mercenarios para amedrentar a los líderes indígenas”.
El informe reservado indica que el domingo 19 de abril de 2015 las comunidades Wente Winkul Mapu y Juan Antinao habían convocado a un juego de palín al interior del fundo Centenario, propiedad de Juan de Dios Fuentes Rojas (padre de Juan de Dios Fuentes Vega y ex intendente de la Unidad Popular), quien se estaba coordinando con otros dueños de fundo para evitar esa actividad. Carabineros dispuso un operativo para evitar un eventual enfrentamiento.
“Desde el mes de febrero del presente año (2015) se han venido registrando una serie de acciones que dan cuenta de la coordinación entre agricultores no mapuche”, señala el documento. Entre esas acciones, el informe detalla cinco.
– El desalojo efectuado el 15 de febrero de ese año por un grupo de personas armadas y “no identificadas” de un terreno en el sector de El Lingue, donde mapuche de la comunidad Pu Mapu estaban realizando una ocupación.
– La movilización, el 16 de marzo de 2015, de 60 agricultores a un terreno del fundo Antilhue que estaba tomado. El documento de Carabineros apunta que los agricultores estaban liderados por Eduardo Zwnazger Azócar. La tensión fue tal que tuvo que apersonarse el intendente regional y el director de la Conadi para persuadir a los mapuche de retirarse, luego de acordar la creación de una mesa de trabajo.
– La reunión que sostuvieron agricultores de Ercilla y Victoria el 20 de marzo de 2015 en el Estadio Español de Curicó, donde expuso Héctor Urban Astete, quien, según se indica en el informe de inteligencia, “ha sido víctima de reiterados atentados incendiarios y otros hechos de violencia”.
– El enfrentamiento producido el 15 de abril de 2015 entre 70 agricultores y 50 comuneros mapuche en el fundo Mansun, luego de que los comuneros llegaran a realizar trabajos de cosecha, argumentando que la Conadi les había prometido la entrega de esos terrenos. El informe policial indica que “se generó un intercambio de golpes entre comuneros y agricultores”, con un saldo de tres heridos (un agricultor, un mapuche y un carabinero).
Un quinto antecedente considerado en el análisis policial fue el ya mencionado secuestro denunciado por Carlos Lemún Saavedra (hermano de Álex Lemun), quien el 7 de abril de 2015 aseguró ante Carabineros que a las 19:45 de ese día un grupo de personas, que se movilizaban en seis camionetas, llegaron a su casa en las cercanías de Angol e ingresaron “de forma violenta”, lo subieron a un vehículo y lo trasladaron al sector de Chiguayante, donde lo interrogaron sobre unos animales robados.
La lista de Malleco y Cautín
Los nombres que aparecen en el informe reservado de Carabineros se repiten en las cúpulas de algunas organizaciones de empresarios de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El de Gloria Naveillán es uno de ellos.
Militante UDI, Naveillán fue candidata a diputada en 2017 por el distrito 22 (Curacautín, Ercilla, Angol y Vilcún, donde obtuvo el 1,6%). La dirigenta de la Asociación de Agricultores de Victoria-Malleco, mientras era asesora de la senadora Carmen Gloria Aravena en 2019, difundió un mensaje por redes sociales en el que señaló que Camilo Catrillanca (muerto por Carabineros) era un ”maldito” y un “delincuente”. Esta semana señaló a El Mercurio que en su zona han organizado “juntas de vigilancia”:
“Nacieron para hacer frente al robo de animales y a la delincuencia rural, pero han tenido que derivar a temas relacionados con terrorismo”.
En el informe de Carabineros ella aparece en el apartado de los agricultores de la Provincia de Malleco que se están organizando para defender predios. En ese mismo sector el informe policial identifica a Nicolás Donze Cabezas, Héctor Urban Astete (hijo de René Urban, ex dueño del Fundo La Romana) y Juan de Dios Fuentes Vega. Este último asistió en 2016 a una reunión de la agrupación Paz en la Araucanía
-la que entonces presidía-, portando una pistola al cinto. El abogado se justificó en El Mercurio, indicando que tenía “más de 27 amenazas de muerte en mi contra y contra mi familia. Nos han disparado muchas veces, con distintos tipos de armas, incluidos fusiles de alto calibre, y por lo tanto, tenemos la precaución de andar con ‘algunas cosas’ cuando se requiere“.
La Fiscalía abrió una investigación porque no contaba con permisos para portar esa arma.
Fuentes Vega es hijo de Juan de Dios Fuentes, ex intendente del Ñuble durante el gobierno de Allende, fundador del MAPU y luego militante PS. La familia es propietaria del Fundo Centenario (Ercilla), el que a fines de julio fue atacado a balazos por desconocidos.
Los 20 de Cautín
Cautín es la provincia donde Carabineros identificó la mayor cantidad de agricultores organizados: 20.
De ese total, tres pertenecen a distintas ramas de la familia Taladriz. En el informe policial aparecen Hernán Taladriz Lledo, Marco Taladriz Topp y Emilio Taladriz Gómez, padre de Emilio Taladriz Montesinos, quien fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Temuco, y vocero y presidente hasta 2015 de la Multigremial de la región, organización que agrupa a madereros, industriales, agricultores, salmoneros, hoteleros y constructores de La Araucanía.
El primo de Emilio Taladriz Montecinos, Raúl Benito Taladriz, le arrendó entre 2014 y 2018 una casona en el centro de Temuco a la Unidad de Inteligencia Operativa de Carabineros (la misma tras el montaje de la Operación Huracán), donde se realizaban escuchas telefónicas (vea reportaje de CIPER).
Otros cinco integrantes del listado de Cautín son miembros de la familia Luchsinger: Rodolfo Luchsinger Schifferli -del fundo “Santa Rosa 1”, que cuenta con protección policial desde 2005-, su hermano Eduardo Luchsinger Schifferli (fallecido en 2017), Ewald Luchsinger Pauly, Sergio Sánchez del Canto (esposo de Militza Luchsinger Affel) y Jorge Andres Luchsinger Mackay (hijo del matrimonio que murió calcinado en 2013).
En la lista de agricultores de Cautín que en 2015 se estaban organizando aparece también Allan Cooper Allan, quien fue condenado por su complicidad en el asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider (una operación digitada por un grupo del Ejército, la ultraderecha y la CIA para impedir que Salvador Allende asumiera el poder).
Cooper es primo de Vivianne Mackay, víctima del ataque incendiario de 2013 que terminó con ella y su marido muertos. Entonces, Cooper declaró a El Mercurio:
“Los voy a balear a todos si es que llegan acá. No les tengo ningún miedo. Este no es problema de los mapuches, estos son unos delincuentes, algunos son mapuches, hasta andan con extranjeros. Nosotros queremos agarrar a los tipos que están haciendo este tipo de cosas. Son una minoría entre el pueblo mapuche”.
Otro nombre de la lista de Cautín es Eduardo Becker Alvear, hermano del ex diputado y actual embajador en Panamá, Germán Becker, y del alcalde de Temuco, Miguel Becker. También aparece Javier Paulsen Naulín, padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN).
Los otros integrantes del listado de la Provincia de Cautín son: Juan Pablo Searle Couve (hermano del embajador chileno en Irlanda, Leonel Searle), Jorge Pooley Cid (ex candidato de la UDI en la elección municipal de 1992), Brian Blackbun Cevallos, Luis Herdener Truan, Tomás Echavarri Peña, Juan José Echavarri, Osvaldo Sierra Burgos, Lawrence Cooper Strick y Pío Seco López. Este último falleció en mayo pasado y en diciembre de 2012 había sufrido un ataque a su casa del fundo Santa Isabel, donde le sustrajeron ocho armas.
Osorno y Llanquihue
En la Provincia de Osorno, al norte de la Región de Los Lagos, la inteligencia de Carabineros también identificó a agricultores que se coordinaban para defender los fundos. Dos de ellos aparecen en el listado: Christian Arntz Mac-Evoy, presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO), que es parte de la Multigremial del Sur (agrupa a empresarios de Los Ríos y Los Lagos); y Patricio Wunderlich Arismendi, quien ha sido presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Osorno y también presidente de la Multigremial del Sur.
En un documento anexo al informe de inteligencia, denominado “Defensores de fundos Osorno”, Carabineros señala que “los identificados anteriormente corresponden a los líderes de la agrupación de agricultores de la Provincia de Osorno, no obstante al momento de ocurrir alguna situación de ocupación de algún Fundo o propiedad de agricultores y donde sea necesario su concurrencia como agrupación de agricultores, se unen los que se encuentran disponibles, aparte de los dirigentes antes mencionados. Se hace presente que también pertenecen a Multigremial del Sur, la cual fue creada en el mes de noviembre del año 2014 en esta ciudad con la finalidad de poder enfrentar de mejor manera la problemática étnica” (vea aquí ese anexo).
Carabineros consignó a otros nueve agricultores y empresarios que se habrían estado coordinando “para brindarse apoyo ante ataques mapuche” en la Provincia de Llanquihue. En esa nómina el informe policial incluyó a Rodrigo Lavín Christoph, presidente entre 2016 y 2018 de la Federación Nacional de Productores Lecheros (Fedeleche; Eduardo Schwerter Añazco, presidente de Agrollanquihue; Benjamín Holmes Bierwirth, quien ha sido director de la Zofri de Iquique; Juan Ricardo Hollstein Turk, coordinador en Los Lagos del Partido Republicano, que lidera José Antonio Kast; Claudio Ernst Thiers, ex director del Indap de Los Lagos en el primer gobierno de Piñera; José Domingo Urzúa Winkler, Ramón Werner Bittner, Mario Marchant Brahm y Cristián Niklitschek Bohle.
En otro documento anexo, llamado “Agricultores organizados de Llanquihue” (ver aquí), la Dipolcar menciona otros ocho nombres de dueños de fundos, algunos de ellos lesionados durante el desalojo de terrenos ocupados por comunidades mapuche. Ese listado no fue incluido en el informe de análisis elaborado por Carabineros.
(*) Este artículo fue actualizado el 06.08.20. Originalmente mencionaba a Gloria Naveillán como dirigente de la APRA, lo que fue corregido.
Fuente: Ciper
